Transa judicial, reclusión ilegal y privación de herencia, denuncia

Revista Proceso # 2025, 22 de agosto de 2015..

Transa judicial, reclusión ilegal y privación de herencia, denuncia

PALABRA DE LECTOR

Señor director:

Le solicito difundir esta carta, dirigida al presidente Enrique Peña Nieto; al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales; al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJDF) y del Consejo de la Judicatura del DF, magistrado Édgar Elías Azar, así como al titular de la procuraduría capitalina, Rodolfo Fernando Ríos Garza.

Mi señora madre, María Guadalupe García Cabello, enfrenta desde 2013 un juicio por fraude procesal que fue a todas luces maquinado (averiguación previa FDF/T/T2/441/12-06), por el cual se le encarceló acusada de presentar ante un juez civil del TSJDF un pagaré con la firma falsificada de mi padre, Román Ferrat Solá, lo que supuestamente indujo a la autoridad a incurrir en un error al emitir una sentencia contraria a derecho.

 No obstante, como lo refirió mi madre al juez 67° Penal del DF, ese pagaré no sólo fue en efecto signado y entregado por mi progenitor, sino que existió un reconocimiento del adeudo correspondiente por parte de la accionista y apoderada María Antonieta de la Cruz Simón.

 Entre las irregularidades cometidas se encuentran el hecho de que a mi mamá nunca se le notificó la imputación que obraba en su contra, el perito de la PGJDF no tomó las firmas de cotejo (dijo que fueron conseguidas por otro perito que se las dio) y, por último, no obra en autos cómo se obtuvieron.

 Una vez privada mi madre ilegalmente de su libertad, el juez 67° Penal del DF dictó sentencia absolutoria en su favor bajo el argumento de que no se acreditó el delito de fraude procesal; mas las irregularidades e injusticias continuaron, pues la magistrada Martha Patricia Tarinda Azuara, adscrita a la Sexta Sala Penal del TSJDF, ilegalmente revocó la sentencia absolutoria, dio validez a dictámenes desapegados a derecho y su resolución distorsionó los hechos y las constancias de autos.

 Dicha magistrada pasó por alto la evidencia de que los dictámenes a los que dio validez son irregulares porque carecen de los respectivos oficios de las dependencias (SEP, Archivo General de Notarías, Juzgados Familiares, Juzgados Civiles) de donde supuestamente provinieron las rúbricas que utilizaron y que no están consideradas como indubitables. Por si fuera poco, en ampliación de declaración, los peritos –Marcelo Canacasco Coronel, Katherine Cecilia Olier Pimienta y Daniel Matadamas Carrera– dijeron ante el juez no recordar de dónde las habían tomado para emitir sus dictámenes.

 Pese a lo anterior, la magistrada dio como válidos los dictámenes, consideró que se acreditaba la falsedad de la firma con tales peritajes, revocó la sentencia absolutoria de primera instancia favorable a mi mamá y la condenó injustamente a seis años de prisión por la comisión del delito de fraude procesal.

 Debo decir que detrás de este retorcimiento de la justicia se encuentran los integrantes de la familia Ferrat García Paniagua, quienes indebidamente se apropiaron de todo el patrimonio que dejó mi padre poco antes de su muerte, en el año 2008. Tal familia, de infausta historia, está representada por el despacho que encabeza Fernando Gómez-Mont Urueta, quien tiene fama de ejercer abiertamente un influyentísimo político en sus asuntos.

 Tanto la familia Ferrat García Paniagua como ese despacho nos han perjudicado, puesto que con la manipulación del caso que cometieron las autoridades privaron ilegalmente de la libertad a mi madre, le negaron una pensión a mi hermano Jorge Ángel Ferrat García, quien es discapacitado (“incapaz” es el término jurídico), y nos han impedido ejercer el legítimo derecho que tenemos a una parte de la herencia de mi padre, de la cual fuimos despojados por parte de la familia Ferrat García Paniagua mediante un testamento falso.

 Por todo lo expuesto, se solicitó la Protección de la Justicia de la Unión, un amparo directo (expediente 261/2015) ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del DF, y en la presente misiva pedimos al presidente de la SCJN vigilar el desarrollo y desahogo del mismo, en virtud de que nosotros, la familia Ferrat García Cabello, no hemos cometido ningún delito ni robado a nadie su patrimonio, como sí lo hizo en nuestra contra la familia Ferrat García Paniagua. En consecuencia, apelamos a las más altas autoridades del país para que se haga justicia. (Carta resumida.)

 Atentamente

 María Teresa Ferrat García

 Teléfono: 2221044281