Continua el juicio contra el cardenal Becciu

Continua el juicio contra el cardenal Becciu

Audiencia número trece para esclarecer irregularidades en la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado.

Este miércoles 27 de abril se celebró en Roma la audiencia número 13 del juicio contra el "eminentísimo" Cardenal Angelo Becciu, por la compra de un edificio en Londres por parte del Vaticano en 2014, para su transformación en apartamentos de lujo. 

 Becciu, que entonces era el Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, se habría supuestamente valido de su cargo para obtener 300 millones de euros en préstamos del Instituto de Obras de Religión (IOR) y un fondo suizo de dudosa reputación para financiar la operación inmobiliaria. 

El fracaso de la operación financiera supuso un grave perjuicio en las arcas vaticanas.

Junto con el Cardenal están sien do juzgados el empresario Raffaele Mincione, Gianluigi Torzi, Enrico Carasso, Cecilia Marogna, René Brülhart, Mons. Mauro Carlino, Tommaso di Ruzza, Nicola Squillace y Fabrizio Tirabassi.  

En la sesión reciente declaró Tommasso Di Ruzza, quien fuera director de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano entre 2016 y 2021, quien explicó la gestión de fondos que llevó a cabo la Secretaría de Estado del Vaticano durante el tiempo que el Cardenal Becciu fue su Secretario Sustituto.  

Di Ruzza, está acusado de abuso de poder por no bloquear un pago de 15 millones al broker Gianlugi Torzi y por no haber avisado de un acuerdo sospechoso. 

Declaró 1ue nunca estuvo vinculado a Torzi y que sus únicos interlocutores fueron el papa Francisco, el secretario de Estado, Pietro Parolin, y su número dos, el venezolano Edgar Peña Parra. También el presidente del IOR, Jean-Baptiste Douville de Franssu.

Di Ruzza precisó que el IOR puede conceder préstamos, aunque no como una entidad de crédito; es decir, no es un banco que recauda fondos públicos y tampoco está abierto al exterior, ya que no tiene sucursales fuera del Vaticano.   

El IOR está autorizado a conceder préstamos desde 2015, pero son prestamos se trata de créditos que debe hacerse con garantía..

Se trataba de pagar el préstamo contraído para financiar la compra del edificio en Londres, por un importe de 150 millones, mientras que lo que se pedía al IOR era una subrogación de préstamo, con un tipo de interés del 1/2 por ciento anual.  

Por otra parte, se preguntó a Di Ruzza si había considerado denunciar las operaciones, a lo que contestó que esa decisión correspondía a la Secretaría de Estado.  

Apuntó que ante esta situación existían dos opciones: denunciar el riesgo de una sentencia desfavorable en los tribunales de Londres y, por otro lado, reestructurar la inversión, aunque ello supondría pagar por una propiedad que ya poseía la Santa Sede.  

Di Ruzza explicó que todas las decisiones eran tomadas directamente por la Secretaría de Estado y que la Autoridad de Inteligencia Financiera se limitaba a dar apoyo, verificando la viabilidad. 

Sin embargo, nunca hubo una denuncia porque no había perfiles que pusieran de manifiesto una supuesta “actividad de transacción sospechosa”.  

“Siempre actué en el exclusivo interés de la Santa Sede, en línea con el mandato que me confirió y en los límites de las informaciones disponibles", ha sostenido en su declaración, argumentando que no tenía la autoridad para bloquear el pago ni suficientes evidencias para alertar sobre el posible fraude.

Becciu testificará los próximos 5 y 18 de mayo y en esa ocasión podrá aclarar el papel de otra imputada, la asesora Cecilia Marogna, que presuntamente gastó grandes sumas de dinero vaticano a cambio de presuntas labores de inteligencia y diplomáticas.

Francisco ha eximido al cardenal de la obligación de respetar el "secreto pontificio" que vela determinados temas sensibles de la Santa Sede. Días antes ,el 17 de marzo, Becciu, rechazó declarar sobre la contratación de Marogna escudándose en el “secreto pontificio”. Para cerciorarse de ello, Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunal de la Ciudad Del Vaticano escribió a la Secretaría y obtuvo la respuesta de su máximo exponente, el secretario Pietro Parolin, quien tras consultar al pontífice, explicó, eximió oficialmente a Becciu de mantener ese secreto papal.

Antecedentes 

En septiembre de 2020, el Cardenal Becciu renunció al cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a sus derechos como miembro del Colegio de Cardenales.

Meses después, en  julio de 2021 comenzó el juicio en el Vaticano contra el purpurado y otros nueve acusados; se le acusa de haber empleado 300 millones de dólares entre 2014 y 2018, procedentes de la Secretaría de Estado, para comprar un inmueble de lujo en la Sloane Avenue de Londres al empresario italiano Raffaele Mincione, y para financiarlo Becciu se habría dirigido también al IOR para solicitar un préstamo de 150 millones de euros sin ofrecer una justificación.

Por otro lado, además de esa inversión, en 2015 Becciu empleó otros 200 millones de dólares para financiar la compra de dicho inmueble londinense, y parte de esos 200 millones se habrían obtenido por medio de un crédito concedido por la BSI, un banco suizo con una extensa trayectoria de violación de las legislaciones contra el blanqueo de dinero.

Además, supuestamente, Becciu habría entregado al financiero Enrico Crasso, antiguo directivo del Credit Suisse, el control de millones de euros de fondos de inversión del Vaticano de la Secretaría de Estado y del fondo de caridad del Óbolo de San Pedro.

Y de paso habría tratado de disfrazar préstamos en los balances del Vaticano cancelándolos contra el valor de la propiedad comprada en el barrio londinense de Chelsea, una maniobra contable prohibida por las nuevas políticas financieras aprobadas por el Papa Francisco en 2014.

En Contextos hemos dado puntual seguimiento al tema

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Proceso Vaticano, Di Ruzza interrogado. Rechaza la petición de nulidad de Crasso/Salvatore Cernuzio - 

Ciudad del Vaticano

Vatican News, 

Empezando con una hora de retraso, durando cinco horas, ocupada durante 45 minutos por las declaraciones espontáneas del ex director de la AIF, Tommaso Di Ruzza, y durante cerca de dos horas por el interrogatorio del promotor de justicia, se celebró hoy en la sala multifuncional de los Museos Vaticanos la decimotercera audiencia del juicio por presunto uso ilícito de fondos de la Santa Sede. Bromas, discusiones acaloradas y muchas preguntas técnicas se alternaron durante la mañana en la que se interrogó al ex director de la Autoridad de Información Financiera, acusado de malversación de fondos.

La defensa de Crasso

Di Ruzza es el cuarto acusado que responde a las preguntas de la fiscalía y la defensa. El quinto, previsto para mañana 28 de abril, fue el financiero Enrico Crasso. Lo fue, ya que Crasso, a través de un recurso de nulidad presentado por su abogado defensor, Luigi Panella, hizo saber que no se presentaría a la audiencia fijada por el presidente del Tribunal Vaticano, Giuseppe Pignatone, ya que aún no había tenido pleno acceso a toda la documentación incautada por los Promotores de Justicia. "La defensa de Crasso en el juicio ha sido gravemente perjudicada", se lee en el documento presentado por Panella el 20 de abril y difundido por algunos medios de comunicación en los últimos días. Más concretamente, Crasso pidió verificar la correspondencia contenida en su ordenador personal incautado hace dos años, pero el ordenador no fue depositado en la cancillería.  Esto, según el abogado de la defensa, "perjudicó gravemente cualquier perspectiva de averiguar la verdad".

Excepción "fuera de lugar"

En los últimos meses, la cuestión del material parcialmente devuelto fue el escenario de nueve audiencias. La cuestión fue superada por una orden del 6 de marzo. Y de hecho Pignatone, en un nuevo auto con tono firme, leído hoy al inicio de la vista, rechazó la excepción del abogado de Crasso, definiéndola como "fuera de lugar". El acto -dice- no somete al examen de la Junta de Jueces "cuestiones de hecho y de derecho más y diferentes de las ya examinadas y decididas por los autos de 1 de marzo de 2022 y 5 de abril de 2022". La petición de la defensa "de obtener una copia forense del ordenador incautado ha sido atendida y, por tanto, por un lado, las quejas dirigidas a hacer valer supuestas limitaciones indebidas de las prerrogativas de la defensa son infundadas, de hecho, más que de derecho". Por otro lado, explica el decreto, "son totalmente irrelevantes las expresiones utilizadas en el cuerpo del documento de defensa adicional", que fue presentado por Panella después de que el promotor ya hubiera autorizado la entrega de una copia forense del PC. El Tribunal Vaticano reiteró que había dado "amplio espacio" a todas las peticiones y objeciones de las partes procesales, por lo que "parece fuera de lugar la reiterada reproposición de las mismas cuestiones ya decididas", además "mediante el uso de referencias enfáticas e injustificadas a experiencias inquisitoriales que no pertenecen a la naturaleza de este sistema".

Declaraciones espontáneas de Di Ruzza

En cuanto a Di Ruzza, que fue interrogado desde las 11.15 horas hasta las 15.00 horas (con una pausa intermedia), el antiguo número dos de la Autoridad de Información Financiera leyó una declaración espontánea de dieciocho páginas, en la que sólo confirmó parcialmente los interrogatorios del 23 y 26 de marzo de 2020. De hecho, había que hacer algunas "aclaraciones", en primer lugar, el hecho de que "nunca había conocido ni tenido relaciones con Tirabassi, Torzi, Mincione, Squillace, Crasso o Marogna". Carlino, en cambio, se reunió con él "por razones institucionales", es decir, para concertar encuentros con los Sustitutos de la Secretaría de Estado, Monseñor Edgar Peña Parra, y, antes, con el Cardenal Angelo Becciu, con quien sólo se reunió "dos veces". "Mis únicos interlocutores han sido el Santo Padre, el Cardenal Parolin, Monseñor Peña Parra, los máximos responsables del IOR (el presidente De Franssu y el director Mammì), el entonces presidente de AIF, René Brüllhart, los responsables internos de la Oficina de Supervisión", dijo.

Encuentros y conversaciones

A continuación, recordó un primer encuentro con el Papa el 26 de marzo de 2019, en el que informó a Francisco "sobre el resultado de los primeros análisis realizados tras la comunicación de la Secretaría de Estado a la AIF" días antes. El Papa le dijo que había invitado al Sustituto "a dirigirse al presidente y al director de la AIF como personas de confianza de la Santa Sede", subrayando "que era de interés para la Santa Sede pasar una nueva página" en referencia a la decisión de "gestionar directamente, sin intermediarios, la propiedad de Londres". Francisco, según Di Ruzza, pidió "expresamente la asistencia al Sustituto". "Sobre Londres, siempre se ha expresado la voluntad de no iniciar ningún litigio y de llegar a un acuerdo sobre las cuestiones pendientes en interés de la Santa Sede", teniendo en cuenta los contratos firmados y ratificados en 2018, ha querido remarcar el directivo.

La financiación del IOR

Di Ruzza dijo que Peña Parra "expresó una gran preocupación porque el préstamo contratado suponía unos costes excesivos y era necesario un préstamo de subrogación". Se hablaba de un préstamo de 150 millones con un porcentaje del 8%, lo que suponía unos intereses de 12 millones al año para el Dicasterio. Con la subrogación habría sido un 1 o 2 % al año. En su momento, la AIF se limitó a indicar al IOR -que, como se ha repetido varias veces, no es una entidad de crédito- "la viabilidad de un adelanto de liquidez a la Secretaría de Estado, sin ejercer ninguna injerencia indebida".  También en este caso se ha abierto un expediente. El propio IOR planteó por primera vez la hipótesis de "un descubierto" a favor de la Secretaría de Estado en una carta fechada el 13 de mayo de 2019 y firmada por el presidente de Franssu, recordó Di Ruzza, quien, sin embargo, no supo responder por qué el Instituto finalmente dio marcha atrás.

La actividad de la AIF

El interés de Di Ruzza era defender el trabajo de la AIF, así como el de Brüllhart, con quien había una excelente cooperación. "Puedo afirmar que la AIF ha actuado correctamente, dentro de los límites de su mandato, y con respeto a las prerrogativas del IOR", reiteró en la sala. Para demostrarlo, explicó que la Autoridad había realizado un trabajo de inteligencia a dos niveles: "sobre las hipótesis de la transacción" con el corredor Gianluigi Torzi (también entre los acusados) y "sobre la historia, la documentación y las personas involucradas en la transacción de compra" del edificio de Sloane Avenue. Di Ruzza continuó explicando que la AIF sólo había ofrecido a la Secretaría de Estado asistencia técnica en varias ocasiones: al ser un organismo público, no tenía poderes de decisión ni de supervisión. Sin embargo, a nivel internacional se había activado la cooperación con las UIF de los países relacionados con el caso y con la Autoridad de Vigilancia de Malta, a través de comunicaciones espontáneas, solicitudes de información y la petición de comentarios escritos y telefónicos. "Durante 2019 -dijo de nuevo Di Ruzza- hubo catorce reuniones entre la AIF, los gendarmes y los promotores, y yo representé la petición de la AIF también ante los gendarmes. Nunca ha habido respuesta y el 1 de octubre descubrimos el motivo".

Autonomía e independencia

En respuesta a las numerosas y detalladas preguntas del Promotor de Justicia Adjunto, Gianluca Perone, Di Ruzza reiteró que en la AIF nunca fallaron los principios de autonomía e independencia y explicó que en su momento no hubo motivos para transmitir información al Promotor de Justicia sobre supuestas actividades sospechosas. "¿Quería que denunciara a quién? ¿El Sustituto?", respondió a una pregunta, dando a entender que Peña Parra era su única referencia.

Relaciones con Torzi

De nuevo, sobre los 15 millones facturados a Torzi para salir del acuerdo de Londres, Di Ruzza explicó que "la Secretaría de Estado tenía que recuperar el control directo de la propiedad" y que el agente había realizado "un servicio de desarrollo estratégico no gratuito". Además, "se había perdido la confianza en él". Se solicitó información para seguir el flujo de movimientos, explicó Di Ruzza, aclarando que nunca había tenido ningún indicio de amenazas. Tensiones, esas sí, durante las negociaciones. La abogada Paola Severino, parte civil de la Secretaría de Estado, mostró un documento fechado el 11 de octubre de 2019, en el que Torzi amenazaba con inclinar las negociaciones a su favor: "Posibles amenazas", dijo Di Ruzza, "no excluyo la preocupación de la Secretaría de Estado".

Próximas audiencias

El juicio continúa el 5 de mayo con el interrogatorio al Cardenal Becciu. "Seguramente será sólo el principio", dijo Pignatone, fijando otra audiencia para el día 18 para continuar la vista del Cardenal. Fabrizio Tirabassi será escuchado el día 19. Si su interrogatorio y el de Becciu están incompletos, serán escuchados de nuevo el 20 de mayo, de lo contrario será el turno de Crasso. Se han programado otras audiencias para los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio.