El Culiacanazo que no hemos exorcizado: pagar rescates con impunidad..
Por Fred Alvarez Palafox
Fue un operativo ciego. Agentes de la Fiscalía de Morelos enviados a Totolapan para recuperar un inmueble caminaron directo a las fauces del lobo: sin inteligencia, sin pertrechos adecuados y en absoluta orfandad táctica. Cuando el azar los topó de frente con José David Vergara, alias El Güero del Gym, líder criminal de la plaza, los oficiales cumplieron estoicamente con su deber y lo detuvieron en flagrancia. Pero lo que debió ser una victoria de la justicia mutó, por pura incompetencia de los escritorios, en una tragedia humana.
En el aparato de seguridad impera la ceguera: la mano derecha ignora lo que hace la izquierda. La desarticulación fue tan absoluta que el gabinete estatal no sabía nada, el gobierno federal operaba en el vacío y ni las propias áreas de la Fiscalía compartían el mismo radar. El costo de este descarrilamiento lo pagaron con su carne tres agentes de la Agencia de Investigación Criminal —secuestrados, golpeados y torturados mientras realizaban una diligencia ajena al operativo principal— y cuatro policías estatales que jamás llegaron al rescate.
Al activarse las alertas por los narcobloqueos, la prisa por remendar el error provocó un fatídico choque en el kilómetro 0 de la autopista La Pera-Cuautla, a la altura de Tepoztlán. La patrulla en la que acudían a ciegas a sofocar el infierno impactó contra el muro de contención de un puente vehicular; el golpe proyectó a los elementos hacia el asfalto y cobró la vida instantánea de dos de ellos en el sitio. No eran bajas colaterales ni cifras prescindibles en un parte oficial: eran servidores públicos abandonados por la ceguera de sus superiores.
Arrinconado por sus propios desatinos y bajo el chantaje del poder de fuego, al Estado no le quedó más remedio que capitular. Tras horas de agonía, el Fiscal General, Fernando Blumenkron Escobar, recurrió a un "acuerdo ministerial" extraordinario de negociación de crisis para devolver la libertad al capo a cambio de rescatar con vida a sus tres elementos.
Es en este escenario de naufragio donde surge el dilema que hoy sacude a la comunidad jurídica: ¿cometió un delito el Fiscal al firmar esa liberación?
Quienes examinan la maniobra únicamente desde el rigor literal del Código Nacional de Procedimientos Penales argumentan, con fundamento formal, que el intercambio de prisioneros carece de asiento procesal y roza las hipótesis de evasión de presos o delitos contra la administración de justicia. Sin embargo, el derecho penal no es un dogma ciego e insensible al valor de la existencia humana.
Nuestra legislación contempla explícitamente el estado de necesidad justificante, una causa de exclusión del delito que opera cuando se sacrifica un bien jurídico de menor jerarquía —la retención preventiva de un imputado— para salvar uno irreparable e infinitamente superior: la vida y la integridad física de tres personas. La vida no es negociable, y el Estado carece del derecho legal y moral de exigir heroísmos suicidas a sus subordinados como si fuera una obligación de rutina.
Por ello, la determinación del Fiscal no configura en su origen un acto punible, sino la última medida de salvamento posible ante una nave que la propia autoridad dejó a la deriva. El verdadero reproche —moral, administrativo y penal— no reside en la firma de un acuerdo bajo la presión inminente del chantaje, sino en la negligencia criminal de la cadena de mando que envió a su gente sin protección al corazón del peligro.
A la mañana siguiente, la narrativa oficial intentó maquillar el desastre con el barniz de la prudencia. La presidenta Claudia Sheinbaum pintó su raya —«es un asunto del estado de Morelos»— pero recicló intacta la misma justificación de aquel 2019 en Culiacán: claudicar ante el criminal para salvar vidas. Omar García Harfuch secundó la postura admitiendo que las fuerzas enviadas eran insuficientes, para luego desenfundar la desgastada promesa de que no habrá impunidad. Mientras tanto, en Cuernavaca, los mandos estatales y la gobernadora optaron por la salida fácil y desviaron la culpa hacia la inacción de los alcaldes.
La realidad que desnuda Totolapan es implacable. Las vidas de los agentes se salvaron, sí, pero no como un triunfo de la estrategia gubernamental, sino como el pago de un rescate tras un fracaso monumental. El fantasma de Culiacán no ha sido exorcizado; su sombra sigue intacta dictando las condiciones en Morelos y en el resto del país.
La claudicación en Totolapan exige una revisión transparente por parte de los órganos anticorrupción y del Poder Judicial para certificar la estricta proporcionalidad y necesidad de la medida. Pero si la fiscalización se limita a perseguir el documento que salvó tres vidas mientras deja impune la cadena de omisiones que desató el desastre, las instituciones habrán vuelto a fallar. La lección queda escrita con sangre: cuando el Estado improvisa, la delincuencia impone las reglas y el costo lo pagan los policías en la trinchera y la sociedad en las calles.
¡Para la historia inmediata!
#
Las columnas políticas hoy, miércoles 14 de octubre de 2026
#
El Culiacanazo que no hemos exorcizado: pagar rescates con impunidad..
Por Fred Alvarez Palafox
Fue un operativo ciego. Agentes de la Fiscalía de Morelos enviados a Totolapan para recuperar un inmueble caminaron directo a las fauces del lobo: sin inteligencia, sin pertrechos adecuados y en absoluta orfandad táctica. Cuando el azar los topó de frente con José David Vergara, alias El Güero del Gym, líder criminal de la plaza, los oficiales cumplieron estoicamente con su deber y lo detuvieron en flagrancia. Pero lo que debió ser una victoria de la justicia mutó, por pura incompetencia de los escritorios, en una tragedia humana.
En el aparato de seguridad impera la ceguera: la mano derecha ignora lo que hace la izquierda. La desarticulación fue tan absoluta que el gabinete estatal no sabía nada, el gobierno federal operaba en el vacío y ni las propias áreas de la Fiscalía compartían el mismo radar. El costo de este descarrilamiento lo pagaron con su carne tres agentes de la Agencia de Investigación Criminal —secuestrados, golpeados y torturados mientras realizaban una diligencia ajena al operativo principal— y cuatro policías estatales que jamás llegaron al rescate.
Al activarse las alertas por los narcobloqueos, la prisa por remendar el error provocó un fatídico choque en el kilómetro 0 de la autopista La Pera-Cuautla, a la altura de Tepoztlán. La patrulla en la que acudían a ciegas a sofocar el infierno impactó contra el muro de contención de un puente vehicular; el golpe proyectó a los elementos hacia el asfalto y cobró la vida instantánea de dos de ellos en el sitio. No eran bajas colaterales ni cifras prescindibles en un parte oficial: eran servidores públicos abandonados por la ceguera de sus superiores.
Arrinconado por sus propios desatinos y bajo el chantaje del poder de fuego, al Estado no le quedó más remedio que capitular. Tras horas de agonía, el Fiscal General, Fernando Blumenkron Escobar, recurrió a un "acuerdo ministerial" extraordinario de negociación de crisis para devolver la libertad al capo a cambio de rescatar con vida a sus tres elementos.
Es en este escenario de naufragio donde surge el dilema que hoy sacude a la comunidad jurídica: ¿cometió un delito el Fiscal al firmar esa liberación?
Quienes examinan la maniobra únicamente desde el rigor literal del Código Nacional de Procedimientos Penales argumentan, con fundamento formal, que el intercambio de prisioneros carece de asiento procesal y roza las hipótesis de evasión de presos o delitos contra la administración de justicia. Sin embargo, el derecho penal no es un dogma ciego e insensible al valor de la existencia humana.
Nuestra legislación contempla explícitamente el estado de necesidad justificante, una causa de exclusión del delito que opera cuando se sacrifica un bien jurídico de menor jerarquía —la retención preventiva de un imputado— para salvar uno irreparable e infinitamente superior: la vida y la integridad física de tres personas. La vida no es negociable, y el Estado carece del derecho legal y moral de exigir heroísmos suicidas a sus subordinados como si fuera una obligación de rutina.
Por ello, la determinación del Fiscal no configura en su origen un acto punible, sino la última medida de salvamento posible ante una nave que la propia autoridad dejó a la deriva. El verdadero reproche —moral, administrativo y penal— no reside en la firma de un acuerdo bajo la presión inminente del chantaje, sino en la negligencia criminal de la cadena de mando que envió a su gente sin protección al corazón del peligro.
A la mañana siguiente, la narrativa oficial intentó maquillar el desastre con el barniz de la prudencia. La presidenta Claudia Sheinbaum pintó su raya —«es un asunto del estado de Morelos»— pero recicló intacta la misma justificación de aquel 2019 en Culiacán: claudicar ante el criminal para salvar vidas. Omar García Harfuch secundó la postura admitiendo que las fuerzas enviadas eran insuficientes, para luego desenfundar la desgastada promesa de que no habrá impunidad. Mientras tanto, en Cuernavaca, los mandos estatales y la gobernadora optaron por la salida fácil y desviaron la culpa hacia la inacción de los alcaldes.
La realidad que desnuda Totolapan es implacable. Las vidas de los agentes se salvaron, sí, pero no como un triunfo de la estrategia gubernamental, sino como el pago de un rescate tras un fracaso monumental. El fantasma de Culiacán no ha sido exorcizado; su sombra sigue intacta dictando las condiciones en Morelos y en el resto del país.
La claudicación en Totolapan exige una revisión transparente por parte de los órganos anticorrupción y del Poder Judicial para certificar la estricta proporcionalidad y necesidad de la medida. Pero si la fiscalización se limita a perseguir el documento que salvó tres vidas mientras deja impune la cadena de omisiones que desató el desastre, las instituciones habrán vuelto a fallar. La lección queda escrita con sangre: cuando el Estado improvisa, la delincuencia impone las reglas y el costo lo pagan los policías en la trinchera y la sociedad en las calles.
¡Para la historia inmediata!
#
Las columnas políticas hoy, miércoles 14 de octubre de 2026
#
Templo Mayor/ Reforma..
QUIÉN FUERA a decirlo. De ser el chico consentido en el sexenio anterior, Zoé Robledo pasará a la historia de la 4T como uno de los principales impulsores de la mayor movilización en contra de las políticas... de la 4T.
LAS MANIFESTACIONES en todo el país y, sobre todo, la megamarcha en la CDMX de los trabajadores del IMSS y miles de personas que se unieron para apoyarlos, cuestionaron la falta de insumos, las condiciones laborales que no han mejorado para médicos, enfermeras, camilleros y administrativos, y la afectación en la calidad de la atención médica para derechohabientes.
NI EN Dinamarca se ven estas protestas. Y Robledo tendrá mucha chamba, si es que sigue en su puesto, para satisfacer las demandas de los trabajadores. El director del instituto anunció apenas este lunes que haría una consulta "piso por piso" en hospitales y clínicas para conocer sus necesidades.
ANTE ESTO hay preguntas obligadas: ¿Y entonces qué ocurrió en los siete años que ha fungido como director? ¿No conocía las carencias en las clínicas y hospitales? ¿O por sus descuidos se desbordaron ya los ánimos y los enojos en el IMSS?
LA CREACIÓN DEL Tucoc (Todos Unidos contra Clara) descompone la operación cicatriz que con tanto esmero andaban haciendo en Morena Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.
LA UNIÓN de las corcholatas de Nuevo León que piden que no le den la candidatura a la gubernatura a la ex funcionaria de Segob, puede mover las decisiones guindas de otros estados.
SI PROSPERA la protesta de Tatiana Clouthier, Waldo Fernández, Judith Díaz y Andrés Mijes, le van a dar alas a Raúl Morón en Michoacán; a Ulises Mejía o Geovanna Bañuelos en Zacatecas, y a Geraldine Ponce en Nayarit, quienes quedaron muy cerca o dicen haber ganado en las encuestas morenistas y reclaman la candidatura.
¿Y EN MORELOS no habrá consecuencias por el operativo fallido que dejó libre a un capo que ya estaba detenido por policías? El operativo en Totolapan organizado por la Fiscalía Estatal, a cargo de Fernando Blumenkron, resultó en un desastre. Y aunque fue detenido en flagrancia por delitos contra la salud, lo soltaron luego de la revuelta de pobladores controlados por criminales. Los policías no iban con armas adecuadas. Ni chalecos antibalas portaban, ni llevaban orden de aprehensión contra el delincuente. Además de que no hubo ninguna coordinación con fuerzas federales.
EL ARGUMENTO principal para dejar libre al capo detenido es que estaban retenidos tres agentes estatales, y se negoció un intercambio de "rehenes". Puede entenderse, pero no se puede ignorar que la acción que provocó que los criminales doblaran al gobierno estuvo mal planeada y mal ejecutada. Aquí y en China eso tiene consecuencias y los responsables de la operación fallida deberían responder por ello.
#
Se le soltó la lengua a Adán Augusto
Bajo Reserva/El Universal
Nos comentan que algo le picó al senador Adán Augusto López, quien cada vez que los medios le piden una opinión suele decir que él no da declaraciones. Sin embargo, ayer se le soltó la lengua y habló 42 minutos ante los reporteros. Nos dicen que, alejado de sus antiguas responsabilidades en la Cámara Alta, tras su caída como coordinador parlamentario, el tabasqueño fue abordado por los medios cuando lo vieron solo en su escaño, mientras la atención de los senadores estaba en la comparecencia privada de Omar García Harfuch ante la Junta de Coordinación Política. Don Adán se sintió tan a gusto que salió a defender a Andy López Beltrán, quien dijo es víctima de una “campaña mediática brutal”. Sin embargo, el senador no quiso comprometerse cuando se le preguntó si también consideraba inocente al empresario tabasqueño Amílcar Olán y solo atinó a decir que “no hablo de lo que no conozco”. Aunque hay que recordar que Olán no es para nada un personaje desconocido para el senador, pues están documentados los vínculos entre el empresario amigo de Andy y la notaría de Adán Augusto.
El diputado más joven y también el menos productivo
Nos cuentan que ayer, el diputado morenista Enrique Vázquez, rindió su segundo y último informe de actividades legislativas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, debido a que es suplente de Juan Carlos Natale, quien regresó como legislador propietario a reclamar su curul. Lo que llamó la atención fue que acudieron los secretarios Marcelo Ebrard, de Economía, y Josefina Rodríguez, de Turismo, y el gobernador zacatecano, David Monreal. Sin embargo, don Enrique, mostró que tiene más amigos que trabajo legislativo, ya que en dos años en el cargo solo presentó una iniciativa y subió dos veces a tribuna. Eso sí, no se cansó de decir que es el diputado más joven, y ahora podría añadir que también es uno de los menos productivos.
Telecomunicaciones quedan solo en manos nacionales
Después de varios meses de negociaciones, Fintech, del regiomontano David Martínez, y Grupo Televisa, capitaneado por Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, compraron AT&T México, por 2 mil millones de dólares. Ambos grupos, nos detallan, entran a partes iguales por el operador móvil. Ahora Izzi, al adquirir a AT&T tendrá en México poco más de 25 millones de líneas móviles. Nos hace notar que, con esta operación, que sorprendió a los mercados bursátiles, las telecomunicaciones en México estarán sólo en manos de nacionales, al salir de México la española Telefónica y ahora la norteamericana AT&T. Nos señalan que para el gobierno federal debe ser un alivio que alguien haya comprado la telefónica estadounidense, para que siga existiendo competencia y se siga invirtiendo en la infraestructura y conectividad para los usuarios en México
Ken Salazar está de regreso
Quien ya está en México para contar "su historia", nos dicen, es el polémico exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Don Ken está de regreso en el país para promocionar su libro, y llega unos días después de que reapareciera el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien expresó que algunos embajadores de Estados Unidos han sido “metiches”. Nos hacen ver que ojalá el embajador venga con datos frescos y disposición de hablar a fondo de los temas incómodos, pues en muchos medios repitió como disco rayado las mismas declaraciones y evadió preguntas interesantes.
#
Los dos vetados de AMLO para 2030/Salvador García Soto
El Universal, | 14-10-26 |
De los prospectos que hoy suenan en Morena cuando se habla de la aún lejana sucesión presidencial de 2030 hay por lo menos dos que no pasarían por el tamiz ni tendrían el visto bueno del líder y fundador de ese movimiento, el presuntamente “jubilado” Andrés Manuel López Obrador.
El primero al que no sólo no apoyaría sino que rechazaría y hasta podría combatirlo internamente, es sin duda Omar García Harfuch, el poderoso secretario de Seguridad y hombre de confianza de la presidenta Sheinbaum, y a quien López Obrador no quiere ni acepta al grado de que ya le impidió ser candidato a Jefe de Gobierno de la CDMX, a pesar de que ganó con 16 puntos de ventaja las encuestas internas de Morena, pero por capricho y orden del entonces presidente se impuso como candidata a la actual Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
La animadversión que siente el expresidente por García Harfuch es de sobra conocida y a la desconfianza que siempre le tuvo, porque lo ubica como “gente de García Luna”, se suma ahora la afirmación de López Obrador y de sus hijos, de que el jefe del Gabinete de Seguridad es quién se encarga de vigilar y espiar a los López Beltrán en sus movimientos, por lo que en la familia del expresidente acusan que Omar “trabaja para el gobierno de los Estados Unidos”.
Pero el popular secretario de Seguridad no es el único a quién Andrés Manuel vetaría, llegado el momento, para la sucesión presidencial en Morena. El otro al que nunca apoyaría el expresidente es Marcelo Ebrard Casaubon. El secretario de Economía de la doctora Sheinbaum tiene más de tres años que no tiene comunicación alguna con López Obrador, para ser precisos desde aquel 6 de septiembre del 2023 cuando Marcelo se rebeló ante el resultado de las encuestas internas que le dieron el triunfo a Sheinbaum y no asistió a la conferencia del World Trade Center donde se presentó a la doctora como la virtual candidata presidencial de Morena.
La ausencia de Marcelo en aquel anuncio fue tomado por AMLO como una falta de lealtad, según ha comentado el exmandatario a cercanos suyos. “Marcelo traicionó mi confianza y confirmó que él solo trabaja para sí mismo y no para el movimiento”, comentó López Obrador a un personaje de su confianza, a quien también le habría enumerado otras “traiciones y deslealtades” que le achaca a Ebrard desde 2006 cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Según Andrés Manuel, Marcelo no lo apoyó después del fraude que él denunció en las elecciones presidenciales de aquel año y por el contrario, lo acusa de haberse aliado con el entonces presidente Felipe Calderón. “No nos ayudó en nada mientras estuvo en el gobierno de la ciudad, se dedicó a trabajar sólo para su imagen y promoviéndose para la Presidencia”, comentó el exmandatario quien también le atribuye a Ebrard el haberse aliado con sus enemigos “Los Chuchos” para que lo impulsaran a la nominación presidencial de 2012, en la cual, por cierto, al final Marcelo dejó pasar a López Obrador, a pesar de que él había ganado 2 de las 3 encuestas que mandó a levantar el PRD.
Incluso le reprocha que mientras él y muchos otros que lo siguieron estaban luchando por fundar a Morena, Marcelo nunca se apareció en los trabajos para la creación y promoción del movimiento porque en ese tiempo se había ido a radicar a Francia, luego de haber recibido amenazas del gobierno de Peña Nieto por el tema de las fallas en la construcción de la Linea 12 del Metro.
En todo caso, lo que ha dejado claro el inquilino de “La Chingada” a quienes han platicado con él, es que no le tiene ninguna confianza a Marcelo Ebrard y no apoyaría en ningún caso sus intenciones de buscar, otra vez, ser candidato presidencial de Morena. “Marcelo no es de fiar y no garantiza la continuidad del movimiento”, dijo tajante López Obrador a quienes han hablado con él en su retiro.
¿Y entonces? Si los que se ven como dos de los aspirantes más moderados y competitivos para Morena en 2030 no son bien vistos por el “tlatoani”, ¿quiénes quedarían como cartas para la sucesión en el partido gobernante que sí vea bien el amado líder. La respuesta son solo nombres de personajes del ala radical del morenismo: desde Ariadna Montiel, la actual dirigente del partido gobernante; hasta la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, o incluso la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada. Y ya si se quiere pensar en un hombre, Martí Batres, director del ISSSTE estaría más que apuntado.
Más allá de los vetos de AMLO o del papel que vaya a jugar la presidenta Sheinbaum en la sucesión, lo que estará en juego en la batalla interna en Morena por el 2030, que arrancará pasando las elecciones del 2027, es la lucha intestina entre los moderados, que cada vez son menos, contra los radicales o duros del morenismo, que cada vez tienen más fuerza y control en el partido gobernante. Al país no le conviene ahondar en el radicalismo de la izquierda morenista y a ellos, como marca, tampoco les hace ningún favor, sobre todo con la presión estadounidense para alinear a toda América Latina hacia la derecha.
En fin, que falta tiempo aún, pero por lo pronto, si López Obrador influirá, como de hecho lo sigue haciendo, en la próxima sucesión presidencial, hoy no sabemos todavía por quién se decantaría el líder máximo; aunque sí ya sabemos quiénes son los dos aspirantes que nomás no dejaría pasar el habitante de La Chingada.
NOTAS INDISCRETAS…
Históricamente en la política mexicana, desde la era del PRI y del PAN, y mucho menos bajo los sexenios de Morena, es algo común que un político de este país salga a reconocer públicamente que se equivocó y a ofrecer explicaciones a los ciudadanos. Por eso es destacable lo que hizo ayer el gobernador emecista de Jalisco, Pablo Lemus, quien, ante la crisis política que le generó su desatención al problema del agua puerca y contaminada que reciben los habitantes de la capital de su estado y que se le agravó con la represión brutal contra la marcha ciudadana del pasado domingo, decidió salir a rectificar en un video que subió a sus redes sociales, en el que reconoce que su policía se excedió en el uso de la fuerza y cometió abusos y violaciones graves contra los manifestantes que lo único que exigían era su derecho a recibir agua potable y de calidad, como lo dice la Constitución mexicana y lo confirman criterios de la Suprema Corte de la Nación. "Antes que Gobernador soy persona y en la vida hay que saber reconocer y corregir. Todas las personas detenidas por la manifestación ya recuperaron su libertad. Personalmente he revisado decenas de videos de la manifestación frente a Casa Jalisco y debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias, que en el momento más crítico se salió de control. Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas. A las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia (...) Como Gobernador me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto. Siempre hemos dicho que el que la hace la paga y eso también aplica para los de adentro", dijo Lemus al anunciar una investigación interna sobre la actuación excesiva de la policía. Al final también aseguró que no se privatizará el servicio de agua potable, ni se aumentarán tarifas o se contratará más deuda, mientras negaba que se vaya a concesionar el servicio a una empresa israelí. Lo dicho, no es común ni costumbre de los políticos mexicanos salir a reconocer públicamente sus fallas y errores. Se ve claro que a Lemus la crisis política por el tema del agua y la represión le pegó fuerte, pero también se ve todavía más claro que mientras a nivel federal la presidenta Sheinbaum y sus directores de Conagua y de Semarnat y Profepa no asumen ninguna responsabilidad en el problema del agua contaminada que reciben los habitantes de la segunda ciudad más grande del país, al menos el emecista tuvo el valor de rectificar, mientras otros ni siquiera reconocen los problemas…Y hablando de gobernadores, el de Oaxaca, Simón Jara, sigue avanzando su propuesta de promover una nueva Constitución para su estado. Jara argumenta que cambiar el texto constitucional de su entidad sería “un acto de reivindicación para los pueblos, porque se reconoce la grandeza de los 16 pueblos originarios y del pueblo afromexicano, además de fortalecer sus derechos y garantizar que el Estado respete su autonomía y sus decisiones”. Por eso el mandatario confirma que ya hay en el Congreso del Estado una propuesta de reforma integral a la Constitución de Oaxaca que, afirma, “se construyó a partir de la voz y la participación de miles de oaxaqueñas y oaxaqueños”. En un estado con tantos contrastes culturales y sociales, además de problemas de seguridad, como Oaxaca, la nueva Constitución, según el gobernador, propone fortalecer a las policías municipales y a los ayuntamientos para que tengan mejores herramientas para poner orden y mantener la paz, fortaleciendo a los gobiernos municipales para que en conjunto se puedan implementar mejores acciones en materia de seguridad. De hecho, el tema de la nueva Constitución tabasqueña fue abordado por el gobernador Jara con la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, que el pasado fin de semana estuvo de visita en la capital oaxaqueña…Y hablando de Oaxaca y del gobernador, vaya que Salomón Jara tendría que revisar la actuación de su consejero jurídico, Geovany Vásquez Sagrero. Y es que el abogado que debiera resolverle problemas al gobierno estatal, más bien se dedica a creárselos. Vásquez Sagrero no sólo acumula varios fracasos en los tribunales a la hora de litigar los asuntos del estado, sino que además fue él quien impulsó a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Berenice Ramírez, quien tuvo que ser depuesta en agosto de 2025 por problemas de endeudamiento e incapacidad en el cargo. Al consejero jurídico oaxaqueño también lo han señalado de tener participación o conocimiento de la red de despojo que opera desde el Instituto de la Función Registral del estado, y su nombre aparece en las investigaciones sobre el tema. Y para colmo, Geovany Vásquez se ha convertido en un censor y hostigador de la prensa crítica en Oaxaca y hasta de activistas y opositores. El ejemplo más reciente de ello fue la embestida mediática y declarativa contra el corresponsal de EL UNIVERSAL en ese estado, Juan Carlos Zavala, quien publicó un reportaje documentado en el que exhibía las investigaciones a varios funcionarios de la Consejería Jurídica por el tema de los despojos. Lejos de salir a dar una aclaración por los señalamientos de corrupción a sus colaboradores, el consejero Geovany utilizó la conferencia mañanera del gobernador para estigmatizar y denostar al periodista, intentando con ello desacreditar su reportaje. Quizás por eso en un video que grabó antes de ser brutalmente asesinado el pasado mes de julio en la ciudad de Oaxaca, el periodista Alejandro Leyva mencionaba el nombre del consejero jurídico Vásquez Sagrero y lo responsabilizaba de cualquier ataque o agresión en su contra. Con ese consejero, el gobernador Jara para qué quiere enemigos…En la Ciudad de México y en más de 17 estados del país, trabajadores del IMSS salieron a las calles para denunciar las malas condiciones laborales que enfrentan por la falta de medicamentos e insumos para hacer su trabajo, y también por el cacicazgo y charrismo del dirigente nacional del Sindicato del IMSS, Rafael Olivos Hernández, a quien acusan de no representar los intereses de los trabajadores y de haber incluso amenazado y censurado a quienes denunciaban las malas condiciones en que opera el Seguro Social. Los contingentes fueron nutridos en la Ciudad de México, donde a los trabajadores del IMSS se sumaron grupos de la CNTE, del Sindicado del Metro, del Sindicato de Pemex y de los electricistas, mientras que en los estados de la República también se vieron marchas numerosas que documentan la crisis que vive el IMSS y todo el sector salud por la falta de presupuesto y el desabasto de medicamentos. Ayer la presidenta Sheinbaum dijo que atenderán las demandas y peticiones de los trabajadores del Seguro Social, pero negó que exista “una crisis en todo el sector salud”. Sería bueno que la doctora saliera un poco de su burbuja y, nomás por no dejar, acudiera un día a ser atendida en un hospital o clínica de cualquier institución pública. Y aun cuando ya comenzó a recorrer los hospitales y clínicas públicas y a platicar directamente con sus trabajadores y directivos, que le expusieron las mismas quejas que hoy tienen en la calle a los sindicalizados del IMSS, la Presidenta se niega a reconocer que sí hay una crisis grave en la salud pública. Dicen que para resolver un problema, primero hay que empezar por reconocerlo, pero a la doctora, en su mundo de caramelo donde “Vamos muy bien”, simplemente se niega a reconocer la crisis; así difícilmente podrá resolverla…Los dados mandaron Escalera Doble. Subida automática.
##
Landau y las traiciones de Audomaro/Jorge Fernández Menendez
Excelsior. 14 OCTUBRE, 2026
La sombra que se cierne sobre Audomaro Martínez, el ex director del Centro Nacional de Inteligencia durante el gobierno de López Obrador es el actual subsecretario de Estado, Christopher Landau, que durante los primeros años del gobierno de López Obrador fue el embajador de Donald Trump (en su primer periodo) ante México.
Audomaro Martínez tiene pendientes dos investigaciones muy delicadas ante la justicia estadounidense: por una parte, su involucramiento en la red de contrabando de combustible desde el inicio de la administración de su cercanísimo amigo el ex presidente, incluyendo la relación con Sergio Carmona, hasta su asesinato en noviembre de 2021, cuando se presumía que el llamado rey del huachicol había comenzado contactos con la justicia estadounidense, una muerte en la que se insiste en que podría estar involucrado Audomaro. Y por la otra, tan delicada como la anterior, una investigación por haber filtrado datos de los agentes y las operaciones estadounidenses en México a la inteligencia rusa y cubana. Pero también al cártel de Sinaloa.
Landau sabía desde entonces y así se lo reclamó al presidente López Obrador, que Audomaro le había filtrado esa información a rusos, cubanos y también al cártel de Sinaloa. Esa fue la razón central de las acusaciones que el embajador hizo contra a Audomaro, de su enfrentamiento con López Obrdor y finalmente de la salida de Landau de México.
Los servicios de inteligencia estadounidense detectaron la filtración dentro del CNI en 2020. Cuando la filtración fue puesta al descubierto, el embajador Landau, exigió una investigación y la remoción de Audomaro del CNI. López Obrador negó cualquier investigación y la salida de su hombre de confianza del Centro de Inteligencia.
Para reducir daños y ante las amenazas del embajador Landau de dejar la embajada y levantar una queja formal desde el departamento de Estado, Audomaro removió a varios funcionarios de su confianza en el CNI, sobre todo a Gustavo Rómulo Salas Chávez, que entonces era el responsable del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (donde se compartía la información con las agencias estadounidenses), y a Fernando Torres Torres, suspendido al frente de la Coordinación General de Contra Inteligencia.
Pero la figura clave de Audomaro en toda esta trama era Andrés Andrade Tellez, identificado como el operador de la fuga de información. Venía de trabajar en Tabasco con Audomaro, e incluso participó en el documental Duda Razonable de Netflix, en dónde aparecía como abogado defensor “probono” de acusados de secuestro. En 2019 ingresó como Director de Recursos Materiales y Servicios Generales del CNI y desde esa posición favoreció la compra de vehículos blindados a una empresa del hijo de Audomaro, en la renta de vehículos nuevos de bajo valor a alto costo, e incluso alquiló un pent-house en la colonia Fuentes del Pedregal de la ciudad de México, donde dicen que citaba a proveedores (según denunciaron en su momento varios de ellos) para ofrecerles reuniones con Audomaro, a cambio de una comisión.
Salió en 2020 por formar parte del grupo que extrajo la información, estuvo bajo investigación de la PGR, pero a petición de Audomaro, el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, cerró la investigación y fue recontratado como Coordinador General de Desarrollo Tecnológico (después cambió a Coordinación General de Servicios Técnicos) del CNI, teniendo a su cargo el área de intervenciones telefónicas y la red de células tácticas, colaborando en el seguimiento e intercepción de comunicaciones de adversarios políticos del régimen. También participaba en reuniones de seguridad en Pemex, donde los datos de inteligencia presumen que obtenía información en actividades relacionadas con el huachicol fiscal.
Posteriormente, por recomendación de Audomaro, fue designado como primer secretario de Seguridad de Delfina Gómez en el estado de México. En medio de denuncias de su relación y de otros funcionarios con el cártel de Sinaloa, fue reemplazado por el actual secretario Clemente Castañeda, un militar de toda la confianza de la Defensa Nacional.
La fuga de información hacia los servicios rusos y cubanos, pero sobre todo al cártel de Sinaloa provocó la salida del Capitán Torres, quien también había llegado en el 2019 y estaba a cargo de la Coordinación General de Contrainteligencia, ante las denuncias del embajador Landau. Se dice que antes de dejar su cargo realizó una copia de toda la información sensible con apoyo de Andrade y otros funcionarios.
Toda esa información fue presentada en su momento por Landau a López Obrador. No fue atendida. El embajador, actual subsecretario de Estado encargado de América latina, dejó su cargo (llegó Ken Salazar con la consigna de establecer una buena relación con López Obrador y así lo hizo, tanto que el New York Times publicó que parecía “el embajador de AMLO ante la Casa Blanca”), hubo algunos movimientos en el CNI, pero todos los involucrados que eran cercanos a Audomaro Martínez regresaron al CNI o fueron ubicados en otras posiciones de seguridad.
Hoy toda esa información está nuevamente en los departamentos de Estado y Justicia de la Unión Americana. Y esta historia tiene muchos otros hilos de donde jalar.
#
Claudicación ante el crimen/Héctor de Mauleón
El Universal, | 14-10-26 |
Sin ambages, durante una conferencia de prensa, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, acaba de poner las cartas sobre la mesa. Su gobierno es incapaz de detener al presunto líder huachicolero en el Triángulo Rojo, Antonio Valente Martínez Fuentes, El Toñín.
Dijo Armenta que a él le gustaría tronar los dedos y ya, pero que al Toñín lo rodea la complicidad de toda una red de gobernantes y empresarios.
“No es falta de voluntad, es prudencia, es ser cuidadosos. No saben que mataron a varios marinos, a varios integrantes de la Guardia Nacional y a varios intendentes. Han muerto muchas personas”, declaró.
Apenas el mes pasado, el secretario de seguridad pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que la dependencia a su cargo desconoce el paradero de Martínez Fuentes, cuya hija, Guadalupe Martínez Gerardo, hoy encabeza la alcaldía de Quecholac, y cuyo hermano, Alejandro Martínez Fuentes, alcalde en su oportunidad de ese municipio, fue aprehendido en septiembre de 2021 por ejercicio indebido de funciones y encubrimiento (un juez lo dejó en libertad dos años más tarde).
El Toñín está señalado desde 2017 por robo de hidrocarburos. El 3 de mayo de ese año, militares que investigaban una toma clandestina en el poliducto Minatitlán-México, un conducto que cruza el municipio de Quecholac, se enfrentaron a tiros en Palmarito con un grupo de presuntos huachicoleros. El enfrentamiento dejó 10 muertos: seis civiles, entre ellos una mujer y un menor de edad, y cuatro elementos militares.
Dejó también un prófugo: El Toñín, acusado de ordenar la emboscada en contra de los militares.
Un video difundido días después reveló que los uniformados habían cometido al menos una ejecución extrajudicial. El sargento involucrado en el video fue liberado más tarde “por falta de elementos para vincularlo a proceso”. El escándalo que vino a continuación fue oxígeno puro para El Toñín.
Investigaciones de la fiscalía local ubicaron a Martínez Fuentes como líder del robo de combustible en la región, en disputa por la hegemonía con Roberto de los Santos Jesús, El Bukanas.
El entonces gobernador Miguel Barbosa señaló al Toñín públicamente. La Marina y la Fiscalía General de la República intentaron detenerlo. En agosto de 2021 se desplegó un operativo en Palmarito Tochapan, donde tiene su bastión, pero no hubo resultados.
Valente Martínez Fuentes ha subido videos a redes sociales afirmando que lo confunden con otra persona o presentándose como un simple agricultor. Con cientos de camiones de verdura y de fruta repartidos en Quecholac y otros municipios, con la dispensa de regalos el Día de las Madres, el Día de Reyes y el Día del Niño, pudo construir una base social que ha impedido el ingreso de las autoridades al municipio y ha llegado a bloquear la autopista Puebla-Orizaba hasta por 24 horas.
Según las investigaciones, lleva exactamente 26 años dedicado al robo de combustibles y otras actividades ilícitas entre las que se encuentra el robo de tráileres en la autopista México-Veracruz. Las mismas indagaciones lo ligan con el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero el gobernador Armenta ha decidido ser prudente y cuidadoso.
Sus declaraciones coinciden con la noticia de que el gobierno de Morelos accedió a liberar al capo José David Vergara, El Güero Gym, detenido en flagrancia tras un cateo llevado a cabo en Totolapan.
El Güero Gym es considerado el segundo del líder criminal más poderoso de Morelos, detrás de Júpiter Araujo Bernard, El Barbas, quien encabeza la organización criminal conocida como Pueblos Unidos, un brazo del Cártel del Pacífico que ha comprado la protección de la mitad de las alcaldías del estado.
Según la enrevesada declaración de la fiscalía de Morelos, mientras personal de la fiscalía de delitos de alto impacto llevaba a cabo el aseguramiento de un inmueble, agentes que no formaban parte de ese operativo vieron pasar al Güero Gym, lo reconocieron y lo detuvieron por el delito de narcomenudeo.
Esto desató la reacción de Pueblos Unidos: habitantes y transportistas incendiaron patrullas, bloquearon los accesos al poblado y privaron de la libertad a tres agentes de la fiscalía regional oriente. Al mismo tiempo, cuatro elementos de la Guardia Nacional comisionados a la secretaría de seguridad pública morían en un misterioso accidente carretero.
Las autoridades de Morelos se negaron a decir con quién negociaron la liberación de los elementos de la fiscalía. En un comunicado, señalaron solo que, para preservar la vida de los secuestrados, decidieron liberar al Güero Gym. “La vida de nuestro personal es una prioridad para la institución y por ello se ejecutaron las acciones necesarias para salvaguardar su integridad física”, se informó en un comunicado.
El fiscal de Morelos se justico más tarde alegando, en pocas palabras, que al fin y al cabo el delito por el que El Güero Gym fue detenido no ameritaba prisión preventiva, por lo que de todos modos tendrían que soltarlo. El fiscal ocultó que este individuo tenía una orden de aprehensión vigente.
El gobierno del estado quiso ocultar también que, además de al Güero Gym, había detenido a otros tres presuntos delincuentes: iban en la camioneta que presuntamente se accidentó, y en la que murieron tres agentes. Hasta anoche, no se había informado de la situación de los otros detenidos.
Morelos vive su hora más crítica desde que terminó el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Casi 700 muertes violentas se han registrado en el presente año, ocho de cada diez morelenses se sienten inseguros en el estado y la extorsión y el cobro de piso estrangulan municipios enteros, como en Cuautla, donde la situación ha cruzado ya todos los límites.
En ese contexto atroz, con la liberación del Güero Gym, el gobierno del estado ha mandado, a querer o no, un claro mensaje a los grupos criminales.
Puebla y Morelos. Dos claudicaciones en la misma semana. Y las dos, en estados críticos.
#
Landau y las traiciones de Audomaro/Jorge Fernández Menendez
Excelsior. 14 OCTUBRE, 2026
La sombra que se cierne sobre Audomaro Martínez, el ex director del Centro Nacional de Inteligencia durante el gobierno de López Obrador es el actual subsecretario de Estado, Christopher Landau, que durante los primeros años del gobierno de López Obrador fue el embajador de Donald Trump (en su primer periodo) ante México.
Audomaro Martínez tiene pendientes dos investigaciones muy delicadas ante la justicia estadounidense: por una parte, su involucramiento en la red de contrabando de combustible desde el inicio de la administración de su cercanísimo amigo el ex presidente, incluyendo la relación con Sergio Carmona, hasta su asesinato en noviembre de 2021, cuando se presumía que el llamado rey del huachicol había comenzado contactos con la justicia estadounidense, una muerte en la que se insiste en que podría estar involucrado Audomaro. Y por la otra, tan delicada como la anterior, una investigación por haber filtrado datos de los agentes y las operaciones estadounidenses en México a la inteligencia rusa y cubana. Pero también al cártel de Sinaloa.
Landau sabía desde entonces y así se lo reclamó al presidente López Obrador, que Audomaro le había filtrado esa información a rusos, cubanos y también al cártel de Sinaloa. Esa fue la razón central de las acusaciones que el embajador hizo contra a Audomaro, de su enfrentamiento con López Obrdor y finalmente de la salida de Landau de México.
Los servicios de inteligencia estadounidense detectaron la filtración dentro del CNI en 2020. Cuando la filtración fue puesta al descubierto, el embajador Landau, exigió una investigación y la remoción de Audomaro del CNI. López Obrador negó cualquier investigación y la salida de su hombre de confianza del Centro de Inteligencia.
Para reducir daños y ante las amenazas del embajador Landau de dejar la embajada y levantar una queja formal desde el departamento de Estado, Audomaro removió a varios funcionarios de su confianza en el CNI, sobre todo a Gustavo Rómulo Salas Chávez, que entonces era el responsable del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (donde se compartía la información con las agencias estadounidenses), y a Fernando Torres Torres, suspendido al frente de la Coordinación General de Contra Inteligencia.
Pero la figura clave de Audomaro en toda esta trama era Andrés Andrade Tellez, identificado como el operador de la fuga de información. Venía de trabajar en Tabasco con Audomaro, e incluso participó en el documental Duda Razonable de Netflix, en dónde aparecía como abogado defensor “probono” de acusados de secuestro. En 2019 ingresó como Director de Recursos Materiales y Servicios Generales del CNI y desde esa posición favoreció la compra de vehículos blindados a una empresa del hijo de Audomaro, en la renta de vehículos nuevos de bajo valor a alto costo, e incluso alquiló un pent-house en la colonia Fuentes del Pedregal de la ciudad de México, donde dicen que citaba a proveedores (según denunciaron en su momento varios de ellos) para ofrecerles reuniones con Audomaro, a cambio de una comisión.
Salió en 2020 por formar parte del grupo que extrajo la información, estuvo bajo investigación de la PGR, pero a petición de Audomaro, el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, cerró la investigación y fue recontratado como Coordinador General de Desarrollo Tecnológico (después cambió a Coordinación General de Servicios Técnicos) del CNI, teniendo a su cargo el área de intervenciones telefónicas y la red de células tácticas, colaborando en el seguimiento e intercepción de comunicaciones de adversarios políticos del régimen. También participaba en reuniones de seguridad en Pemex, donde los datos de inteligencia presumen que obtenía información en actividades relacionadas con el huachicol fiscal.
Posteriormente, por recomendación de Audomaro, fue designado como primer secretario de Seguridad de Delfina Gómez en el estado de México. En medio de denuncias de su relación y de otros funcionarios con el cártel de Sinaloa, fue reemplazado por el actual secretario Clemente Castañeda, un militar de toda la confianza de la Defensa Nacional.
La fuga de información hacia los servicios rusos y cubanos, pero sobre todo al cártel de Sinaloa provocó la salida del Capitán Torres, quien también había llegado en el 2019 y estaba a cargo de la Coordinación General de Contrainteligencia, ante las denuncias del embajador Landau. Se dice que antes de dejar su cargo realizó una copia de toda la información sensible con apoyo de Andrade y otros funcionarios.
Toda esa información fue presentada en su momento por Landau a López Obrador. No fue atendida. El embajador, actual subsecretario de Estado encargado de América latina, dejó su cargo (llegó Ken Salazar con la consigna de establecer una buena relación con López Obrador y así lo hizo, tanto que el New York Times publicó que parecía “el embajador de AMLO ante la Casa Blanca”), hubo algunos movimientos en el CNI, pero todos los involucrados que eran cercanos a Audomaro Martínez regresaron al CNI o fueron ubicados en otras posiciones de seguridad.
Hoy toda esa información está nuevamente en los departamentos de Estado y Justicia de la Unión Americana. Y esta historia tiene muchos otros hilos de donde jalar.
#
¿Y de quién es culpa la mala distribución de medicinas?/CARLOS LORET DE MOLA
El Universal, | 14-10-26 | 01:02 |
Unos camiones de un color verde-amarillo ineludible que dicen “Traxión” forman parte del paisaje urbano de muchas ciudades, incluyendo la capital del país. Transportan niños a las escuelas, personal hacia las empresas donde trabajan... y desde hace unos años, por intercesión del omnipresente Andy López Beltrán, recibieron por encargo distribuir las medicinas en todo el país.
No les ha ido bien.
No es lo mismo repartir personas que medicamentos. Al grado que, según me cuentan fuentes de primer nivel que me revelaron todo lo aquí expuesto, han intentado soltar el contrato de distribución de medicamentos para el gobierno federal, pero Andy no se los ha permitido.
Esta semana, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como Zoé Robledo, que lleva siete años al frente del IMSS, han culpado del desabasto de medicinas no sólo a la compra de los medicamentos sino especialmente a la distribución:
“El problema de distribución de medicamentos que todavía tenemos que resolver, más que de compra”, dijo ayer la presidenta. “Hay algunos problemas de proveedores, pero también hay problemas dentro del IMSS de distribución”, había dicho un día antes.
Lo que no dice la presidenta es que el culpable de haber desmantelado el sistema de distribución de medicinas existente fue el expresidente López Obrador. Tampoco dice nada de un hombre que se ha convertido en pieza clave en el círculo de El Clan de Andy López Beltrán y que tiene gran parte de la responsabilidad de esta distribución: Aby Lijtszain Chernizky, empresario que saltó a la fama como dueño de Traxión, y que luego se engarzó con Andy.
El que ha implementado todo esto es el hombre de confianza de la presidenta, su amigo desde la juventud: Carlos Ulloa, el director general de la paraestatal Birmex.
Según fuentes muy bien informadas, Aby Lijtszain, dueño de Traxión, compró una compañía llamada Medistik con una distribuidora bajo el nombre de Avior. La 4T ha sido generosa con ambas. Al empresario también se le vincula con un contrato de cogeneración de electricidad que habría recibido su holding Pantera, con la aparente bendición de otra gran amiga de la presidenta Sheinbaum, su secretaria de Energía, Luz Elena González.
Así que no sólo es su muy conocido operador financiero, Amílcar Olán, que tuvo contratos por más de mil millones de pesos en temas relacionados con la compra de medicinas, insumos y equipo médico. Hay una nueva camada de empresarios multimillonarios que han crecido al amparo del tráfico de influencias de los hijos de López Obrador.
Mientras, el sistema de salud está en el peor momento de su historia.
historiasreportero@gmail.com
#
Compararnos con el vecino/Jorge G. Castañeda.
Existe un tradicional reclamo/lamento/desprecio mexicano por algunos rasgos del carácter nacional deEstados Unidos. Desde tiempos inmemoriales, presidentes, académicos, empresarios y columnistas locales se regodean con denuncias y detracciones de la sociedad norteamericana. Los vecinos padecen una infinidad de males sociales: familias disfuncionales, violencia indiscriminada, racismo, consumo desmedido de sustancias ilícitas, más lo que se acumule. Nuestros dos presidentes más recientes han sido especialmente reiterativos e incisivos al respecto. AMLO en funciones y en sus “libros”, Sheinbaum en sus mañaneras, remachan una y otra vez cómo los estadounidenses no prestan atención a la crisis de sus familias, a la drogadicción, a la violencia, a la decadencia de sus hijos, y a los demás flagelos sociales que los agobian. Cuando hace poco intenté rebatir la afirmación presidencial de cuán difícil era tener de vecino a un país que consume drogas, sus bots y tontos útiles me replicaron que obviamente un país de drogadictos constituía un mayor peligro que uno de bebedores de vino.
Por eso ofrezco algunas cifras pertinentes, junto con la breve descripción de una nueva plaga que también azota a los norteamericanos, pero que por alguna extraña razón la 4T no suele mencionar. Se trata de un país de 330 millones de habitantes, el contexto necesario para cualquier reflexión sobre su realidad. En 2025, la tasa de homicidios dolosos por cien mil habitantes —la métrica menos mala para calcular la violencia— fue de 4.1, la más baja desde 1955, cinco veces menos que la nuestra, incluso si le creemos a Sheinbaum, y siete veces menor a nuestro pico histórico moderno. La tasa es ligeramente mayor a la de casi todos los países.
De acuerdo con cifras oficiales, el número de personas que consumió heroína mínimamente en una ocasión a lo largo de un año fue de 581 mil en 2025, es decir el 0.2% de la población. Para el consumo de cocaína, incluyendo el crack, el dato equivalente alcanzó 4.9 millones de personas, 1.7% de la población. Para el fentanilo, el estupefaciente más conocido hoy y que provoca la ira de Trump y Cía., los números son 768 mil personas de consumo de fentanilo fabricado ilícitamente, y 6.5 millones de opioides con receta médica. Ese es el país de drogadictos, según la 4T.
La marihuana es otra historia, ya que 61 millones de estadounidenses consumieron cannabis por lo menos en una ocasión durante el último año, y 136 millones la han probado una vez en su vida, o más. Conviene recordar que el consumo de marihuana es legal en más de la mitad de los estados de la Unión. Para fines comparativos, 174 millones de habitantes, o 60% de los habitantes del país vecino tomaron una bebida alcohólica en 2025. El dato correspondiente para México en el mismo año fue de 42.7 millones, o 46%, excluyendo a los mayores de 65 años. El dato de Estados Unidos los incluye.
Ahora bien, se entiende que Sheinbaum y sus partidarios se resistan a tomar nota de la creciente mexicanización, tropicalización, o bananerización de Estados Unidos, en un aspecto muy particular: la corrupción gubernamental.
Una embajadora en Grecia cobra por encuentros con altos funcionarios, a la Emilio Lozoya. Un magnate ruso le “dispara” una tornaboda al hijo del presidente, a la López Beltrán/Daniel Chávez. Trump mismo se enriquece de manera descomunal con negocios de criptomonedas. La secretaria de Homeland Security paga millones de dólares de propaganda y publicidad de sí misma, a caballo, de uniforme de combate, con paisajes espectaculares. El tema de la corrupción ya ocupa uno de los principales sitios en el ranking de preocupación del electorado para las elecciones de noviembre.
Sería muy gratificante y educativo que Sheinbaum le señalara a la sociedad mexicana los excesos de los hijos de su homólogo, de sus embajadores, de los amigos de sus hijos, de los miembros de su gabinete, del staff de la Casa Blanca, de los candidatos al Senado republicanos como Paxton en Texas, en fin… Por algún motivo, me sorprendería que lo hiciera.
##
Los demócratas no salvarán a Rocha Moya/Ana Paula Ordorica
El Universal, | 14-10-26 |
¿Qué puede significar para México el resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos? En The Hill, Duncan Wood e Ivan Zapien advierten que México debe ver más al Capitolio y menos a la Casa Blanca. Llevamos años manejando la relación bilateral como si Washington tuviera una sola puerta. Con un Trump que se ha devorado al Legislativo, hasta cierto punto es entendible.
Recuerdo que Arturo Sarukhán, como embajador en Washington, trabajaba a fondo el Congreso. Conocía legisladores, equipos y comités clave para México, y construía interlocutores. Esa diplomacia se perdió, y la subordinación republicana al Ejecutivo llevo al gobierno mexicano a apostarlo casi todo a la Casa Blanca.
El 3 de noviembre podría cambiar el tablero. Los demócratas son favoritos para recuperar la Cámara de Representantes y podrían quedarse con el Senado. Las encuestas, que han fallado, pero siguen siendo el mejor termómetro disponible, anticipan que el hartazgo por el costo de la vida y la guerra con Irán les costará electoralmente a los republicanos. Según Reuters/Ipsos, la aprobación de Trump cayó en septiembre a 32%, su mínimo en ambos mandatos. Pero pase lo que pase, Trump seguirá en la Casa Blanca hasta enero de 2029 y, si su partido pierde, me temo que responderá con más virulencia vía órdenes ejecutivas.
México necesita preparar escenarios desde ahora. En comercio, sabemos que Washington no aceptó extender el T-MEC por otros 16 años y la siguiente revisión será en 2027, ya con el nuevo Congreso en funciones. Urge tener interlocutores en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara y en el de Finanzas del Senado. Los demócratas pueden defender la integración y, a la vez, exigir mayor cumplimiento laboral y ambiental. En migración, los comités de Seguridad Nacional y de Presupuesto inciden en detenciones, vigilancia fronteriza y trato a connacionales. Ningún cambio de mayoría garantiza una política migratoria benigna.
Pero lo más delicado, me parece, está en seguridad. A principios de año 75 demócratas de la Cámara exigieron en una carta a Marco Rubio descartar cualquier acción militar unilateral en México sin autorización del Congreso. Una mayoría demócrata encarecería políticamente esa amenaza con la que Trump lleva meses coqueteando. Eso favorecería la soberanía, bandera con la que se ha envuelto la presidenta para no entregar a Rocha Moya y compañía, acusados por Washington. Pero sería un error monumental leerlo como licencia para bajar la guardia frente al crimen organizado.
Washington, con republicanos o demócratas, exige resultados contra el tráfico de fentanilo, las finanzas de los cárteles y sus redes de protección, incluidas las que tienen en la clase política. Ahí se nota que los intereses de México, los del gobierno y los de Morena no están alineados. Combatir al crimen organizado es un interés nacional. Investigar sus vínculos con funcionarios y políticos, del partido que sean, también debería serlo, pero se topa con pared cuando el señalado es de la 4T.
Ojalá en Palacio Nacional no apuesten a un cambio en el Capitolio para respirar aliviados. Una mayoría demócrata ayudaría a evitar una intervención unilateral, pero ni Trump se va a apaciguar ni el Congreso dejará de presionar para que el crimen y sus nexos políticos en México se combatan enérgicamente.
¿Sabrá México encontrar aliados demócratas en el nuevo Capitolio? ¿Aprovechará ese equilibrio para alinear los intereses del país con los de su gobierno y su partido? Porque evitar una intervención unilateral es indispensable; desmantelar las redes de crimen y corrupción, lleguen hasta donde lleguen, también.
@AnaPOrdorica
Lejos de Dinamarca
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA, 14 octubre 2026;
"El sistema de salud de México está, probablemente, en su peor momento. Al desabasto de medicamentos e insumos se suman recortes presupuestales que dificultan cada vez más la operación de hospitales y centros de salud".
No estoy de acuerdo con las manifestaciones y bloqueos que afectan los derechos de terceros, pero los trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social tienen buenas razones para protestar.
Rechazan un aumento salarial de 2.9 por ciento, contra un alza en los precios de 3.45 por ciento en septiembre y un incremento del salario mínimo de 13 por ciento en 2026, pero también protestan por la falta de medicamentos e insumos y por la creciente precarización de la institución. Exigen, además, la renuncia del secretario general del sindicato, Rafael Olivos.
El expresidente López Obrador repitió de manera obsesiva la mentira de que el sistema de salud de México sería mejor que el de Dinamarca al terminar su sexenio, pero hemos visto más bien un deterioro que es, en buena medida, producto de sus ocurrencias.
La primera fue la eliminación del Seguro Popular, institución que necesitaba más recursos, pero que resolvía muchos problemas que ahora han quedado desatendidos. Otra pifia brutal fue eliminar las compras consolidadas que realizaba, bastante bien, el IMSS, y quitar la distribución de las licitaciones públicas de medicamentos. El Presidente empezó a repartir responsabilidades sin ton ni son a instituciones sin experiencia como el Insabi, la UNOPS, la Secretaría de la Defensa, la Megafarmacia, Birmex y el IMSS-Bienestar, que tuvieron, todas, muy lentas curvas de aprendizaje. Como dijo que no tenía ciencia distribuir, ya que las empresas comerciales pueden llevar bolsas de papitas y refrescos a los lugares más recónditos, decretó que la distribución no debía incluirse en las licitaciones. Hoy es común que el gobierno compre medicamentos e insumos, pero que no lleguen a los lugares donde se necesitan.
El deterioro en los servicios de salud pública ha sido notable. Todos los usuarios tenemos alguna anécdota cercana e incluso dolorosa. Un radioescucha, José Ricardo García Camarena, me dice en un mensaje: "Tengo cuatro años de jubilado como trabajador del IMSS... y en 28 años de servicios se ha notado el deterioro en los servicios médicos e insumos, con poco crecimiento de clínicas y hospitales comparado con la población". Recibo en mi programa de radio constantes quejas de derechohabientes que hablan de citas tardías, operaciones que se cancelan de último momento y falta de medicamentos y servicios esenciales. La presidenta Sheinbaum dice que se hará una consulta "piso por piso" en las instalaciones del IMSS, cuando es claro que falta casi todo. No es un problema de los médicos, enfermeros o trabajadores, que ponen todo el empeño posible, sino de una patética falta de recursos.
Sin embargo, la Presidenta declaró ayer: "Ahora, de ahí a que haya una crisis del sistema de salud, y que las cosas están funcionando muy mal, y que todo está mal, tampoco. Y, además, hay que decirlo también, ha aprovechado la oposición y toda la, sabemos, toda la botiza para subirse al tema".
Quizá para López Obrador y su familia, o para la Presidenta, que se tratan en clínicas privadas o en pabellones especiales de los hospitales militares, sea imposible entender que las cosas están funcionando mal. Para el pueblo bueno, que tiene que acudir a farmacias privadas porque no puede perder el día esperando una consulta, la situación sí es crítica. Lo peor es que el nuevo sistema de "salud universal", que dará servicios a quienes no son derechohabientes, saturará más a instituciones como el IMSS o el ISSSTE que ya están reventando.
· SIN PRIVATIZAR
Dice la Presidenta que está dispuesta a buscar soluciones para la contaminación del agua de Guadalajara siempre y cuando no haya "privatización... del servicio del agua". En la 4T puede más la ideología que la solución de los problemas.
www.sergiosarmiento.com
#
No hay comentarios.:
Publicar un comentario