La SCJN podría ordenar reposición del Consejo de la Judicatura impuesto por Duarte, advierten en Chihuahua

La SCJN podría ordenar reposición del Consejo de la Judicatura impuesto por Duarte, advierten en Chihuahua
Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Foto: Miguel Dimayuga Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Foto: Miguel Dimayuga
Nota de PATRICIA MAYORGA , 12 MARZO, 2018 /APRO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Unas 40 organizaciones derechohumanistas de abogados y empresarios advirtieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría ordenar en cualquier momento la destitución del Consejo de la Judicatura de Chihuahua y sustituirlo por la selección a modo de magistrados apenas dos semanas antes de que terminara la administración de César Duarte Jáquez.
La SCJN resolverá esta semana dos controversias constitucionales promovidas por magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, una en contra de la destitución del expresidente Gabriel Sepúlveda Reyes, uno de los colaboradores del exgobernador César Duarte, y otra en contra de la elección del actual Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal.

El gobernador Javier Corral dijo hoy en entrevista en Ciudad Juárez que confía en la Corte para que ratifique al actual presidente del Poder Judicial, Julio César Jiménez Castro, porque de otra manera, las consecuencias serán lamentables.
“Esto (la resolución de la SCJN) se da en un contexto caracterizado por la intensa y sólida labor del gobierno de Javier Corral por combatir la corrupción y la impunidad. Mediante una minuciosa y bien fundamentada acción legal contra César Duarte y sus cómplices, ha logrado la integración de cuatro decenas de expedientes judiciales, la liberación de órdenes de aprehensión, la vinculación a proceso y la detención de altos funcionarios del duartismo, así como el que la Interpol haya elaborado una ficha roja contra el exgobernador y la Secretaría de Gobernación se haya comprometido a que la Fiscalía General del Estado sea coadyuvante en la solicitud de extradición de Duarte ante el gobierno de los Estados Unidos”, señalan en un comunicado los organismos demandantes.
Detallan que los últimos meses han logrado depurar el Poder Judicial a partir de mayo de 2017, cuando inició el trabajo el actual Consejo de la Judicatura, “escrupulosamente apegado a derecho, en mano de jueces honestos y competentes, quienes han conducido impecablemente los diferentes casos de corrupción del duartismo”.
El gobierno federal, acusan, ha hecho todo lo posible para bloquear la acción de la justicia en Chihuahua:
“La PGR le ha dado largas a la solicitud de extradición de Duarte a pesar de haberse comprometido a incluir a la Fiscalía de Chihuahua como coadyuvante; luego que no pudo impedir la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI y su posterior reclusión en Chihuahua, señaló que había sido sometido a tortura. Esta acusación se ha desmoronado cuando un perito internacional habiendo aplicado el Protocolo de Estambul, dictamina que Gutiérrez no ha sido sometido a ningún tipo de tortura”.
Los firmantes indican que en su desesperación por impedir que continúe la investigación y el juicio contra Alejandro Gutiérrez, que develan todo el sistema de corrupción implementado desde la cúpula del PRI y del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, el régimen puede llegar a la manipulación de las instituciones a través de la Suprema Corte de Justicia.
“Se aprovechan de la controversia constitucional 179/2017 promovida por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua presentada por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de nuestro estado, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política local y la controversia constitucional 150/2016 promovida por el magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes en forma individual, sin tener facultades (quien por cierto, enfrenta varios procesos legales penales por corrupción , en su ejercicio como presidente del Poder Judicial)”, agregan.
Argumentan que en el turno en que se atienden ambos recursos judiciales y en el contenido de la respuesta a esas controversias, se puede observar la intención de trastocar el órgano que ha venido administrando la justicia demandada por el pueblo de Chihuahua para los muchos casos de corrupción de César Duarte y sus cómplices.
Ambas controversias, aseveran, hasta hace muy poco tiempo figuraban más abajo del centésimo turno en la lista de asuntos a ser resueltos por la SCJN de pronto y de manera inexplicable, son colocados en los turnos dos y tres para ser resueltos esta semana.
“De acuerdo al proyecto de resolución presentado por el ministro ponente y que será resuelto en durante la semana por el pleno de los 11 ministros y ministras de la SCJN, no sólo no se responde a la solicitud del Poder Judicial del Estado de Chihuahua en el sentido de precisar las facultades del Consejo de la Judicatura de dicho poder, sino que se ordena que los cinco integrantes de dicho consejo sean removidos y en su lugar sean repuestos los cuatro que formaban parte del consejo que se nombró bajo la influencia de César Duarte, más dos que designe el Legislativo y uno propuesto por el Ejecutivo. Hay que aclarar que ese consejo de siete miembros nunca realmente se integró, pues sólo el Poder Judicial nombró a sus representantes y ni el Ejecutivo ni el Legislativo nombraron a los de ellos”.
El actual Consejo de la Judicatura está integrado por el presidente del Poder Judicial, decano de los magistrados, dos magistrados de este del TSJ, “con amplia y reconocida trayectoria de carrera judicial por más de veinte años, ninguno de ellos impuesto o designado por Duarte. Además de una consejera apoyada por 35 organizaciones sociales de la sociedad civil y propuesta por el Ejecutivo y un consejero con el reconocimiento de todas las barras y colegios de abogados, cámaras empresariales y electo por mayoría calificada del Congreso del Estado”.


Entre otros, firman asociaciones de abogados, Canacintra, Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, más de 30 organizaciones derechohumanistas y particulares