El informe de expertos de
Ayotzinapa: un análisis/Esteban Illades
El País, 7 de septiembre
El día
de ayer se entregó el tan esperado informe del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI), encargado de investigar lo sucedido en la
ciudad de Iguala durante la noche más triste del 26 de septiembre de 2014, en
la que seis personas murieron y 43 estudiantes desaparecieron.
El
informe, de aproximadamente 560 páginas, es, por decir lo menos, complejo. No
sólo busca rehacer la investigación de la Procuraduría General de la República
(PGR) y de la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero –hoy
Fiscalía General del Estado–, sino que también hace su propia investigación
sobre la investigación; es decir, analiza el actuar de los gobiernos a nivel
estatal y a nivel federal en el trabajo que hicieron para esclarecer este
crimen de lesa humanidad.
Por lo
tanto, lo mejor es abordar el informe, de manera un tanto somera, en tres
partes: lo que revela la investigación de la CIDH, cómo actuó la autoridad
mexicana y el punto más delicado, qué sucedió con los estudiantes.
La
investigación de los expertos, realizada a lo largo de seis meses, tiene
convergencias y divergencias con las investigaciones del gobierno de Guerrero y
el gobierno federal. La narración de los hechos de lo sucedido en Iguala
encuentra sustento en las tres investigaciones: cerca de 100 estudiantes de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la mayoría de nuevo ingreso, liderados
por seis de grados mayores, fueron al municipio de Iguala con el fin de
conseguir autobuses y dinero para la manifestación del 2 de octubre, en la que
participarían con el resto de las escuelas normales rurales del país. Los
estudiantes fueron emboscados por la policía municipal primero al salir de la
terminal de autobuses de Iguala y después en distintos puntos de la ciudad. Los
policías, por motivos que ninguna de las tres investigaciones han revelado,
dispararon en contra de los estudiantes. A varios los bajaron de los camiones.
A dos los mataron a quemarropa. Uno más apareció, aparentemente desollado, en
la madrugada del día después. Varios sufrieron lesiones graves; uno de ellos
está en coma. Asimismo, el chofer de un autobús, un joven de 15 años y una
mujer que viajaba en taxi murieron esa noche como parte del atentado en contra
de los estudiantes.
Eso no
está en disputa en ninguna de las tres investigaciones.
Lo que
aporta, o más bien enfatiza, el informe de la CIDH es que tanto policías
estatales como federales, así como miembros del ejército, estaban al tanto de
que algo sucedía en Iguala esa noche. El C4 (Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo), encargado de compartir información entre distintos
órdenes y dependencias del gobierno, recibió mensajes de que había normalistas
en la ciudad de Iguala. Es decir, por lo menos hubo noticia de que la policía
de Iguala agredía a los normalistas. Todavía peor, hay testigos que mencionan
ver a elementos del ejército, de policía ministerial de Guerrero y de policía
federal en la ciudad durante el ataque a los estudiantes. ¿Informaron a sus
superiores? ¿No lo hicieron? ¿Por qué? Son tres preguntas grandes que presenta
el informe y que necesariamente deberán responder los gobiernos de Guerrero y
federal lo más pronto posible.
Lo otro
que agrega la investigación de la CIDH es la posibilidad de un quinto autobús
en el que pudieron haber viajado parte de los normalistas. En las
averiguaciones previas de la PGR sólo se mencionan cuatro de forma principal.
Éste es quizás uno de los puntos más confusos de esa noche. ¿En cuántos
autobuses viajaron los estudiantes? ¿Fueron cuatro o cinco? De ser cinco, ¿por
qué no se mencionó esto antes? ¿Qué haría que no se quisiera tomar en cuenta
este último autobús? Sobre todo, después de que la CIDH reveló haber encontrado
ropa que nunca fue analizada, que contenía restos de ADN y sangre, y que pudo haber
estado en ese autobús.
Esto
liga con una parte fundamental del informe de los expertos, y que ha sido, al
menos por las reacciones iniciales del domingo, relegado a un segundo plano: la
calidad de la investigación de la PGR. Lo más valioso del informe de los
expertos, disponible aquí
(http://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa#!informe-/c1exv), está en las
páginas 442 en adelante (Anexo 2, parte II, “Análisis de escenas del crimen”).
Este anexo, elaborado por el abogado guatemalteco Mynor Alberto Melgar –quien
no forma parte del grupo de los cinco expertos– revela el tamaño del desaseo de
las investigaciones estatales y federales sobre la desaparición de los 43
estudiantes. Melgar, a lo largo de su exposición, que se centra en las diversas
escenas del crimen en Iguala, muestra una negligencia en cuestiones tan básicas
que debería llevar a replantear el aparato entero de investigación criminal en
nuestro país. Por enumerar algunos: hay escenas del crimen que nunca se
levantaron; es decir, nunca se investigaron como tal. Hay otras que se
mezclaron, por lo que es muy difícil saber cuándo sucedió qué –por ejemplo, la
muerte de dos estudiantes en Iguala, no se puede determinar bien en qué momento
fue–; otras no fueron preservadas, por lo que se pudieron contaminar por
distintos factores. Junto a esto hay muchísimas diligencias no hechas o hechas
demasiado tarde. Por poner un ejemplo, la PGR no cuenta con perfiles de los 43
estudiantes desaparecidos. He aquí la parte medular de la investigación de los expertos:
lo mal que llevaron a cabo el trabajo ambas procuradurías. Esto es lo que nos
debemos llevar del trabajo de la CIDH. La mala calidad de las averiguaciones
previas y la investigación de delitos en nuestro país. Algo que se tiene que
discutir ya. La procuradora general, Arely Gómez, debe deslindar
responsabilidades de inmediato y realizar una indagatoria interna para
explicarle a la sociedad por qué este caso, llevado bajo el procurador anterior
y continuado por ella, tiene fallas tan graves.
La última
parte de la investigación, la que más nos importa como sociedad, el paradero de
los 43 estudiantes, es, naturalmente, la más espinosa. El informe de los
expertos, en su anexo I (“Análisis de los Aspectos relacionados al fuego en la
investigación de los presuntos eventos del 27 de septiembre, 2014 en el
Basurero Municipal de Cocula”, p. 383 en adelante), dedica casi 40 páginas a
discutir el cabo más endeble de la investigación de la PGR, y de paso a debatir
con John DeHaan, un experto entrevistado para mi libro “La noche más triste”.
En
primera, debo confesar mi extrañeza ante el hecho de que el informe tome a
DeHaan como una parte central, puesto que él no colaboró con la investigación
ni estatal ni federal. Sólo dio una opinión, informada y de experto, sobre los
hechos, a partir de mis preguntas. DeHaan, autor de Kirk’s Fire Investigation,
el libro de texto canónico en la investigación de incendios, da su opinión
conforme a los datos disponibles del basurero de Cocula.
No
obstante, el autor del Anexo I, José Torero, profesor de la universidad de
Queensland, en Australia, se enfrasca en una discusión con DeHaan, como si este
último fuese perito de la PGR. Torero dice que la opinión de DeHaan se basa en
sus estudios más recientes (en particular uno de 2009) y pone palabras en su
boca. DeHaan –de quien espero respuesta en estos días para que elabore su
posición una vez que Torero lo menciona directamente a él– nunca dice en la
entrevista que se esté basando en un estudio en concreto. Dice DeHaan, y cito:
“He sido uno de los principales investigadores en la presentación anual de un
curso en reconstrucción forense de escenas de crimen, así que he tenido
experiencia de primera mano en ver cuerpos humanos que han sido quemados en
distintos tipos de condiciones de fuego”.
En
ningún momento de la entrevista dice DeHaan que el estudio citado por Torero
–en el que habla de puercos y no personas– sea el fundamento de su opinión. Por
lo tanto, resulta un tanto sorprendente que el experto contratado por la CIDH
dedique tanto tiempo rebatir a alguien que 1) No participó en la investigación
y 2) en ningún momento dice utilizar las fuentes que Torero menciona. Hubiera
sido de mayor pertinencia, dada la gravedad del crimen, que se hubiera dedicado
plenamente a analizar el peritaje de la PGR, para intentar desacreditar, dato
por dato, su trabajo, y no de externos. Más porque existen otros peritajes de
plantas y de entomología que la propia PGR utiliza para sustentar su hipótesis.
El anexo no menciona ninguno. Si Torero tuvo acceso al basurero de Cocula,
debió haber recogido muestras del trabajo y la CIDH debió de haber llevado
expertos en otras materias para aclarar lo más posible qué sucedió o qué no,
con el fin de dar la mayor certidumbre posible al caso más importante de los
últimos años en México.
Pero
más allá de la alusión al trabajo de DeHaan, hay algo que me parece fundamental
retomar de la opinión del perito Torero –con las salvedades antes mencionadas–
sobre la posibilidad de que hayan quemado 43 cuerpos en el basurero de Cocula.
Cito la página 420 del informe, que me parece de total importancia y que ahí
mismo se resalta en negritas: “La complejidad de los presuntos hechos ocurridos
el 27 de septiembre sumados a las circunstancias en las cuales la evidencia
material fue recogida (con un vacío de custodia de más de 30 días) conlleva a
la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con
peritos de un nivel de formación y experiencia consistentes con la magnitud del
problema. Dada la hipótesis a validar, la investigación de incendios debió
haber tomado un papel preponderante en la recolección y manejo de la evidencia
material, definiendo en muchos casos, los protocolos a seguir. Este no fue el
caso, con lo cual la evidencia recolectada no permite inferir mayores
conclusiones acerca de los presuntos eventos ocurridos el 27 de septiembre o a
su correlación con la hipótesis establecida a base de testimonios”.
¿Qué
quiere decir esto? Que la mala investigación federal y la tardanza con la que
se hizo –hay que recordar que la PGR inició desde cero su investigación 10 días
después de la desaparición de los estudiantes– hacen que, a los ojos de un
perito externo, no existan elementos suficientes para comprobar lo que
sostiene. Parecerá una nimiedad pero no lo es: falta evidencia física para
poder concluir cualquier hipótesis. Incluso si hubo incendio o no. A un año de
su desaparición, no hay suficientes datos para saber, a ciencia cierta, cuál
fue el destino de los 43 estudiantes, y ninguna teoría puede ser descartada.
Después
de leer con atención el informe, retomo dos preguntas que presenté en mi libro,
La noche más triste, y me siguen pareciendo pertinentes: ¿Qué motivó la
desmedida reacción de la policía de Iguala y después la de Cocula en contra de
los estudiantes? ¿Dónde quedaron las hebillas, botones y otros objetos
metálicos que llevaban los estudiantes esa noche? Quedan todavía muchas, pero
muchas cosas por saber de esa noche. Nos urgen respuestas.
Esteban
Illades es periodista, autor del libro La noche más triste. La desaparición de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario