Pudimos ver que iba Diego Fernández con él...,
Ricardo Anaya, rechazó rendir su declaración ministerial sobre la venta de una nave industrial al empresario Manuel Barreiro, acusado de lavado de dinero.
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Comunicado 153/18
Ciudad de México, 25 de febrero de 2018.
PGR INFORMA
La Procuraduría General de la República informa que este 25 de febrero el candidato presidencial de la coalición México al Frente (Anaya) se presentó en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde se le invitó públicamente, en repetidas ocasiones, a rendir declaración ministerial para lo que a derecho convenga, lo cual fue rechazado por el candidato.
Por su parte, la misma persona entregó un documento ante la Oficialía de Partes de la Subprocuraduría en cuestión, mismo que fue sellado de recibido.
La Procuraduría General de la República actúa conforme a la ley, lleva a cabo investigaciones en el marco de obligaciones constitucionales sobre la posible comisión de delitos y es ajena a los procesos electorales o actividades partidistas. Por lo que, de ser el caso, citará a las personas que sea necesario en función del debido esclarecimiento de hechos posiblemente constitutivos de delitos.
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Rechaza NRA - EL RIFLE-, planes de Trump sobre armas
La Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos (NRA, por sus siglas en inglés) rechazó este domingo las propuestas del Presidente Donald Trump y otros republicanos para modificar la regulación del uso de armas tras el tiroteo en una escuela de Florida que dejó 17 muertos.
El grupo de cabildeo a favor de la tenencia de armas no apoya las iniciativas anunciadas para elevar el límite de edad en la compra de ciertos tipos de armas y prohibir unos accesorios conocidos como "bump stock", los cuales permiten que los fusiles semiautomáticos se conviertan en automáticos, afirmó la portavoz Dana Loesch en el programa This Week, del canal ABC.
"La NRA no apoya ninguna prohibición", señaló Loesch.
Trump fue respaldado por la NRA en su campaña para las elecciones presidenciales de 2016, por lo que ha manifestado su apoyo al derecho constitucional de tener armas.
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Las columnas políticas hoy, 24 de febrero de 2018...
Templo Mayor/Reforma
EL PVEM se le está saliendo del huacal al PRI. Además del pleito en Chiapas, en donde la dirigencia estatal rompió con los tricolores, la coalición se deshizo esta semana en Oaxaca y Sinaloa.
DE HECHO, de las nueve gubernaturas que estarán en juego este año, los verdes sólo van con los tricolores en Veracruz, con José Francisco Yunes, y en Yucatán, con Mauricio Sahuí Rivero.
PARA los comicios en Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Tabasco, van con candidato propio y, en el caso de la CDMX, sigue el estira y afloja para ver si los del tucán apoyarán o no a Mikel Arriola.
CON ESOS aliados, en el PRI muchos se preguntan para qué quieren adversarios.
EN LA SEGOB afirman que el acuerdo para que el gobierno federal le compre energía por 25 años a la empresa creada por el SME aún no se ha aterrizado... porque no hay manera de hacerlo legalmente.
QUIENES han tenido que enfrentar esa bronca aseguran que fue una locura de Luis Miranda quien, cuando fungía como subsecretario en Bucareli, prometió lo que fuera para desactivar a los ex sindicalistas de Luz y Fuerza.
ASÍ ES QUE, cuando comiencen las marchas y plantones por el no cumplimiento de ese acuerdo, los ciudadanos afectados ya sabrán para dónde voltear.
EL LÍDER de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y su aliado del PES, Hugo Eric Flores, traen una decisión difícil de tomar en Morelos.
TODO INDICA que el senador morenista Rabindranath Salazar quiere heredarle su escaño a su hermano Radamés Salazar... pero esa nepotista idea está provocando olas.
ADEMÁS, el dirigente del PES anda molesto pues dice que esa candidatura le corresponde a su partido y, al parecer, trae un as bajo la manga: postular a Fernando Martínez Cué que es mucho más conocido allá.
QUEDA claro que, al menos en Morelos, no todo es miel sobre hojuelas para la alianza entre morenistas, pesistas y petistas.
QUIENES se preguntan por qué Roberto Gil Zuarth salió del Senado cuando sólo le quedaban seis meses y días para terminar su encargo, podrían encontrar la respuesta en una vieja promesa.
SEGÚN cuentan, cuando hace seis años decidía quién sería su suplente, optó por Adriana Loaiza, viuda de uno de sus grandes amigos, Fernando Zamora, quien murió en un accidente de helicóptero con el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake.
Y DICEN que, en ese entonces, Gil le dijo a Loaiza que en algún momento dejaría el Senado para que ella pudiera ocupar su escaño. Promesas son promesas.
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Frentes Políticos/Excelsior...
I. Fin de una era. Las narcotienditas localizadas históricamente al interior del “territorio autónomo” de Ciudad Universitaria se volvieron campo de batalla criminal.
Y, ante la muerte de dos personas en el campus, todo indica que los lustros de impunidad por la venta de droga se acercan a su fin. Como hace medio siglo, la UNAM se convierte en un escenario central en la disputa por el poder. Desde 1968 hasta ahora, ha sido el rector Enrique Graue el único que logró arrebatarle a los narcomenudistas más del 85 por ciento de la “zona de los frontones”. Se les acabó el negocio a quienes operan desde las sombras, y pretenden, desde la Universidad, desestabilizar al país. ¡Goya!
II. Necedad. Desde todos los sectores se pide a los candidatos y a los partidos más seriedad, menos descalificaciones, propuestas y no estridencia, pero no entienden. Unos a otros los insultos se van haciendo parte del proceso electoral, pero esto sólo enturbia la vida política. Enrique Ochoa Reza arremetió con adjetivos. A Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, lo calificó como una persona de “dos caras”, corrupto y mentiroso, a quien han acusado de enriquecimiento inexplicable, triangulación de dinero y lavado de dinero, creación de empresas y fundaciones fantasmas. Cada sílaba enloda a todos los partidos por igual. ¿No lo ven?
III. Días patrios. Cualquier escenario es bueno pa-ra verter opiniones electorales, pese a estar en un extraño periodo llamado “intercampaña” en el que los candidatos, en teoría, debían estar lejos del proselitismo. Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, en un discurso pronunciado en la ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera, ante el presidente Enrique Peña Nieto, llamó a ser responsables porque “no es tiempo de inventar futuros”. Advirtió que dependerá de todos y cada uno de nosotros escribir la historia por venir. Diseñar el futuro nunca había sido tan complicado, ¿por qué hacerlo más?
IV. Silencio. Claudia Pastor, representante del PRI ante el INE, presentó un juicio para anular la resolución del organismo electoral de prohibir los debates durante el periodo de intercampaña, del 11 de febrero al 29 de marzo. “Creemos que nuestra sociedad está ávida de contrastar ideas, de escuchar las propuestas, de ver quién es quién y quién está preparado, y la decisión contradice todo el sistema constitucional e internacional sobre la libertad de expresión”, precisó. El porqué del bloqueo a los debates queda como la gran duda, pero, ¿desde cuándo lo que conviene al país debe solucionarse en juicios largos e inútiles? ¿A qué le temen?
V. Los ductos agujerados. En los últimos seis años, el Ejército ha detectado 30 mil 656 tomas clandestinas a nivel nacional, un promedio de 16 tomas al día, y se han asegurado más de 33 millones 434 mil 196 litros de combustible. Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Tabasco suman el 75.6 por ciento del total de tomas clandestinas detectadas.
Por si fuera poco, el robo de combustible ha hecho crecer la violencia en esas zonas. ¿Quiénes son los responsables de haber llegado a estas cifras?, ¿quiénes colaboraron para hacerle agujeros a los ductos de Pemex? Porque no llegaron ahí por generación espontánea, ¿verdad?
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La estación/GERARDO GALARZA
Excelsior...
Listos
En el mundo y en México, uno de los sectores humanos más despreciados es el de los políticos y, consecuentemente, sus organizaciones, sus partidos. Esto no es una conseja popular, es un simple lugar común.
El próximo domingo 1 de julio, en México habrá elecciones federales (Presidente de la República y Congreso de la Unión) y locales en 30 entidades federativas (entre ellas ocho gubernaturas y una jefatura de Gobierno).
Sabedores de ello, los partidos políticos mexicanos están seleccionando a sus mejores hombres para tratar de convencer a los votantes y ganar las elecciones.
Usted olvídese de los candidatos a la Presidencia de la República que, por simple deducción, deben ser el mejor hombre (es un decir, claro) de cada partido político. Postulan a candidatos a casi cuatro mil puestos de elección y encargan sus campañas a sus mejores y más experimentados militantes y expertos estrategas.
Conozca usted los nombres de algunos de esos políticos que andan tras de los votos:
Marco Antonio Adame, José Antonio Álvarez Lima, Emilio Álvarez Icaza, Alberto Anaya, Manuel Andrade, Manuel Añorve Baños, Eruviel Ávila; Bernardo Bátiz, Alejandra Barrales, Cuauhtémoc Blanco, Martí Batres, Manlio Fabio Beltrones, Luis Felipe Bravo Mena, Bárbara Botello.
César Camacho Quiroz, Tatiana Clouthier, Ernesto Cordero, Marko Cortés, Santiago Creel, Gabriela Cuevas; Salomón Chertorivski; Adriana Dávila, Julio Di Bella, Alfonso Durazo, Dante Delgado; Marcelo Ebrard, Laura Esquivel, Jorge Estefan Chidiac.
Diego Fernández de Cevallos; Heriberto Galindo, Xóchitl Gálvez, Alejandro Gertz Manero, Leonel Godoy Rangel, Napoleón Gómez Urrutia, Delfina Gómez, Genaro Góngora Pimentel, Mariano González Zarur, Manuel Granados; Susana Harp; René Juárez; Lino Korrodi.
Javier Lozano, Leonel Luna, Bertha Elena Luján; Miguel Ángel Mancera, José Ramón Martel López, Germán Martínez Cázares, Ifigenia Martínez, Patricia Mercado, Esteban Moctezuma Barragán, Manuel Mondragón y Kalb, Ricardo Monreal, Fernando Moreno Peña, Rafael Moreno Valle, Porfirio Muñoz Ledo; Rocío Nahle, José Narro Céspedes, Aurelio Nuño.
Enrique Ochoa Reza, Miguel Ángel Osorio Chong; Beatriz Paredes, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Elena Poniatowska, Jorge Luis Preciado; José Reyes Baeza, Jorge Carlos Ramírez Marín, Cecilia Romero, Jorge Romero Herrera, Juan Carlos Romero Hicks, Alfonso Romo Garza, Vanessa Rubio, Ernesto Ruffo Appel.
Félix Salgado Macedonio, Nestora Salgado, Olga Sánchez Cordero, Layda Sansores; Mauricio Toledo, Miguel Torruco Marqués, Lilly Téllez; Héctor Vasconcelos; Jesús Zambrano, Damián Zepeda, Juan Zepeda.
Lo mejor de cada casa.
Usted los conoce.
… y los que faltan en los próximos días.
No son todos, pero sí una pequeña lista representativa de las decenas de miles (sí, decenas de miles) de candidatos que pulularán por el país entre marzo y junio y de muchos de los dirigentes y “operadores” de los partidos políticos y sus candidatos.
Muchos de ellos desde el Poder Ejecutivo y otros desde el Legislativo gobernarán México durante los seis años siguientes.
Usted saque sus propias cuentas para la hora de ir a votar. Tome en cuenta que esta lista trató de integrarse por orden alfabético, a partir de notas y columnas periodísticas; que en la lista no se incluye deliberadamente al partido al que ahora pertenecen (algunos podrían estar en otro mañana mismo) y, digámoslo así, tampoco tiene mayor importancia… para ellos. Para el país, sí.
Allá usted, los demás y el propio escribidor.
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Verde… ¿prieto?
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior..
Independientemente de que la directiva del PVEM pudiera terminar sus acuerdos en Sinaloa y Oaxaca, mantienen vigente su apoyo a José Antonio Meade.
De concretarse en las próximas horas, días, la cancelación de la anunciada coalición con el Revolucionario Institucional y Nueva Alianza en Oaxaca y Sinaloa, la pragmática dirigencia del Partido Verde Ecologista de México que, en el papel al menos, encabeza ahora Carlos Alberto Puente Salas, “estaría abriendo la puerta” a una eventual integración al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de cara a las próximas presidenciales.
Ello al menos es lo que, con mal disimulada preocupación, estaría siendo valorado por valorado al más alto nivel del tricolor donde, si bien la posible cancelación de la alianza suscrita con los verdes en las entidades citadas, como lo fue ya en Chiapas, se percibe como “un desastre controlable…”, tienen más que claro que ello implicaría un problema mayor en materia de percepción (social) y, en su caso, la pérdida de un número nada despreciable de sufragios en una elección que, en cualquier caso, se prevé altamente disputada…
Y esto último, a la vista el oficial posicionamiento que sobre el punto hiciera el viernes el comando del PVEM, independientemente que en un momento determinado la directiva de los (supuestos) ecologistas pudiera dar por terminados sus acuerdos en Sinaloa y Oaxaca, en lo que a la definición de candidatos comunes a puestos de elección a nivel local y federal, diputados y senadores refiere, manteniendo vigente el apoyo público que, en la disputa por la sucesión del presidente Enrique Peña Nieto, otorgaron al PRI y su candidato José Antonio Meade Kuribreña.
La preocupación mayor, entonces, no está ahí sino, como en su momento revelaron algunas fuentes del propio Verde Ecologista, algunos de sus directivos pudieran estar evaluando la posibilidad de avanzar hacia una suma al proyecto que, vía la alianza constituida por Morena, el partido-secta Encuentro Social (PES) y el (Impresentable) del Trabajo (PT), pretende llevar al siempre polémico y en no pocos casos, cuestionable tabasqueño.
Que nadie juzgue de manera ligera, entonces, los jaloneos existentes entre tricolores y verdes puesto que, si bien para todos está más que claro que un eventual cambio de señales por parte de los segundos no haría más que evidenciar su (innegable) urgencia de conservar su registro, el efecto (negativo) realmente trascendente de ello se daría en el territorio priista que, insistamos, no sólo perdería algunos miles de votos, valiosos cada uno de ellos sin lugar a dudas, pero más, en lo que a percepción social se refiere… particularmente si se concretara un abandono de Meade para buscar a López Obrador, ¿o no?
ASTERISCOS
* Si bien, como se sabe, Acción Nacional publicitó ya su listado de aspirantes a integrar la Cámara de Diputados por vía plurinominal a partir de septiembre, no son escasas las voces que apuestan a cambios de último momento, en respuesta a la negativa reacción que provocada por la inclusión de algunos “impresentables” en las mismas: en Colima, la Ciudad de México y Nayarit, por sólo mencionar algunos…
* Preocupante, sin duda, la advertencia que ayer mismo, a través de las páginas de Excélsior, hiciera la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa capitalina, Yasmín Esquivel Mossa, en el sentido de que “de no haber denuncias ciudadanas, observaciones en las auditorías que deriven en procedimientos de responsabilidad y el retraso en la aplicación de las leyes del Sistema Anticorrupción, éste no funcionará…”
* Ante el creciente malestar que ha generado el anuncio de su decisión de cancelar la posibilidad de que los aspirantes, seis, a la Presidencia participen en debates organizados por los medios, durante el tiempo de intercampañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) de Lorenzo Córdova Vianello podría, de común acuerdo con los partidos, revertir la medida a mediados de la semana que comienza…
Veámonos aquí mañana con otro asunto De naturaleza política.
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Sócrates, demócrataEnrique Krauze
Reforma 25 Feb. 2018
¿Era Sócrates un adversario de la democracia? La pregunta ha recorrido más de dos milenios. Karl Popper la formuló en La sociedad abierta y sus enemigos (Buenos Aires, Editorial Paidós, pp. 294-302) y, para fortuna de la civilización occidental, la contestó negativamente. En el epígrafe del capítulo X, Popper cita a Platón: "Él nos restaurará a nuestra naturaleza original y nos curará, bendiciéndonos y haciéndonos felices". Se refiere al filósofo rey, ideal platónico inverso al demagogo pero que, para Popper, termina por coincidir con él porque impone la misma concentración de poder, exhibe el mismo rechazo a la crítica, conduce a la misma disolución de la democracia.
El propósito de Popper es salvar a Sócrates de Platón, es decir, salvarlo de la imagen de Sócrates que construye Platón para apuntalar su teoría política. No es un empeño fácil. ¿No habían sido los restauradores de la democracia ateniense (Anito y sus compañeros) quienes condenaron a Sócrates por haber sido maestro de algunos de los célebres tiranos (Critias y Cármides, tíos de Platón) que tras la derrota de los atenienses en Siracusa tomaron el poder en Atenas y disolvieron la democracia? ¿No había sido la seductora demagogia de Alcibíades (discípulo amado de Sócrates) quien había alentado aquella desastrosa expedición en el año 415 a. C.?
Popper recuerda sin embargo que Sócrates tuvo un papel airoso en esos años. Nunca se opuso a la democracia sino a su degeneración demagógica, encarnada en aquellos aristócratas inescrupulosos que, habiendo sido sus discípulos, torcieron el sentido de su enseñanza para buscar el éxito usando al pueblo como instrumento de su ambición. Y Sócrates, desde luego, se negó a apoyar a los tiranos. Popper no lo menciona, pero según Plutarco Sócrates desaconsejó abiertamente la operación de Siracusa.
Pero la mayor lección democrática de Sócrates fue ajustarse a las leyes de Atenas y defender su causa, que era la causa de la inteligencia. Pudiendo huir, optó por defenderse con su arma única y específica: la razón, la deliberación. Prefirió padecer la injusticia a cometerla. "Jamás había intentado socavar la democracia -dice Popper-, en realidad, había tratado de darle la fe que le faltaba". Esa fe no era otra que la búsqueda desinteresada de la verdad y el permanente ejercicio de la crítica, no como potestad de un líder iluminado u omnisciente ni de un demagogo sagaz, sino de la polis entera. Popper escribió esta obra "de guerra, de combate" en su exilio en Nueva Zelanda, en el momento más oscuro de la Segunda Guerra Mundial. Al defender la crítica abierta de Sócrates frente al sistema cerrado de Platón, Popper vindicaba la raíz de la civilización occidental, cuya vocación mejor es la de Sócrates. Esa vocación cabe toda en la inolvidable imagen de Sócrates -modesto, sincero, sereno- enfrentando a sus jueces con humor:
Soy como el tábano que Dios ha puesto sobre esta ciudad -decía Sócrates en su Apología- y todo el día y en todo lugar siempre estoy yo, aguijoneándolos, despertándolos, persuadiéndolos, reprochándolos. No encontraréis fácilmente alguien como yo, y por eso os aconsejo absolverme [...] Si me lleváis precipitadamente a la muerte, entonces habréis de permanecer dormidos durante el resto de vuestra vida a menos de que Dios se apiade y os envíe otro tábano.
¿Qué mejor prueba de respeto a la democracia que morir por la libertad, el saber, la razón, la verdad y la crítica? El Sócrates de Platón es Platón. El Sócrates de Popper es un pedagogo de la democracia. El Sócrates de Popper es Sócrates. Y su actitud, en esta nueva hora oscura del mundo, es nuestra única esperanza.
Fragmento del libro El pueblo soy yo, que próximamente publicará Debate.
www.enriquekrauze.com.mx
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La ventana/Eduardo Caccia
Reforma, 25 Feb. 2018
¿Es lícito y moralmente aceptable tener esclavos? La pregunta sonó descabellada en el siglo XVIII, cuando el comercio humano era visto como algo normal e incluso como una forma de poderío económico. En aquel tiempo la respuesta obvia y mayoritaria era "por supuesto que sí". A más de 200 años de distancia de aquella "normalidad", la postura ha cambiado diametralmente.
La historia documenta casos donde la forma de pensar de una sociedad, sus valores y creencias, y por lo tanto su forma de actuar, cambiaron a través del tiempo, producto de procesos de ingeniería social donde gradualmente se modificaron conductas. Entender cómo se dan estos procesos puede ser útil para quienes quieren un cambio para México. El problema, lo anticipo, es que estas herramientas son como un bisturí, en unas manos salvarán vidas, en otras producirán asesinos seriales.
Evoquemos los esfuerzos del Tercer Reich para inculcar su visión nacionalsocialista del mundo, el progresivo y eficaz mecanismo que gradualmente fue incluyendo en la opinión pública la duda, el rechazo y el desprecio por todos aquellos que no fueran parte de la "raza superior". En nombre de esa ideología miles de personas asesinaron a millones de seres humanos convencidos de que estaban en lo correcto, de la misma forma en que la sociedad británica y sus colonias en el siglo XVIII veían con normalidad la esclavitud.
¿Es posible cambiar la mentalidad de una sociedad? Es absolutamente factible, de ahí mi esperanza en que procesos culturales como la corrupción son reversibles. El combate a la corrupción será la parte neurálgica del tablero de ajedrez de las próximas elecciones presidenciales. Todos los candidatos se manifestarán (como lo han hecho ya durante esa escenografía de campaña llamada precampaña) a favor de un combate a la corrupción. La forma en cómo piensen combatirla debería ser uno de los grandes factores para decidir el voto, más allá de filias y fobias.
Thomas Clarkson fue uno de los pilares que cambiaron la forma de pensar de la sociedad hasta influenciar al gobierno británico para prohibir la esclavitud en el siglo XIX. Al principio su lucha fue vista como impensable y descabellada, pero aceptada y aplaudida al final. Ese cambio de pensamiento social lo estudió Joseph Overton y lo bautizó como La Ventana Overton, una teoría política que sostiene que en cualquier momento dado hay ciertos temas que son políticamente correctos mientras que, por exclusión obvia, otros son políticamente incorrectos. Lo que hace que una sociedad pase de considerar aceptable la esclavitud, a rechazarla, es el movimiento del pensamiento social que pasa por etapas definidas (imaginemos una línea horizontal donde los extremos muestran las posturas antagónicas): impensable, radical, aceptable, sensato, popular, políticamente correcto (aquí está el centro de la línea), popular, sensato, aceptable, radical, impensable.
El proceso (que no pretendo explicar cabalmente aquí) implica a medios de comunicación, noticias, entretenimiento y cualquier manifestación de la cultura popular (como los "memes" de hoy en día). Bien usada, la herramienta sería efectiva para cambiar comportamientos adversos. Muchos mexicanos hoy roban combustible. Ese delito ha pasado de impensable a radical a aceptable a sensato y a popular (en ciertas comunidades), sólo faltaría que quede permitido en la legislación bajo el argumento de que el combustible es de todos los mexicanos, y así como la tierra es de quien la trabaja, la gasolina es de quien la extrae (de los ductos). Habría que pasar al otro lado, para que de ser popular sea impensable.
Obras como Un mundo feliz y 1984 retratan el condicionamiento masivo de personas. Desde el soma que produce felicidad, la hipnopedia y el aprendizaje neo-pavloviano en la novela de Huxley, hasta la repetición de consignas como "la guerra es la paz", "la libertad es la esclavitud", "la ignorancia es la fuerza" en el libro de Orwell, o hasta el Fake News trumpiano, el dilema humano es cómo encontrar la felicidad y la armonía mientras nos debatimos entre conservadores y liberales, o los extremos que ustedes quieran.
¿Quién define felicidad, bienestar social, moral? En ese territorio, angosta ventana, reside nuestro potencial conflictivo y nuestra esperanza.
@eduardo_caccia
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Cajas y tarjetas/Gabriel Zaid+
Reforma, 25 Feb. 2018
Hay un problema de cajas en las tiendas. Son la parte irritante de comprar. A las tiendas les cuesta el tiempo de su personal, no el de sus clientes. Si les descontaran un peso por minuto que tarde el trámite de pagar, las colas serían más cortas.
Los clientes llegan al azar. A veces se juntan y a veces no hay ni uno. El gerente de la tienda responde a la menor demanda reduciendo el número de cajeras. Y las cadenas les cargan más tareas.
La caja es una responsabilidad. Hay que recibirla y entregarla haciendo arqueos. Verificar los productos y sus precios, las promociones. Enviar a alguien a la estantería para aclarar algo. Verificar los billetes que recibe, incluso verlos a trasluz. Verificar los vales de despensa. Verificar la tarjeta (de crédito o débito, bancaria, de la propia tienda, de adultos mayores). Llamar a la tarjeta, si la autorización se complica. Dar explicaciones, si la autorización no llega o se cae el sistema. Llamar al supervisor, en caso de duda. Hacer encuestas al cliente (¿Encontró lo que buscaba?). Recibir quejas y transmitirlas. Aceptar pagos que nada tienen que ver (recibos de luz, de teléfonos). Vender recargas de tiempo para celulares. Dar algunos servicios bancarios. Y hasta secar, si algo se derrama.
La irritación del cliente puede costar ventas perdidas. En caso extremo, abandona la mercancía, para no seguir esperando; o descarta el producto problemático para la cajera.
Se han hecho mejoras para acelerar el pago. La más elemental: tener bien abastecida la caja, para no interrumpir el cobro en busca de cambio. Usar códigos de barras para no teclear el precio. Pasar al sistema las tarjetas boletinadas con problemas (antes se consultaban boletines impresos). Abrir cajas aparte para discapacitados.
Quién debe esperar a quién ha sido siempre una forma de jerarquizar en la vida social, y desde luego en la política. Es famosa la anécdota del ex presidente Calles que citó en su rancho al presidente Cárdenas y lo hizo esperar, para que entendiera quién era el Jefe Máximo. Cárdenas tuvo que sacarlo del país para demostrar que, en lo sucesivo, el presidente sería el Jefe Máximo. Esta reversión se ha dado en las tiendas. Tradicionalmente, el cliente era el Jefe Máximo. Ya no lo es.
El análisis matemático de la formación de colas fue creado en 1909 por Agner Erlang, un ingeniero danés especializado en redes telefónicas. Las llamadas llegan al azar. Si se juntan, tienen que esperar. La cola depende de la capacidad del conmutador, de la duración de las llamadas y de su distribución estadística. Erlang descubrió su forma (la distribución de Poisson), y eso le permitió calcular las probabilidades correspondientes al tiempo de espera y el tamaño de la cola.
Años después, se demostró matemáticamente y en la práctica que si hay dos cajas atendiendo, ambas colas se reducen especializando una en clientes atendibles rápidamente. Así nacieron las cajas rápidas. El criterio para la rapidez fue el número de artículos y la forma de pago.
El pago en efectivo reduce el tiempo en la caja (si está bien abastecida) y ahorra a la tienda la comisión que paga cuando el cliente usa tarjeta. Parte del ahorro debería beneficiar al cliente, haciéndole un descuento por el pago en efectivo. En vez de esto, algunas tiendas cobran por el pago con tarjeta; y casi todas empezaron a ofrecer cajas rápidas a los clientes que pagan en efectivo no más de cinco productos.
La regla se relajó, y ahora hay "cajas rápidas" que aceptan hasta diez productos o más. También llegan a verse pagos de veinte pesos con tarjeta. Esto no sólo tiene un costo administrativo desproporcionado para la cantidad, sino que retrasa a los otros clientes de la cola supuestamente rápida.
Hay diferencias de unas tiendas a otras. Los pagos en Liverpool son más lentos que en Costco. En Superama hay una sola cajera a las seis de la mañana, porque hay menos clientes, sin tomar en cuenta que a esa hora llegan a las carreras. San Pablo da un buen servicio de farmacia a domicilio (el mensajero es también el cajero) y pésimo si el cliente va a la tienda.
En los Estados Unidos, Amazon está probando una solución radical: suprimir las cajas de sus tiendas físicas (ver Amazon Go en Google). El cliente abre una cuenta y baja a su celular la aplicación que le permite pasar por el torniquete de entrada. Los artículos que va tomando de los anaqueles (bajo una multitud de cámaras en el techo que registran quién tomó qué) se cargan a su tarjeta. Y se los lleva sin pasar por una caja.
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Terrenos pantanosos/Luis Rubio
Reforma, 25 Feb. 2018
En uno de los miles de memes que he recibido en las últimas semanas, la pregunta es: "¿Las listas de candidatos a legisladores federales pluris se registrarán ante el INE o la PGR?". La pregunta es obviamente irónica pero refleja el sentir popular: los partidos políticos, particularmente Morena, han escogido a una bola de candidatos de dudosa reputación para sus listas de legisladores plurinominales -esos que no le deben lealtad a nadie más que a su líder partidista- dejando en el camino toda pretensión de representar a la ciudadanía o rendirle cuentas, dos de los elementos nodales de la democracia representativa.
En su sentido más amplio, la pregunta relevante es para qué y para quién es la política. El asunto que me preocupa no es el evidente abandono de ideologías en la conformación de las listas y coaliciones partidistas, sino la total ausencia de convicciones que definan una clara orientación política o incluso pragmática. El oportunismo se ha apoderado de la política mexicana y se manifiesta en todos los ámbitos, comenzando por su virtud inmediata de acercar a un partido o candidato al poder, pero al costo de arriesgar la poca legitimidad que le queda al sistema político. Cuando eso ocurre, podría comenzar el colapso del sistema político, tal como ocurrió en Venezuela hace dos décadas.
El problema se agrava ahora que la política mexicana ha tomado un curso por demás peligroso en los últimos meses, judicializando los procesos electorales y convirtiendo a la política en un espacio propicio para venganzas y vendettas. La suma de estos dos elementos -el aislamiento casi criminal de los políticos y los pleitos de barriada a través del encarcelamiento o amenaza de aprehensión de los opositores- entraña un deterioro que no promete nada bueno.
El primero en iniciar este camino fue el PAN con la detención de un priista en Coahuila para su encarcelamiento en Chihuahua, proceso que nunca hubiera ocurrido en un país serio: secuestro y encarcelamiento con orden de aprehensión sin nombre. El gobernador de Chihuahua exprimió el asunto a su máximo potencial, politizándolo sin que se hayan publicado elementos que lo justifiquen. ¿Era justicia o promoción político-electoral?
Ni tardo ni perezoso, esta semana el gobierno pareció responder a la afronta panista con acusaciones de lavado de dinero al candidato presidencial de ese partido. Como en el caso de Chihuahua, los hechos son vagos, la premura sugestiva de un objetivo político más que justiciero. Desde luego, es posible que haya mérito en estos casos, pero dado el momento electoral, es al menos igualmente probable que se trate de acciones caprichosas en manos de autoridades con demasiado poder en sus manos y ningún escrúpulo. La facilidad con que se extienden esas órdenes de aprehensión sugiere que nadie está a salvo. Peor, que los liderazgos políticos han optado por una guerra abierta en el momento más delicado de la vida política nacional y con las autoridades electorales más enclenques y sin brújula.
Ambos casos manifiestan dos cosas: por un lado, los defectos de la reforma penal en tanto que hace posible que se inicien procesos penales con la mera mención de un testigo protegido cuyo nombre no tiene que ser publicado o conocido. Esto podría ser algo adecuado en un país en que existe un Estado de derecho y se sigue el debido proceso, pero ciertamente no en México, donde ni siquiera hemos sido capaces de legislar de manera clara y concisa. Por otro lado, estos ejemplos evidencian que, al estilo Clausewitz, la justicia politizada se ha convertido en un medio a través del cual se saldan cuentas políticas: la política por otros medios. La reforma penal creó una nueva avenida para distorsionar la justicia, obscurecer la corrupción y politizar todavía más la vida cotidiana.
Como encontró Corral y sus acólitos panistas, en la reforma penal basta la suposición de comisión de un delito para que se obsequie una orden de aprehensión. Con ese instrumento en las manos de gobernantes perniciosos y sin escrúpulos, se pueden inventar testigos protegidos y, como dicen los franceses, ¡voilà!, todo queda resuelto. Con este instrumento, se abre la puerta a la judicialización de la política y, todavía peor, a la politización de la justicia. Y ninguno de nuestros próceres políticos tiene las manos limpias en este ámbito.
La gran pregunta es hacia dónde nos lleva este camino. En países en los que la democracia ha conducido a la independencia de la procuración de justicia, como ha sido el caso de Brasil, sus sociedades han logrado construir una pata alterna a la legitimidad del sistema, facilitando (al menos en potencia) la transición a un nuevo régimen de estabilidad. Parafraseando a Joaquín Villalobos, cuando se politiza la justicia resulta imposible procurar acuerdos políticos, combatir la corrupción o garantizar la estabilidad macroeconómica y la inclusión social.
Los partidos, el gobierno y los candidatos que promueven esta vertiente anti política nos están llevando en un camino resbaloso que no puede resultar en nada positivo. El oportunismo sirve por un momento pero tarde o temprano se revierte en crisis, si no es que caos. Todavía es tiempo de evitar un final tan destructivo.
@lrubiof
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Revista Proceso #2156, 25 de febrero de 2018..
Rosario Robles, hundida en el descrédito&/MATHIEU TOURLIERE
Los colaboradores más cercanos de Rosario Robles, con quienes trabaja desde su primer día del actual sexenio –sobre todo Emilio Zebadúa, su oficial mayor de confianza en la Sedesol y en la Sedatu–, operaron esquemas de desvío de millonarios recursos del erario, disfrazados de contratos con empresas fantasma; era dinero que acababa en cuentas bancarias en el extranjero. Y fue algo que la funcionaria no pudo ignorar, pues parte de lo desaparecido tenía que usarse para pagarle a contratistas reales que nunca cobraron.
A unque lo negó repetidamente y denunció una campaña mediática en su contra, Rosario Robles Berlanga sí encabezó estructuras de desvío de dinero que involucraron a centenares de empresas fantasma durante sus primeros cuatro años de gestión en la administración de Enrique Peña Nieto.
El monto triangulado rebasa los 5 mil 251 millones 567 mil pesos, de acuerdo con un análisis exhaustivo de 26 auditorías que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó entre 2015 y el pasado martes 20.
“Si alguien abusó de la confianza mía en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que pague; pero que sea con nombre y apellido”, clamó la funcionaria el pasado miércoles 21.
Sin embargo, fue el equipo de colaboradores más cercanos de Robles, con los que trabaja desde su primer día en el actual sexenio, el que diseñó y operó los esquemas fraudulentos, y lo hizo desde las propias oficinas de la Sedesol y la Sedatu. En este equipo destacan los funcionarios de la Oficialía Mayor –a cargo, en ambas dependencias, de Emilio Zebadúa González–, así como los coordinadores de delegación o el área de comunicación social.
Sólo en los primeros 16 meses de la funcionaria en la Sedatu se desviaron mil 747 millones de pesos, y Robles no pudo ignorarlo: este dinero formó parte de los 3 mil 855 millones de pesos que la dependencia sacó del presupuesto destinado al Programa de Infraestructura, cuyo objetivo consiste en proveer de infraestructura básica a la población más pobre del país.
Ello generó reclamos en la propia Sedatu, ya que las delegaciones estatales no pudieron pagar a los proveedores y contratistas por las obras realizadas. Esto incluso podría derivar en demandas por falta de pago, según advirtió un oficio administrativo fechado en enero de 2017, que mencionó la ASF en su auditoría 1835-DE.
El pasado martes 20 el periódico Reforma citó tres auditorías forenses que demostraban los desvíos multimillonarios operados desde la Sedesol y la Sedatu, y señalan que una parte del dinero transitó por las instituciones financieras Banco Monex y CI Banco y terminó en cuentas bancarias abiertas en diversos países.
Robles multiplicó las declaraciones públicas y apariciones mediáticas para “limpiar (su) nombre, (su) reputación y (su) honra”: retó a Reforma a demostrar que ella recibió dinero –algo que nadie planteó– e insistió en que no tuvo nada que ver con los señalamientos de la ASF.
Ningún integrante del gabinete la apoyó, pero Robles no estuvo sola en su defensa: el miércoles 21 la funcionaria dejó a Zebadúa la tarea de convencer a la prensa de que tanto la Sedesol como la Sedatu actuaron en estricto apego a la ley. El funcionario tropezó en varias ocasiones.
Un ejemplo: con el dinero de la Sedatu, ocho instituciones públicas estatales, separadas miles de kilómetros –dos se encuentran en Quintana Roo, una en Sonora, una en Chiapas, una en el Estado de México y dos en Hidalgo– adjudicaron contratos millonarios a las mismas empresas, con declaraciones fiscales en ceros y cuyos domicilios fiscales en la Ciudad de México o el Estado de México a menudo eran bodegas, casas abandonadas o viviendas donde nadie oyó hablar de ellas.
Inquirido al respecto por el reportero afuera de la sede de la Procuraduría General de la República, Zebadúa evocó una “coincidencia”.
Balbuceó: “Que haya coincidencia de empresas en varios convenios, pues tiene que ver más bien con la, eh… con el universo de proveedores de bienes y servicios a gobierno que existen en el país. No nos puede sorprender que una empresa cualquiera pueda participar en uno o en n número de procesos de adjudicación para proveer bienes y servicios. Ahí está la coincidencia”.
Las auditorías realizadas año tras año desde el inicio de la gestión de Robles muestran que tanto la funcionaria como Zebadúa torcieron la realidad para eludir su responsabilidad. Desde el miércoles 21 Proceso solicitó una entrevista con alguno de los dos, pero no obtuvo respuesta.
Sin embargo, Robles subrayó algo cierto: la Sedesol y la Sedatu no fueron las únicas dependencias federales que la ASF identificó con problemas de desvíos multimillonarios operados con empresas fantasma a lo largo del sexenio de Peña Nieto. También lo fueron instituciones dirigidas por integrantes del primer círculo del presidente, entre ellas Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya Austin; Banobras, cuando lo administraba Alfredo del Mazo Maza, el actual gobernador del Estado de México y primo de Peña Nieto; o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza.
Simulaciones millonarias
Los desvíos de la Sedesol y la Sedatu fueron operados mediante esquemas de “simulación de servicios”, cuya mecánica fue ampliamente documentada por Proceso desde febrero de 2015.
En este sistema, las dependencias federales celebran convenios de prestación de servicios millonarios con universidades y organismos públicos estatales. Estos organismos públicos cobran una comisión y, a su vez, envían la mayor parte del dinero a redes de empresas y proveedores, muchas de ellas fantasma. Total: los servicios son una simulación y la mayor parte del dinero se esfuma en un sinfín de transferencias entre sociedades de papel.
Robles echó la culpa a los organismos estatales. “Cómo realizó sus procedimientos la universidad o la entidad, es procedimiento de esa universidad o entidad pública: si cumplió con los requerimientos, si hizo licitaciones, si fueron empresas fantasmas o si no lo fueron, son responsabilidades de ellos”, dijo el miércoles 21.
Sin embargo, varios testimonios incluidos en las auditorías indican que los organismos estatales sirvieron como intermediarios financieros y que la elección de los contratistas y proveedores fantasma se hizo desde las sedes de las dependencias federales, ambas ubicadas en Paseo de la Reforma.
Empleados de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) aseveraron que en mayo de 2015 acudieron a las oficinas de la Sedesol, donde una directora de área adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales (DGRM) les entregó 36 contratos con 27 proveedores, ya elaborados y listos para firmar.
En ese entonces, la DGRM estaba a cargo de Humberto René Islas Cortés, quien ha ocupado el mismo cargo en la Sedatu desde que Robles tomó el control de la dependencia, en agosto de 2015.
Es más: en las oficinas de la Sedesol la funcionaria les entregó dos cajas con los contratos que RTH se comprometía, en ese mismo momento, a elaborar por 601 millones de pesos.
“Aclara el Subdirector de Contenidos de RTH que las dos cajas que le fueron entregadas son las mismas que proporcionaron al personal comisionado de la ASF en la ejecución de la auditoría, y que el contenido de las mismas no fue validado por él y, en consecuencia, desconoce su contenido”, abunda la auditoría.
Y sentencia: “Los trabajos no fueron realizados por ninguno de los proveedores que se vieron beneficiados con recursos públicos federales, los cuales, en conjunto con la Sedesol y RTH, llevaron a cabo acciones y omisiones que permitieron aplicar el monto señalado en fines distintos para los que fue autorizado, distrayéndolos de su objeto”.
Otras auditorías confirman que la operación se llevó a cabo desde las dependencias.
Según el informe 1639-DS, publicado el año pasado –y según el cual la Sedesol desvió 702 millones 557 mil pesos–, los rectores de tres universidades mexiquenses aseguraron que “el monto asignado a cada convenio y la elección de los proveedores para los supuestos servicios fueron definidos por el entonces titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Sedesol”.
En aquel entonces, el titular de la unidad mencionada era Juan Manuel López Arroyo, quien posteriormente fue coordinador de asesores de Robles en la Sedatu y funge desde enero de 2017 como delegado de la dependencia en Puebla.
Un representante legal del periódico El Universal, que fue contratado por Televisión de Hermosillo (Telemax) para una campaña de difusión en 2016, “manifestó que las operaciones las realizaron directamente con personal de la Sedatu, quienes les indicaban que facturaran a nombre de la televisora y que no recuerda haberse comunicado con personal dependiente de Telemax”, recalca la auditoría 1794-DS-GF.
Monex y CI Banco
De acuerdo con las auditorías, los bancos Monex y CI Banco canalizaron 66 millones de pesos provenientes de la Sedesol y la Sedatu a cuentas bancarias abiertas en Dinamarca, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Ecuador, Bélgica, Israel o Pakistán.
En entrevista con Radio Fórmula la noche del miércoles 21, Robles aseveró que la Sedesol “no tuvo absoluta y ninguna relación” con los bancos, y segundos después corrigió: “Sedatu y Sedesol, en mi administración, no (tuvieron) ningún contrato directo con estas empresas”.
Sin embargo, la ASF recabó una serie de correos electrónicos elaborados desde la cuenta personal de una directora de área en la Sedesol, en los que la funcionaria enviaba a RTH la documentación legal de 34 “proveedores” a los que el ente estatal debía otorgar contratos.
Entre estos proveedores se encontraban las sociedades de papel Studio Originale Capisci México, Comercializadora HDP, Comercial Merchandise New Rise –que compartían un mismo domicilio fiscal–, las cuales mandaron dinero a Banco Monex y CI Banco, que a su vez lo cambiaron a dólares y lo transfirieron al extranjero.
Un dato sugiere que por lo menos una de las empresas fantasma que enviaron dinero a estos bancos fue creada por funcionarios de la Sedesol.
De acuerdo con la ASF, la sociedad Desarrollo Publicitario ADP –que recibió 267 millones de pesos entre 2014 y 2016– fue constituida por un entonces humilde empleado del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, instancia dependiente de la Sedesol, donde el hombre ingresaba “un salario mensual de mil 800 pesos, y (quien) en su acta de terminación de la relación de trabajo manifestó no saber leer ni escribir”.
Desarrollo Publicitario ADP compartió su domicilio fiscal –ficticio– con otras cinco sociedades de papel, las cuales recibieron en conjunto 572 millones de pesos de los esquemas de desvío y fueron liquidadas poco tiempo después.
Según consultas al Registro Público del Comercio realizadas por Proceso, éstas y otras empresas señaladas por la ASF formalizaron actas administrativas ante Salvador Ximénez Esparza, quien era titular de la notaría pública 126 de Chalco, Estado de México, hasta el pasado junio, cuando las autoridades mexiquenses lo revocaron y confiscaron todos sus archivos por presuntos actos ilícitos relacionados con fraudes en el uso de suelo en edificios de la Ciudad de México.
Y no sólo esto: la ASF sostiene que varias empresas fantasma que recibieron millonadas de la Sedesol y la Sedatu fueron incorporadas en la notaría pública 96 del Estado de México –ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl–, a cargo de Leonardo Alfredo Beltrán Baldares.
En el Consejo Directivo de esta notaría figuran tres familiares del notario, entre ellos Leonardo Beltrán Santana, el exdirector general del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, que estuvo preso nueve años por haber participado en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en 2001.
Más mentiras
Zebadúa sostuvo que tanto la Sedesol como la Sedatu recibieron los servicios incluidos en los convenios: “Cuando conviene con un ente público conforme a la ley, firma un convenio, hace un pago, y recibe los bienes, los servicios y los entregables por los que convino; se da por satisfecho y cumplido el convenio”.
De nuevo, este argumento no resiste a las 26 auditorías de la ASF, en las cuales el órgano fiscalizador detectó numerosas irregularidades respecto a los servicios recibidos.
En esta lista interminable figuran, entre otros, pagos a precios inflados por servicios que nunca se llevaron a cabo; compra de “estudios” que eran copias de informes de las instituciones, erogaciones de cientos de millones de pesos en cuatro convenios que desembocaron en cuatro entregables idénticos.
El miércoles 21, a la pregunta del reportero, Zebadúa reconoció, tras un momento de duda, que algunas recomendaciones, “en efecto, señalan que los entregables que se les mostraron durante este primer periodo de solventación o no son suficientes o no son los correctos, o faltan, etcétera”.
Robles y Zebadúa repitieron en la semana que por el momento la ASF sólo emitió observaciones preliminares que la Sedesol y la Sedatu solventarán en el futuro.
Como supuesta evidencia, Zebadúa sostuvo que “a la fecha, después de cinco años de gestión de la secretaria Robles en Sedesol y en Sedatu, no ha habido una sola sanción de ningún carácter administrativo o de otro tipo contra un funcionario público de ambas secretarías”.
De nuevo, este argumento resulta cuestionable, pues 23 de las 160 denuncias penales que la ASF interpuso con base en sus revisiones de los primeros tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto derivaron los esquemas de desvío millonarios detectados en la Sedesol de Robles en 2013 y 2014.
Ello significa que, en la opinión de la ASF, ni la Sedesol ni los organismos con los que celebró convenios durante estos años fueron capaces de demostrar que actuaron conforme a la ley ni de solventar las observaciones del órgano fiscalizador.
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Revista Proceso #2156, 25 de febrero de 2018..
Los desvíos que Meade no vio en Sedesol/JENARO VILLAMIL
Un documento interno de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) consultado por Proceso revela que los artífices de la triangulación de recursos millonarios de esa dependencia con por lo menos 13 universidades públicas fueron personeros de Emilio Zebadúa, uno de los funcionarios clave durante la gestión de Rosario Robles en esa dependencia federal. Cuando la Auditoría Superior de la Federación pidió información sobre esos manejos irregulares a José Antonio Meade, quien sustituyó a Robles en la Sedesol, él respondió que se había realizado una “investigación profunda”, pero lo cierto es que no se tocó siquiera a Zebadúa, cabeza de la red de desvío y triangulación de fondos.
Desde agosto de 2016 –casi un año después de que Rosario Robles dejó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en medio de señalamientos sobre presuntos desvíos de fondos en esa dependencia–, el equipo de José Antonio Meade respondió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que “se desconocía” la documentación de los quebrantos millonarios al erario federal por la firma de convenios con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM): uno por 2 mil 435 millones de pesos, otro por 77 millones y un tercero por casi 23 millones.
En su respuesta a las observaciones enviadas por Muna Dora Buchahin Abulhosn, directora general de Auditoría Forense de la ASF –según la copia de los oficios consultados por Proceso–, Luis Vives López, director general de Programación y Presupuesto del equipo de Meade en Sedesol, dijo desconocer “los actores, términos y condiciones bajo las cuales se realizaron tales conciliaciones y gestiones”; más aún, dijo, “se desconoce [con] qué documentación soporte se estarían llevando a cabo las mismas”.
Sin embargo, Vives no presentó ninguna demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de sustracción de documentos oficiales contra integrantes del equipo de Rosario Robles.
En uno de esos pliegos de observaciones enviados por la ASF a la Sedesol se señala el presunto desvío por 2 mil 435 millones de pesos al analizar el convenio del 2 de junio de 2014 que la dependencia suscribió con la UAEM “para pagar a 134 coordinadores técnicos sociales”.
“Dichos gastos los debía realizar la universidad para cumplir con el objeto del citado convenio, el cual consistía en desarrollar un Servicio Integral de Orientación y Evaluación de las Actividades encaminadas a fortalecer la operación del Fondo de Aportación por la Infraestructura Social”, anotó la ASF en el documento fechado el 1 de julio de 2016.
Datos sesgados
Mediante ese esquema de desvío de fondos, la Sedesol y la UAEM firmaron otro convenio por 77 millones 847 mil pesos. La ASF destacó que no se contaba con la documentación “que acredite la totalidad de los servicios contratados”; tampoco se tiene la certeza de que “los recursos federales que la Sedesol pagó al amparo del convenio antes mencionado se hayan destinado para realizar el servicio solicitado” a la universidad.
En esta comunicación interna con el director general de Programación y Presupuesto del equipo de Meade la ASF advierte que “los servicios fueron encomendados a una empresa diversa por un importe inferior al pagado por la Sedesol a la UAEM, no obstante, no podía subcontratar más del 49% ni ceder las obligaciones ni derechos contraídos en el convenio de coordinación para realizar los servicios, publicó la licitación pública número LP/DES/07/2014 por 73 millones 159 mil 159 pesos, adjudicada a la empresa Grupo Industrial y Servicios Vafed, a la cual, la universidad, de los recursos recibidos por Sedesol el 16 de diciembre de 2014, transfirió la cantidad mencionada, aunque no se tiene evidencia de la utilidad del servicio contratado por la Sedesol, por lo que no se tiene certeza de que los recursos federales se hayan aplicado para los fines que fueron otorgados”.
La respuesta de Vives López, con copia a Meade, entonces titular de la Sedesol, fue que “tras una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dependencia” no se encontraron ni se “identificaron elementos distintos” a los ya aportados por la ASF.
Vives López entregó a la ASF una carpeta con 16 anexos que recibió de Francisco Báez Álvarez y Juan Francisco Martínez Lavín –colaboradores de Emilio Zebadúa González, oficial mayor de Sedesol durante la gestión de Rosario Robles–, y aclaró que “no dispone de elemento alguno para convalidar el contenido, pertinencia, dubitabilidad, alcance y/o valor probatorio que se le pretenda otorgar a las documentaciones presentadas”.
Báez Álvarez y Martínez Lavín son señalados como piezas claves en el equipo de Zebadúa en la Sedesol y presuntos artífices del esquema de triangulación de fondos públicos desde esa dependencia con universidades y empresas fantasmas.
Según Vives López, ambos funcionarios le entregaron al equipo de José Antonio Meade “un documento sin firma” en el que advierten que están realizando “las conciliaciones y gestiones necesarias” ante la UAEM para tener la evidencia documental futura que acredite el uso de estos millonarios recursos.
En un tercer oficio enviado a la ASF en octubre de 2016 –cuando el titular de Sedesol era Luis Enrique Miranda Nava–, Vives López respondió al órgano fiscalizador en términos similares por el presunto quebranto a la hacienda pública por 22 millones 944 mil pesos, relacionados con un convenio firmado entre la secretaría y la misma universidad para un servicio de desarrollo, implementación y puesta en operación del sistema de control de gestión con interoperabilidad y uso de firma electrónica avanzada.
Escribió Vives: “El 7 de octubre del año en curso, el C. Francisco Báez Álvarez, servidor público de esta dependencia del Ejecutivo federal, entregó ante la Dirección General de Programación y Presupuesto un documento sin firma de 14 fojas útiles de fecha 10 de octubre de 2016, así como una carpeta que contiene un disco compacto y cinco anexos, mismos que, en copia simple, al presente se adjuntan.”
Meade ante la red de Rosario Robles
Tras conocerse públicamente el informe de la ASF sobre los recursos ejercidos en 2014 y 2015 por el equipo de Rosario Robles en la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Antonio Meade se deslindó de cualquier responsabilidad, pero no mencionó si presentó una denuncia por las irregularidades detectadas.
“A mí me tocó ser secretario de Sedesol y en esa capacidad realizaron una investigación, con cargo a las rendiciones de la cuenta pública, que se hizo mientras yo era secretario. Se realizó una investigación profunda. Esta investigación resultó en el mayor número de suspensiones de servidores públicos que se haya dado en la historia de la función pública”, presumió el funcionario.
Meade, quien ahora es el candidato presidencial del PRI, señaló que más de 460 servidores públicos fueron separados de sus cargos. Se detectó que “un número muy importante” de adultos mayores habían sido dados de alta, pero en realidad no existían, por lo que tocaba a la ASF y a la PGR “deslindar” responsabilidades.
“A mí no me toca hacer un deslinde”, sentenció Meade en declaraciones a la prensa el miércoles 21.
La “investigación profunda” de Meade no llegó a tocar ni siquiera a la cabeza de la red de desvío y triangulación de fondos en Sedesol, que aplicó exactamente el mismo esquema ahora en la Sedatu, tal como acreditó la ASF.
Un documento interno de la Sedesol, al cual tuvo acceso este semanario, relata que existió una “confabulación” del director general de Programación y Presupuesto de Rosario Robles, Francisco Báez Álvarez, así como una red de complicidades con el director de Recursos Materiales, Enrique Prado Ordóñez, el coordinador de Asesores, Humberto Valverde, y el empresario Alejandro Hinojosa, originario de Irapuato y que presuntamente opera las compañías fantasmas desde despachos y domicilios ubicados en Tenysson y Presidente Masaryk, y en Newton y Lope de Vega, ambos en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
De acuerdo con el relato de esta fuente interna de Sedesol, tanto Prado como Hinojosa se encargaron de contactar a las universidades y pusieron las empresas “fantasma” que triangularon los fondos, aprovechando la exención de licitar en el caso de entidades públicas como las universidades.
Otra funcionaria involucrada es Martha Montoya, quien fue tesorera en Sedesol y ahora ocupa un cargo similar en la Sedatu. Ella dejó alrededor de 4 mil cuentas por liquidar y sin comprobación en Sedesol. En Sedatu, en menos de tres meses, de octubre a diciembre de 2015, habría desviado más de 213 millones de pesos del fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
Zebadúa, el “intocable”
Todos estos personajes –Francisco Báez Álvarez, Enrique Prado Ordóñez y Alejandro Hinojosa– dependen directamente del oficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa González, quien ha sido el brazo derecho de Robles en ambas dependencias.
Fueron ellos quienes elaboraron y firmaron los contratos con las universidades estatales que originaron los multimillonarios desvíos de dinero documentados por la revista Proceso desde 2015, y en la investigación La estafa maestra, elaborada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Zebadúa González es hermano mayor de Ramón Zebadúa, quien trabajó con Rosario Robles en el área administrativa de la Secretaría de Gobierno y en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cuando colaboró con Cuauhtémoc Cárdenas.
Las irregularidades administrativas cometidas entonces por Ramón Zebadúa dieron origen a la denuncia periodística del “cochinito” de Rosario Robles, el 28 de mayo de 2001 en el periódico Reforma.
Emilio Zebadúa, quien fue consejero del antiguo Instituto Federal Electoral, secretario de Gobierno de Chiapas durante la administración de Pablo Salazar Mendiguchía y aspirante a gobernador de la Ciudad de México hace varios años, ha sido señalado por columnistas como presunto responsable de una red de tráfico de influencias y de contratos mediante “empresas fantasmas” en por lo menos 13 universidades públicas. Entre ellas están las de Morelos, Estado de México, Zacatecas, Campeche, Chiapas y Tlaxcala, así como la Intercultural del Estado de México, la Politécnica de Texcoco, la Tecnológica del Estado de México, la Tecnológica de Nezahualcóyotl, la de Centla, la Politécnica del Centro y el Instituto Superior de Comalcalco.
Zebadúa González, quien se convirtió en “intocable” durante las gestiones de Meade y Luis Miranda Nava en la Sedesol, es primo de Jaime González Aguadé, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien se sumó a la campaña de Meade como vínculo entre el candidato presidencial priista y los empresarios.
Según versiones periodísticas, antes de que Raúl Cervantes Andrade dejara la PGR en octubre del año pasado ya tenía avanzada una investigación por presunto peculado en contra de Zebadúa González.
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Revista Proceso #2156, 25 de febrero de 2018..
Políticos de turbio historial se van con Anaya/ÁLVARO DELGADO
Ocupados en repartirse las candidaturas y planear la estrategia de la coalición Por México al Frente, los dirigentes del PAN, PRD y MC no han salido a defender a su candidato presidencial de los insistentes señalamientos de corrupción. Y pueden ser éstos, las alianzas cuestionables con personajes de negro historial y expriistas corruptos, así como las advertencias de que “lo deslumbra el dinero”, los principales lastres de Ricardo Anaya en esta campaña presidencial, en la que además comenzó en desventaja.
Pese a contar con una estructura de dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes conforman una “mesa política” donde se diseña la estrategia de la coalición y que está en “sesión permanente” desde 2017, el candidato presidencial Ricardo Anaya ha enfrentado solo los escándalos de corrupción por su riqueza.
Mientras Anaya se defiende de señalamientos sobre sus turbias maniobras financieras, como la fundación sin fines de lucro que creó y que derivó en un millonario negocio documentado por Proceso –“lo deslumbra el dinero”, declaró el panista Javier Corral en 2015–, los partidos de la coalición Por México al Frente trabajan en la “mesa política” sus candidaturas, sumando incluso a priistas vinculados con actos de corrupción.
Se trata de un elenco de jerarcas de los tres partidos políticos aliados, a los que ya se sumó la asociación Ahora, de Emilio Álvarez Icaza, que representa el núcleo que negoció la alianza, las siglas de las candidaturas y que se reúne periódicamente para discutir la estrategia política y resolver conflictos.
Este grupo lo integran Damián Zepeda, Manuel Granados y Dante Delgado, dirigentes de PAN, PRD y MC, además del estratega electoral panista Santiago Creel. También los jefes de corrientes perredistas Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Héctor Bautista y Héctor Serrano, así como los emecistas Alejandro Chanona y Cuauhtémoc Velasco.
Aunque cada partido ha definido a los candidatos que les corresponden conforme a sus mecanismos, estos dirigentes, a los que suele sumarse Anaya y aun el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera –impugnado candidato del PAN a senador–, también revisan la conveniencia de postulaciones.
“La mesa está instalada en sesión permanente desde el año pasado y seguirá en sesión permanente. Ahí se trata todo este tipo de problemas, si les podemos llamar de esa manera, y los solucionamos”, reveló Creel a Proceso en enero.
–¿Esta mesa se va a transformar en el “cuarto de guerra” en la campaña?
–No, los cuartos de guerra son distintos. Es una mesa política, en donde sí vemos estrategia general, pero de ninguna manera estamos viendo el día a día de la campaña.
Creel es el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PAN, pero también el principal consejero de Anaya, a quien suele acompañar a las principales reuniones, sean con aliados políticos de la coalición o factores de poder, como prominentes empresarios.
–¿Va a ser usted el coordinador de la campaña de Anaya?
–No… lo sé.
Secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox y dos veces frustrado aspirante presidencial, Creel es viejo amigo y aliado del panista Diego Fernández de Cevallos, en quien Anaya tiene a su principal promotor.
Fernández de Cevallos, tenaz detractor de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), es visto como un activo para Anaya, como afirma Jesús Ortega, dirigente de la corriente perredista Nueva Izquierda.
“Que se disponga a reforzar a un partido en el marco del frente me parece algo significativo y relevante, no sólo para reforzar la candidatura de Anaya como panista, sino para reforzar el frente”, destaca Ortega, quien describe a Fernández de Cevallos como un personaje con virtudes y defectos, aciertos y errores.
–¿Le abona al frente y a la candidatura de Anaya?
–Yo creo que sí. Y lo digo antes de que Andrés Manuel lo perdone, porque le ha lanzado redes a todo mundo. A lo mejor a Diego ya se la lanzó en corto y ya no tarda en lanzársela públicamente, porque si ya le lanzó un piropo a Carlos Salinas, no es de extrañar que ya le haya lanzado a Diego.
“No lo digo con ironía –aclara–, lo digo con toda seriedad: López Obrador está actuando con un pragmatismo que pocos conocían, que algunos sí conocíamos y que ahora se está develando. ¿Cuáles son entonces los principios de López Obrador? Diego con sus virtudes, sus aciertos, sus errores, sus éxitos, puede contribuir a que, efectivamente, el frente salga adelante”.
Pepena de priistas
Pero la alianza PAN-PRD-MC también es harto pragmática: no sólo los grupos que tienen el control de los partidos han capturado todas las candidaturas, sobre todo las plurinominales –intercambiándose posiciones a discreción–, sino recogiendo, como Morena, a priistas que no lograron una posición en su partido.
Seis días después de que renunció al PRI por no haber sido designado candidato a senador, Antonio Astiazarán, jefe de la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), fue reclutado por la alianza PAN-PRD-MC para ser su candidato a senador por Sonora.
Esta alianza también reclutó como candidatos a senadores a los priistas Luis Octavio Murat Macías, primo del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y sobrino de José Murat, y a Manuel García Corpus, secretario de Gobierno del Ulises Ruiz.
Como parte de esta pepena, la alianza PAN-PRD-MC perfila como candidato a alcalde de Benito Juárez-Cancún, el municipio más importante de Quintana Roo, al principal operador político y financiero del exgobernador priista Roberto Borge, José Luis Chanito Toledo, quien avaló como diputado local el saqueo del erario estatal que tiene a aquél en la cárcel.
La candidatura de Chanito Toledo no sólo derrumba el discurso anticorrupción de la alianza PAN-PRD, que en 2916 hizo ganar al expriista Carlos Joaquín González, sino que ya amenaza con una ruptura en la misma, advierte el perredista Emiliano Ramos Hernández, aspirante a ser abanderado.
“Postular un personaje de esa naturaleza sería el acabose de la alternancia en Quintana Roo. Los ciudadanos fueron a votar por desplazar a ese grupo político al cual pertenece Chanito”, dice a Proceso el diputado, quien como presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local investigó y denunció el saqueo que llevó a Borge a la cárcel.
Pero además, afirma Ramos Hernández, la postulación de quien fue el “delfín” de Borge dejaría sin argumentos al candidato presidencial Ricardo Anaya, quien el 21 de enero condenó en Cancún que sus adversarios López Obrador y José Antonio Meade respalden a borgistas.
“Anaya denunció que Morena en Quintana Roo postula a personajes del borgismo, lo cual es cierto, pero Toledo es el más borgista de todos. Era el delfín de Borge, el que le iba a cuidar las espaldas, como lo hizo como diputado. Sería una contradicción. Más aún: yo no veo a Anaya regresando a Quintana Roo para hablar de Borge y llevando como candidato a Cancún al alfil de Borge”.
En efecto, en su visita a Cancún Anaya criticó que Meade se haya hecho acompañar del secretario de Gobierno de Borge, Gabriel Mendicuti, quien un día después fue arrestado por estar vinculado a un desvío de recursos por más de 500 millones de pesos, y lo mismo criticó a López Obrador por el actual dirigente de Morena en el estado, José Luis Pech Várguez, y Marybel Villegas Canché, aspirante a senadora.
“Es increíble a dónde se están yendo todos los más cercanos a Roberto Borge. ¿A qué partido se fueron José Luis Pech, Marybel Villegas, todos los corruptos que estaban con Borge, dónde están ahora? Están en Morena, allá andan acompañando a López Obrador y dice él que es un hombre valiente. ¿Ustedes creen que un hombre honesto se puede estar rodeando de la gente más corrupta, que era la gente más cercana a Roberto Borge? Esa es la incongruencia de los políticos”, dijo Anaya.
Pero ahora, dice en entrevista el expresidente estatal del PRD en Quintana Roo, la candidatura de Chanito Toledo sería una incongruencia de Anaya y de la alianza, sobre todo cuando se ha emprendido una lucha contra la corrupción que tiene en la cárcel a Borge, Mendicuti y Mauricio Góngora, el excandidato priista a gobernador.
“Si ponen a Chanito es mi ruptura con el proyecto de gobierno y obviamente con mi partido”, advierte Ramos, quien documentó los desvíos de Borge, pero también la complicidad de Toledo, que sigue manteniendo nexos con el exgobernador preso.
Toledo fue presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local y como tal no sólo aprobó las cuentas públicas de los ejercicios 2012 y 2013, pese a el saqueo, sino que aprobó el endeudamiento público del gobierno de Borge por 14 mil 727 millones de pesos y de los municipios por mil 263 millones.
No sólo eso: también avaló las pérdidas por más de 800 millones de pesos de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A de C.V., por las que ya se han presentado denuncias penales.
“Mi trabajo como presidente de la Comisión de Hacienda ha permitido acreditar el desvío de recursos por parte de este grupo político al que Chanito pertenece”, puntualiza el perredista, quien advierte que es falso que Toledo haya roto con Borge.
“Él rompe con Borge en la transición, no antes. Él rompe cuando ya había ganado Carlos Joaquín. Y eso de la ruptura es un decir, porque no es una ruptura pública. Dice que se distanció de él, pero, claro, ya había perdido Borge.”
La corrupción
Concluida la precampaña, los jerarcas de la alianza PAN-PRD-MC están en vías de definir la estructura de campaña de Anaya en las áreas jurídica, electoral, comunicación social y política, así como la logística y de promoción y cuidado del voto.
Pese a que Anaya y sus allegados alegan que va en ascenso, no está satisfecho con sus estrategas de campaña, el consultor Roberto Trad Hasbun, y Jorge Buendía, a quien el diario El Universal decidió ya no publicar sus encuestas.
Al respecto, Creel asegura que la precampaña dejó resultados positivos y que está consolidado en el segundo lugar, dejando muy atrás a Meade: “Sin hablar de números, es clara la posición del candidato Anaya en un segundo lugar, acercándose ya al primer lugar de la contienda. Estamos muy muy cerca ya”.
A su vez, el perredista Ortega coincide y advierte que, en una contienda de dos, gana Anaya: “La polarización se va a dar entre el Frente y López Obrador, y en ese escenario va a haber un voto útil.”
En este contexto Anaya ha sido sometido a críticas de los propios panistas por avasallar con el control que tiene del PAN y capturar todas las candidaturas para sus allegados y aliados, como los ultraderechistas de El Yunque, que encabezan Marco Antonio Adame y Cecilia Romero.
También le han estallado escándalos de corrupción, que Anaya atribuye al PRI, pero los señalamientos han sido también de panistas, como el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien contendió con él por la presidencia del PAN en 2015 y fue aplastado por el dinero que usó.
“Lo deslumbra el dinero”, declaró Corral al reportero sobre Anaya, a quien acusó de tener una “ambición desmedida y una trabajada capacidad de simulación”, así como de ser inescrupuloso: “Recicla muy rápido sus lealtades” (Proceso 2025).
–¿Pero puede ganar en 2018?
–No, es muy difícil, porque hay mucho trabajo que habría que hacer y porque nadie da lo que no tiene. El tema fundamental en 2018 va a ser una batalla frontal contra la corrupción política y ahí se necesita estar muy armado de credenciales propias.
Y aseguró que Anaya está embarrado en corrupción, como cuando usó 21 millones de pesos de la diputación del PAN para su campaña por la presidencia de ese partido, un desfalco que arregló con Manlio Fabio Beltrones, diputado del PRI.
“Este desfalco de 21 millones de pesos lo arregló Anaya a través de Damián Zepeda”, acusó Corral, al referirse a quien fue secretario general y actual presidente del PAN. “Zepeda gestionó con Beltrones una partida adicional de 30 millones de pesos de la Cámara de Diputados para cuadrar las cuentas del grupo parlamentario. No solamente fueron los 21 del desfalco, sino nueve más”.
Corral, ahora aliado de Anaya, agregó: “Este tipo de conductas son las que comete Anaya. No de ahora, ¿eh? Conocí en esta campaña un poco más de Ricardo y me cuentan en Querétaro que al muchacho lo deslumbra el dinero. Y ahí es donde está un gran problema”.
Anaya ha guardado silencio sobre este particular y esta reputación hace pensar a muchos en el PAN que puede perder la elección.
Un integrante de la “mesa política”, que no quiso ser identificado, afirma que si Anaya pierde la presidencia la alianza sigue: “Está explícito que, si no es una coalición ganadora, será una gran fuerza opositora”.
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