Una historia de defraudación y corrupción a gran escala/ Héctor de Mauleón
El Universal. | 18-11-26 |
Dos miembros del consejo, el director Reynaldo Tovar Arroyo y el accionista Gustavo Tovar Arroyo, se opusieron a dicha solicitud fraudulenta, a través de un escrito presentado en agosto de ese año, en el que advirtieron que intentar hacerse acreedora de ese estímulo, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, constituía un engaño al SAT y un delito que podría llevar a la empresa a enfrentar la revocación de permisos (opera desde 1971), así como sanciones que podrían llevarla a su muerte operativa.
La mayor parte del órgano de administración decidió, sin embargo, hacer caso omiso de la opinión técnica de los hermanos Tovar Arroyo.
Se llevó adelante el trámite, a fin de que el SAT le hiciera a MAOSA devoluciones por un monto acumulado de 2,061, 337, 855 pesos.
Para tal fin, según denuncia interpuesta ante la Comisión Nacional de Energía por los hermanos Tovar, el presidente del consejo, Juan Pablo Arroyo Abraham, contrató los servicios de la empresa Consulting and Assessment in Energy, S.C., la cual, pese a las irregularidades señaladas, ingresó al SAT nueve solicitudes de devolución del IEPS.
El SAT las negó inicialmente. Alegó que MAOSA no reúne la calidad jurídica de contribuyente del IEPS. Asentó que, según la ley, las personas distintas a fabricantes, productores o importadores que únicamente enajenan combustibles no son causantes ni contribuyentes de dicho impuesto. Señaló que MAOSA no importa ni produce petrolíferos, que adquiere producto nacional, cuyo precio ya incorpora directamente el estímulo gubernamental, por lo que solicitar “devoluciones masivas de un estímulo complementario reservado para importadores constituye una aplicación indebida de la ley”.
Consulting and Assessment iba, de acuerdo con Gustavo Tovar, por el 35% del acreditamiento, en caso de que la devolución se llevara a cabo. Su contrato fue rescindido. Sin embargo, “haciendo caso omiso de los criterios de fiscalización del SAT y sin pasar por los controles de la Dirección General”, el presidente del Consejo suscribió dos nuevos contratos con una nueva empresa: Consorcio Empresarial Integral Conferval, S.A. de C.V.
En caso de tener éxito, Conferval no iría por un porcentaje del 35, sino por el 40% de la suma acreditada. Aún peor: en noviembre de 2024 se adicionó una cláusula al contrato para que sus honorarios fueran pagados a una tercera empresa: OSHU Proyectos. Los representantes de Conferval aseguraron que el SAT había autorizado a OSHU a facturar esos honorarios, mediante un “Acuse de respuesta” marcado con el folio OR202471364055: el organismo que antes se había referido a una aplicación indebida de la ley, ahora, en unos cuantos párrafos, habría autorizado que un tercero facturara en favor de Conferval.
A la sombra de ese esquema, según la denuncia, Juan Pablo Arroyo Abraham suscribió diversos escritos para aplicar el estímulo desde abril de 2024 hasta abril de 2026, “acumulando acreditamientos improcedentes por un monto histórico de 439.7 millones de pesos”. Al mismo tiempo, en julio de 2025, para justificar a MAOSA como beneficiaria del IEPS, dio de alta de manera tardía un establecimiento en la zona fronteriza de Reynosa, Tamaulipas.
Por sus servicios, OSHU habría obtenido en ese tiempo más de 100 millones de pesos.
El director general y el comisario de la sociedad solicitaron la opinión de ocho despachos contables de primer nivel en materia fiscal. Todos advirtieron que MAOSA enfrentaba responsabilidades fiscales y penales.
Los hermanos Tovar Arroyo propusieron que la empresa se autocorrigiera y devolviera al fisco los 439.7 millones acreditados indebidamente. El resto del consejo se opuso. Según grabaciones en poder de los Tovar Arroyo, en las reuniones se planteó “resolver las contingencias fiscales mediante pagos indebidos y una auditoría controlada a través de contactos dentro del SAT”.
¿Eran los mismos contactos que permitieron a Conferval facturar a través de un tercero?
Reynaldo Tovar Arroyo, en ejercicio de sus facultades como director, gestionó el pago al SAT de los 400 millones. Dentro del consejo, la guerra se desató. Hoy los hermanos sufren presiones internas, hostigamiento e incluso la separación de sus funciones.
“Conscientes del daño multimillonario que se está causando a la nación”, han solicitado una investigación federal de los documentos atribuidos al SAT, de los contratos y pagos realizados a Conferval y a OSHU, así como de las irregularidades denunciadas en la administración de MAOSA.
@hdemauleon
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