Las columnas políticas a 26 de febrero de 2019..

Apelación, la última esperanza de George Pell ante la justicia australiana
Aun cuando la sentencia aún no es definitiva, el prelado fue destituido del cargo en la Curia; eso es cero tolerancia de Francisco...

Pell, cardenal ex prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Santa Sede, fue declarado culpable de abuso sexual de niños por un tribunal australiano.
Los hechos habrían ocurrido en diciembre de 1996, cuando el purpurado era arzobispo de Melbourne, y en caso de ser condenado podría llegar a 10 años de cárcel.

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Las columnas políticas a 26 de febrero de 2019...
Bajo Reserva/ El Universal
El pueblo chico de la 4T
Para el gobierno federal “el pueblo” ha hablado y ha dicho que está de acuerdo con la operación de una termoeléctrica en Huexca, estado de Morelos. Luego de dos días de consulta ciudadana, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el pueblo consultado decidió dar el Sí al arranque de operaciones. Simplemente para poner en perspectiva qué se entiende por “el pueblo” o “la gente”, valdría la pena considerar algunos datos. En la consulta realizada en todo el estado de Morelos y municipios de Puebla y Tlaxcala participaron 55 mil 715 ciudadanos. Nos hacen ver que tan solo el padrón de Morelos es de 1 millón 448 mil 356 votantes potenciales; el de los 15 municipios de Puebla involucrados en la consulta es de 184 mil 244 votantes potenciales y el de los nueve municipios de Tlaxcala considerados para el ejercicio es de 127 mil 913. Así que en el caso de Morelos solo 2% de los posibles votantes opinaron; en Puebla, 4.1% y en Tlaxcala 3.89%. Ahora tiene usted más claridad de lo que significa para la 4T “el pueblo”. Así, ya en blanco y negro, se ve algo pequeña la cifra de 55 mil 715 votos frente a un universo probable de votantes de 1 millón 760 mil 513. Es un pueblo chico.
Y sigue creciendo la lista de tiradores para el PRI
Y las manos siguen levantándose para el PRI. Ayer le comentábamos que había cuatro tiradores, pero en unas cuantas horas aparecieron otros dos. Uno de ellos es el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien, nos dicen, ha recorrido ya el país en búsqueda de apoyos, y contrató a un experimentado publicista y a estrategas para buscar llegar vía redes sociales a los priistas que se sientan abandonados. A la lista también sume usted a Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores priistas y exsecretario de Gobernación. Así que, hasta hoy, hay ya una mujer y cinco hombres que quieren tomar las riendas del vapuleado partido. ¿Cuántos más?
Caso de estancias infantiles llega a la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de Luis Raúl González Pérez, dio entrada a las quejas de ciudadanos, organizaciones de defensa de los niños y de encargadas de estancias infantiles por la medida del gobierno federal de recortar 2 mil millones de pesos del presupuesto para las guarderías. Nos dicen que por el momento se ha dado a conocer la queja presentada este lunes por madres beneficiadas con el programa, en la que se solicitan medidas cautelares para que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador distribuya los recursos correspondientes a enero y febrero, amén de que se frenen las nuevas reglas de operación que contemplan la entrega directa del dinero a las madres de familia. Sin embargo, nos cuentan, es la tercera queja que recibe la CNDH, con el propósito de que el jefe del Ejecutivo analice la situación y pueda dar marcha atrás al recorte, tarea que se ve muy complicada.
Cancela AMLO gira a obra de Tren Interurbano
El presidente Andrés Manuel López Obrador canceló la gira que estaba programada para realizarse hoy a las obras del Tren Interurbano México-Toluca. Y antes de que alguien quiera ver moros con tranchetes, nos dicen que la cancelación se debe a que simplemente no hay avances qué informar. Nos dicen que es tal el grado de atraso en la obra, por la cual la ASF detectó millonarios pagos irregulares, que don Andrés Manuel prefirió mejor dedicar el tiempo que tenía previsto destinar a esa gira para desahogar su agenda de trabajo.
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Trascendió/ Milenio
QUE la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ordenó a su primer círculo de colaboradores trabajar a marchas forzadas en las leyes secundarias de la Guardia Nacional, una vez que la Cámara de Diputados apruebe esta misma semana la reforma constitucional y en tanto los Congresos locales ratifican el proyecto.
Para ello se trabajará en consulta permanente con los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda; los líderes de Morena en el Congreso, Mario Delgado y Ricardo Monreal, así como especialistas y representantes de la sociedad civil, con el fin de darle “dientes” al nuevo cuerpo y hacer frente a la delincuencia, pero también revisar con lupa las garantías a derechos humanos en el articulado.
QUE en el Senado hay confianza de que la minuta de Guardia Nacional saldrá sin cambios de la Cámara de Diputados, pues según el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, los siete grupos parlamentarios que participaron en las negociaciones no solo se vieron cooperativos, sino generosos al no manifestar en ningún momento negativa para formar este cuerpo de seguridad.
Quedó claro en la negociación que hay un respeto y reconocimiento a la labor de las fuerzas armadas, que han estado 12 años en las calles sin marco legal, por lo que los primeros 80 militares y marinos que la conformen ya no tendrán el temor de ser denunciados ante organismos internacionales como genocidas o cometer delitos de lesa humanidad.
QUE el sindicato de trabajadores de la UAM está dispuesto a prolongar la huelga hasta abril o incluso mayo, debido a que existen las condiciones económicas para hacerlo así y sobre todo para no ceder ante las autoridades de la rectoría, que han insistido en la propuesta de aumento salarial de 3.35 por ciento.
Lo cierto es que va creciendo la inconformidad entre ciertos sectores de académicos preocupados por la gran cantidad de proyectos de investigación detenidos con la huelga y porque ya arrastraban rezagos tras el terremoto de 2017 y el daño de los edificios dedicados a dicha tarea.
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Frentes Políticos/Excelsior
I. Todo mal. Pareciera que la mala suerte se ensañó con Michoacán, donde aún gobierna Silvano Aureoles. Cuatro sicarios, involucrados en el enfrentamiento en el que murieron nueve civiles y un jefe militar, ¡fueron dejados en libertad porque un juez federal consideró ilegal la detención y halló supuestos actos de tortura cometidos por elementos castrenses! No puede ser. La resolución judicial también concluye presuntas violaciones a derechos humanos contra los cuatro detenidos porque no fueron presentados inmediatamente ante el Ministerio Público de la Federación y no recibieron atención médica, con lo que se les privó de su derecho a la salud. ¿Lo que sigue es organizar una marcha de desagravio?, ¿pedir perdón multitudinario?, ¿rogar que nos disculpen?
II. Inútil presión. La titular de la STPS, Luisa María Alcalde, negó un conflicto de interés entre su labor como funcionaria pública y el trabajo como abogado conciliador del sector de su padre, Arturo Alcalde. En una nota aclaratoria, negó la vinculación de su padre con huelgas como las de Matamoros, Tamaulipas, y dejó claro que “en la Ley General de Responsabilidades Administrativas no existe disposición que señale algún impedimento para que mi padre pueda seguir desempeñándose en su labor profesional”. Indicó que, desde hace 45 años, Arturo Alcalde ha sido asesor de diversos sindicatos. No quieran poner obstáculos a la encomienda de Luisa María Alcalde. Ella necesita el camino despejado para demostrar su capacidad. El tema ni al caso.
III. Los indomables. En demanda de reinstalación de profesores cesados y el alto a la prueba docente del INEE, integrantes de la Sección 22 de la CNTE colocaron un plantón en las inmediaciones del Congreso de la Unión. Los maestros dijeron estar dispuestos a permanecer tres días en la capital, así que ya instalaron casas de campaña y cerraron una parte de la circulación. Además, anunciaron que durante su estancia realizarán marchas y recomiendan a los ciudadanos mantenerse informados para no resultar afectados. La misma historia, en esta esquina, Esteban Moctezuma, secretario de Educación, preocupado por el rezago educativo en el país, donde el índice de analfabetismo en los adultos es uno de los objetivos a trabajar. Y en la otra, maestros haraganes que no dan clases.
IV. Rompecabezas. Reconstruir ruinas debería ser una virtud de los políticos. Los líderes de los principales grupos internos del PRD, de la dirigencia estatal y de la Dirección Nacional Extraordinaria sostuvieron una reunión en Villahermosa, a fin de lograr consensos para la elección interna de abril. Adriana Díaz, miembro del órgano de dirección nacional, destacó que, a partir del 11 de marzo, comenzará una campaña de refrendo y afiliación para tener el panorama de militantes y posteriormente discutir la línea política que regirá al sol azteca. Cuestionada sobre la posible “desaparición” del PRD, añadió que en el país se cuenta con tres millones de afiliados y la idea es que el número siga creciendo. Reiteró que los perredistas “ni agonizan ni están moribundos”. Pero de aquí a abril… Uy.
V. Paternidad. Hoy debería quedar resuelta la conformación de la Guardia Nacional. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, aseguró que el aval de la semana pasada, por mayoría, al dictamen por el que se crea la GN “es el inicio de otro tipo de relación” entre el Ejecutivo y la oposición. Se trató, dijo, de un proceso de reconciliación. “Yo hablé con toda transparencia con la oposición y creo que es el inicio de demostrar que sí podemos lograr acuerdos claves”, precisó Monreal. Enfatizó que la minuta de reforma avalada “fue la mejor, no la posible”, y confió en que hoy podría ser votada en comisiones en la Cámara de Diputados para subirla al pleno el jueves. No lo olviden, Monreal fue quien cabildeó a todo nivel para hacerla posible. Habemus Guardia. Al fin.
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Retrato Hereje/Roberto Rock L.
El Universal
El PES y el enjambre electoral
Es un partido cuya presencia política se catapultó tras aliarse con Morena en 2018, lo que le conquistó en su cuarto año de vida una presencia insólita
El Partido Encuentro Social (PES) se alista a conocer su destino en el contexto de un convulso escenario para las autoridades electorales, tanto en el tribunal federal, que encabeza Felipe Fuentes, como en el instituto que conduce Lorenzo Córdova.
Se trata de un partido cuya presencia política se catapultó tras aliarse con Morena en las elecciones federales de 2018, lo que le conquistó en su cuarto año de vida una presencia insólita. Sin embargo, perdió su registro al no alcanzar formalmente el 3% de la votación total, de acuerdo con determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) en septiembre pasado.
El tema cobró relevancia esta semana al filtrarse un anteproyecto de sentencia del magistrado del tribunal Felipe de la Mata, en respuesta a la demanda del PES bajo el argumento de que el recuento de votos para la alianza que encabezó Andrés Manuel López Obrador exhibió errores humanos que actuaron en contra de esa agrupación. Parte de los recursos fueron presentados en forma extemporánea, lo que debilitó aún su causa.
La filtración periodística es atribuida al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien tendría el cálculo de minar el apoyo a la propuesta de De la Mata, que deberá ser votada por el conjunto de los siete integrantes del pleno en una fecha no determinada aún.
La versión periodística de las razones esgrimidas por De la Mata obliga a un debate serio sobre el PES, que cuenta con un gobernador, 56 diputados federales, 8 senadores y fracciones parlamentarias en 19 congresos estatales. Se trata de una fuerza más amplia que, al menos en el campo legislativo, la del PRD, el PT, el Verde o Movimiento Ciudadano. Estos últimos, desde luego, gozan de un robusto registro electoral avalado por el INE y ratificado por el Tribunal.
La reflexión puede incluir que el texto constitucional establece el mínimo de 3% de la votación para garantizar presencia nacional, y si ese criterio no está ya saciado con las cifras arriba descritas.
No sobra aquí llamar la atención sobre la crítica que ha empezado a despertar la posibilidad de que una resolución del Tribunal “resucite” al PES para beneficiar a Morena y a López Obrador. La pregunta lógica es bajo qué modalidad Encuentro Social será un mayor partido satélite de Morena: sin registro ni recursos provenientes de las prerrogativas de ley, o con ambos. O en sentido contrario: bajo cuál estatus puede tener mayor autonomía relativa y ser un contrapeso cuando no coincida con López Obrador y sus políticas.
No debe dejarse fuera tampoco que el citado magistrado Rodríguez Mondragón ha formado mancuerna con su colega Janine Otálora, quien el 23 de enero renunció a la presidencia del organismo tras difundir entre sus homólogos, en los medios (como lo hizo su vocero, Julián Andrade, según múltiples testimonios) y ante casi cuanto aquel que la quiso escuchar, que fue sujeta de presiones por parte del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. De ser cierto, ello debió haberla llevado a conservarse en su puesto, por dignidad elemental.
La falta de firmeza de la señora Otálora se ha empezado a confirmar en la nueva gestión de Felipe Fuentes, que se encontró con desorden administrativo, una rebatinga de posiciones entre los magistrados del pleno y un lamentable caos en las tareas de las salas regionales del propio tribunal.
Todo ello nos debe llevar a la convicción de que quizá los temas electorales son demasiado importantes para abandonarlos a los apetitos de los santones del sector.
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En Privado | Joaquín López-Dóriga
Milenio
El arrebato por quedar bien con el Presidente
No todos tenemos fecha de vencimiento. Florestán
Todo comenzó el jueves pasado, cuando el director general adjunto de Salud Reproductiva de la Ssa, doctor Rufino Luna Gordillo, firmó y circuló el comunicado que SUSPENDÍA la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema, acatando cabalmente la decisión de Ciudadano Presidente de no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, y que esta decisión se derivaba de la instrucción recibida a través de la CIRCULAR UNO de fecha 14 de febrero de 2019, (ese mismo día) firmada por el C. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y aclaraba que el subdirector Luna Gordillo la suscribía por ausencia del titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
Este anuncio contra 20 mil mujeres, niñas y niños más vulnerables, víctimas de violencia extrema, fue una bomba que detonó en las redes sociales, mientras los troles y robots oficiales la emprendían con los críticos de esta vil decisión que se sumaba, sin duda, a la de estrangular las estancias infantiles afectando a 320 mil madres de familia.
Al día siguiente, viernes, ante la crítica unánime, salió el boletín 065 de la misma Ssa encabezado así: No se retirará el apoyo a refugios para mujeres, niñas y niños en situación de violencia; el titular de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que se analiza la forma para optimizar la correcta administración de los recursos, y el sábado vino una ampliación que detallaba que los recursos, ya aprobados en el PEF por 346 millones 482 mil 708 pesos, estaban garantizados, pero sujetos a revisión para optimizarlos.
¿Cuál fue la diferencia entre el comunicado del jueves que SUSPENDÍA estos recursos y la ampliación del sábado que los confirmaba? Pues el arrebato, la necesidad de quedar bien con el ciudadano presidente antes que hacerlo con miles de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia extrema.
RETALES
1. AJUSTE. El cambio de discurso del Presidente sobre las organizaciones de la sociedad civil, que pasaron a ser grupos fifís de derecha, coincide con el lanzamiento de sus 11 programas sociales y la entrega directa de 317 mil millones de pesos a 51 millones de mexicanos, 41.7 por ciento de la población;
2. GUARDIA. La Cámara de Diputados aprobará este jueves la reforma constitucional del Senado que crea la Guardia Nacional, y de ahí en fast track la aprobarán al menos 17 congresos locales; y.
3. CONSULTA
. Pobre participación en la consulta popular sobre la termoeléctrica de Huexca en Cuautla, Morelos. Apenas 55 mil 715 personas de las que 22 mil 355 dijeron no, y 33 mil 174 que sí. En Morelos el rechazo fue de 42.3 por ciento.
Nos vemos mañana, pero en privado
lopezdoriga@milenio.com#
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El Asalto a la Razón | Carlos Marín
Milenio
Que no es lo mismo… pero es igual
Hoy de 60, cuando rondaba 39 de edad Ricardo Monreal fue para la revista Time y la cadena CNN uno de 50 notables dirigentes latinoamericanos. En 2000 figuró entre 100 “Líderes Mundiales del Mañana” detectados por el Foro Económico Mundial en Davos. Diputado federal dos veces y el más joven gobernador (a los 37) de Zacatecas, ha sido jefe delegacional en la Cuauhtémoc (ahora alcaldía) y en tres ocasiones senador, cargo en que actualmente encabeza (antes militó en el PRI y el PRD) la fracción de Morena.
Aunque la constitucionalidad de la Guardia Nacional es obra de mucha gente (funcionarios y asesores del gobierno federal, abogados militares, especialistas en seguridad nacional, interior y pública, organismos internacionales, organizaciones civiles, académicos…), la nueva corporación será mérito sustantivo y acuerdo unánime, insólito, de los senadores de la oposición y la mayoría que coordina Monreal.
Lo busqué (domina su papel y bien sabe ser contrincante porque se curtió como “borracho” y “cantinero”) para que me dijera por qué no es precisa la “homologación” de los civiles y militares que conformarán la institución en ciernes respecto a la disciplina, y me confió (El Asalto… en tv y en esta edición) que se cocina la legislación de un estricto fuero policial.
Como es lógico, ningún hijo de vecino puede ser sujeto de la jurisdicción castrense y, para efectos legales, tan civiles son quienes en el futuro se incorporen a la Guardia Nacional como los policías federales que, junto con los militares y navales, constituirán el “pie de cría” del organismo en ciernes.
Solo en las fuerzas armadas (ocurre en todas las del mundo), mediante lo que en México es el fuero de guerra, se garantiza la disciplina, el acatamiento de las órdenes, la movilidad en el territorio nacional, la flexibilidad de los horarios y en ellas se cultivan valores tales como el honor, el valor, la lealtad y el patriotismo con que se forman, norman y horman los soldados.
En el ámbito civil, en cambio, se dan extremos de supuestos “servidores públicos” (esto serán ante la ley todos los miembros de la GN), como son los profes activistas de la CNTE, impunes y exentos de horario y fecha en el calendario.
Ante mi planteamiento de lo aberrante que sería tratar igual a desiguales o de manera desigual a falsos “iguales”, Monreal anticipa que el fuero policial será semejante o lo más parecido al militar, porque de lo contrario la GN, inicialmente de 100 mil efectivos, operaría con una minoría (militar) “sometible” y una mayoría (PF y nuevos alistados) incontrolable (paramilitares de facto) o, en palabras de altos mandos del Ejército, una “horda” libre de cualquier sistema de control “civil”.
El acuerdo senatorial, con Monreal y sus adversarios en los detalles clave, protege a la Guardia Nacional, a las fuerzas armadas, a su comandante supremo y, sobre todo, a los mexicanos…
cmarin@milenio.com
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Arsenal/Francisco Garfias
Excelsior
Cañonazos de 150 mil pesos
Los desertores del PRD votaron el presupuesto, la Guardia Nacional y la ampliación del catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa
A cada uno de los ocho diputados que desertaron del grupo parlamentario del PRD les habrían ofrecido en San Lázaro 150 mil pesos, pero también respetarles sus espacios y canonjías, de acuerdo con el testimonio que ofreció uno de los integrantes de la bancada amarilla que, jura, no sucumbió a la oferta.
El citado diputado o diputada del sol azteca —no nos especificaron el género— narró lo arriba expuesto a integrantes de la nueva coordinación de su mini grupo parlamentario (le quedan 11 diputados.)
Los ocho que se fueron del PRD son Ricardo Gallardo, coordinador de la bancada; Mauricio Toledo, Héctor Serrano, Emmanuel Reyes, Lilia Villafuerte, Luz Estefanía Rosas, Carlos Torres y Javier Salinas. Eran nueve, pero uno se rajó y regresó al redil: Raymundo García Gutiérrez.
A Héctor Serrano le adjudican haber “enamorado” al grupo desertor y a los jefes de Morena haber “cerrado” la negociación. Los desertores votaron, junto con Morena, el presupuesto, la Guardia Nacional (primera versión) y la polémica ampliación del catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El pacto que habría hecho Morena con los diputados experredistas creó un problema con los que se quedaron en el PRD: Lilia Villafuerte es secretaria de la Mesa Directiva. Los morenos le prometieron respetarle el lugar si renunciaba al PRD, pero el reglamento dice que ese lugar es de un diputado del sol azteca.
Ya le pidieron a la diputada que actúe en congruencia con su decisión y deje la Mesa para que entre un o una perredista. Pero se aferra a formar parte de la directiva y Morena la apoya. Alega que fue electa por un año.
En ésas están…
Hasta que la 4T se puso las pilas con el drama que se vive en Venezuela. El canciller Marcelo Ebrard puso un tuit en el que informa que el Gobierno de México manifestó al de la República Bolivariana, que encabeza Nicolás Maduro, su “preocupación” y “protesta” por lo ocurrido en el Palacio de Miraflores al periodista Jorge Ramos y a su equipo, mientras lo entrevistaban.
A las 7:58 de la noche, el titular de la SRE informó que Peniley Ramírez, de Univisión, le acababa de comunicar que habían sido liberados.
Al periodista, de origen mexicano, y a los integrantes de su equipo los retuvieron más de dos horas en el Palacio de Miraflores porque al dictador venezolano no le parecieron las preguntas que Ramos le hacía.
Según el ministro de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, el periodista habría llamado “dictador” y “asesino” a Nicolás Maduro.
Pero Jorge Ramos le dio otra versión a Univisión:
“No le gustaron las cosas que le estábamos preguntando sobre la falta de democracia y la tortura en Venezuela, los prisioneros políticos, la crisis humanitaria que estaba viviendo. Se levantó de la entrevista después de que le mostrara los videos de unos jóvenes comiendo de un camión de basura”.
Apenas se levantó Maduro de su sillón, el canciller Rodríguez se acercó al enviado de Univisión para decirle que la entrevista no estaba autorizada y les confiscaron el equipo.
“Se quedaron con todo. No tenemos nada. La entrevista la tienen ellos. Nos quitaron todos los celulares. Nos metieron en un cuarto de seguridad, apagaron las luces. Nos quitaron el backpack y muchas cosas personales”. Tres horas después, Ramos y su equipo ya estaban en su hotel.
El Congreso de la Unión está obligado a legislar sobre el uso lúdico de la mariguana antes del 28 de octubre próximo, según una notificación de la Suprema Corte de Justicia a la que se dio lectura ayer en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Hay tres iniciativas sobre el manoseado tema del uso recreativo de la mota. La de Olga Sánchez Cordero en el Senado. Las otras dos están en San Lázaro. Una de la diputada perredista Verónica Juárez y otra de la diputada emecista Martha Tagle.
Otra vez, Ricardo Monreal se deslinda de posturas canibalescas. Lo invitaban a formar parte del coro que quiere quemar vivo al excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, por haberse incorporado al Consejo de Administración del Banco HSBC.
Pero la postura del senador está a años luz de la propuesta de AMLO de prohibir a funcionarios públicos trabajar en empresas privadas hasta diez años después de dejar el cargo.
“El hecho de que HSBC lo haya designado consejero independiente es una decisión de ellos. En lo personal, no voy a descalificarla.
“Tengo una opinión positiva de él y no voy a generar condiciones de diatriba ni de confrontación. Tengo respeto por los adversarios políticos”, dijo el zacatecano.
Por cierto, que Martí Batres se deslindó ayer de las versiones sobre diferencias serias que tendría con Monreal alrededor de la minuta corregida que se devolvió a la Cámara de Diputados, en la que se establece un mando civil real para la Guardia Nacional.
“La verdad es que tenemos muy buena relación el senador Monreal y un servidor. A lo largo del proceso de negociación sobre la Guardia Nacional me estuvo hablando unas tres veces al día para intercambiar puntos de vista. Saludo mucho el trabajo que se hizo en el Senado”, dijo.
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 Un conflicto de interés laboral
Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ...
Excelsior, 26 de Febrero de 2019
Luisa María Alcalde no sólo es la integrante más joven de un gabinete presidencial donde el promedio de edad es el más alto de muchas administraciones federales pasadas, sino también, por lo que ha demostrado hasta ahora, una funcionaria hábil y capaz, sobre todo en desarrollo del programa para jóvenes, más allá de que en el ámbito de la Secretaría del Trabajo haya caído una ola de huelgas como no se daba desde hace años.
Los dos conflictos laborales más notorios son las huelgas de la Universidad Autónoma Metropolitana y el de las maquiladoras de Matamoros. En los últimos días se ha insistido mucho en que existe un conflicto de intereses entre la secretaria del Trabajo y su padre, el conocido abogado laboral Arturo Alcalde, porque es quien ha manejado legalmente el SITUAM durante años y por la relación profesional que tiene con la abogada Susana Prieto Terrazas, que es quien impulsa las huelgas en la franja fronteriza. Se asegura que la abogada Prieto, quien vive en Estados Unidos, está a su vez respaldada por la central estadunidense AFL-CIO.
La UAM lleva 25 días de huelga y a ella se han sumado otras casas de estudio:  desde el primero de febrero, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), 15 días después, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Coahuila, y desde ayer hizo banderas rojinegras la Universidad Autónoma de Chapingo.
Las huelgas en Matamoros han tenido consecuencias desastrosas para la industria maquiladora y para muchos trabajadores que insisten en que ese movimiento ha sido impuesto desde fuera y en muchas ocasiones sin su consentimiento por un grupo sindical que no tiene su representación. El paro de labores lleva ya 45 días, por lo menos 15 maquiladoras siguen paralizadas, muchas otras ya abandonaron la ciudad y se han perdido más de dos mil puestos de trabajo. Los enfrentamientos violentos entre trabajadores han sido cotidianos. Incluso las maquiladoras que llegaron a acuerdos (con aumentos del 20 por ciento y un bono anual de 32 mil pesos) están denunciando que no podrán cumplirlos porque perderán competitividad. Las tensiones amenazan con crecer a lo largo de los estados fronterizos y no sólo en maquiladoras, sino también en otras empresas asentadas en toda la frontera.
Se insiste en que el padre de la secretaria del Trabajo es quien asesora estos movimientos, directamente los universitarios e indirectamente los de Matamoros (en ellos la asesora legal es la abogada Prieto). Arturo Alcalde, (que es a su vez esposo de Bertha Luján, la madre de María Luisa, una de las colaboradoras más cercanas de Andrés Manuel López Obrador desde que fue jefe de gobierno capitalino y que es la actual presidenta del consejo nacional de Morena), niega ser parte del conflicto e incluso que sea representante del SITUAM y explica que otro abogado (muy cercano a él), Eugenio Narcia, es quien está a cargo de ese conflicto. 
Pero el hecho es que Alcalde ha sido durante años el asesor laboral de éste y otros sindicatos, incluyendo el de Chapingo, que el domingo también se fue a huelga. Entre ellos están el de Pilotos Aviadores (ASPA) y el de Sobrecargos de Aviación, el SME, y los de Banobras, Bancomext, Nafin, el de Trabajadores del Seguro Social, el de la Universidad Iberoamericana y el de El Colegio de México.
Más allá de que el abogado Alcalde y la señora Luján son profesionales sin duda respetables, el conflicto de intereses de su labor (particularmente la de Arturo) con la que desempeña su hija, es algo más que evidente. Si en lugar de ser el abogado o el asesor del sindicato, Arturo Alcalde hubiera sido el de la patronal, la denuncia no se hubiera hecho esperar. Es un conflicto de intereses, por ejemplo, mucho más cercano, al que se denunció con tanta enjundia de Guillermo García Alcocer, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, porque un primo hermano de su esposa trabaja en una empresa energética. O el de exfuncionarios que terminaron trabajando en distintas empresas años después de concluir sus responsabilidades. El presidente López Obrador sostuvo que impulsará una ley para que incluso durante diez años no pudieran regresar a trabajar los funcionarios en los sectores en los que se habían desempeñado laboralmente.
Ayer dijo también que investigará si existe conflicto de intereses entre la labor del abogado Alcalde con el desempeño de su hija, la secretaria Alcalde. Si se responde en el mismo sentido que en las denuncias que realizó previamente (de actos que en su mayoría el Presidente consideró inmorales, pero no necesariamente ilegales) ese conflicto existe y debe ser cuestionado desde el propio gobierno.
No es la secretaria Alcalde, que es en muchos sentidos un soplo de aire fresco en el gabinete, la que debe dejar su responsabilidad, sino su padre el que debe abandonar la asesoría sindical mientras su hija esté en ese cargo. La actual controversia le quita legitimidad a María Luisa y les resta margen de maniobra a ella y al gobierno, sobre todo con la iniciativa privada y en este caso también con las rectorías de las altas casas de estudio, en un contexto en el que se requiere más que nunca una comunicación estrecha entre la empresa privada y las autoridades, y en el cual, las tensiones laborales, ya lo estamos viendo, estarán mucho más presentes que en el pasado reciente.
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Pago por ver/Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
El Financiero...
El lunes, las portadas de los periódicos hacían la crónica del calvario económico: “Pemex limita consumo de gas en centro del país” (El Financiero); “Producción de Pemex, a su menor nivel en 30 años” (El Economista), y “Banca de desarrollo se encuentra paralizada” (El Universal). El martes continuaron: “Extenderá el PIB su debilidad al inicio de 2019” (El Financiero); “Mexicanos sacaron 9 mil 527 millones de dólares del país en 2018” (El Universal). Es la instantánea de un presagio que tuvo, por cierto, un preámbulo en la edición de ayer de The Wall Street Journal: “El presidente Andrés Manuel López Obrador está atacando a los órganos reguladores independientes, estableciendo un curso de colisión con las instituciones que han servido como un contrapeso del Ejecutivo durante las décadas que el país se volvió una democracia plena”.
El escenario económico está mal y pinta para peor. Pero además se está contaminando con la política. Las respuestas del Presidente son siempre las mismas. Si todo se ve mal es porque todo lo dejaron mal. El crecimiento es malo porque la economía es un desastre. Las dependencias se vaciaron de funcionarios porque comenzó la limpia contra la corrupción. Descalifica a las calificadoras y los contrapesos son corruptos. El modelo neoliberal fue impuesto para robar y saquear el país. López Obrador es dueño de la narrativa del polpotismo de terciopelo.
Quienes se oponen a su proyecto es porque no entienden el cambio. El cambio irá por encima de todo, y si esto significa que empobrecerá al país, textualmente ha dicho que será mejor que México sea una nación llena de pobres. Parece un contrasentido querer mejorar el nivel de vida de los pobres y luchar por una sociedad igualitaria, al mismo tiempo de estar dispuesto a sacrificarlos y crear más pobres a cambio de llevar hasta el final su proyecto de nación. Pero es retórico.
López Obrador está convencido de que lo que está haciendo es lo correcto y que le dará la vuelta a la economía y al destino del país. Es tan grande la confianza que tiene en él mismo, que cuando el Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja su expectativa de crecimiento, dijo que estaba mal y no sólo crecería este año al 2%, sino hasta más. Los expertos, dice, están equivocados porque no entienden la magnitud de su cuarta transformación.
Los números lo contradicen por ahora: la desaceleración de la economía en el cuatro trimestre del año pasado tuvo como antecedente la petición al presidente Enrique Peña Nieto de que ya no gastara en nada y cancelara las compras, como las de gasolina y medicinas. La contracción se explica también en algunas acciones, como la consulta contra el nuevo aeropuerto en Texcoco, donde un millón de personas encabezadas por él cancelaron la posibilidad de que la economía tuviera un impacto de 6% al PIB, el doble de lo que aporta Pemex. Ese tipo de decisión, particularmente esa, congeló las inversiones.
Enrique Quintana publicó en El Financiero que la inversión extranjera directa se contrajo 12% con respecto a 2017. Y cuando se revisen los números a finales de año, ese porcentaje probablemente sea mayor. Inversionistas mexicanos y extranjeros suspendieron todas sus inversiones nuevas hasta ver qué sucede con la política económica de López Obrador y cómo resuelven las agencias la calificación de la deuda de Pemex y la soberana de México. La crisis económica no se ha visto porque todavía hay incertidumbre sobre el futuro inmediato de México y no se han ido las inversiones. Existen aproximadamente 200 mil millones de dólares en México, que en estos momentos, al no existir un diagnóstico objetivo de que López Obrador lleva al país al desastre, están esperando lo que suceda en los próximos meses. Si bajan la calificación de Pemex, esos 200 mil millones se irán, todos juntos, todos rápido, lo que provocará un colapso.
¿Es un destino manifiesto? De ninguna manera. Es un escenario en el cual, aunque muchos especialistas piensan que será el que se materialice, hay inversionistas que están esperando y pagando por ver. Pero el Presidente debe tener cuidado con lo que hace y lo que hagan en Morena. Por ejemplo, la iniciativa en el Congreso –aparentemente congelada– para limitar la inversión extranjera al 49% y otorgarle a la Secretaría de Economía el derecho a vetar a los inversionistas bajo una categoría de buenos y malos, es un despropósito. Cancelar las subastas energéticas es otro y provocará un desabasto de energía eléctrica si no hacen los ajustes durante la primavera. Invertir en proyectos económicamente inviables, como el aeropuerto en Santa Lucía y el Tren Maya, tendrán un costo que obligará a posponer o nunca hacer otros proyectos de infraestructura necesarios en el resto del país.
El presidente López Obrador tendrá suficiente capital político para seguir atribuyendo todos los males al viejo régimen y acusar indistintamente de corrupción. Puede abrir juicios políticos contra expresidentes –que serán un circo espectacular– y ajustar cuentas con sus enemigos históricos, los empresarios. Podrá culpar a los medios y satanizarlos, o modificar cuantas leyes quiera para que todo el país se alinee verticalmente a sus deseos. Pero todo ello no modificará la realidad económica.
Si no hace las cosas bien, el impacto negativo arrollará a su gobierno. Podrá tener respaldo político pero generará inestabilidad que, quizás, detone el repudio. Lo puede evitar, por supuesto, si el manejo económico es inteligente y responsable. Si así lo hace, podrá cumplir su sueño, ser el mejor presidente que ha tenido México. Si no es así, irá directo al infierno político de la nación.
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