Palabras del Subprocurador Alberto Elías Beltrán en suplencia del Procurador General de la República
Valle de Bravo, Estado de México, 4 de diciembre de 2017
Licenciado Alfredo del Mazo, Gobernador Constitucional del Estado de México
Licenciado Alejandro Gómez Sánchez, Fiscal General del Estado de México
En nombre de la conferencia nacional de procuración de justicia, muchas gracias por recibirnos para celebrar esta Asamblea.
Distinguidos fiscales y procuradores de la República;
Respetados miembros del presídium y autoridades presentes;
Colegas de la Procuraduría General de la República;
Invitados especiales, y
Representantes de los medios de comunicación.
Gracias a todos por acompañarnos
Con base en los Estatutos que rigen a esta Conferencia, nuestra misión es facilitar, generar e impulsar la coordinación de las diversas instancias encargadas de procuración de justicia, para que en un ambiente de corresponsabilidad, ejecutemos políticas públicas en materia de justicia penal, combate a la delincuencia, impunidad y corrupción, con apego irrestricto a la ley y a los derechos humanos.
Así, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2017 del INEGI, somos el órgano colegiado idóneo para enfrentar, desde la investigación y persecución penal, cuatro de los diez principales problemas que afectan a la sociedad mexicana: la inseguridad, corrupción, impunidad y narcotráfico. Algunos de éstos, se perciben más graves que el mismo desempleo, o la falta de acceso a la salud.
De este tamaño es nuestro reto, y mayor aún nuestra responsabilidad para hacer frente a cada uno de estos problemas.
Por esto es importante estar aquí. Porque esta Conferencia es una oportunidad invaluable para analizar los fenómenos delincuenciales y buscar soluciones a problemas comunes.
Ejemplo de este trabajo conjunto, es la visión de Estado, que hemos construido, para diseñar e implementar un modelo de arquitectura institucional, que haga operable el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en todo el país. Esto, sobre la base de que, tanto el sistema de procuración de justicia como los fines constitucionales del proceso penal, son igualmente aplicables para las 33 instituciones de procuración de justicia.
Esta visión y, a la vez, objetivo, se ha venido gestando a partir del diagnóstico institucional y del plan de trabajo de la Procuraduría General de la República, que se presentó ante el Senado el 15 de febrero de este año.
Dicho documento confirmó la necesidad de diseñar un modelo de procuración de justicia, replicable en todas las procuradurías y fiscalías, que resulte funcional y útil para, por un lado, mejorar la operatividad del nuevo sistema de justicia y, por el otro, garantizar el acceso a la justicia.
A partir de ello, se desarrolló, en mayo y agosto de este año, un diálogo nacional, público e incluyente para la elaboración de una propuesta de modelo tendiente a mejorar la calidad de la procuración de justicia en el país. Este ejercicio se denominó “Conferencia Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia”, y fue articulado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Instituciones a las cuáles reconozco y agradezco, su seriedad y profesionalismo.
Cabe señalar que la convocatoria para esta Consulta fue apoyada también tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores, así como por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
Además, esta iniciativa fue apoyada, por unanimidad, por esta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, y la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO.
Después de meses de trabajo, el 25 de octubre pasado fuimos testigos de la presentación del Informe Ejecutivo 2017 de esta Consulta Nacional, mismo que, sin duda alguna, es un elemento indispensable para cualquier proyecto que pretenda incidir sobre la procuración de justicia en el país.
Así pues, como lo señaló la Consulta Nacional, nos es indispensable la confección de un plan integral y sistémico que permita construir un modelo de procuración de justicia, en cuya base se encuentren las procuradurías y fiscalías eficaces y eficientes, que respeten derechos, que generen y utilicen información e inteligencia, que cuenten con un modelo sólido de investigación proactiva, con capacidad para llevar procesos exitosos y con imparcialidad respecto de cualquier poder.
Derivado de este camino, durante la sesiones de trabajo que hoy nos convoca, presentaré la propuesta del nuevo modelo homologado de procuración de justicia, construido con enorme solvencia técnica y legitimidad política, con la intención de que sea un instrumento elemental para transformar nuestro sistema de procuración de justicia, tanto a nivel local como federal.
Esta propuesta de modelo, gira en torno a cinco puntos torales:
Una política criminal de seguridad pública y de justicia penal;
Un esquema de gobernanza y administración que incluya el liderazgo institucional, así como a las áreas operativas, transversales y de soporte.
Un mecanismo desupervisión y estrategia para operación sustantiva basado en un plan de persecución penal.
Un modelo de investigación y de funcionamiento que abarque los procesos desde la denuncia o querella, hasta la solución de los conflictos.
Y un modelo de operación sustantiva que administre la demanda de los servicios de procuración, a través de la política criminal y del plan de persecución penal, así como de funciones transversales de gobierno, supervisión, servicios periciales y de investigación, y mecanismos alternativos de solución de controversias.
Esta propuesta será presentada con la firme convicción de que un modelo homologado, materializará la visión de Estado que hemos construidorespecto al servicio de procuración de justicia.
Sobre todo, quiero comentar que el mismo ya está siendo implementado, mediante diversas pruebas piloto, al interior de la Procuraduría General de la República. Y, por supuesto, se seguirá implementándose hasta que el modelo se atienda, de manera íntegral en toda la institución.
Ejemplo de ello, es que, en el marco de este modelo, nos hemos propuesto fortalecer a la Agencia de Investigación Criminal a través de diferentes acciones. Como lo son: dotarla de mayores facultades y capacidades técnicas para realizar ciber-investigaciones; crear una Oficina Nacional de Política de Drogas, e integrarle un Centro académico de formación y desarrollo para que capacite a sus agentes.
Esto se hace en virtud de que, este modelo, implica necesariamente elevar la importancia de los servicios de investigación criminal, de inteligencia y servicios periciales. Pues se entiende que éstos no sólo prestan apoyo a la función ministerial, sino que, además, el análisis del fenómeno delincuencial, realizado a través de estos servicios, es la principal fuente para definir tanto la política criminal como los planes de persecución penal, así como para actuar de manera proactiva frente al fenómeno delincuencial.
En ese sentido, hago un llamado para que quienes integramos esta Conferencia continuemos perfeccionando la operación de nuestro sistema penal aprovechando las herramientas que brinda el modelo de procuración de justicia que estamos construyendo. Eso nos permitirá enfrentar a través de un servicio homologado y de calidad algunos de los principales flagelos que inciden en la vida cotidiana de las y los mexicanos.
De la misma forma, invito a los presentes, así como a los medios de comunicación, a socializar las virtudes y bondades que ofrece este modelo. Pues es vital que la sociedad mexicana sepa, que este modelo requiere, para su debida ejecución, del apoyo e impulso no sólo de instituciones públicas, sino también de la ciudadanía y de actores clave en materia penal, como lo son asociaciones de abogados y despachos, instituciones académicas u organismos de derechos humanos. así, dado que la retroalimentación que los usuarios dan respecto a los servicios que nosotros brindamos, es esencial si queremos tener un modelo incluyente y de mejora continua.
Como segundo gran planteamiento, y derivado de la necesidad de una política criminal que establezca, con claridad, las prioridades a enfrentar respecto al conglomerado delictivo, no podemos omitir, ni negar, que los cuatro grandes problemas antes mencionados por la Encuesta del INEGI, es decir, la inseguridad, corrupción, impunidad y el narcotráfico, son potencializados por el fenómeno de la delincuencia organizada.
Esta forma de criminalidad es una manifestación exacerbada de la delincuencia común caracterizada, entre otros factores, por mayores términos de violencia, un alto beneficio económico de sus acciones, una estructura criminal materialmente institucionalizada y la pérdida de espacios públicos, y descomposición del tejido social.
Por estas razones, la delincuencia organizada tiene capacidades y recursos financieros suficientes para corromper la esfera pública y, así debilitar el orden constitucional.
De hecho, en la última década, en nuestro país se ha diversificado el fenómeno delincuencial y ha traído, como consecuencia, múltiples condiciones que favorecen la impunidad y que dificultan la acción persecutoria del Estado. Asimismo, se han propiciado operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos de mayor violencia.
En el combate a este fenómeno de violencia recae en competencia federal, de acuerdo a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Además, el marco jurídico actual, limita la capacidad de las instituciones locales de procuración de justicia para combatir a la delincuencia organizada o coadyuvar en su combate.
Por ello, y sin perder de vista que se trata de un fenómeno multifactorial que no sólo debe enfrentarse desde el ámbito de seguridad y justicia, nos hemos planteado en esta Conferencia, cómo mejorar el marco jurídico para que, las 33 fiscalías y procuradurías, afrontemos coordinada y eficazmente un problema que nos atañe y afecta a todos, el crimen organizado.
Este planteamiento, en principio, pudiera generarse sobre las siguientes premisas:
Reconocer que su combate debe implicar una responsabilidad compartida, con límites debidamente identificados, entre Federación y entidades federativas;
Establecer una política criminal que priorice la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos de delincuencia organizada;
Fortalecer las capacidades de las instituciones de procuración de justicia locales para combatir la delincuencia organizada, y
Establecer mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación para el intercambio de información,en todos los órdenes de gobierno y niveles regional, nacional e internacional.
Con base en lo anterior, la Procuraduría General de la República, en conjunto con la fiscalía del Estado de México, estamos trabajando en un anteproyecto de iniciativa de Ley para someterlo, el siguiente año, a la consideración de esta Conferencia.
Esto, con el objetivo de que, en el marco de los principios y límites constitucionales, se refuerce el combate a la delincuencia organizada, y se mantenga la integridad de las personas, las libertades, el orden público, y la paz social de nuestro México.
Recapitulando, cierro mi intervención con dos mensajes centrales:
PRIMERO. La confianza y cooperación entre las 33 procuradurías y fiscalías ha sido la base, y seguirá siendo condición, para construir e implementar un modelo homologado de arquitectura institucional que nos permita, a todos, hacer plenamente operativo, con los mismos estándares, el sistema de procuración de justicia con corte acusatorio y, con ello, garantizar el derecho humano de acceso a la justicia.
SEGUNDO. Debemos pensar de forma estratégica para que, con base en una política criminal clara, prioricemos nuestros objetivos, para que las capacidades institucionales con las que contamos, sean utilizadas de mejor forma y de manera proactiva. No cabe la menor duda que, dentro de estas prioridades, debe estar el combate eficaz a la delincuencia organizada. Por ello, se seguirá trabajando en un marco jurídico adecuado que nos permita coaccionar este fenómeno delictivo de manera coordinada e inteligente, y, a la vez, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.
Por su relevancia para el país, así como para todas y todos los mexicanos, celebro la instauración de esta Asamblea Plenaria. Con la seguridad de que estamos en el espacio idóneo para que, con base en el espíritu del federalismo cooperativo por parte de todas las instituciones de procuración de justicia, encontremos soluciones comunes a las necesidades de seguridad, de paz, de justicia y de honestidad que tanto nos demanda la sociedad a la que servimos.
Muchas gracias
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