El penal de Mazatlán, reflejo del colapso institucional

 El penal de Mazatlán, reflejo del colapso institucional

La crisis de inseguridad que azota a Sinaloa alcanzó una nueva y sangrienta dimensión en los centros penitenciarios. Lo que durante años ha sido advertido por analistas y defensores de derechos humanos como un problema de autogobierno e impunidad, volvió a manifestarse en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, con dos jornadas consecutivas de violencia mortal.

Un jueves de caos y sangre

La mañana del jueves 8 de octubre, el penal se transformó en un escenario de guerra. Alrededor de las 10:00 horas, ráfagas de armas de alto poder retumbaron en los módulos 1, 5 y 9. El saldo oficial fue devastador: 10 personas muertas y 16 internos heridos.

Entre los fallecidos no solo se cuentan nueve personas privadas de la libertad; la tragedia cobró la vida de un menor de edad que se encontraba en el recinto en una visita familiar. El hecho pone al descubierto un fallo catastrófico en los protocolos de revisión e ingreso de civiles a las instalaciones.

La respuesta de contención exigió un despliegue masivo de los tres órdenes de gobierno. Casi dos horas y media después de los primeros disparos, un contingente de la Guardia Nacional y elementos antimotines lograron ingresar para retomar el control e iniciar el rastreo del armamento utilizado. 

El perímetro fue blindado por tierra y aire por la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército y la Marina.

La ilusión del «control»

A pesar de que las autoridades estatales declararon esa misma tarde que la situación estaba bajo control, la realidad desmintió el discurso oficial en menos de 24 horas.

Este viernes, una nueva riña en el mismo penal se cobró la vida de dos internos más. A pesar del comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asegurando un despliegue interinstitucional y afirmando que «el resto de la población penitenciaria se encuentra bien», la repetición de los hechos de sangre expone la fragilidad del control estatal tras las rejas.

Las grietas del sistema: tres interrogantes sin respuesta

Estos episodios no son aislados. Por el contrario, abren cuestionamientos de fondo sobre la gestión gubernamental:

1.- Corrupción en el acceso: La presencia de armamento pesado en los módulos revela complicidades sistemáticas en los filtros del penal.

2.- Vulneración de civiles: La muerte de un menor destruye las garantías mínimas que el Estado debe brindar en recintos bajo su custodia.

3.- Ineficacia de la contención: La ocurrencia de un segundo evento mortal a pocas horas de la matanza demuestra que la presencia federal no desarticuló la tensión ni recuperó el control real del penal.

Sinaloa no solo padece el embate del crimen organizado en sus calles, sino también en el corazón de sus instituciones penitenciarias. Mientras la violencia se normaliza dentro de los muros de El Castillo, la sociedad sinaloense aguarda una postura firme y acciones concretas por parte del Ejecutivo estatal que vayan más allá del trámite de los comunicados oficiales.

¿Y que dice la  C. Gobernadora?