¿Quién traiciona realmente a la patria?

¿Quién traiciona realmente a la patria? 

En el gran teatro de la vida pública mexicana, la puesta en escena de hoy es estridente. Raymundo Riva Palacio nos invita a mirar más allá de las luces de la rampa, donde el gobierno de la Presidenta Sheinbaum proyecta sombras de "traición a la patria" sobre la prensa y la oposición. Es un discurso de fuego, una narrativa diseñada para que busquemos a los culpables dentro de casa, en un enemigo interno que carece de la fuerza que el guion oficial le adjudica.

Pero al descorrer la cortina, el drama que se ensaya en la penumbra es distinto. El verdadero conflicto no reside en una "derecha internacional" abstracta, sino en la figura de Donald Trump y la implacable maquinaria judicial de Manhattan. El régimen se encuentra atrapado en una paradoja vital: una retórica nacionalista que choca de frente con la cruda realidad de los expedientes neoyorquinos y los vínculos de figuras como Rubén Rocha Moya con el crimen organizado.

Lo que late debajo de esta crisis es algo profundamente humano: el miedo. Un miedo que se envuelve en la bandera de la soberanía mientras, en el silencio de los pasillos diplomáticos, se fractura la relación con el vecino del norte. Hemos pasado del abrazo público al reproche de banqueta. El embajador Ronald Johnson, que antes celebraba con entusiasmo golpes al narco como el abatimiento de "El Mencho", hoy ha cambiado las felicitaciones por advertencias sobre la corrupción y la extorsión.

El punto de quiebre es operativo y ético. La presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y el respaldo de Washington a las investigaciones contra políticos sinaloenses han desnudado una distancia anunciada. Mientras la Presidenta califica esto de "injerencismo", el embajador Johnson vincula la honestidad institucional directamente con la viabilidad del T-MEC. Es un recordatorio de que la soberanía, en la práctica, termina donde los intereses estratégicos de Washington comienzan.

El gobierno atraviesa una crisis de identidad: el micrófono estalla en ataques contra los medios, pero las manos aceptan las medallas de inteligencia estadounidense cuando conviene. Ante esto, surge la pregunta que nos obliga a una introspección necesaria: ¿Quién traiciona realmente a la patria? ¿Aquel que pone el espejo frente a los problemas o aquel que, por omisión, permite que el Estado ceda sus funciones ante el crimen?

Nos queda una lección fundamental: el periodismo es solo el termómetro, nunca la enfermedad. Aunque el poder gane hoy la batalla de la opinión, la justicia avanza con un paso que no conoce de retóricas. Finalmente, será el tiempo el juez que dicte quiénes caminaron con la verdad y quiénes, por no estar libres de culpa, enfrentarán las consecuencias de sus actos.

Todo esto para recomendar leer a Raymundo, hoy en El Financiero..

El problema es Trump/ Raymundo Riva Palacio

El Financiero,  mayo 05, 2026 |

No hay que desviarse: la crisis política que vive el régimen obradorista –gobierno y partido– no es producto de una “campaña” de la derecha internacional, ni de la oposición, ni de los medios de comunicación. Tampoco la acusación en Manhattan contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses por haber recibido dinero y apoyo del Cártel de Sinaloa para ganar la gubernatura en 2021. Los señalamientos de complicidad de líderes de Morena con el crimen organizado no tienen punto de partida en el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino en el de Andrés Manuel López Obrador.

Apuntar hacia los sospechosos de siempre no cambia la esencia de la crisis, porque no elimina el problema que tiene el régimen con el gobierno de Donald Trump. Ahí está su fondo, no con figuras secundarias para el tamaño del conflicto que vive Palacio Nacional, que solo funcionan para victimizarse, ganar tiempo y distraer al público de las implicaciones de la acusación en Estados Unidos: líderes de Morena y del régimen cercanos a López Obrador, cómplices del crimen organizado, ¿y cuántos más podrían encontrarse en la misma situación?

La oposición es inexistente. La mayoría son ratas asustadas porque están amenazados con sus expedientes criminales o porque, carentes de ética, buscan aliarse con lo peor de Morena para acceder al poder. ¿La derecha internacional? Vamos. Como decía López Obrador, al régimen le hace lo que el viento a Juárez. ¿Los medios? No son agentes de cambio y su papel alcanza solo para movilizar a quienes sí lo son: el caso clásico es Watergate, donde The Washington Post no derrocó al presidente Richard Nixon, pero movilizó al Congreso y a la Suprema Corte de Justicia, que lo obligaron a renunciar.

La calificación a esos grupos como “traidores a la patria” es un discurso amenazante, que también refleja miedo al haber sacado de la ecuación a quien realmente los metió en este trance, Estados Unidos. Al mismo tiempo, sirve para esconder acciones y decisiones para apaciguar a Washington. Como botones de muestra:

1.- La presidenta insistió ayer en que la operación en Chihuahua de la CIA violó la Ley de Seguridad Nacional. Es correcto. La violación fue flagrante porque se hizo a espaldas del gobierno federal. Procedía el juicio de procedencia contra la gobernadora Maru Campos, pero no se hizo; la exoneró el gobierno federal. Procedía, cuando menos, expulsar al jefe de la oficina de operaciones de la CIA que se encuentra en el consulado estadounidense en Monterrey, y tampoco se hizo nada. Las operaciones coordinadas continuaron, y la CIA les regaló la captura de Audias Flores Silva, El Jardinero, colocándose el gobierno la medalla.

2.- La presidenta dijo que el embajador Ron Johnson se había entrometido en los asuntos internos de México, lo cual es absolutamente cierto. No se recuerda una injerencia en tiempos de paz de un embajador estadounidense tan grande como la de Johnson, en su discurso en Los Mochis hace 10 días. Sheinbaum redujo todo a “declaraciones desafortunadas”. Por mucho menos, el presidente Felipe Calderón pidió el retiro del embajador Carlos Pascual, cuando se revelaron en Wikileaks –de manera ilegal–, cables diplomáticos del embajador con el Departamento de Estado –memorandos confidenciales–, donde lo calificaba de “lento” y con “aversión al riesgo”.

3.- La acusación contra Rocha Moya fue recibida con una catarata de discursos nacionalistas y señalamientos de que no había pruebas, tergiversando la petición de captura provisional con fines de extradición. Pero forzaron al gobernador a pedir licencia y a que el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, dijera que el fuero se elimina al dejar la función, sugiriendo que podían detenerlo en cualquier momento. La presidenta no llegó a ese punto, pero fueron pasitos para adelante, como en su mañanera de ayer, donde cambió los acentos incendiarios por tonos menos beligerantes.

La violencia retórica tuvo su expresión catártica en la derecha internacional, la oposición y los medios de comunicación. Pero ¿“traidores de la patria”? ¿Qué hicieron para merecer la acusación y recibir algunas amenazas de la presidenta? Traidor a la patria es un señalamiento que se le aplica, objetivamente hablando, al expresidente López Obrador. Con la política de “abrazos, no balazos”, ¿quién traiciona más a la patria: quienes pactan con los criminales o quienes los exhiben?

Estos dos planos no son equivalentes, pero sirven para efectos de argumentación. Tolerar o pactar con organizaciones criminales implica ceder funciones esenciales del Estado: el monopolio de la fuerza, la impartición de justicia, la rectoría sobre la economía, atribuciones fiscales y, sobre todo, la soberanía territorial. En términos técnicos, es una erosión deliberada del Estado de derecho. No fue algo retórico, sino un diseño de poder. “Abrazos, no balazos” se vendió como una estrategia humanista, pero en la práctica derivó en una asimetría operativa. El Estado se replegó en múltiples regiones mientras los grupos criminales expandieron control social, económico y territorial.

Traición a la patria, en su sentido más estricto, implica colaborar con actores que socavan la integridad del Estado. ¿Lo hicieron los sospechosos de siempre? Al contrario. No era ninguno de ellos, sino funcionarios del régimen quienes, directa o indirectamente, facilitaron condiciones para que los grupos criminales operaran con impunidad. Rocha Moya lo hizo. Hernán Bermúdez Requena, con La Barredora y sus implicaciones con el Grupo Tabasco, está en el mismo supuesto.

La discusión, como se está planteando, no es moral sino institucional. El señalamiento desde el poder y convertir en adversarios a los medios, contra quienes fue el énfasis, insinuando complicidades para erosionar su credibilidad y sacar la jauría, cumple una función política clara: desviar el foco. Cuando el debate gira hacia los medios, deja de girar hacia el núcleo del problema. En un ecosistema de narcopolíticos como el que vivimos, el periodismo no es el problema; es el termómetro. Puede fallar, sí. Puede exagerar o quedarse corto. Pero no sustituye decisiones de Estado ni define estrategias de seguridad.

Las acusaciones pueden ser prolegómeno de acciones legales de otra naturaleza, como ha venido utilizando Morena a los tribunales para inhibir la crítica y la libertad de expresión, pero al final, más allá de cuántos pudiéramos quedar en el camino, el problema no desaparecerá.

El régimen podrá cantar victorias pírricas, que solo ocultarán su frustración, porque la bestia que tienen como enemigo enfrente no se detendrá y, para quien no esté libre de culpa, sus días en libertad están contados.