La 4T recicla la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa: ahora culpa a funerarias para exonerar al Ejército

 La 4T recicla la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa: ahora culpa a funerarias para exonerar al Ejército

Padres de los 43 normalistas y su abogado denuncian que la FGR construye una nueva narrativa con dichos de testigos protegidos –líderes de Guerreros Unidos– para responsabilizar al Semefo y a funerarias de Iguala, y blindar al Ejército. A 12 años, no hay sentenciados ni información del paradero de los estudiantes.

LUIS DANIEL NAVA 21/9/2026; revista Proceso…

CHILPANCINGO, Gro (Proceso).– Con los dichos de dos líderes criminales, la Fiscalía General de la República (FGR) ahora pretende construir la verdad histórica de la 4T bajo la “teoría de las funerarias” para responsabilizar a trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala de la incineración de los restos de un grupo de estudiantes de Ayotzinapa y exonerar al Ejército, denuncian familiares de funcionarios locales detenidos.

Padres de los 43 normalistas desaparecidos consideran que la última diligencia en la funeraria concesionada al Semefo en Iguala fue una “pinche burla” y aseguran que nunca les han informado de la existencia de 20 bolsas “pétreas”, una versión publicada en el diario La Jornada que, según lo expuesto en la publicación, daría un vuelco al caso.

Al respecto, Isidoro Vicario Aguilar, abogado de los padres de los jóvenes desaparecidos, lamenta que las nuevas líneas de investigación y la detención del exgobernador Ángel Aguirre no han aportado información sobre el destino de los jóvenes.

“Llegamos a 12 años sin ningún responsable sentenciado y lo peor es que no tenemos información del paradero de los 43”.

De testigo protegido a acusado

Al coordinador del Semefo de Iguala en 2014, Julio Cesar Valladares Baranda, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, le ofreció en octubre último ser testigo protegido; la propuesta no le gustó porque dijo que no podría dar un testimonio de algo o acerca de alguien que no le constaba.

El 23 de junio el médico forense cumplía su rutina. Antes de las seis de la mañana salió de su domicilio para checar su entrada en la Universidad Tecnológica de la Región Norte, de donde es catedrático.  

De regreso a su casa una camioneta con agentes federales le salió en sentido contrario para interceptarlo y una más que lo seguía lo cercó.

En un video de una cámara de seguridad sólo se aprecian los pies del médico, luego los vehículos arrancan y desaparecen con Julio César.

Estuvo un par de horas en Cuernavaca y luego fue llevado al penal de alta seguridad del Altiplano, Estado de México.

Lo mismo ocurrió con Violeta Mazón Barrera y Helen Rueda Mazón, exesposa e hija, respecticamente, del empresario Rodolfo Rueda Sebastián. Violeta y Helen son representantes legales de funerarias Rueda y velatorios El Ángel.

Lo mismo pasó con los médicos Ben Yehuda Martínez Hernández, recién secretario de Salud de Iguala y trabajador del Semefo en 2014, y el actual director de los Servicios Médico Forense en Guerrero, César Manuel Espinoza Suastegui.

El 9 de octubre de 2025 ya habían sido detenidos Rodolfo Rueda Sebastián y su hijo Rodolfo Rueda Mazón, que se encontraban al frente de la operación de las funerarias de la familia.

Ese día fueron cateadas las oficinas de la funeraria Rueda donde, según los agentes federales, fue hallada una bolsa con restos óseos.  

El 30 de junio último, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega validó la acusación del Ministerio Público federal y vinculó a proceso a los siete detenidos por desaparición forzada. 

A los tres funcionarios les incluyeron el delito de uso indebido de la función pública por presuntamente ser omisos y facilitar las operaciones de las empresas funerarias.

Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, llegó a ese cargo en la elección del Poder Judicial de 2025, postulada por el Poder Ejecutivo federal, cuyo comité de evaluación fue encabezado por Arturo Zaldívar, hoy asesor de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Nueva teoría sobre los 43

En la carpeta de investigación FED/FEMDH/UEILCA-GRO/000028172025 dos testigos protegidos, líderes de la organización criminal Guerreros Unidos, Gildardo López “El Gil” y Ernesto Ramírez “El Neto”, apuntan que la incineración de un grupo de normalistas se realizó en una funeraria habilitada como Semefo en Iguala, cuya concesión la tenía la familia Rueda.

La práctica de desaparecer ahí cuerpos productos de un ilícito, dicen, se continuó realizando hasta finales de 2025, cuando agentes federales catearon el inmueble.

La doctora Osiris Ramírez, la maestra Marcela del Refugio y la arquitecta María de Jesús Valladares, esposa y hermanas del médico legista Julio César Valladares, se han movilizado en tres ocasiones para exigir a las autoridades su liberación.

María de Jesús Valladares, estuvo presente en la audiencia de vinculación, por eso insiste que el Ministerio Público federal basa sus acusaciones en dichos de testigos protegidos que declararon casi 12 años después de los hechos.

“Un testigo protegido dice que el 26 y 27 de septiembre destazaron a los muchachos, que los llevaron en bolsas negras a la funeraria (que fungía como Semefo) para incinerarlos y que tardaron cuatro horas en descargar todos los restos”.

La arquitecta considera que "la teoría es ficticia" porque la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 su hermano, otros doctores y personal realizaron las necropsias bajo el resguardo de personal de la Marina, el Ejército, policías y periodistas.

“Es científicamente imposible que hayan incinerado tantos cuerpos en un día, no hubiesen acabado. Primero habían desaparecido a 17 estudiantes, así lo menciona ese testigo”.  

Está práctica, según los testigos, continuó hasta que la funeraria fue cateada y asegurada en octubre de 2025.

Según la versión de los testigos, dice la arquitecta, la funeraria Rueda, aprovechándose de la concesión para operar el Semefo regional, ocupó sus instalaciones para ocultar, destruir, sepultar cadáveres o restos humanos producto de la comisión de un delito con la anuencia del coordinador médico forense (Julio César Valladares), del coordinador estatal del Semefo (César Manuel Espinoza) y apoyo del secretario de salud municipal (Ben Yehuda Martínez).

La carpeta de investigación, agrega, dice que los funcionarios públicos entregaban certificados y documentos en blanco para que la funeraria hiciera mal uso de ellos y que además fueron omisos a los actos que la empresa hacía.

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En la carpeta de investigación se menciona además que en ese Semefo hay 76 cuerpos sin identificar, sugiriendo que es responsabilidad de los funcionarios tenerlos en esas condiciones.

En el expediente, enfatiza, no hay ningún nombre de alguna persona identificada o desaparecida, menos de alguno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Ni evidencia que demuestre el presunto modus operandi que el Ministerio Público federal manifiesta en toda la carpeta de investigación.

Es una hipótesis, asegura, porque no hay un cuerpo, osamenta o vestido identificado, ni videos, fotografías o documentos que comprueben que un cadáver fue ocultado, destruido o sepultado para no evidenciar las pruebas de un delito.

De los cuerpos sin identificar que permanecen en el Semefo, explica que son cuerpos acumulados de años de todos los municipios de las regiones Norte y Tierra Caliente. Y que a los médicos forenses y legistas sólo les corresponde determinar la causa de muerte, pero la identificación de las víctimas es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado.

Desde hace 40 años en la región Norte, la Secretaría de Salud Guerrero ha otorgado concesiones a las funerarias Rodríguez, Rueda y El Ángel para que le operen el Semefo, aun cuando cuenta con un espacio propio.

En 2011 el Semefo fue subrogado por el gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero, hoy detenido, a las funerarias El Ángel y Rueda. En ese entonces el titular de la Secretaría de Salud estatal, era el igualteco Lázaro Mazón Alonso.

En enero de 2025, la Secretaría de Salud Guerrero, vía el director de los Semefos, César Manuel Espinoza, firmó un convenio con los velatorios El Ángel para operar la morgue de Iguala.

“Se habla de muchos cuerpos”

La doctora Osiris Ramírez relata que en la medianoche del 26 de septiembre de 2014 su esposo, Julio César Valladares, le dijo que tenía que ir al Semefo y ella lo acompañó.

“Creo que pasó algo en la ciudad, voy a tener que ir porque se habla de muchos cuerpos, el médico que está de guardia no va a poder con todo”, le expresó el médico.

Eran momentos de confusión y desinformación, no se sabía quiénes eran las víctimas.

Al llegar a la morgue, en la carretera federal con dirección a Chilpancingo, el lugar estaba repleto de policías, militares, de la Marina y la Sedena, profesores y periodistas.

Las prácticas de las necropsias se prolongaron.

“Me di cuenta del trabajo, normalmente una necropsia toma de una hora a hora y media por un cuerpo, pero esa noche se hizo cuatro horas o más por cada cuerpo”.

Recuerda que personal del Semefo del estado también se trasladó a Iguala para apoyar.  

Fue más prolongado porque cada herida se media en profundidad y extensión, detalla.

“Nunca estuvieron solos, había peritos, el Ministerio Público, los peritos de dactiloscopia tomando muestras, haciendo fotografía, las ropas, todo se fotografió y cada quien estaba haciendo su trabajo y él (Julio César Valladares) lo que le correspondía, hacer la necropsia y determinar la causa de muerte”.

La médico dice que pudieron ser tres necropsias las que ese día practicó su esposo junto a personal que lo auxilió. Por la mañana regresaron a su domicilio a bañarse y el médico continuó en la elaboración de los dictámenes.

“Como era en los casos mediáticos, se exigía que la necropsia y el dictamen se hicieran lo más rápido posible, pero los médicos pidieron espacio y tiempo porque no era cualquier cosa.

“Se entregó a la FGE y al MP sellado, se hizo un dictamen muy detallado, nunca le hicieron observaciones”, sostiene.

Y revela otro dato: cuando sucedió lo de los 43 normalistas en las instalaciones de la funeraria Rueda, concesionada como Semefo, no había horno crematorio.

“Es una pinche burla”

Mario César González Contreras es padre de César Manuel González Hernández, uno de los estudiantes desaparecidos por criminales y policías municipales, ante la presencia de militares y policías federales, en la ciudad de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.

El 20 de marzo pasado, junto a otros padres, participó en un recorrido por la funeraria Rueda en Iguala, encabezado por el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Mauricio Pazarán Álvarez y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla.

Estuvieron el abogado del caso, Isidoro Vicario Aguilar, así como representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de Fundar.

Ahí se les informó a los padres que en un cateo reciente fue hallada una bolsa con restos óseos que tenían una etiqueta con el año 2014.

“Era una pinche burla, desafortunadamente, quieren hacer un teatro mediático, en el lugar no vimos nada real que tenga que ver con los 43 muchachos.

“Había unos huesos, de una dentadura y un colchón quemado que decían que ahí habían quemado gente, mostraron una bandeja de fierro donde decían que había residuos de teléfonos, pero eran de una batería de carro”.

Cuenta que ese día los llevaron a un “supuesto horno clandestino” que medía 90 por 40 centímetros con una profundidad de menos de un metro, donde había una “cabeza de perro”.

Los hornos crematorios, dice, eran seminuevos, y el triturador de huesos tenía el tamaño de un molino manual para maíz.

“Es algo imposible que a unas 15 personas las hayan estado triturando con esa cosa. Había un pozo que me llamó la atención, bajaron, pero no encontraron nada”.

También les comunicaron que un testigo les indicó el lugar donde enterró ropa supuestamente de los estudiantes.

“Nomás sacaron una camisa y un calcetín”.

La revelación fue el hallazgo de una bolsa de restos de huesos con la etiqueta de 2014, año en que desaparecieron los jóvenes.

“Nos dijeron que había restos humanos, pero no vimos la fecha, ni que esa bolsa estuviera sellada”.

A Mario Gónzález se le pregunta si las autoridades les han informado de la existencia de más de 20 “bolsas pétreas”, que el diario La Jornada destacó en su portada del lunes 31 de agosto pasado y que se asegura darán un vuelco al caso.

“¿Pero cuales 20 bolsas?, no hemos visto ninguna información de esas 20 bolsas, ni la Presidencia tiene esa información. Tampoco hay un río llamado San Joaquín, hay cosas que las están poniendo por la proximidad de los 12 años y nos están golpeando”, responde.

González Contreras. "Quieren hacer un teatro mediático" — Miguel Dimayuga Meneses

Considera que el gobierno de Claudia Sheinmbaum está construyendo una narrativa para que la responsabilidad del caso no salga de Guerrero y absolver a todos los funcionarios federales.

“No quieren tocar a Omar García Harfuch (en ese entonces coordinador de la Policía Federal en Guerrero) y al exsecretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda.

“Recordemos que Cienfuegos fue el primero que nos negó el derecho a la verdad, negando que declaran sus elementos”.

Insiste en que las llamadas nuevas líneas de investigación del gobierno federal, como la del exgobernador Ángel Aguirre, ya las había solicitado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La diferencia, comenta Mario González, es que no hay investigación y las acusaciones son muy débiles porque están basadas en dichos. “Sino las refuerzan (los detenidos) van a salir”.

El exgobernador y la Sedena, asegura el padre de uno de los 43, saben qué pasó, así como todos los altos funcionarios que se reunieron para crear la verdad histórica y tratar de disolver el movimiento de los padres.

“Absolver al Ejército es un tema muy cobarde, están las pruebas que tuvieron participación desde que se subieron los muchachos en el camión, ahí iba un soldado”.  

No esperan nada a 12 años: abogado

El abogado del caso Ayotzinapa, Isidoro Vicario Aguilar, dice que la información que vertió La Jornada es falsa y que busca confundir a quienes desconocen el tema.

“No se han encontrado 20 bolsas con restos, eso es totalmente falso, de ser cierta esa información ya hubieran sido notificados los padres y su representación legal”.

La información cuestionada por los padres de los normalistas desaparecidos — Especial

De lo que sí fueron informados en una diligencia del 20 de marzo último, dice, fue de una bolsa encontrada en la funeraria de Iguala.

“Resulta que este año aparece esa bolsa que podría contener restos óseos, y probablemente sí, y que está etiquetada con 2014, eso es lo único que hay”.

“Nada más nos dijeron, nos metieron en el área donde están los refrigeradores donde el olor es muy fuerte y feo porque había cuerpos de otras personas.

“Hay un lugar que se llama osteoteca, donde depositan restos, pero por el olor nadie se asomó, no verificamos si es que estaba esa bolsa”, aclara.

Los padres, asegura, pidieron revisar el contenido de la bolsa y si fueran restos humanos que se analicen por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

También asegura que la funeraria donde fue encontrada la bolsa con supuestos restos, no estaba en el mismo lugar hace 12 años.

“Hoy físicamente la funeraria El Ángel está pegada con el Semefo, antes no era así, estaba del otro lado de la carretera, en otro espacio”.

Isidoro Vicario explica que el GIEI y la CIDH no tienen que ver con los análisis de restos, sino que es el equipo argentino que llegó antes.

Puso como ejemplo que el primer resto que dio positivo fue el del estudiante Alexander Mora Venancio, y que fue a petición del equipo argentino que la Procuraduría General de la República aceptó que los estudios se hicieran en la Universidad de Innsbruck, en Austria, que cuenta con tecnología de punta para arrojar perfiles genéticos.

Dice que en la información difundida hay dos líneas que refieren que los hechos ocurrieron en el ámbito local.

“Que finalmente fueron los policías y la delincuencia organizada quienes tuvieron que ver en el caso Ayotzinapa, cuando eso no es cierto”.

“Si uno no tuviera información del caso puede confundirse, pero para los padres y madres que han vivido en carne propia este suceso y que tienen información, pues no es creíble.

“Al contrario, lo lamentamos, los padres han considerado a ese diario como uno de los medios serios a escala nacional, pero ahora que este sacando una información de esta naturaleza, no es posible”.

12 años sin ajusticia, 12 años sin el paradero de los normalistas — José Luis de la Cruz

Las autoridades y los padres tienen pendiente otra búsqueda en la funeraria El Ángel donde estuvo en el 2014, pero están esperando a que se consiga un georradar para iniciar los trabajos.

¿Qué esperan al cumplirse 12 años del caso?, se le plantea.

“La verdad nada, la información que nos fue dada el 27 de agosto en la reunión con la presidenta es la que van hacer pública, no esperamos que saquen algo nuevo, al menos que traían algo entre manos”.

Entre los avances que les dieron fue la detención del exgobernador y que están identificando a las personas que usaron algunos teléfonos de los estudiantes después de la noche del 26.

También que llevan un avance de 80% en digitalizar el expediente del caso.

“Del paradero no saben nada, tampoco del regreso de los expertos independientes, de los folios con información del Ejército, ni de las extradiciones del exjefe de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y del exdirector de barandilla de Iguala, José Ulises Bernabé García”.

Les preocupa, dice, que van a llegar a los 12 años sin información del paradero de los 43 estudiantes.  

Llegamos a 12 años sin ningún responsable sentenciado y lo peor es que no tenemos información del paradero de los 43 a casi 12 años.