La justicia mexicana exhibida en el mundo

EXPULSIÓN DE LA CONATRIB DE LA UIM

La justicia mexicana exhibida en el mundo

La Unión Internacional de Magistrados expulsó a la Conatrib con 53 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones por su respaldo a la reforma judicial mexicana. | Fred Álvarez.

La Silla Rota, opinión, 21/10/2026 · 22:08 hs

La expulsión de la Conatrib y el posible aplazamiento del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hasta 2031 colocan la independencia judicial y la impartición de justicia en el centro del debate.

Hay noticias que no admiten matices. La que llega desde Lisboa es un golpe devastador y vergonzoso para la cúpula del sistema de justicia mexicano: con un contundente 80% de los votos válidos, la Unión Internacional de Magistrados (UIM), reunida en su 68.ª Asamblea Anual, expulsó de sus filas a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (Conatrib).

La decisión se concretó mediante votación secreta de 70 delegaciones internacionales: 53 votos a favor de la expulsión,13 en contra y 4 abstenciones. Dado que los estatutos del organismo estipulan que las abstenciones no se contabilizan y se requiere una mayoría de dos tercios para avalar una exclusión, la medida superó con holgura el umbral requerido (53 de 66 votos computados).

Fundada en 1953 en Salzburgo, Austria, y con presencia en 92 países de los cinco continentes —entre ellos Alemania, Canadá, Brasil, Australia y Sudáfrica—, la UIM es la máxima referencia global en la defensa del Estado de derecho. Para formar parte de esta comunidad no basta con ser una asociación de juzgadores; sus miembros deben acreditar el cumplimiento irrestricto de los principios de independencia y apoliticidad frente al poder político. Pertenecer a la UIM exige vigilar los riesgos contra la autonomía judicial, sin someterse a las consignas de los gobiernos en turno.

¿El motivo de la expulsión de la Conatrib? Su dócil, obsequioso y complaciente respaldo a la reforma judicial mexicana: un acto de genuflexión que, a los ojos de la comunidad global de jueces, constituye una flagrante traición a los estándares internacionales.

Para calibrar la gravedad del asunto, vale la pena recordar qué es —o qué debería ser— la Conatrib. Creada en 1998 a partir de la Primera Reunión Plenaria de Magistrados de las entidades federativas, nació como el órgano de representación conjunta de los 32 poderes judiciales locales del país, con el loable propósito de coordinar, unificar criterios y modernizar la impartición de justicia. La ironía resulta demoledora: la fracción I de sus propios estatutos le impone el deber de consolidar la justicia basándose en los «principios de independencia, imparcialidad, objetividad, excelencia y profesionalismo». Exactamente todo aquello que la comunidad internacional acaba de dictaminar que perdieron.

La cronología del sometimiento

Aunque la reforma judicial fue una decisión estrictamente política —un agandalle del Constituyente que atentó contra el pacto federal al destituir a miles de juzgadores e imponer el voto popular—, el vergonzoso despeñadero de la Conatrib no fue fortuito, sino el cobro de factura por su propio sometimiento.

Al emitir aquel abyecto pronunciamiento del 28 de junio de 2024, el organismo respaldó la elección de jueces por voto directo —cuando la reforma aún no se consumaba—, limitándose a pedir migajas: una implementación gradual, garantías para los juzgadores en funciones y un respeto a la independencia que ellos mismos entregaron.

Las advertencias no tardaron en llegar. En agosto de 2024, el Comité de Presidencia de la UIM encendió las alarmas con una declaración formal en la que advirtió a la Conatrib que la elección por voto popular contradice de raíz la designación basada en el mérito y vulnera la inamovilidad judicial. Sin embargo, el aviso fue ignorado y en septiembre de 2024 la reforma fue consumada. Como advertí en su momento:

«Con 86 votos a favor de Morena y aliados —PT y PVEM—, y 41 en contra del PAN, PRI y MC —además de una rara ausencia—, se aprobó la reforma al Poder Judicial con lo que ello implica. Fundamentalmente que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos mediante el voto popular, la disminución de ministros de 11 a 9, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, y la reducción de requisitos para ser juzgador... Lo que ocurrió en el pleno del Senado de la República en el recinto alterno de Xicoténcatl fue un cochinero, con todo respeto. Nunca había visto algo tan desaseado; creo que no lo merecemos ni como ciudadanos, ni como nación soberana». (La Silla Rota, 11 de septiembre de 2024).

Pese a la apertura de un procedimiento de revisión en su contra, la Conatrib intentó defender lo indefendible. En un informe entregado el 30 de junio de 2025, el organismo justificó el atropello escudándose en la «soberanía popular", sostuvo con cinismo un pretendido carácter «apolítico» y disfrazó su entreguismo ante los poderes Ejecutivo y Legislativo de una simple «transición gradual».

La respuesta no engañó a nadie. Los dos relatores designados por la UIM (representantes de España y Argentina) concluyeron que el alegato mexicano esquivaba la falta central: al respaldar la elección popular de jueces, la Conatrib avaló un mecanismo reñido con la independencia y la apoliticidad exigidas, por lo que recomendaron someter su expulsión a votación.

Ahí, en esa sumisión voluntaria, estuvo el verdadero quid del asunto.

El papelón de Rafael Guerra y la factura internacional

El principal rostro de este ridículo internacional tiene nombre y apellido: el magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien preside la Conatrib y funge como titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Guerra acudió a la asamblea anual a intentar justificar la claudicación. Argumentó, con la tibieza de quien se sabe acorralado, que «prefería dialogar antes que enfrentarse».

Pero el veredicto del pleno no dejó margen de duda: 53 votos para echarlos y apenas 13 para que se quedaran. El pobre papel de la delegación mexicana fue retratado de cuerpo entero por el juez argentino Marcello Gallo, secretario general del grupo iberoamericano de la UIM: «No se es un poquitito independiente y un poquitito no. Se es o no se es». Y la Conatrib demostró al mundo que esa independencia la entregó hace mucho tiempo.

Quienes lideran hoy este organismo civil apostaron por el aplauso efímero del oficialismo, doblaron las manos y hoy el mundo les pasa una factura histórica. La reforma judicial que avalaron con tanto entusiasmo no es un ejercicio democrático; es, en palabras de la propia UIM, una «destitución encubierta».

Guerra Álvarez prefirió rendirse a la narrativa de la «cuarta transformación». Un acto previsible en un magistrado que acumula un cuestionado mandato, siempre cobijado por la sombra del poder en turno; el mismo personaje al que ni siquiera le alcanzó el promedio para ser candidato a la Suprema Corte. Cambió su deber como contrapeso por la comodidad de la sumisión política. Lástima.

Mientras la Conatrib es echada por la puerta de atrás, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) —la organización que sí dio la batalla— se perfila para ocupar el lugar que verdaderamente representa a la resistencia judicial mexicana. En un contundente posicionamiento, la Jufed señaló que la resolución de la UIM confirmó lo advertido desde el primer día: que el modelo de elección popular vulnera la carrera judicial y que la independencia no es un privilegio de los juzgadores, sino la garantía de la ciudadanía ante el abuso del poder.

La respuesta de la Conatrib y la confesión de Corral

Mediante un comunicado emitido este 20 de octubre, la Conatrib buscó lavar su imagen con un pronunciamiento que peca de tibio. En él, el organismo asegura que reafirma su unidad y sostiene que «la independencia judicial se defiende con acciones concretas, con el diálogo respetuoso entre poderes del Estado y con construcciones de acuerdos que fortalezcan nuestras instituciones». Una retórica hueca que, lejos de ser una defensa, termina por confesar la capitulación.

Pero la realidad termina siempre por imponerse. Hace unas semanas, durante un encuentro con profesores en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el senador Javier Corral (Morena) deslizó una confesión que constituyó la verdadera nota de la jornada: la elección judicial provocó la fuga de casi el 60 por ciento de los juzgadores locales que ya estaban capacitados y formados para implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar.

El impacto de esta pérdida de capital humano y técnico fue directo. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un instrumento diseñado para unificar los procesos en todo el país y cuya entrada en vigor estaba prevista para abril de 2027, enfrenta ahora el proyecto de un nuevo aplazamiento hasta el 2031. La maquinaria de la justicia cotidiana, la que afecta directamente al ciudadano de a pie, se ralentiza ante la orfandad de operadores capacitados.

El debate en San Lázaro y los parias de la justicia

Esta crisis resonó con fuerza en la Cámara de Diputados. La legisladora opositora Margarita Zavala subió a tribuna con dos cartas fuertes sobre la mesa: una técnica y de derechos humanos, y otra de estocada política directa a los tribunales locales.

Por un lado, expuso la incongruencia de aplazar hasta 2031 la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Zavala puso el dedo en la llaga al recordar que de nada sirve erradicar conceptos obsoletos como la «interdicción» para proteger la autonomía de las personas con discapacidad, si en las letras chiquitas del presupuesto no hay un solo peso asignado para hacerlo realidad hoy. Apoyar el dictamen pero denunciar el diferimiento fue una jugada astuta: exhibió que la aprobación sin recursos no es más que simulación con caducidad a diez años.

Por el otro, asestó el golpe sobre la expulsión de la Conatrib. Citó la resolución de la UIM y el desdén con el que el foro internacional juzgó el «confesado entreguismo» de la cúpula judicial mexicana, recordando que la factura del desmantelamiento ya trascendió las fronteras.

Las advertencias se hicieron desde el verano de 2024. La UIM conminó a la Conatrib a reconsiderar, pero la cúpula de Guerra Álvarez prefirió mirar hacia otro lado y apostar al sometimiento. Hoy quedan exhibidos a nivel global como un actor que remató su autonomía al mejor postor político. Entregar la dignidad siempre tiene un precio y hoy, a los ojos del mundo entero, la Conatrib se ha convertido en el paria de la justicia internacional.

Mi comentario en la red: El precio de doblar las manos. https://www.youtube.com/watch?v=1qPnHWo9KMo&t=5s

P.D. Me preocupa lo que ocurrió a Conatrib. Seguí de cerca su labor en la reforma penal de 2008 desde la SETEC, bajo la coordinación de mi amigo Felipe Borrego Estrada. En aquel proceso, el organismo contó con liderazgos de peso —como José Castillo Ambríz, Rodolfo Campos Montejo, Baruch F. Delgado Carbajal y Edgar Elías Azar—, cuyo titular tenía asiento en el Consejo de Coordinación y voz en el Fondo JÚRICA. ¡No era cualquier cosa! De ahí la amargura de ver cómo un pilar técnico de la justicia nacional fue expulsado.