LSR, 13 de diciembre de 2018
¿Qué pasará con el Inacipe? | Fred Álvarez
Después de una larga discusión -que no debate-, el día martes 11 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general -por 341 votos en pro, 119 en contra y 1 abstención-, y en lo particular -296 votos a favor, 138 en contra y 1 abstención-, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
La ley que contiene 64 artículos y 33 transitorios es producto de un largo proceso legislativo: Se concreta en cumplimiento al mandato constitucional que tiene como origen la reforma al artículo 102 de nuestra Constitución, publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero del 2014. Meses después en diciembre de 2014 los diputados aprobaron por lo general (370 votos favor, 43 en contra y 6 abstenciones) y en lo particular (319 votos a favor, 94 en contra y cero abstenciones) la Ley de la Fiscalía General de la República, a fin de constituir un órgano constitucional moderno, autónomo e independiente, el cual coadyuve a vigorizar y fortalecer el sistema de procuración de justicia federal.
El asunto no avanzó, y se quedó cuatro años en la congeladora del Senado...
El tiempo pasó
No hubo acuerdos de quién podría ser el fiscal, ya que recordemos que para serlo se requiere mayoría calificada. El primero que se apuntó fue Jesús Murillo Karam y el último el senador con licencia Raúl Cervantes. En agosto de 2017, Enrique Ochoa Reza, entonces presidente del PRI, dijo que Cervantes debía ser nombrado Fiscal general una vez que sea avalada por mayoría simple la reforma para concretar la Ley de la Fiscalía General de la República, que se encuentra pendiente de ser dictaminada en el Senadode la República desde diciembre de 2014.
Meses después renunció al cargo de manera irrevocable en octubre de 2017, desde entonces NO hemos tenido procurador, sólo encargados de despacho...
Ese martes 11 de diciembre la presidenta en funciones diputada Dulce María Sauri Riancho, dijo: "Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita este decreto al Ejecutivo federal -para sus efectos constitucionales-, se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley sin modificar lo aprobado por esta asamblea".
Punto
Se considera que los principios rectores de la actuación de la Fiscalía serán: la autonomía, la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, la honradez, la perspectiva de género, el respeto a los derechos humanos, accesibilidad, imparcialidad, debida diligencia y otros establecidos en la Constitución y tratados internacionales.
La Ley establece que entre las funciones del Fiscal estará investigar y perseguir los delitos, ejercer acción penal y procurar la reparación del daño de las víctimas; también es responsabilidad elaborar el Plan de Persecución Penal, en el cual deberá considerar las prioridades nacionales, establecidas en la política criminal, para orientar las atribuciones institucionales y las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal.
La nueva ley ordena que la Fiscalía general tenga a su vez fiscalías especializadas en materia de derechos humanos, de delitos electorales, de combate a la corrupción y de asuntos internos, cuyos titulares serán designados y removidos por el titular.
Por ejemplo, la Fiscalía en derechos humanos tendrá a su cargo fiscalías de protección a las mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de personas; de desaparición forzada; desaparición cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; de migrantes; de investigación de tortura "y todas aquellas fiscalías, órganos, unidades que determine el titular de la Fiscalía general".
Habrá una coordinación de investigación y persecución penal, una coordinación de métodos de investigación, y una de planeación, administración, además del órgano de control.
Asimismo, se creará el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera. El órgano de mecanismos alternativos de solución, el cual será responsable de aplicar bases y principios, mecanismos alternativos de solución en materia penal con independencia técnica y de gestión; el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, que contará con un consejo técnico.
Por cierto, la nueva ley establece la creación de la Base Nacional de Información Genética, la cual permitirá un puntual seguimiento de las víctimas, al tiempo que fortalecerá los procesos de investigación.
También se contempla -artículo 14-, que el fiscal general contará con fiscales, policía de investigación, analistas, auxiliares y peritos.
Está contemplada la creación de un consejo ciudadano que contará con diversas facultades establecidas en la ley.
Dentro de unos días se publicará el decreto en el Diario Oficial de la Federación, y será ley.
Al día siguiente de su publicación...
Para el nombramiento del Fiscal general el Senado de la República integrará una lista de al menos 10 candidatos, que enviará al Ejecutivo federal, quien a su vez tendrá 10 días para formular una terna que regresará al Senado para que el Pleno elija por mayoría calificada al Fiscal. La autonomía será relativa ya que el Fiscal general podrá ser removido por el Presidente de la República por las causas graves que establezca la ley.
¿Cuáles son esas causas?
Están contempladas en el artículo 18 de la Ley.
¿Y quién será el fiscal general?
No sabemos. Hoy hay un encargado del despacho que es Alejandro Gertz Manero y me dicen que aspira al cargo...
Pero nada está escrito. Habrá un proceso pero todo apunta que podría ser el maestro Bernardo Bátiz Vázquez que goza de todas las confianzas del presidente López Obrador; ha sido legislador por 4 ocasiones y fue Procurador General de Justicia de la Ciudad de México durante los años 2000 a 2006.
Por cierto, la reforma no dejó contento a muchos, se avaló por la vía rápida; se impuso la mayoría de Morena...
Incluso no se tomaron en cuenta muchas de las propuestas de la academia y especialistas...
Lástima...
Recomiendo leer el diario de los debates...
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), intentó regresarla a comisiones a través de una moción suspensiva con la finalidad de que la discusión del dictamen "contiene, desde nuestra perspectiva, graves deficiencias, mismas que fueron señaladas en el proceso legislativo, tanto por las organizaciones sociales como por las y los integrantes de la comisión dictaminadora y que sin ningún estudio ni discusión fueron desechadas en automático por la mayoría de Morena".
No tuvo éxito...
Movimiento Ciudadano votó en contra. Juan Carlos Villarreal Salazar subrayó que votarían en contra "porque no podemos ignorar que esta ley omita a las víctimas, menosprecie la importancia de los servicios periciales u omita a la policía ministerial en la estructura de la Fiscalía".
El PRI en voz Mariana Rodríguez Mier y Terán señaló que debió haberse tomado en cuenta o expresado pos las organizaciones sociales... "Aprovecho este momento para hacer, por parte de mi partido (...) un amplio reconocimiento a todas aquellas personas y organizaciones que atendieron la invitación de la Comisión de Justicia y vinieron a darnos sus opiniones. Lamentamos profundamente que no hayan sido tomadas en consideración".
Dice el PRI que a su juicio la nueva Fiscalía "no es el modelo que nuestro país requiere y que nuestro país merece. Desde los requisitos que se están enumerando, que no garantiza que sea el mejor perfil a la creación de una figura de coordinador general que en los hechos representa un vicefiscal que tendrá las facultades de fiscal, más no su proceso de selección".
Señala que la nueva Fiscalía no "tiene una unidad de atención a las víctimas del delito, aun cuando se les prometió en campaña un lugar central en los procedimientos penales. Y como ya también se ha dicho, no tiene una policía especializada".
La diputada María del Pilar Ortega Martínez del PAN fue elocuente al manifestar que votarían en contra ya que precisó que "Lamentablemente con la reforma también se establecieron una serie de transitorios y disposiciones en el texto del propio artículo 102, que lejos de fortalecer la creación de un nuevo órgano autónomo derivaron en la imposibilidad de transitar a su puesta en marcha y es que hay que decirlo, el artículo 102 constitucional previó la construcción de un órgano autónomo, pero no previó mecanismos adecuados...".
Cuestionó el proceso del nombramiento del nuevo fiscal. "Cuando el nombramiento debería estar a cargo del Senado, se establecieron unas cláusulas en donde en los hechos está todavía sujeto a una validación del titular del Ejecutivo", y además podrá removerlo... "aun cuando puede ser objetada por el Senado; esta objeción se estableció de manera muy débil".
En la discusión la diputada Lilia Villafuerte Zavala presentó posicionamiento en nombre del PRD y entre otras preocupaciones dijo que votarían en contra debido a que:
1. La ley que se emite con el presente dictamen no cumple con los requerimientos que el Constituyente Permanente estableció para la construcción de una Fiscalía que goce de autonomía e independencia en el desarrollo de sus investigaciones (...)
2. Los servicios periciales no gozan de la independencia que han recomendado los organismos internacionales, lo cual transgrede la naturaleza de las investigaciones que desarrolle.
3. No se crea dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía, un cuerpo policíaco especializado y autónomo que lleve a cabo las investigaciones, situación que contraviene los principios del nuevo sistema penal acusatorio y, en consecuencia, no se garantizará la integridad y la calidad de las investigaciones.
4. No se establecen los mecanismos correspondientes para dar cumplimiento al mandato judicial de constituir una comisión de investigación para la verdad y la justicia, en el caso Iguala, violando con ello los derechos humanos de las víctimas.
5. El plan de investigación penal no constituye un plan estratégico institucional y presenta una serie de inconsistencias y aspectos que van desde la prevención social del delito, la estadística, los diagnósticos cuyas funciones ya realizan otras instituciones como el INEGI, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y en donde pone como potestativa la consideración de los análisis y diagnósticos.
6. No señala qué pasará con el Instituto Nacional de Ciencias Penales. (Sí se señala en uno de los transitorios)
7. No hay elementos objetivos que nos permitan sostener que el próximo fiscal general sea verdaderamente autónomo e independiente ni desde la lógica de su autonomía e independencia política.
8. No es congruente con la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas.
Me llamó la atención el posicionamiento del PRD sobre el INACIPE
¿Qué pasará con la institución?
La respuesta está en el transitorio vigésimo tercero que dice:
"La persona titular de la Fiscalía General de la República será el Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). El régimen de relación que existía entre el Inacipe y la Procuraduría General de la República se mantendrá con la nueva Fiscalía en términos de la dispuesto con la normatividad aplicable en tanto no se reforme o se expida un nuevo estatuto orgánico de Inacipe...".
En la reforma aprobada en 2014 por los diputados uno de los transitorios, el décimo cuarto decía:
"A partir de la entrada en vigor de este decreto quedará desincorporado de la Administración Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales, y todos sus recursos humanos, materiales y financieros pasarán al patrimonio de la Fiscalía General de la República".
O sea, lo desaparecían....
Fue clave para que no ocurriera la intervención entonces del Senador Miguel Barbosa para que esa reforma no prosperara en en Senado...
Y es que el entonces procurador Jesús Murillo Karam había manifestado transformarlo mediante decreto en una universidad -muy particular-, dijo entonces: "queremos que sea el verdadero centro del estudio penal del país, que se ligará con el instituto de formación profesional, que también estamos instrumentando, para que pueda ir creando funcionarios con la ética suficiente, con el conocimiento pleno de lo que significa la tarea de una Procuraduría de Justicia. En una universidad".
Origen...
Inacipe nació en 1976 como una idea del Dr. Sergio García Ramírez como una institución dependiente de la Secretaría de Gobernación (de la que el jurista era el subsecretario), tiempo después fue transferido a la PGR. Empero en 1993 a Jorge Carpizo se le ocurrió desaparecerla de la estructura de la PGR, y lo cerró...
Afortunadamente en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, y siendo procurador José Antonio Lozano Gracia y subprocurador el Dr. Moisés Moreno se decidió reabrir la institución académica, la mejor del país en la materia...
Hoy tiene alumnos de maestría y doctorados además de diplomados en el nuevo sistema de justicia penal:
Desde 2012 Inacipe es un Centro Público de Investigación...
¡Al Inacipe hay que fortalecerlo!
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