La renuncia de Jorge Carpizo como Ministro de la SCJN

Era  23 de Junio de 1992, sesión en el Congreso..

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR MANUEL AGUILERA GOMEZ

-El C. Secretario Oscar Ramírez Mijares: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los ciudadanos Senadores. (Pasa lista).

-Señor Presidente, hay una asistencia de 48 ciudadanos Senadores. Hay quórum.

-El C. Presidente: Se abre la sesión. El ciudadano Secretario se servirá dar cuenta con los documentos en cartera..../

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

(Dictamen a discusión)

(Leyendo)

"COMISION DE JUSTICIA

ASAMBLEA:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente integrado con motivo de la aceptación que ha hecho el titular del Poder Ejecutivo de la Unión de la renuncia del Dr. Jorge Carpizo Mc Gregor, como ministro Numerario de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con fundamento en la fracción VIII del Artículo 76; fracción XVIII del Artículo 89 y el Artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para su Gobierno Interior, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

D I C T A M E N

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

En el Artículo 99 de la Carta Magna se establece que:

"Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves, serán sometidas el Ejecutivo y si esté las acepta, serán enviadas para su aprobación al Senado y, en su receso, a la de la Comisión Permanente"

ANTECEDENTES

Encontrándose en el desempeño del cargo de Ministro Numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Dr. Jorge Carpizo Mac Gregor fue nombrado Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En tal virtud, solicitó licencia por un término de dos años para separarse del cargo de Ministro Numerario.

Ante la expiración de dicho plazo y la disposición del Artículo 100 constitucional en el sentido de que no resultan prorrogables las licencias que excedan de dos años de duración y con objeto de continuar en el desempeño del cargo de Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentó a la consideración del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos su renuncia al cargo de Ministro Numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente punto de

A C U E R D O

UNICO.- Se acepta la renuncia del Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor, como Ministro Numerario de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Honorable Cámara de Senadores.- México, D. F., a 22 de junio de 1992.

Comisión de Justicia: Sen. Ernesto Luque Feregrino, Presidente.- Sen. Nicolás Reynés Berezaluce, Secretario.- Sen. Saúl González Herrera.- Sen. Angel Sergio Guerrero Mier.- Sen. César Moreno Martínez de Escobar.- Sen. Porfirio Muñoz Ledo.- Sen. José Nerio Torres Ortíz.- Sen. Manuel Díaz Cisneros".

-Está a discusión el punto de acuerdo.

-El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: Pido la palabra, señor Presidente.

-El C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor Senador?

-El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: Para razonar mi voto.

-El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor Senador Muñoz Ledo.

-El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: Con su venia, señor Presidente. La decisión que vamos a adoptar tiene dos aspectos:

Uno, a la que se refiere a la renuncia del Licenciado Jorge Carpizo Mac Gregor. Y otra, la aceptación por este Senado de la República del nombramiento del Licenciado Cal y Mayor.

Me voy a referir a la primera de las decisiones que estamos llamados a adoptar.

Dice el Artículo 99 de la Constitución Política de la República lo siguiente: "Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia , solamente procederán por causas graves; serán sometidas el Ejecutivo y si éste las acepta, serán enviadas para su aprobación al Senado y, en su receso, a la de la Comisión Permanente".

He discutido hace tiempo, la doctrina, cuál es el sentido que la Constitución Política de la República da a esta expresión causas graves. Se ha establecido, como es obvio, la analogía, con el Artículo 86 de la propia constitución General de la República que dice a la letra:

"El cargo de Presidente de la República, sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia".

En general, la doctrina considera que esta expresión de causa grave, es una protección del cargo para evitar, que a tan altos niveles que son dos Poderes de la Unión, el tercero es por elección popular, y sus reglas las conocemos bien; pueda evitarse que se esfuerce, que se obligue o que se conmine a un Presidente o un Ministro de la Corte a renunciar a su cargo. Esta es una acepción.

Los casos, sin embargo, de renuncias de los Presidentes de la República son muy raros en la historia. En la reciente de México don Pascual Ortiz Rubio, por razones complejas que la historia ha discernido. Don Francisco I. Madero, que fue forzado a renunciar en situación sumamente delicada. Y el General Porfirio Díaz, quien, como me acaba de recordar el Maestro Antonio Martínez Báez, que leyó ayer mismo esa renuncia, lo hizo, según su expresión, para ajustarse a los deseos del pueblo de México y para evitar derramamiento de sangre.

Sin embargo, la doctrina, que ha resuelto de algún modo la cuestión de la renuncia de los Presidentes de la República, no ha sido suficientemente clara, por lo que se refiere a las renuncias de Ministros de la Corte.

Porque aquí, no solamente se trata de proteger al cargo contra una posible presión que pudiese venir, sino también, el de generar una cierta estabilidad; estabilidad entre los altos mandos o el más alto nivel -para decirlo con corrección- de la justicia federal. Y evitar que ese cargo se vuelve un puesto de paso hacia otras ocupaciones electorales, administrativas, privadas.

De una manera clara, la Constitución está diciendo que si no es irrenunciable, porque no hay cargo irrenunciable, hay otro pretexto constitucional que es la libertad de trabajo, y salvo las que específicamente determina la propia Constitución, nadie puede ser obligado a prestar un trabajo contra su voluntad.

Si es una indicación, de que se trata de un cargo que requiere muy determinadas características para ser renunciable.

El Artículo 99 no estipula a quién corresponde juzgar la causa grave. Lo que sí estipula el Artículo 86, quien concede esa responsabilidad al Congreso de la Unión.

Debe entenderse, frente a "La laguna constitucional", respecto de quién juzga la naturaleza de la causa, que corresponde a quien recibe la renuncia, que es el Ejecutivo y a quien le corresponde aprobarla, que es el Senado de la República o en los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente, ya que se trata claramente de una facultad concurrente entre el Ejecutivo y el Senado de la República.

La doctrina, analiza alguna hipótesis, pero no concluye. Me refiero a un texto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad.

Algunos dicen "Han especulado sobre las causas que pueden estimarse graves para que un Ministro de la Corte renuncie a tan elevado y honroso cargo".

Algunos han supuesto a las personas que sólo ameritarían explicación directa por parte del interesado al Presidente de la República, tales pudieran ser -dice- haber adquirido una enfermedad, una incapacidad física; lo que suponemos no es el caso en el asunto que tratamos o de otra índole, que por su naturaleza impidan al Ministro continuar el desempeño de la función encomendada.

Dice: Pero las hay de otro orden -dice este estudio de la Universidad-. En decenios recientes, varios señores ministros han sido designados para cumplir funciones políticas específicas; como para terminar un periodo de gobierno local -dice-. Ahora, para Secretarías de Gobierno Interinas. Eso es actuar en calidad de Gobernador sustituto o interino, diríamos de Secretario General, también interino, lo que es un caso muy reciente y conocido. O bien, otros señores ministros -dice-, se les ha invitado para contender en elecciones, para cargos de representación popular, algunos han ocupado puestos de distinta relevancia en la administración pública federal. podría estimarse -dice-, desde un punto de vista jurídicamente estricto, que estas causales no tiene el calificativo de gravedad que impone la disposición constitucional, pues siempre se piensa, y ese es el sentido mismo de la disposición de nuestra Carta Magna, que es mayor honor para la persona el cargo de Ministro de la Suprema Corte que el ocupar cualquier otro puesto de la administración.

Sin embargo, ha habido razones políticas que han llevado -dice-, con demasiada frecuencia a un interpretación tan flexible de la disposición constitucional.

Este es un texto que puede consultarse: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional.

Yo no quisiera subrayar este tema como un agravio al Doctor Carpizo, que ya venía ocupando esa función, y que va a seguirse ocupando de la misma; pero es un típico cargo de la administración pública, aunque se hable del Ombudsman, en realidad su carácter de descentralizado lo hace más similar a otra figura, que en la del "Empleadusman".

En esa virtud nosotros estimamos que debiera procederse con una gran celeridad y serenidad, en el futuro, para catalogar y para medir, y para ordenar cuáles son las causas graves a que se refiere la Constitución de la República.

Propongo, inclusive, y lo he comentado con los señores licenciados que se ocupan de estas cuestiones, los señores Senadores, que son no solamente muy competentes sino muy abiertos en la discusión de estos temas, que podamos hacer una propuesta de alguna disposición reglamentaria a nivel de ley ordinaria, para que se determine qué se debe entender por causa grave.

A nadie escapa que la inestabilidad en el cargo de Ministro de la Corte ha sido muy grande, que la opinión pública no ha visto con buenos ojos, ni menos la propia judicatura, que en ocasiones los Ministros de la Corte vayan a ocupar puestos verdaderamente secundarios en la administración pública, o sirvan para tapar agujeros de la política local. Creo que esta es una de las razones, entre otras, que han mermado el prestigio y la autoridad de la más alta autoridad judicial de la República.

Si la Constitución de 1917 en este punto específico, y solamente en este caso equiparó a los Ministros de la Corte con la Presidente de la República, lo hizo por razones históricas, por razones de fondo y por razones de equilibrio de poderes.

Respetar el espíritu de nuestra Carta Constitucional debería llevarnos a un revisión cuidadosa de las disposiciones reglamentarias en la materia.

No nos pondremos, desde luego, ya está en el ejercicio de su cargo, ni menos dañaríamos el nombramiento del Licenciado Cal y Mayor, que por cierto diremos con un sentido positivo que es el grato leer que un nuevo Ministro de la Corte tiene una carrera judicial completa. Y yo creo que este debe ser un precedente que debiera alentarnos también cuando valoremos y pondremos otras hojas de servicio.

Quede esta inquietud para el análisis de la opinión pública, y quede como una preocupación para los propios legisladores.

Estos días nos enteramos, además, con toda frecuencia, no solamente en el orden judicial, sino en orden de la aplicación administrativa de la justicia, continuos cambios de procuradores, de responsables de la seguridad pública, hay una verdadera inestabilidad, y yo diría arbitrariedad, en muchas ocasiones, en el nombramiento de los funcionarios.

Pongamos a salvo, por bien de la República, la respetabilidad de estas funciones y, sobre todo, protejamos, como quiso el constituyente, la dignidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias.

-El C. Senador Enresto Luque Feregrino: Pido la palabra, señor Presidente.

-El C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor Senador

-El C. Senador Luque Feregrino: Para hechos, señor Presidente.

-El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Senador Luque Feregrino, para hechos.

-El C. Senador Luque Feregrino: Compañeros Senadores; y con la venia de la Presidencia:

Voy a ser muy concreto en esta participación para razonar el por qué estamos aceptando la renuncia, que en los términos que establece la propia Constitución, ha presentado ante este pleno el Doctor Jorge Carpizo, para que sea ratificada. Y en el que también aprecio el que el Senador Porfirio Muñoz Ledo, y su servidor, hayamos tenido, como siempre lo tenemos, pláticas muy diversas y en las cuales muchas veces en ellas somos coincidentes, aunque sostengamos puntos o posiciones de partido totalmente opuestas.

Voy a explicar cuáles son los elementos que apreció esta Comisión de Justicia para la renuncia del Doctor Jorge Carpizo, como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No voy a meterme a lo ya comentado por el Senador Muñoz Ledo, porque sería prácticamente repetitivo, y en el que sí tenemos algunas convergencias:

Número uno: En principio, los Ministros de la Corte gozan de la inamovilidad en el cargo, se trata de una norma protectora de la independencia de criterio que requieren para el ejercicio de la función jurisdiccional. Uno de los métodos que existen para la separación de una persona del cargo de Ministro de la Corte de Justicia es la renuncia del interesado, esta renuncia, se dice en el Artículo 99 constitucional, que debe de ser por causas graves. En este precepto se reitera la protección constitucional a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia para el desempeño de sus funciones. En una interpretación a contrario sensu, no podrán renunciar de no mediar causas suficientemente sólidas.

En el caso que nos ocupa, el del Doctor Jorge Carpizo, es precisamente él quien, por causas que son de absoluto conocimiento público, ha decidido renunciar al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar dentro del cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

¿En qué radica, compañeros Senadores, esta gravedad? Esta gravedad que es motivo de la causa de la renuncia. En este caso la manifestación misma, y lo expresaba el Senador Muñoz Ledo, de la voluntad del interesado por dejar de desempeñar ese cargo, al respecto tenemos como base y fundamento el Artículo 5o. constitucional que establece, también como lo explicó él, la libertad del trabajo como garantía constitucional de los individuos.

En el asunto que nos concierne ahora, la Comisión de Justicia estimó en su reunión de trabajo que la manifestación de voluntad del interesado para solicitar su separación del cargo, es causa suficiente par relevarlo del encargo que se le confirió con anterioridad. Toda vez que nadie puede ser obligado a dedicarse a determinada ocupación o encargo, salvo los trabajos impuestos como pena por la autoridad Judicial o las armas, los jurados, las causas concejiles o de elección popular.

Estos son, fundamentalmente, los motivos que se expresaron en la reunión de trabajo y en la que la propia Comisión de Justicia consideró que era suficientemente válidos para aceptar la renuncia del señor Ministro Jorge Carpizo para que ocupara el de Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por lo que respecta a la propuesta final que hacía el señor Senador Muñoz Ledo, en su momento, y en eso estamos dispuestos, habremos de comentarla y de hacer una propuesta con toda seriedad que requiere este Pleno del Senado de la República. Muchísimas gracias.

-El C. Presidente: Sírvase la Secretaría consultar a la Asamblea, en votación económica, si el punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido.

-La C. Secretaria Chapa Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen suscrito por la Comisión de Justicia donde se acepta la renuncia del Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor como Ministro Numerario de la Honorable Asamblea Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

(La Asamblea asciente)

Aprobado, señor Presidente.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE MINISTRO

(Dictamen a discusión)

(Leyendo)

"COMISION DE JUSTICIA

ASAMBLEA:

A la Comisión que suscribe se turnó para su estudio y la elaboración del dictamen correspondiente, el expediente que contiene el nombramiento hecho por el Titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del señor Licenciado Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, como Ministro Numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en la fracción XVIII del Artículo 89 constitucional y en el Artículo 96 de la propia Carta Magna.

Con fundamento en los Artículos 76 fracción VIII; 89 fracción XVIII, 94, 95 y 96 de la Constitución General de la República; 87 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para su Gobierno Interior, nos permitimos someter a la consideración de ustedes el siguiente

D I C T A M E N

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

En los términos del Artículo 94 de la Carta de Querétaro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por 21 Ministros Numerarios y hasta cinco Ministros Supernumerarios. Sus nombramientos -señala el Artículo 96 constitucional- serán hechos por el Presidente de la República y sometidos a la aprobación de la Cámara de Senadores, la que otorgará o negará esa aprobación dentro del improrrogable término e diez días.

Complementan este sistema de designación los señalamientos hechos en las ya mencionadas fracciones VIII del Artículo 76 y XVIII del Artículo 89 de nuestra Ley Fundamenta.

Adicionalmente, deben contemplarse los señalamientos de los Artículos 98, 99 y 100 de la Carta Magna en materia de falta de un Ministro de la Suprema Corte, renuncia de los mismos o licencias que se les concedan para separarse de ese cargo.

ANTECEDENTES

Con fecha 8 de julio de 1991 este Senado de la República aprobó el nombramiento que hizo el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en favor del Licenciado Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, como Ministro Numerario provisional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de la licencia aprobada por el propio Senado a fin de que el Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor se separa de su encargo como Ministro Numerario. Lo anterior en virtud también de que el señor Licenciado José Antonio Llanos Duarte quien cubría la vacante de Ministro Numerario del Doctor Carpizo Mac Gregor, fuera nombrado Ministro Numerario definitivo -con la aprobación del Senado- en virtud del retiro del Licenciado José Martínez aprobado por este mismo Cuerpo Colegiado el 10 de junio de 1991.

En efecto, a partir del 8 de junio del año próximo pasado, el señor Licenciado Cal y Mayor Gutiérrez se ha vendio desempeñando como Ministro Numerario provisional de Suprema Corte de Justicia de la Nación en la vacante que dejó el Doctor Carpizo Mac Gregor.

Como es del conocimiento de esta Asamblea, con fecha 8 de los corrientes, presentó el propio Doctor Carpizo Mac Gregor su renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las razones que expresó en su comunicación de esa fecha al Titular del Poder Ejecutivo de la Unión al expirar el plazo improrrogable de dos años a que se refiere el Artículo 100 de la Carta Magna.

Ante la aceptación que hizo el Titular del Poder Ejecutivo Federal de dicha renuncia, el propio Presidente de la República ha tenido a bien designar como Ministro Numerario al señor Licenciado Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez.

REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y TRAYECTORIA PROFESIONAL

Debe señalarse que el señor Licenciado Cal y Mayor Gutiérrez satisface ampliamente los requisitos que establece el Artículo 95 constitucional para ser Ministro de nuestro máximo tribunal federal, toda vez que:

a). En ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

b). Nación en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 4 de septiembre de 1927, por lo que a la fecha tiene 64 años de edad;

c). Es egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia hoy Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México, habiendo obtenido el grado de Licenciado en Derecho el 6 de mayo de 1952;

d). Invariablemente ha residido en el territorio nacional, toda vez que a partir del 16 de abril de 1955 se incorporó al Poder Judicial Federal, mismo en el que se ha desempeñado ininterrumpidamente;

e). Goza de buena reputación y se ha distinguido por actuar con una conducta apegada a la ley, la eficiencia y la probidad;

f). Dentro de su desempeño profesional destaca:

Luego de haberse desempeñado durante un corto lapso en el Poder Judicial Federal del Estado de Chiapas, ingresó en la fecha antes mencionada al Poder Judicial, habiéndose desempeñado como Actuario, Primer Secretario y Secretario de Estudio y Cuenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sucesivamente, hasta el 1o. de julio de 1961;

Fue designado Juez de Distrito y desempeño ese cargo en los Juzgados de Distrito de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Aguascalientes, Aguascalientes y Veracruz, Veracruz.

Con fecha 16 de octubre de 1967 se le nombró Magistrado de Circuito adscrito al Tercer Circuito con sede en Saltillo, Coahuila y , posteriormente, en el Octavo Circuito con sede en Torreón, Coahuila y más tarde en el Séptimo Circuito con sede en Veracruz, Veracruz;

A partir del 1o. de octubre de 1978 y hasta el 15 de febrero de 1990 quedó adscrito al Segundo Tribuna Colegiado en materia civil del Primer Circuito;

Del 16 de febrero al 19 de junio de 1991 fungió como Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito;

En atención a su experiencia y conocimiento fue electo para presidir la Segunda y Quinta Reuniones Nacionales de Magistrados del Poder Judicial de la Federación, celebradas en 1981 y 1991, respectivamente.

g). Adicionalmente, ha impartido diversas cátedras a lo largo de su vida profesional; destacando las de Historia de México, Historia Universal, Introducción a la Filosofía y Sociología, además de ser actualmente profesor del Instituto de Especialización Judicial de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hasta su designación el año próximo pasado como Ministro Numerario provisional, contaba con 24 años de servicios ininterrumpidos como Magistrado, siendo el decano de estos funcionarios del Poder Judicial.

En razón de la impecable carrera profesional del Licenciado Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, así como del desempeño que ha tenido como Ministro Numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes de la Comisión de Justicia que suscribe estamos convencidos de la idoneidad de su nombramiento como Ministro Numerario definitivo.

En tal virtud nos permitimos solicitar de ustedes la aprobación del siguiente punto de

A C U E R D O

UNICO.- Se aprueba el nombramiento expedido por el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en favor del licenciado Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, como Ministro Numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sala de Comisiones "Miguel Ramos Arizpe" de la Honorable Cámara de Senadores.- México, D. F., a 22 de junio de 1992.

Comisión de Justicia: Sen. Ernesto Luque Feregrino, Presidente.- Sen. Nicolás Reynés Berezaluce, Secretario.- Sen. Saúl González Herrera.- Sen. Angel Sergio Guerrero Mier.- Sen. César Moreno Martínez de Escobar.- Sen. Porfirio Muñoz Ledo.- Sen. José Nerio Torres Ortíz.- Sen. Manuel Díaz Cisneros".

-Está a discusión el punto de acuerdo. Por no haber quien haga uso de la palabra se consulta a la Asamblea en votación económica, si se aprueba. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

(La Asamblea asiente)

-Aprobado, señor Presidente.

-El C. Presidente: Esta Presidencia se permite informar a la Asamblea, que oportunamente y a efecto de que el ciudadano Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, se encuentra en posibilidad de asumir de inmediato el cargo que se le ha conferido, lo citó con objeto de que si era aprobada su designación, rindiera la protesta de ley.

-Encontrándose el Ministro Cal y Mayor en el Salón Juárez de esta Cámara, ruego a los ciudadanos Senadores Eduardo Robledo Rincón y Antonio Melgar Aranda, tengan a bien invitarlo a pasar al interior de este salón de Sesiones, y lo acompañen durante el acto de su protesta.

(La Comisión cumple)

-La C. Secretaria Chapa Hernández: Se solicita a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

-El C. Presidente: Ciudadano Licenciado Ignacio Cal y Mayor Gutiérrez:

-¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

-El C. Licenciado Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez: ¡Sí, protesto!

-El C. Presidente: Si no lo hiciereis así, que la Nación os lo demande.

(Aplausos)

-La misma Comisión designada se servirá acompañar al Ministro Cal y Mayor Gutiérrez al retirarse del salón.

-La Secretaría se servirá continuar con el desahogo de los asuntos en cartera.

-La C. Secretaria Chapa Hernández: Se va a dar lectura al Orden del Día de la siguiente sesión.

-El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Senador Muñoz Ledo, para una declaración.

INTERVENCIONES

-El C. Senador Muñoz Ledo: Con su venia, señor Presidente: Esperaremos a que los dos señores Senadores por el Estado de Chiapas a cuya Entidad y situación política que confronta voy a referirme, hayan regresado a sus lugares. No todo en Chiapas es Cal y Mayor. Hay, por desgracia, una grave, esa sí grave situación de carácter político social que viene a añadirse a todos los problemas económicos de marginación y desigualdad que afronta el Estado de Chiapas desde hace muchísimos años.

Esa situación está marcada hoy en día por un claro endurecimiento de la autoridad por la violación flagrante y sistemática de los derechos humanos; por la persecución a lideres sociales; por el asesinato de periodistas; por conflictos interétnicos; por un control férreo de los medios de información y por un autoritarismo cotidiano, cínico y estridente a cargo del Gobernador José Patrocinio González Blanco Garrido Canava

El pueblo escribe en las calles el nombre de su mandatario de un modo particularmente curioso. En vez de la "C" pone una suástica y lo lee de una manera distinta a como está escrito. Le llama "Patronazi González Garrido". Este es un hecho de la realidad, no una injuria. Cualquiera que vaya por las calles y por las carreteras podrá comprobarlo y cualquiera que escuche al pueblo podrá oirlo.

Hay una actitud prácticamente virreinal en donde la consigna del gobierno es que el pueblo debe callar y obedecer, de ninguna manera participar en loas altos asuntos del propio gobierno. Parece o insinúa el Gobernador que su actitud obedece a una especie de designia o estrategia de seguridad nacional, y que supuesto que se corren peligros -a los que nos referiremos y ponderaremos en la frontera sur -es su derecho y hasta su deber el sometimiento de los desidentes de una política de horca y cuchillo y una especie de enclaustramiento o de sistema de retenes de todo tipo para sellar la frontera sur.

En virtud de que el acceso a los medios de información es casi nulo en el Estado de Chiapas -cosas que cualquiera podrá comprobar y compararlo, con todas las demás Entidades de la República- tomé la decisión y anuncié tanto en Tuxtla Gutiérrez como en Tapachula, de que haría esta declaración en el Senado.

Ayer recibí información adicional de la oficina del obispo Samuel Ruiz, que tengo el deber moral y político de dar a conocer a este alto cuerpo responsable de la salud del Pacto Federal.

El número y variedad de las acusaciones de las faltas cometidas es tal, que tardaríamos lo digo sin ninguna exageración, posiblemente más de una hora en sólo ennumerarlas. Hemos hecho una colección de los principales agravios que se han cometido en los últimos meses.

Me referiré, sólo a título de ejemplo, a algunas de las cuestiones que han estado sucediendo. Por ejemplo -y claro habrá aclaraciones de detalle, seguramente si alguien sube a esta tribuna y conoce los casos- hay asesinatos de periodistas. A mí me reportan el de Humberto Tito Gallegos, periodistas tuxtleco y corresponsal de "La Prensa". De Alfredo Córdova, corresponsal de "Excélsior" y Director del rotativo "Uno Más Dos" en Tapachula, que fue victimado a balazos en junio de 1990. Hay municipios en donde el número de agravios están reportados. Por ejemplo el de Acacoyagua, sube a 21. Todo tipo de persecuciones; todo tipo de represiones cometidas contra distintas categorías de la población.

La cuestión del tratamiento a los indígenas, sobre todo en la zona de San Cristóbal de las Casas ya fue objeto de atención de la opinión pública nacional con motivo de la marcha cuyo nombre fue "jinichs" que arrancó desde aquéllas latitudes y que llegó hasta Chapingo en donde se hizo una negociación con representantes del Gobierno Federal. tras 48 días de caminata y 72 de plantón en Palenque, el conflicto de los indígenas chiapanecos quedó planteado ante la Secretaría de Gobernación. Algunos de los acuerdos alcanzados fueron la suspensión de 150 órdenes de aprehensión de igual número de campesinos; la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en violaciones graves que fueron documentadas en que han incurrido los funcionarios públicos de la Entidad y una inversión del Instituto Nacional Indígenista de 200 millones de pesos.

Según mis informantes, ninguno de estos puntos ha sido convertido en realidad.

Tenemos otro tipo de problemas de represión a los indígenas en varias regiones del Estado. Atropellos, masacres en algunos casos, constantes desalojos de campesinos que viene a agravar la marginación y la explotación de tanto tiempo. Estuve muy en contacto con unos representantes de más de una docena de municipios de la costa que me narraron todo género de agravios. Solamente quiero recordar que con motivo de conflictos pos-electorales, poblaciones como Escuintla están bajo toque de queda. Hay orden de disparar contra quien salga a la calle después de las diez de la noche. Y tengo en mi poder un documento que prueba que la petición última del municipio al gobierno del Estado son 60 millones de pesos para aumentar efectivos de las fuerzas de seguridad. En el momento actual la población está copada por 160 elementos de la policía. Sólo pueden deambular después de las diez de la noche los que porten gafetes del PRI.

Uno de los casos que más ha preocupado a la opinión pública nacional y que se relaciona con un debate que pronto tendremos aquí en el Congreso sobre la Ley de Cultos o Reglamentaria del Artículo 130 constitucional, es la persecución a sacerdotes católicos.

El 22 de julio del 90, en Sayotitlán, el sacerdote Marcelo Rosaef fue secuestrado por policías de autoría intelectural de invasión de tierras. Yo conozco muchos líderes de la Confederación Nacional Campesina, algunos ahora son Senadores, que estuvieron al frente de reivindicaciones en favor de los ejidatarios y no supe nunca que los haya apresado la policía judicial. Joel Padrón González, párroco, permaneció 40 días en el penal más temido de la entidad, el de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez; Jerónimo Hernández López, responsable de la parroquia de Palenque fue acusado de ser el promotor de una manifestación de indígenas que habían dispuesto el 26 de diciembre del parque de la cabecera municipal en demanda a la solución de añejos problemas.

Se ha presentado, el día de ayer, un asunto particularmente grave: la asociación de ganaderos de Ocotzingo ha amenazado por distintos medios y esto ya es público hoy en el Estado de Chiapas, a los sacerdotes y a las monjas de la región para que la abandone en las próximas 72 horas. So pena de sufrir consecuencias físicas graves.

Esto son hechos que estoy reportando, que me han sido reportados además de que han sido dados por diversas organizaciones sociales y por los representantes de los grupos sacerdotales integradas por corrientes eclesiásticas que han estado sometidos a este tipo de presiones.

El propio Obispo Luis García ha sido desde hace tiempo sometido a una campaña de desprestigio, siendo la acusación o la razón principal el que, como es de todos los mexicanos informados por los medios de opinión pública, ha tomado el bando de los pobres.

Los insultos en la prensa y en el radio, a quienes siendo sacerdotes o no, descienden de las líneas gubernamentales, están tratando de, en el momento actual, pedir o coartar las actividades tanto religiosas como cívicas de numerosos ministros del culto católico.

El propio obispo ha recibido amenazas de muerte, como todos lo sabemos y como él mismo lo ha hecho público, ha sido amenazado, además, de modo que consta a muchos, por los propios ganaderos y fuerzas del orden público.

Las actividades de los sacerdotes integrantes de San Cristóbal de las Casas son vigiladas durante las 24 horas del día por agentes federales de seguridad nacional que tienen sus oficinas en el primer piso de la calle de Masariegos a dos cuadras del parque central.

El objetivo de los espías y de las fuerzas de seguridad que incluyen policías de investigaciones políticas estatales y otras corporaciones federales es el impedir las acciones civiles, políticas y eclesiásticas del Obispo Samuel Ruiz.

Es un secreto a voces que tanto el obispado como las oficinas de los templos que tienen teléfono están desde hace tiempo intervenidos.

Yo quisiera hacer un severo llamado de atención sobre lo que está ocurriendo en el Estado. Yo pregunto: ¿Si llegaran a ocurrir muertes de monjas, de sacerdotes, no estaríamos en el camino de la centroamericanización de Chiapas? ¿No es algo que escuchamos con frecuencia antes de que se resolviera pacíficamente y mediante procedimientos de negociación el grave conflicto de El Salvador? ¿No fue el tipo de fuerzas sociales, en este caso los ganaderos, y estas amenazas que mucho se parecen a las de la mano blanca las que asolaron los conventos y las universidades jesuitas que dieron, por cierto, muerte a un grupo brillantísimo y destacado de ellos, encabezados por el padre?

¿No es esto un contagio lamentable de Prácticas y de conflictos que señalaron una situación política de carácter feudal, en donde los señores o los varones de la tierra persiguen, con la complicidad de las autoridades, a quienes no quieren someterse a sus designios o a quienes han decidido defender a los indígenas? Este es un tema central ahora que revisamos el Artículo 130; ahora sabremos de qué se trata. Nuestro país tiene una larga historia en materia de participación de sacerdotes en luchas libertarias; fue sacerdote católico Miguel Hidalgo y Costilla, fue sacerdote católico José María Morelos y Pavón; en su tiempo hubo no los Patrocinios, sino los Félix María Calleja.

¿De qué se trata la reforma del Artículo 130? ¿Se trata de una forma corporativa de complicidad del gobierno y de su partido con las altas esferas de la iglesia católica? ¿Es cierto o no que la semana pasada llegó procedente del Vaticano y por conducto de un sacerdote italiano que no tiene autoridad en México por razones obvias, ya que no es ciudadano mexicano; llegó a autorizado y palomeado el proyecto de ley que se va a presentar al Congreso de la Unión?

¿Qué entendemos por derechos civiles y por derechos políticos de los ministros de los cultos? ¿Se trata de establecer un sistema de control sobre los sacerdotes católicos a través de su jerarquía como ocurrió después del conflicto electoral de Chihuahua, de 1986, o se trata en verdad de que haya una vida democrática en la que puedan participar de acuerdo con sus convicciones, no con el control de sus jerarquías, ni menos sometidos a la complicidad entre el gobierno, la oligarquía y las jerarquías quienes realmente están en el ejercicio de sus funciones sacerdotales, cerca de los problemas del pueblo?

México tiene una historia tan clara en este asunto que sabemos con sólo informarnos ligeramente quién en el pasado y en la tradición de este país está de lado de la inquisición o de los sacerdotes que siguieron a Miguel Hidalgo y Costilla.

Vamos a saber muy pronto cuáles son las intenciones del Gobierno de la República. Si verdaderamente se trata de proteger la actividad cívica y política de los miembros individuales, los miembros individuales de las asociaciones religiosas denominadas iglesias, otra sería la conducta y no la exhibición de esas alianzas con la cúpula eclesiástica, sobre todo la más conservadora y, por otra parte, la persecusión a los sacerdotes que se han definido por la defensa de los intereses del pueblo.

Quisiera yo, antes de terminar, subrayar una equivocada concepción de seguridad nacional que ha venido imponiéndose en la frontera sur y que algo tiene que ver con los Tratado de Libre Comercio y con las presiones norteamericanas.

No es un invento, y pueden documentarse en numerosos escritos mexicanos y norteamericanos, incluso en documentos oficiales, la presión constante del Departamento del Estado para que México calle la frontera sur.

No solamente para estas injerencias e intromisiones en el Norte de la República, respecto de los mexicanos que cruzan la frontera, sino también el Gobierno de México dé seguridades en el sentido de que no va a ser un puente que facilite el ingreso de ciudadanos centro o sud-americanos a través de la frontera mexicana que lleguen hasta la frontera norte.

Yo debo decir que a cualquier exigencia del gobierno norteamericano en ese sentido es contraria a la constitución política del país que garantiza para mexicanos y extranjeros la libertad de tránsito. Sin embargo, existen numerosos dispositivos que preveen el regreso desde Tijuana, desde Mexicali, o desde Ciudad Juárez hasta Chiapas, donde se trata de crear un verdadero tapón de seguridad demográfica. Muy peligroso para esa zona que ya tiene muchos problemas acumulados, que está generando incluso fenómenos de genofobia, y discutí con diversos líderes sociales de distintas ideologías. Se está creando o se está fomentando, se está agudizando, una modernización entre la población mexicana y la población centroamericana por la sencilla razón de que están ahí de alguna manera combinados porque tiene grandes dificultades para circular por el territorio de la República. se da origen, además, a numerosos fenómenos de corrupción que nos fueron denunciados como la venta a precios por cierto bastante altos de actas de nacimiento mexicanas a ciudadanos de Centroamérica.

Necesitamos repensar en muchos sentidos el destino de la frontera sur. Ha habido, y en eso creo que coincidirán los Senadores de la mayoría, porque lo hablaron particularmente con quienes representan al Estado de Chiapas, ha habido una falta de apoyo, la falta de un auténtico proyecto de la frontera sur de México, que debería de haber sido, hace tiempo, como lo fue hace dos décadas, por ejemplo, el Estado de Baja California, de importantes inversiones en infraestructura, en carreteras, en desarrollos turísticos, en apoyo a empresas agropecuarias; para que esa pueda ser una frontera abierta, una frontera orgullo de México; un frontera que tenga capilaridad social y una frontera, donde las relaciones humanas, sean civilizadas, justas, bajo un régimen democrático.

Hay, como una imperiosa necesidad la urgencia de revisar la estrategia del Gobierno de México respecto de su frontera sur. Si se sigue entendiendo, que es como en las viejas épocas de la conquista del oeste, una frontera salvaje que hay que cuidar, por unos sheriffes que tienen derecho para matar, y estoy hablando de sheriffes disfrazados de gobernadores; las cosas van a ir muy mal, porque en vez de garantizar la seguridad del territorio mexicano; lo que vamos, es a perpetuar la inseguridad.

Yo podría pedir en este Senado, que hubiera una comisión investigadora. Sé que lo va a negare, aunque quizá andando un poco el tiempo me lo puedan aceptar.

Yo sigo invitando a una reflexión sería, sobre lo que está ocurriendo en Chiapas. Yo espero que los señores Senadores, de esa entidad, porque no tiene fama en su Estado, de hacerlo así, sino más bien en guardar distancia, con los excesos del gobierno local; no vayan, tratando, de explicar sus razones, a hacerse cómplices de la represión y de la brutalidad, en la que está incurriendo el gobierno estatal.

Esa es nuestra denuncia. Denuncia fundada y documentada, que exige un acto sereno, inteligente y reflexivo del Senado.

Volveremos sobre este tema, y los hechos, como hasta ahora, seguirán probando, por desgracia, la verdad de nuestro acierto. Muchas gracias.

-El C. Senador Eduardo Robledo Rincón: Pido la palabra, señor Presidente.

-El C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor Senador?

-El C. Senador Eduardo Robledo Rincón: Para hechos.

-El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor Senador Eduardo Robledo Rincón, para hechos.

-El C. Senador Eduardo Robledo Rincón: Con su venia, señor Presidente. compañeras y compañeros Senadores: Solicité hacer uso de la palbra, para dar respuesta a las afirmaciones hechas aquí por el Senador Muñoz Ledo.

Y lo hago, porque es mi obligación, como Senador por Chiapas, y también para dar una apreciación, de lo que realmente sucede en mi Estado; porque ésta es una oportunidad para las aclaraciones.

La intervención que hemos escuchado aquí, del señor Senador Muñoz Ledo, y que se da, posterior a una rápida visita hecha a mi Estado este fin de semana.

Ha sido, sin lugar a duda, espectacular y por eso mismo, señor Senador, apresurada.

La rapidez, de su visita, le impidió el encuentro con el Chiapas real. Con el Chiapas que está por encima de la descripción partidista.

La prisa de su viaje, seguramente, le llevó a hacer afirmaciones, que no contribuyen en nada, a mejorar las condiciones de la convivencia entre los chiapanecos, para afrontar los rezagos, las injusticias y las carencias.

En Chiapas, señor Senador, ya hemos pagado una cuota social muy alta, por las confrontaciones en el pasado. Ya hemos vivido al borde de la violencia generalizada y no queremos, no vamos a permitir, que esos riesgos vuelvan a presentarse.

En Chiapas, hay mujeres, hay hombres, con madurez, con responsabilidad, y con una fuerte vocación por la paz social. Nadie, de los chiapanecos, en consecuencia, comparte un discurso que convoque a la violencia.

Llamar a la violencia y a la confrontación, como propuesta política, es vulnerar el esfuerzo y los chiapanecos expresamos, señor Senador, nuestro desacuerdo.

Estamos en desacuerdo con lo señalado, señor Senador, en Chiapas y sobre Chiapas Porque los problemas de nuestra entidad, tienen raíces mucho más complicadas y que van mucho más allá de los calificativos.

Nuestros problemas son mucho más serios y requieren de una mayor serenidad, a la hora de los juicios. Una visita rápida no basta. Es necesario, más que todo, una revisión a las causas históricas y no a las consecuencias o a lo superficialmente visible.

Veamos algunos de los ejemplos, que usted ha puesto aquí, señor Senador Muñoz Ledo.

En primer lugar. En el caso del señor Obispo don Samuel Ruiz, y de la persecución, de la que usted habla aquí y de los riesgos de los religiosos y las religiosas de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Yo creo, como Senador, que en Chiapas no se deben tolerar amenazas de muerte para nadie, de nadie.

Esta acusación, señor Senador, es muy grave, y como Senador, pienso que es inaceptable.

Y por ello, señor Senador, le propongo, concretamente, dos cosas: La primera, que el señor Obispo, presente la denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia.

Y, la segunda, señor Senador, me comprometo, formalmente, para que con carácter de urgente, pueda usted ser designado coadyuvante del Ministerio Público en esta investigación. De esa manera, si usted acepta, usted podrá estar presente y podrá estar usted y darle seguimiento a una investigación de esta naturaleza.

En Chiapas, señor Senador, valoramos ampliamente la libertad, y ella incluye, como esencial, el respeto a las pluralidades.

Hay una pregunta de usted, señor Senador, largamente anunciada desde el Colegio Electoral. En lo que se refiere a mi opinión, sobre la persona del Gobernador, Patrocinio González Garrido; Patrocinio, mi amigo, su amigo, su compañero.

En lo personal, señor Senador, es mi amigo y una relación de amistad en esta relación, los comentarios son reiterativos.

He de decir, mi opinión de él como gobernante. Patrocinio González Garrido, tiene en Chiapas un proyecto social, bine definido en Chiapas y lo lleva a cabo. Es un gobernante que dio una nueva orientación a las respuestas sobre el problema agrario en Chiapas. Y le doy los datos concretos, solamente de tres aspectos, los que fundamentan lo dicho.

Cuando él asumió el gobierno del Estado, existían 400 invasiones en el Estado. Hoy quedan 10.

Estoy, señor Senador, de acuerdo con un Gobernante que encontró el Estado con un rezago educativo equivalente, y usted lo sabe muy bien; a cinco años de tener las escuelas cerradas, por los paros, las huelgas y los plantones. Debido a problemas sindicales, que no tienen nada que ver con el chiapaneco.

Estoy de acuerdo, señor Senador, con un gobernante que cerró casi todos los aserraderos del Estado, y los seis que faltan, es porque están esperando un dictamen del área federal correspondiente.

Estoy de acuerdo, y mi opinión es favorable al gobernante, que ha abierto espacios a la expresión plural en los asuntos que tiene que ver con los chiapanecos.

Le doy un ejemplo, antes de la discusión del Artículo 130 constitucional, en San Cristóbal de las Casas, ahí precisamente, con la asistencia de los tres obispos, entre ellos don Samuel Ruiz, el obispo de Tapachula, el obispo de Tuxtla Gutiérrez, los representantes del mayor número de las denominaciones religiosas en Chiapas, distinguidos intelectuales, académicos, críticos y distinguidos periodistas, debatieron y discutieron pública y abiertamente las relaciones del Estado con la iglesia.

Por otro lado, señor Senador, cuando se habla de Derechos Humanos y de sus supuestas violaciones, es necesario tener cuidado de no confundir la búsqueda de la justicia con la reparación de daños, recurriendo a una injusticia todavía mayor; en un espacio social como el de Chiapas la libertad, la democracia, y la justicia tiene lecturas a veces diferentes. Con frecuencia, la afectación de algunos intereses o el freno de algunas ijmpunidade4s, es asunto Fomento Agropecuario difícilmente confundible con la represión, li ligereza de los juicios puede ahondar diferencias, fortalecer impunidades y a la larga cancelar o retrasar el desarrollo de una cultura de apego al derecho que no siempre existe.

Una forma objetiva, señor Senador, de evaluar los Derechos Humanos en Chiapas -pienso-, puede hacerse de dos maneras: Por un lado, al observar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el caso de Chiapas, a pesar de los contrastes, a pesar de los grandes rezagos y de las grandes dificultades, quiero decirle -así lo consigna el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos- en Chiapas solamente existen cuatro recomendaciones, cuatro recomendaciones que ya fueron a tendidas y que creo que esto tiene que ser valorado en su justa dimensión.

Por otro lado, otro elemento para analizar objetivamente los Derechos Humanos en Chiapas -creo yo- puede ser de acuerdo al número de amparos que la justicia federal haya concedido en contra de los actos de las autoridades locales. Si usted analiza este elementos, señor Senador, verá usted que Chiapas es de los Estados con más bajo índice de amparos concedidos por la justicia federal.

Decir como lo ha dicho usted en su reciente visita, que Chiapas vive una situación de "estado de sitio", es por lo menos aventurado, señor Senador, no le voy a enseñar, ni pretendo decirle lo que es la figura y lo que ésta significa; pero usted acaba de estar en Chiapas, convocó a varios actos, a los cuales "no fue el que no quiso ir", tengo entendido, señor Senador, que el único acto que se suspendió en "Las Margaritas", en el municipio de "Las Margaritas" un municipio muy importante, en donde se iba a coronar una "Reina democrática del PRD" fue suspendido, -según me lo dijeron los dirigentes de su partido en el Estado- por problemas de su agenda personal. Nadie osó atentar contra su libertad de expresión. Y lo que usted dijo se publicó al día siguiente en diferentes periódicos, se los puedo mencionar: "La República" en Chiapas, el "Periódico Es"; varios periódicos locales publicaron y dieron cuenta de su visita en el Estado.

La clandestinidad pues, que caracteriza a la acción política del "estado de sitio", no fue necesaria en Chiapas para la reunión del PRD que usted encabezó, ni lo es para los ciudadanos chiapanecos que manifiestan públicamente sus opiniones: a veces a favor y a veces en contra de los gobernantes.

Ningún chiapaneco, señor Senador, acepta que se presente a su entidad como un espacio propicio para la "barbarie" y el "primitivismo", en el sentido peyorativo de estos términos.

Tenemos rezagos, es cierto, y hay remanentes de otros tiempos que coexisten, pero no es por el gusto de los chiapanecos, sino por razones históricas, nuestro Estado es un "Pueblo de pueblos", porque para su integración se requirió lo mismo que en otras partes, del proceso violento de conquista.

Hay factores culturales encontrados y de ese encuentro resultan efectos complicados que las prisas hacen confundir con las causas.

A nadie beneficia el uso de calificativos en el Senado. Cuando se hace referencia y en esta tribuna, se ha hecho en repetidas ocasiones, en relación a la satrapia tropical, se repite una expresión que fue común que los sátrapas que se creyeron europizados.

Rafael Videla, señor Senador, por ejemplo, solía aplicarla a sus similares de países considerados por él como más atrasados. La adjetivación no conduce más que al ahondamiento de las diferencias, ningún adjetivo sustituye, en la memoria de los pueblos, al argumento razonado; aún cundo no se dé del todo exacto.

Yo sólo pediría aquí la recuperación de las razones como principio para el debate. La centroamericanización de la que usted ha hablado, aquí, no es una amenaza para Chiapas. A no ser que algunas organizaciones de oposición quisieran generar un clima como tal.

En América Central hay una historia que no puede repetirse, porque en nuestro país hubo una revolución que es una propuesta de cambio, es el paso de un régimen de privilegio a uno que da mayor protagonismo a las fuerzas sociales.

Ciertamente en Chiapas hay problemas históricos, pero no pueden bajo ningún enfoque recrear el fenómeno centroamericano. En Chiapas hay carencias y hay retos, pero nadie quiere instaurar una estructura social en donde la violencia tenga vida propia. Algo que tenemos los chiapanecos, señor Senador; es que para nosotros la violencia centroamericana no es una noticia, sino un acontecimiento lastimoso y aleccionador.

El problema religioso es mucho más complicado de lo que parece. En Chiapas hay más de 150 organizaciones religiosas que en su mayoría reclaman la condición de iglesias. La religiosidad de los indígenas chiapanecos, es sumamente volátil, dado que su conversión, por ejemplo al catolicismo, fue muy superficial; fue más bien de forma que de fondo y por eso mismos su filiación dentro de las determinadas corrientes religiosas, tiene duración impredecibles.

Esa formación superficial junto con la abundancia de opciones en las creencias, configuran una complicada madeja que se inscribe en una, a su vez complicada pluralidad de grupos sociales. Es inaceptable que el fenómeno religioso se revise sólo superficialmente. La religión en Chiapas es identidad, es relación de identidades, es mecanismo de resistencia y es históricamente una forma de control. Como se verá, hay muchas complicaciones que obligan a prevenirse de los inquilinistas.

Hay problemas de Chiapas y hay problemas en Chiapas. Por ejemplo, señor Senador, el asunto magisterial se corresponde con procesos internos del Sindicato de Maestros, las dificultades sindicales como es fácilmente visible. No tienen nada que ver con los chiapanecos. Sin embargo, han sido los niños y los jóvenes de mi Estado, quienes han sufrido los efectos de este diferendo. Atribuir al Gobierno de Chiapas la responsabilidad de la beligerancia magisterial, es una tortuosidad elemental que muchas veces se hace. Lo que tampoco puede hacer el gobierno chiapaneco, es permaneces ajeno, puesto que es la instancia más perjudicada.

El Gobierno de Chiapas buscado una reorientación del conflicto y ha hecho esfuerzos, a menudo incomprendidos para mediar en el conflicto y buscar soluciones reales.

Para entender por otro lado, señor Senador, el problema agrario, se requiere tomar en cuenta que la tierra y los pueblos como tributarios, fueron fuentes primarias de la riqueza para la sociedad conquistadora, sin embargo, los pueblos indígenas confirmaron con el correr de los siglos, una cultura de la resistencia que todavía tiene implicaciones.

El desarrollo económico alejado de la minería y de la producción manufacturera, determinó que la fuente básica para genera los bienes era el suelo, en consecuencia la economía y sus contradicciones descansan en la tenencia del factor esencial para producir, lo que es la tierra. las contradicciones así se tornan más claras, de una parte, la propiedad de la tierra para mantener el estatuto de sector dominante; de otro, la posesión de una pequeña parcela como vía para sobrevivir. He ahí la piedra angular de los conflictos en Chiapas.

Estos son solamente algunos de los aspectos que es necesario tomar en cuenta para hacer referencia a los problemas por la tierra, hay otros muchos y también muy importantes.

El señor Senador Muñoz Ledo ha presentado su visión personal sobre algunos asuntos de Chiapas, muchos de ellos, considero infundados, que seguramente sorprendieron su buena fe señor Senador; por ejemplo, habla usted de "periodistas asesinados". Yo le recomendaría respetuosamente, que vea usted el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y vea cuáles fueron las resoluciones en esos casos de la propia Comisión.

Habla usted de retenes, que la verdad desconozco, no existe. Habla usted; seguramente se refiere usted a las garitas de migración y a las cuestiones que tiene que ver.

Permítame, señor Senador, finalmente darle una información fundamental, para comprender mejor qué es lo que pasa en Chiapas.

En Chiapas tenemos una irregularidad demográfica muy grave, señor Senador. tenemos ciudades que han perdido población. y otras, que crecen a más del 9% anual.

Tenemos 16,500 comunidades rurales en los 74,000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio; de las cuales más del 50% no llegan a los 100 habitantes. Oaxaca tiene la mitad de comunidades en su territorio.

Tenemos un crecimiento poblacional superior a la medida nacional en 2 puntos porcentuales, en más de 2 puntos. Lo que duplicará a nuestra población en los próximos 15 años. Tenemos casi un millón de indígenas que arrastran un peso de casi 5 siglos, de vivir en calidad de dominados.

Casi la mitad de la población es analfabeta, el más alto índice del país. El 75% de la población tiene el problema de nutrición y la quinta parte de los chiapanecos, viven en viviendas de una sola pieza.

En 1990 el 59% carecía de drenaje; el 42% de agua entubada y el 43% de energía eléctrica.

Tenemos el 27% de todo el rezago agrario del país, señor Senador.

Múltiples razones históricas que hemos expuesto recientemente en la Cámara de Diputados, todos los legisladores, Diputados y Senadores priístas y en repetidas ocasiones, lo hemos reiterado.

Hemos tenido hasta hace poco, hasta hace muy poco tiempo, una relación muy desventajosa con la población, con el resto del país.

A Chiapas se le consideró que era un espacio vacío, con recursos interminables y con mujeres y con hombres de paciencia infinita.

Tenemos zonas como la "Selva del Ocote; la de los Chimalapas; la Lacandona: la Sierra Madre", que casi han llegado a ser auténticas catástrofes ecológicas.

Tenemos fuerzas sociales, convocación regresiva, que más de medio siglo de instituciones de la Revolución Mexicana, no han podido erradicar del todo. Menos aún en las regiones, en donde este acontecimiento es sólo referencia histórica.

Y lo que es muy importante, tenemos tantas carencias, tantos rezagos y tantas dificultades en un territorio, que genera casi el 60% de la energía eléctrica del país.

Que tiene casi la mitad de las reservas petroleras; que es el principal productor de café, de maíz, de plátano, de cacao, de frijol, de ganado bovino y de muchos satisfactores estratégicos para la nación.

Como podrá darse cuenta el señor Senador Muñoz Ledo, tenemos mcuhas dificultades. Y el gobierno de mi Estado, es el primero en reconocerlo.

El ha hecho el reconocimiento en "fondos, en impuestos, en diversos espacios dela vida nacional y de la vida estatal".

Justamente, señor Senador, una noche antes del día que usted llegaba, se celebraba un foro sobre los problemas sociales de Chiapas. En un foro abierto, en el que participaba el gobernador; en el que participaba el gobernador; en el que participaba el Obispo de Tapachula; en el que participaba el representante de las iglesias protestantes del Estado y un distinguido, un destacado periodista de "La Jornada", Director de la Revista Hojarasca.

El Senador Porfirio Muñoz Ledo, ha solicitado en esta ocasión la atención de esta Asamblea.

Yo, señores Senadores, yo también pido la intervención; la atención del Senado. La intervención unánime para que se continúe con el esfuerzo de la Federación para abatir una miseria que hiere profundamente a todos los chiapanecos y debe ofender la conciencia de todos los Senadores.

Hago un llamado, para que Chiapas siga siendo considerado una prioridad para el esfuerzo nacional, y pueda seguir enfrentando el problema de los problemas, la pobreza.

En Chiapas, es necesaria una permanente convocatoria plural y de buena fe. A la convivencia civilizada y a la práctica de la razón política. Hace falta un acuerdo plural de fuerzas para la armonía y la concordia.

Ese acuerdo, señor Senador, ya existe en la sociedad chiapaneca. Hoy los partidos y las organizaciones tienen la palabra. Muchas gracias.

-El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: Pido la palabra.

-El C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor Senador?

-El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: Para hechos.

-El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra, al señor Senador Muñoz Ledo, para hechos.

-El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: Con su venia señor Presidente: Esperaba del señor Senador Robledo, un discurso cuidadoso y ponderado, como el que ha tenido en esta tribuna.

Presumía, incluso, que sería pedagógico y hasta ligeramente autopostulatorio, como también ocurrió.

Lo que no esperaba, es un discurso tan abiertamente justificativo de la actuación del gobernador, que él conoce tan bien o mejor que yo.

Es bien sabido en el Estado de Chiapas, que usted no coincide en cuestiones centrales, con la actuación del gobernador. Pero es sabido también, que usted no puede decirlo. Por eso, no debemos llamarnos a sorpresa.

Simplemente, usted que no pertenece a su misma corriente política, y para nada, a sus mismo estilo personal, es el presidente de su propio partido, y tratándose de una mentalidad tan autoritaria, es algo desde luego, que no le agrada.

Máxime, cuando hay que reformar la Constitución, con pretextos baladíes, que también se pueden discutir. Usted trata una Constitución local, para alargar disfrazadamente un año su mandato, a través de un hombre o de una mujer de paja, todavía no se sabe. Lo que le ayudaría a amarrar ciertos nudos, encaminar el Estado por un destino que ningún chiapaneco quiere.

Yo me referiré con brevedad a sus principales afirmaciones, y lo haré con el respeto que usted ha tenido en la tribuna.

La síntesis de su intervención, nos haría concluir, que si bien Chiapas no es un paraíso terrenal porque tiene enormes problemas acumulados. Tiene un gobierno ejemplar.

en primer lugar, fue a Chiapas porque conozco el problema. Tenemos campañas electorales en muchos untos de la República, que nos están demandando atención. Y sin embargo, interrumpí una campaña en Oaxaca para ir a Chiapas, porque conozco la situación; no la fui a descubrir a Chiapas.

El que usted no haya sido miembro de la anterior legislatura, quizá le impida saber, que no es la primera ocasión que en esta tribuna me refiero el problema de Chiapas.

Quizá usted podría adivinar, que durante una larga vida de funcionario, he estado en numerosas ocasiones; en numerosas circunstancias y con distintas responsabilidades en el Estado de Chiapas.

Que la cultura política, social que uno acumula a lo largo de la vida, me permiten conocer prácticamente todo lo que usted ha dicho. Y algunas cosas más.

Yo quisiera mencionar, sin que esto pareciera la revelación de una confidencia; que usted antes de la sesión me recordó una cosa que había olvidado, el discurso que pronuncié, cuando a nombre del Gobierno de la República, fue el 1ou. de diciembre de 1970, testigo de la toma de posesión, del entonces gobernador Dr. Manuel Velazco Suárez. Y entiendo que su comentario iba apuntado en el sentido de que en ese discurso o en un pronunciamiento revelo muchas de las cosas que ahora estoy diciendo y que propongo un proyecto a nombre de la Federación, para el Estado de Chiapas, que según entendí, a usted le parecería bien orientada.

Entonces no es la rapidez de mi visita, porque son muchas, tampoco es una cuestión de relaciones personales. Decían los revolucionarios "que lo que había que extirpar fundamentalmente de las viejas costumbres del régimen del General Díaz, era el amiguismo y el paisanaje; el amiguismo no esclarece ni resuelve ningún problema".

Conozco al Gobernador Patrocinio González Blanco hace muchísimos años, y por eso digo lo que digo, puedo decirle que lo conozco mejor que usted, y sé de qué es capaz. Por eso digo lo que digo, y tiene un fundamente largo de un largo trato, y un conocimiento de sus excesos que han sido continuos a lo largo de toda su vida pública.

Decir que el pueblo chiapaneco no coincide con mis observaciones no corresponde a la verdad, señor Senador. yo tuve ocasión, a pesar de la rapidez de la visita, en efecto fue sólo un día y medio, en el aeropuerto, en la calle, en los cafés, en el hotel, en los restaurantes, de hablar con muchísima gente que se me acercó, en este tipo de viajes generalmente la gente se la acerca a uno. Yo le puedo decir que no hubo ninguno, y podría mencionarle, por nombre, militantes de su partido que han sido funcionarios o que han tenido cargos; comerciantes, industriales, amas de casa, periodistas, gentes de la sociedad civil, yo le puedo decir en esta tribuna, sin faltar un ápice a la verdad, que no hubo uno que no me dijera que están hartos de la administración de González Garrido, incluso numerosos miembros de su partido. Y que lo ven a usted de su lado, fíjese que desilusión se van a llevar, y que lo ven a usted de su lado además, qué desilusión se va a llevar cuando lean este discurso.

Debo decir, respecto del aspecto sustantivo, que la otra réplica que usted me hizo se refiere a los adjetivos, yo le rogaría, es una práctica a veces sutil, que usted pidiera la versión taquigráfica y viera el número de adjetivos que dije en mi intervención, y el sentido de los adjetivos. Como estuve leyendo tarjetas fue cuidadoso en evitar los adjetivos, es un discurso de sustantivos y que, sobre todo, en esta ocasión pronuncié.

Yo no he adjetivado una realidad, esa realidad se adjetiva por sí sola. Tropical no es un adjetivo despectivo en ningún caso, yo no lo tendría a deshonra, es una característica climática que, por desgracia, perturba a ciertas mentalidades totalitarias. Eso se llama "macondo", es la mentalidad política que está implicada.

Efectivamente Chiapas ha pagado una cuota social muy alta, y no queremos que la siga pagando. La insinuación que en este pasaje de su intervención y en otro hace usted, en el sentido de que nosotros queremos la violencia, lo quiero refutar del modo más categórico, nosotros no queremos género alguno de violencia; la violencia es hoy en Chiapas institucional, se trata de formas sucedáneas del llamado terrorismo de Estado. Hay actitudes del Gobernador que lindan en lo delincuente, y eso no es un adjetivo, no dije delincuencial para evitar que fuera adjetivo.

En cuanto a que no están fundamentados los casos de derechos humanos he hecho una revisión tanto en la Comisión de Derechos Humanos de nuestro partido como el Comité de Protección a los Derechos Humanos, que me acaba de mandar un fax, acaba de entrar ahora, como en el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casa, el cual tiene en este momento 366 casos documentados sobre violaciones graves a los derechos humanos.

lo que haya juzgado a favor o en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendremos que analizarlo. Usted sabe las enormes dudas que tenemos y que hemos hecho públicas de todos los modos sobre la independencia de esa Comisión, cuyo titulares son nombrados por el Ejecutivo de la Unión.

Ahora, bien, decir que el Gobernador tiene un proyecto social bien definido, pues me parece un eufemismo para indicar que es verdaderamente un proyecto depredador.

Usted habla, y aquí es el pasaje más delicado, que lo que no se debe otorgar en Chiapas es la impunidad. Yo creo que debiera usted, como responsable político y representante popular de esa entidad, ser mucho más preciso en lo que quiere decir cuando habla de impunidad. Está usted justificando la represión, está usted diciendo que el que la hace la paga, la impunidad se corrige por las vías judiciales, y tenemos primero que poner en el banquillo de los acusados al Gobernador, la impunidad no es la "ley del Talión".

Evidentemente hay dos tipos de comportamiento de la autoridad en un Estado con tantos problemas sociales: La mano dura o la verdadera conciliación, el entendimiento y la resolución de los problemas de fondo de la población.

el problema social puede siempre verse de dos modos, como una subversión en potencia o como un problema verdadero. El tipo de autoridad que se ejerce se determina por cuál es la ética con la cuál un problema se ve o se contempla y cuáles son las soluciones que adoptan.

Usted invita, supongo que usted lo invita como Senador, yo no tendría porqué invitarlo, aunque se lo haré saber y lo leerá en los periódicos sin necesidad de un telefonazo mío, al Obispo para que haga una demanda, a él corresponde decidirlo.

En cuanto al ofrecimiento que usted me hace, de que sea coadyuvante del Ministerio Público, no sé en qué calidad me lo hace, es usted partido de Estado, ¿a nombre de quién me lo está haciendo?, ¿tiene usted facultades como Senadores para hacerlo o lo está haciendo como partido? No, una cosa es que sea partido de Estado y otra coas es que usted lo descubra en esta sesión, usted no tiene facultad legal para ofrecérmelo, en el caso de que me lo ofrezcan, si hay esa demanda, con todo gusto lo consideraré; pero usted no tiene la facultad para hacerlo. Todavía no es gobernador aunque aspire a serlo. Sí, así son las cosas.

En cuanto a esta visión de quien subraya los problemas de un Estado, sus carencias, que las hay, y numerosas si usted las reconoce, en el Estado de Chiapas o en cualquier entidad de la República sea un enemigo del Estado o de los chiapanecos, me parece que es el argumento, por desgracia, predilecto de los gobiernos autoritarios. Nosotros reconocemos la verdad de nuestro país, aunque nos duela, y no os amparamos para ocultarla o para exhibir una patria de escaparate en actitudes chauvinistas, ese triunfalismo, por fortuna, ya se había acabado en el país.

Yo no considero, para terminar, señor Senador, que la solución a un problema de esta naturaleza sea solamente un llamado vago y general a la conciliación de las fuerzas sociales. Necesitaríamos saber cuáles son las bases de ese llamado.

Desde luego, no consideramos que el actual gobernador tenga las condiciones, la actitud, la mentalidad ni la formación política para ser un gobernador que concilie las fuerzas sociales, y usted lo sabe tan bien como yo. Un llamado a la conciliación podría aceptar y podría instrumentarse, y debería promoverse, pero sobre la base de un gobernador distinto. Yo creo que lo mejor que este Senado debiera considerar sería, una vez que tengamos todos los elementos de juicio, analizar seriamente si procede la declaratoria de desaparición de poderes en la entidad, podríamos establecer todas las fuerzas sociales un proyecto de reconciliación, pero para eso tiene que terminarse la represión, y tiene que haber gente competente y gente adecuada para llevar a cabo una tarea tan delicada y tan difícil como es esa conciliación.

Usted dijo algo bien dicho, bien y precisamente dicho, que merece una reflexión, usted dijo, y esto es un tono además sociológico de su intervención, lo digo del modo más respetuosos porque así es: Que en las sociedades que han vivido una conflictiva, ancestral de tal naturaleza, que es fundamentalmente fenómeno de la colonia, fenómenos de marginación, fenómenos de opresión, se dan dos grandes tendencias, que las llamó usted mecanismo de resistencia e instrumentos de control, eso me parece una magnifica definición.

Habló usted de que existe una cultura de la resistencia que obedece a esos mecanismos, pero omitió usted que existe el otro lado de la moneda, que es una cultura de la represión. Si hay esa cultura de la resistencia es porque hay una cultura de la represión y de la marginación.

Vamos a encontrar, entre todos, ese camino que se aspira para Chiapas, pero para eso es necesario que nos despojemos de actitudes partidarias, que dejemos de proteger o defender a quien sus actos lo hace absolutamente indefendible.

Por último, señor Senador, tenga usted la seguridad de que mi buena fe no ha sido sorprendida. Tengo muchos años en esto, conozco, créalo bien, la experiencia histórica del Estado de Chiapas. Me preocupa como mexicano, me preocupó como funcionario, me preocupar hoy y me duele profundamente que haya un proyecto nacional para salvar de tanta ignominia y de tanto abuso a mexicanos que han sido marginados desde tiempos ancestrales.

Si para usted, que fue su última expresión, procede, que el Senado se ocupe de estas cuestiones, tenemos tiempo, de aquí a la próxima sesión, para que usted mismo proponga o esté anuente con sus compañeros de la mayoría en formar una comisión investigadora.

Lo que creo que hemos ganado en este debate, es que hemos abierto un expediente, un expediente que no debe cerrarse así como así. La opinión pública, y en particular la de Chiapas, estará pendiente de nuestras decisiones. Muchas gracias.

-El C. Senador Antonio Melgar Aranda: Pido la palabra, señor Presidente.

-El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Senador Antonio Melgar Aranda.

-El C. Senador Antonio Melgar Aranda: Con su permiso, señor Presidente; compañeros Senadores; compañeras Senadoras: Hemos escuchado las dos intervenciones del Senador Porfirio Muñoz Ledo en la que primeramente nos hace una reseña de lo que pudiéramos llamar aseveraciones que no se enmarcan en la verdad. Y la segunda fue prácticamente para dar contestación al Senador Robledo. La respuesta del Senador Robledo. La respuesta del Senador Robledo ha sido amplia, certera, documentada, porque es la vivencia de los problemas de Chiapas.

Con su consumado talento de opositor, de todo, por todo y para todo, el Senador Porfirio Muñoz Ledo, en su viaje fugaz a Chiapas, no podía dejarlo sin materia. Su diagnóstico, con honestidad, Senador Muñoz Ledo, sobre mi Estado, son afirmaciones inconsistentes, infundadas sin fundamento ni probanza de ninguna naturaleza. Es más, pensaría que es y subraya una valoración muy subjetiva y personalísima del Senador.

ciertamente, Chiapas no es el Estado marco de justicia, no es el Estado marco de incuria subdesarrollado o de miseria, ni es el Estado abandonado al fatalismo, Chiapas es una entidad federativa con historia propia y con rumbo dentro del entorno nacional; es un Estado con aspiraciones legítimas para superar y corregir carencias y contrastes, entidad con plena votación democrática y arraigada en nuestro ser nacional.

Ciertamente confrontamos carencias, problemas, problemas de comunicación, de educación, de electrificación y diversos rezagos, inclusive problemas de conflictos agrarios terribles; pero el tratamiento y las soluciones se dan en el diálogo y se determinan en la unidad, sin violencia y sin anarquía.

Las acciones de gobierno se ajustan y son vertebradas dentro del ámbito del derecho y de la legalidad, dentro del ámbito de la legalidad se da la paz social, orden público, absoluto respeto a los distintos sectores y ciudadanos sin distingo de ninguna naturaleza.

En Chiapas, el ejercicio de la autoridad política, moral y social tiene pleno apoyo ciudadano. Vicios y estructuras en el ejercicio del poder y la aplicación del orden jurídico; se han destruido, y como es natural, ha lesionado y derribado la indebido, en el cual se ampara la ilegalidad, intereses ajeno al cambio, a la renovación y al impero de la Ley.

En esta tarea de renovación, de diálogo, de trabajo, de unidad y de moralidad, ha contribuido, el Gobierno de la República, no sólo con programas económicos de asistencia, de apoyo efectivo de la federación, sino también con la plena participación indiscutida de los chiapanecos, para que vayamos superando el atraso, vayamos superando la marginación, el subdesarrollo en electrificación, en caminos, en abasto, en administración de justicia.

Tratamos de que el bienestar político, económico y social de todos los chiapanecos estén cada día en mejor disposición del cambio al progreso.

Esta es la acción diaria, compartida y comprometida del pueblo y del Gobierno de Chiapas. No es posible ni saludable el análisis crítico sin razón y fundamento, o valorado fuera de la realidad. Hecho así el examen, la reflexión crítica, carece de veracidad, de sustancia el criterio con que se pretende enjuiciar al Gobierno de Chiapas.

Son relevantes los avances en acciones agrarias para superar conflictos de seguridad de la tenencia de la tierra: Educación, salud, comunicaciones, agua potable, vivienda, electrificación rural, y fundamental la tarea de gobierno en la vigencia y el respeto de instrumentos jurídicos para mantener la paz y el estado de derecho en la entidad.

Los chiapanecos, desde nuestra reafirmación mexicana, por voluntad propia, y mediante plebiscito estamos conscientes de nuestro destino nacional, y en él, y por él, y sobre todas las cosas, amamos a Chiapas y amamos a México.

Quisiera advertir algo en mi intervención, que ya no sería más que reiterar lo que ha dicho aquí el Senador Robledo, en respuesta a la intervención del Senador Porfirio Muñoz Ledo.

En relación a los casos de periodistas, por presuntas violaciones de los Derechos Humanos de autoridades de Chiapas, quisiera pedir a la Secretaría tuviera bien ordenara, al Presidente perdón, ordenara a la Secretaría leyera estos expedientes del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que se refiere a dos periodistas, que fueron citados por mi compañero y amigo Senador Muñoz Ledo.

-El C. Presidente: Proceda la Secretaría a dar lectura a lo solicitado por el ciudadano Senador.

-El C. Secretario Ramírez Mijares: Por disposición de la Presidencia, se va a dar lectura a lo solicitado por el orador.

Alfredo Córdova Solórzano.- Expediente Comisión Nacional de Derechos Humanos/121/90/CHIS/040

Corresponsal del periódico "Excélsior" y Director del "Uno más Dos" murió en la ciudad de México, Distrito Federal, el 9 de junio de 1990 a consecuencia de las lesiones que le infligieron tres individuos al sorprenderlos cuando trataban de abrir su automóvil, estacionado en el domicilio de su amasia, en la ciudad de Tapachula, Chiapas.

Del estudio que esta Comisión Nacional realizó del caso, se desprendió que la averiguación previa 1281/2/90, iniciada con motivo de los hechos en la ciudad de Tapachula, Chiapas, fue integrada y consignada con detenido al Juez Primero de lo Penal, quien dio inicio al proceso 232/90; asimismo se puso a disposición del Consejo Tutelar a un menor participante. Tanto la esposa como la amasia del occiso manifestaron su conformidad con la forma en que se sigue el proceso, con las actuaciones de la Policía Judicial, Ministerio Público y del Juez de la causa, lo que motivó que se girara el C. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, el Documento de No Responsabilidad correspondiente.

Ronay Jiménez Gómez o Ramón González Gómez o Ronay González Reyes Exp. Comisión Nacional de Derechos Humanos/121/90/CHIS/945.

Director del periódico "El Mundo" de Comitán, Chiapas; fue muerto el 13 de junio de 1988 por el C. Alberto Jordán Cuevas Mendoza, quien actuó en venganza, porque el periodista le había quitado la vida a su hermano. En investigación de los hechos se inició la averiguación previa 396/988, misma que fue consignada al Juzgado Penal de la ciudad de Comitán, iniciándose la causa 223/988, en la que se giró la orden de aprehensión del C. Cuevas Mendoza. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, con el propósito de dar cumplimiento a la orden de aprehensión, solicitó la cooperación de la Procuraduría General de Justicia de todas las entidades federativas, por lo que esta Comisión Nacional al considerar que se ha actuado conforme a Derecho, envió al C. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas el correspondiente Documento de No Responsabilidad, solicitándole informara a este organismo en el momento en que se realice la aprehensión.

-El C. Senador Melgar Aranda: Muchas gracias, señor Secretario; muchas gracias, señor Presidente.

Estos casos fueron señalados por el Senador Porfirio Muñoz Ledo, y en el Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos vemos que en los dos casos la Comisión Nacional ha enviado o a hecho la resolución de No Responsabilidad de los casos.

En el caso que no se encuentra aquí, pero se trata de un periodista muy estimado en Chiapas, Tito Gallegos, toda la entidad sabe la forma en que sucedieron los hechos, en un antro, y que se hizo la investigación y que hay causa penal.

He dicho -y no quisiera seguir reiterando- las expresiones como certera, válida y documentada de mi compañero Senador Robledo. Sin embargo, es importante señalar que en Chiapas se vive un clima de paz social, de orden público y de absoluto respeto a las garantías individuales y sociales que consagra la Constitucional General de la República y la particular del Estado de Chiapas.

En este marco de aspiraciones lejos de la violencia y de la anarquía, lejos de juicios temerarios, los chiapanecos cotidianamente legitimamos nuestro destino histórico. Muchas gracias.

-El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: Pido la palabra, señor Presidente.

-El C. Presidente: Señor Senador Muñoz Ledo, ¿con qué objeto?

-El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: Para mi derecho a réplica.

-El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor Senador Muñoz Ledo.

-El C. Senador Porfirio Muñoz Ledo: Seré muy breve, señor Presidente. estoy de acuerdo que no debe haber juicios temerarios, ni tampoco defensas temerosas.

Respecto de los carpetazos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debo decir que varias organizaciones no gubernamentales están terminando un estudio respecto de estos juicios sumarios. En casi todos ellos o en la enorme mayoría están involucradas autoridades políticas del país.

Lamento no haber estado presente cuando se debatió la Ley Reglamentaria de a Comisión Nacional de Derechos Humanos. estaba en Comisión Oficial y desgraciadamente no supuse -otra era mi información- que se iba a discutir esa semana. Hubiera yo traído aquí a la tribuna -y lo haré en otra ocasión- la ennumeración de casos, que son muchos, en los cuales no solamente hay queja sino hay una acción verdaderamente perseverante de la Asociación de Derechos Humanos para reabrir estos expedientes.

No creo que estos juicios sumarios de la Comisión Nacional hayan reducido en nada el clima de intimidación que existe sobre los periodistas en al Entidad. Hay además, y cité el número, creo recordar que fueron 366 casos que han sido denunciados por una sola de las organizaciones de Derechos Humanos.

Haré una recopilación de todas ellas -las que estén a mi alcance- y traeré un informe completo a esta tribuna.

Respecto del resto de la intervención del Senador Melgar Aranda, encomiástica y laudatoria, no tengo ningún comentario que hacer, porque fue una intervención absolutamente intemporal y porque se refirió seguramente a otro país que no es tema de discusión. Muchas gracias.

-El C. Presidente: La Secretaría se servirá continuar con el desahogo de los asuntos en cartera.

-El C. Secretario Ramírez Mijares: Se va a dar lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. (Leyó).

-Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

-El C. Presidente: Se levanta la Sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 25 del actual a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:15 horas)