Rara muerte del multiculturalismo/Ian Buruma, escritor. Su libro más reciente es Un asesinato en Amsterdam.
Traducción: Carlos Manzano.
Tomaso de LA VANGUARDIA, 25/05/2007;
Una ideología que sostiene que las personas de culturas diferentes deben vivir en comunidades separadas dentro de un país, no deben interesarse unas por otras y no deben criticarse unas a otras es a un tiempo equivocada e inviable. Naturalmente, los defensores más reflexivos del multiculturalismo nunca imaginaron que una comunidad cultural pudiera o debiese sustituir a una comunidad política. Pensaban que, mientras todo el mundo cumpliese la ley, no era necesario que los ciudadanos tuviesen una sola jerarquía de valores.
El ideal del multiculturalismo en casa se repitió con una ideología del relativismo cultural en el extranjero, en particular en los decenios de 1970 y 1980, que evolucionó a hurtadillas hasta constituir una forma de racismo moral, según el cual los europeos blancos merecían la democracia liberal, pero los pueblos de culturas diferentes debían esperar. Los dictadores africanos podían hacer cosas espantosas, pero no acababan de recibir una condena de muchos intelectuales europeos, porque la crítica entrañaba arrogancia cultural.
Los Países Bajos, donde yo nací, se han visto tal vez más divididos por el debate sobre el multiculturalismo que ningún otro país. El asesinato del director de cine Theo van Gogh hace dos años y medio por un criminal islamista ha dado pie a un debate desgarrador sobre la sólida tradición del país en materia de tolerancia y acceso fácil para los solicitantes de asilo.
Mucho antes de la llegada de trabajadores inmigrantes islámicos en los decenios de 1960 y 1970, la sociedad neerlandesa era en cierto modo multicultural,en el sentido de que ya estaba organizada mediante los pilares protestante, católico, liberal y socialista, cada uno de ellos con sus escuelas, hospitales, emisoras de televisión, periódicos y partidos políticos propios. Cuando trabajadores procedentes de Marruecos y Turquía pasaron a ser inmigrantes de facto, hubo quienes empezaron a propugnar la creación de otro pilar musulmán.
Pero en el momento en que los defensores del multiculturalismo hacían esa propuesta, la sociedad neerlandesa estaba experimentando una transición dramática. Al imponerse la secularización, los pilares tradicionales empezaron a desplomarse. Además, empezó a haber ataques feroces a los musulmanes por parte de personas que, tras criarse en familias profundamente religiosas, se habían vuelto izquierdistas radicales en los decenios de 1960 y 1970. Tras calificarse a sí mismos de anticolonialistas y antirracistas - adalides del multiculturalismo-, han pasado a ser defensores fervientes de los llamados valores de la Ilustración y contra la ortodoxia musulmana. Esas personas temían el regreso de la religión, temían que el carácter opresivo del protestantismo o del catolicismo que habían conocido de primera mano quedara sustituido por unos códigos musulmanes de conducta igualmente opresivos.
Les guste o no a los europeos, los musulmanes forman parte de Europa. Muchos no abandonarán su religión, por lo que los europeos deberán aprender a vivir con ellos y con el islam. Naturalmente, resultará más fácil si los musulmanes acaban creyendo que el sistema redunda también en su beneficio. La democracia liberal y el islam son conciliables. La actual transición política de Indonesia de la dictadura a la democracia, aunque no constituye un éxito rotundo, muestra que se puede lograr.
Aun cuando todos los musulmanes de Europa fueran islamistas -cosa que dista mucho de ser una realidad- no podrían amenazar la soberanía del continente y, con ello, sus leyes y los valores de la Ilustración. Naturalmente, hay grupos a los que les gusta el islamismo. Los hijos de inmigrantes nacidos en Europa tienen la sensación de no ser plenamente aceptados en el país en el que se han criado, pero tampoco sienten una vinculación especial con el país natal de sus padres. El islamismo, además de ofrecerles una respuesta a la pregunta de por qué no se sienten contentos con su forma de vida, les da una sensación de su propia valía y una gran causa por la que morir.
Al final, lo único que de verdad puede perjudicar a los valores europeos es la reacción de Europa ante su mayoría no musulmana. El miedo al islam y a los inmigrantes podría propiciar la aprobación de leyes no liberales. Al defender los valores de la Ilustración de forma dogmática, los europeos serán quienes los socaven.
Eso no significa que no debamos medir nuestras palabras con cuidado. Debemos distinguir claramente entre diferentes clases de islam y no confundir los movimientos revolucionarios violentos con la mera ortodoxia religiosa. Insultar a musulmanes simplemente en relación con su fe es una insensatez y resulta contraproducente, como lo es la idea, cada vez más popular, de que debemos hacer declaraciones rotundas sobre la superioridad de nuestra cultura,pues semejante dogmatismo socava el escepticismo, la impugnación de todas las opiniones, incluidas las propias, que fue y es la característica fundamental de la Ilustración.
El problema es que a veces se usan los valores de la Ilustración de forma muy dogmática contra los musulmanes. De hecho, han llegado a ser una forma de nacionalismo: se ha contrapuesto nuestros valores a sus valores.La razón para defender los valores de la Ilustración es que están basados en ideas válidas y que sean nuestra cultura.Confundir la cultura y la política de ese modo es caer en la misma trampa que los multiculturalistas.
Y tiene consecuencias graves. Si nos enemistamos lo bastante con los musulmanes de Europa, incitaremos a más personas a adherirse a la revolución islamista. Debemos hacer todo lo posible para alentar a los musulmanes de Europa a asimilarse en las sociedades europeas. Es nuestra única esperanza.
Ego sum qui sum; analista político, un soñador enamorado de la vida y aficionado a la poesía.
26 may 2007
25 may 2007
La catedra del profesor Kennedy
¿Se venden embajadas?/Paul Kennedy, titular de la cátedra J. Richardson de Historia y director del Instituto de Estudios sobre Seguridad Internacional en la Universidad de Yale.
Tomado de EL PAÍS, 24/07/05):
A comienzos del siglo XV, como nos cuenta el gran historiador Garrett Mattingly en su libro Renaissance Diplomacy, los Gobiernos adoptaron la costumbre de enviar una misión permanente -un embajador- a los países con los que mantenían relaciones pacíficas. A su vez, dichos países enviaban también una misión permanente a la corte de St. James (Londres), o a la Puerta Sublime (Constantinopla), o a donde fuera. Así nació el sistema moderno de la diplomacia internacional.
Los embajadores contribuyen a engrasar el mecanismo de las relaciones entre unas naciones-Estado irritables y orgullosas. Su labor consiste en explicar la postura de su país al Gobierno anfitrión y la de este último a sus propios jefes. No es nunca una tarea fácil; muchos embajadores han sido objeto de acusaciones patrioteras de malvender a su país y no emplear un lenguaje suficientemente enérgico.
Pese a todo, en general, los embajadores cumplen bien sus funciones. Hay ciertos países -Francia, Gran Bretaña, Rusia y China entre las grandes potencias, Singapur, Nueva Zelanda y Austria entre los países pequeños- que cuentan con toda una cohorte de representantes exteriores muy competentes. Hace poco, durante una comida en Buenos Aires, me impresionó enormemente la conversación que mantuve con una docena de altos funcionarios, casi todos antiguos o futuros embajadores argentinos y todos ellos de enorme talento.
Un buen embajador es un bien muy valioso para un país. Mientras buscaba un ejemplo de lo que quiero decir, topé con el nombre de sir Jeremy Greenstock, que trabajó en Arabia Saudí, Dubai, París y Washington, luego fue representante permanente del Reino Unido en la ONU y al final -después de 35 años en el servicio diplomático- máximo representante del Gobierno británico adscrito a la autoridad de Irak.
El hecho de que, con posterioridad, sir Jeremy haya escrito un relato mordaz de todo lo ocurrido en Irak (y cuya publicación ha prohibido el Gobierno de Su Majestad) no tiene nada que ver con el objeto de este artículo. Lo importante es que casi todos los Estados envían a profesionales experimentados y bien preparados a otros países para hacerse cargo de lo que, al fin y al cabo, es una labor de profesional.
¿Y qué hay de Estados Unidos, el país con el que todos los Gobiernos, les guste o no, tienen que tratar? El servicio exterior de Estados Unidos tiene una larga y noble tradición y, por consiguiente, cuenta con su propia cohorte de diplomáticos experimentados, bien versados en lenguas y culturas de otros países.
Pero, al mismo tiempo, existe otra tradición, derivada de los inmensos poderes que tienen los presidentes: la Casa Blanca nombra a todos los embajadores y no está obligada a contar exclusivamente con los diplomáticos de carrera. (Otra peculiaridad es que, cuando dimite un presidente, dimiten asimismo todos los embajadores, con el consiguiente trastorno. Imaginemos qué pasaría si todos los generales y almirantes también tuvieran que dimitir).
Es lógico que el presidente de EE UU tenga derecho a nombrar de vez en cuando a alguien que no es diplomático para una Embajada concreta, cuando dicho nombramiento puede ayudar a impulsar las relaciones bilaterales.
La decisión del presidente Carter de enviar a Tokio a Mike Mansfield, que había sido senador durante más de 10 años, en un momento de tensas relaciones entre Estados Unidos y Japón, fue una medida inteligente. Los nombramientos que hizo el presidente Clinton para ocupar la Embajada en París, primero con una persona políticamente tan señalada como Pamela Harriman (viuda del gran estadista norteamericano W. Averell Harriman) y después con el hábil banquero neoyorquino Felix Rohatyn, fueron muy inteligentes y ayudaron a suavizar las relaciones con Francia, entre otras cosas porque ambos hablaban francés. Y a un embajador que es amigo del presidente siempre le costará menos llamar directamente a la Casa Blanca y decir: “George, tenemos un problema…”. En los casos citados, esos nombramientos querían indicar que las relaciones de Estados Unidos con Japón y Francia eran especiales, lo cual es indudablemente cierto.Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esa práctica ya no es algo ocasional, sino que se vuelve habitual? ¿Qué ocurre cuando hay docenas de nombramientos así, decididos no por las cualidades concretas de los designados, sino porque han hecho grandes contribuciones a las campañas electorales del presidente? ¿Qué ocurre cuando saben poco o nada del país al que se les destina?
¿Y qué ocurre, por último, cuando el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que en teoría debe confirmar todos los nombramientos de embajadores, no puede intervenir debido a un mecanismo llamado “nombramiento en vacaciones”, que permite que la Casa Blanca designe un puesto mientras el Congreso está en periodo de descanso?
Esta pregunta viene a cuento de la disputa entre la Casa Blanca y varios demócratas importantes en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado después de que el presidente Bush haya nombrado a Sam Fox, un destacado hombre de negocios y contribuyente republicano de Missouri, como embajador de Estados Unidos en Bélgica.
El caso de Fox, en realidad, plantea dos dudas distintas sobre la costumbre de hacer nombramientos políticos para ocupar las embajadas de Estados Unidos en el extranjero. La primera es sobre el peligro de que las disputas partidistas puedan bloquear o, por lo menos, dificultar el proceso. Algunos senadores demócratas se habían opuesto a la designación de Fox porque, en su día, contribuyó a la campaña de varios veteranos y antiguos prisioneros de la guerra de Vietnam contra John Kerry. Al principio, la Casa Blanca retrocedió, pero luego decidió ejercer su histórico privilegio de hacer un nombramiento durante las vacaciones.
Según The Kansas Star, el nuevo embajador está aguardando sus instrucciones para cruzar el Atlántico. Ni que decir tiene que este tipo de nombramientos en vacaciones molesta a los senadores de los dos partidos, que sienten que es una forma de eludir su competencia constitucional en materia de asuntos exteriores mediante una maniobra discutible del Poder Ejecutivo. El ejemplo más conocido en los últimos años ha sido el de John Bolton como embajador estadounidense ante Naciones Unidas. No fue un nombramiento afortunado, y el Senado se apresuró a tomarse la revancha.
En segundo lugar, y también de acuerdo con The Kansas City Star, está el curioso dato de que Fox es, al menos, el número 43 (!) de los actuales embajadores no de carrera que se ha visto recompensado por sus contribuciones financieras a las arcas del Partido Republicano. Es más, el Star se dedica a ofrecer con todo detalle las cantidades donadas al partido por los actuales embajadores en Italia, Alemania, la Unión Europea, Brasil y otros Estados nada insignificantes.
No cabe duda de que algunos están haciendo un buen trabajo. ¿Pero los 43? ¿Y todos ellos contribuyentes al partido, muchos sin ninguna experiencia diplomática previa? No es extraño que la Asociación Americana del Servicio Exterior (la organización que agrupa a los funcionarios diplomáticos de carrera) se lamente de este último ejemplo. Y es fácil imaginar cómo se reciben tales nombramientos en los países afectados: los Gobiernos extranjeros, en general, envían a Washington a diplomáticos tremendamente experimentados y, a cambio, pueden recibir a empresarios, inversores y magnates inmobiliarios cargados de dinero.
Al final, lo preocupante no son las personas concretas, sino si el Gobierno de Estados Unidos -sea republicano o demócrata- refuerza o debilita su capacidad de convencer a otros países para que vean los problemas internacionales desde nuestro punto de vista cuando da la impresión de que regala las embajadas como premio por las contribuciones al partido. El servicio diplomático es, como el servicio militar o la ayuda exterior, uno de los instrumentos fundamentales de una nación, y por eso se crearon en su momento los embajadores profesionales.
Esta práctica es torpe y, en mi opinión, no muy diplomática. ¿Estados Unidos no puede hacer algo mejor?
Tomado de EL PAÍS, 24/07/05):
A comienzos del siglo XV, como nos cuenta el gran historiador Garrett Mattingly en su libro Renaissance Diplomacy, los Gobiernos adoptaron la costumbre de enviar una misión permanente -un embajador- a los países con los que mantenían relaciones pacíficas. A su vez, dichos países enviaban también una misión permanente a la corte de St. James (Londres), o a la Puerta Sublime (Constantinopla), o a donde fuera. Así nació el sistema moderno de la diplomacia internacional.
Los embajadores contribuyen a engrasar el mecanismo de las relaciones entre unas naciones-Estado irritables y orgullosas. Su labor consiste en explicar la postura de su país al Gobierno anfitrión y la de este último a sus propios jefes. No es nunca una tarea fácil; muchos embajadores han sido objeto de acusaciones patrioteras de malvender a su país y no emplear un lenguaje suficientemente enérgico.
Pese a todo, en general, los embajadores cumplen bien sus funciones. Hay ciertos países -Francia, Gran Bretaña, Rusia y China entre las grandes potencias, Singapur, Nueva Zelanda y Austria entre los países pequeños- que cuentan con toda una cohorte de representantes exteriores muy competentes. Hace poco, durante una comida en Buenos Aires, me impresionó enormemente la conversación que mantuve con una docena de altos funcionarios, casi todos antiguos o futuros embajadores argentinos y todos ellos de enorme talento.
Un buen embajador es un bien muy valioso para un país. Mientras buscaba un ejemplo de lo que quiero decir, topé con el nombre de sir Jeremy Greenstock, que trabajó en Arabia Saudí, Dubai, París y Washington, luego fue representante permanente del Reino Unido en la ONU y al final -después de 35 años en el servicio diplomático- máximo representante del Gobierno británico adscrito a la autoridad de Irak.
El hecho de que, con posterioridad, sir Jeremy haya escrito un relato mordaz de todo lo ocurrido en Irak (y cuya publicación ha prohibido el Gobierno de Su Majestad) no tiene nada que ver con el objeto de este artículo. Lo importante es que casi todos los Estados envían a profesionales experimentados y bien preparados a otros países para hacerse cargo de lo que, al fin y al cabo, es una labor de profesional.
¿Y qué hay de Estados Unidos, el país con el que todos los Gobiernos, les guste o no, tienen que tratar? El servicio exterior de Estados Unidos tiene una larga y noble tradición y, por consiguiente, cuenta con su propia cohorte de diplomáticos experimentados, bien versados en lenguas y culturas de otros países.
Pero, al mismo tiempo, existe otra tradición, derivada de los inmensos poderes que tienen los presidentes: la Casa Blanca nombra a todos los embajadores y no está obligada a contar exclusivamente con los diplomáticos de carrera. (Otra peculiaridad es que, cuando dimite un presidente, dimiten asimismo todos los embajadores, con el consiguiente trastorno. Imaginemos qué pasaría si todos los generales y almirantes también tuvieran que dimitir).
Es lógico que el presidente de EE UU tenga derecho a nombrar de vez en cuando a alguien que no es diplomático para una Embajada concreta, cuando dicho nombramiento puede ayudar a impulsar las relaciones bilaterales.
La decisión del presidente Carter de enviar a Tokio a Mike Mansfield, que había sido senador durante más de 10 años, en un momento de tensas relaciones entre Estados Unidos y Japón, fue una medida inteligente. Los nombramientos que hizo el presidente Clinton para ocupar la Embajada en París, primero con una persona políticamente tan señalada como Pamela Harriman (viuda del gran estadista norteamericano W. Averell Harriman) y después con el hábil banquero neoyorquino Felix Rohatyn, fueron muy inteligentes y ayudaron a suavizar las relaciones con Francia, entre otras cosas porque ambos hablaban francés. Y a un embajador que es amigo del presidente siempre le costará menos llamar directamente a la Casa Blanca y decir: “George, tenemos un problema…”. En los casos citados, esos nombramientos querían indicar que las relaciones de Estados Unidos con Japón y Francia eran especiales, lo cual es indudablemente cierto.Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esa práctica ya no es algo ocasional, sino que se vuelve habitual? ¿Qué ocurre cuando hay docenas de nombramientos así, decididos no por las cualidades concretas de los designados, sino porque han hecho grandes contribuciones a las campañas electorales del presidente? ¿Qué ocurre cuando saben poco o nada del país al que se les destina?
¿Y qué ocurre, por último, cuando el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que en teoría debe confirmar todos los nombramientos de embajadores, no puede intervenir debido a un mecanismo llamado “nombramiento en vacaciones”, que permite que la Casa Blanca designe un puesto mientras el Congreso está en periodo de descanso?
Esta pregunta viene a cuento de la disputa entre la Casa Blanca y varios demócratas importantes en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado después de que el presidente Bush haya nombrado a Sam Fox, un destacado hombre de negocios y contribuyente republicano de Missouri, como embajador de Estados Unidos en Bélgica.
El caso de Fox, en realidad, plantea dos dudas distintas sobre la costumbre de hacer nombramientos políticos para ocupar las embajadas de Estados Unidos en el extranjero. La primera es sobre el peligro de que las disputas partidistas puedan bloquear o, por lo menos, dificultar el proceso. Algunos senadores demócratas se habían opuesto a la designación de Fox porque, en su día, contribuyó a la campaña de varios veteranos y antiguos prisioneros de la guerra de Vietnam contra John Kerry. Al principio, la Casa Blanca retrocedió, pero luego decidió ejercer su histórico privilegio de hacer un nombramiento durante las vacaciones.
Según The Kansas Star, el nuevo embajador está aguardando sus instrucciones para cruzar el Atlántico. Ni que decir tiene que este tipo de nombramientos en vacaciones molesta a los senadores de los dos partidos, que sienten que es una forma de eludir su competencia constitucional en materia de asuntos exteriores mediante una maniobra discutible del Poder Ejecutivo. El ejemplo más conocido en los últimos años ha sido el de John Bolton como embajador estadounidense ante Naciones Unidas. No fue un nombramiento afortunado, y el Senado se apresuró a tomarse la revancha.
En segundo lugar, y también de acuerdo con The Kansas City Star, está el curioso dato de que Fox es, al menos, el número 43 (!) de los actuales embajadores no de carrera que se ha visto recompensado por sus contribuciones financieras a las arcas del Partido Republicano. Es más, el Star se dedica a ofrecer con todo detalle las cantidades donadas al partido por los actuales embajadores en Italia, Alemania, la Unión Europea, Brasil y otros Estados nada insignificantes.
No cabe duda de que algunos están haciendo un buen trabajo. ¿Pero los 43? ¿Y todos ellos contribuyentes al partido, muchos sin ninguna experiencia diplomática previa? No es extraño que la Asociación Americana del Servicio Exterior (la organización que agrupa a los funcionarios diplomáticos de carrera) se lamente de este último ejemplo. Y es fácil imaginar cómo se reciben tales nombramientos en los países afectados: los Gobiernos extranjeros, en general, envían a Washington a diplomáticos tremendamente experimentados y, a cambio, pueden recibir a empresarios, inversores y magnates inmobiliarios cargados de dinero.
Al final, lo preocupante no son las personas concretas, sino si el Gobierno de Estados Unidos -sea republicano o demócrata- refuerza o debilita su capacidad de convencer a otros países para que vean los problemas internacionales desde nuestro punto de vista cuando da la impresión de que regala las embajadas como premio por las contribuciones al partido. El servicio diplomático es, como el servicio militar o la ayuda exterior, uno de los instrumentos fundamentales de una nación, y por eso se crearon en su momento los embajadores profesionales.
Esta práctica es torpe y, en mi opinión, no muy diplomática. ¿Estados Unidos no puede hacer algo mejor?
Sobre el aborto ¡acción de inconstitucionalidad!
La CNDH presentó ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad que impugna la reforma al Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal que despenaliza el aborto.
El ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, firmó el acuerdo mediante el cual turna ese recurso al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien se encargará de resolver sí acepta o no la acción de inconstitucionalidad.
También la PGR interpuso el juicio de acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, a fin de que los ministros analicen la validez o no de las reformas.
Este es el comunicado oficial
LA PGR PROMUEVE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Viernes, 25 de Mayo de 2007 Boletin 242/07
144, 145 y 146 del Código Penal, 16BIS-6, párrafo tercero y 16BIS-8 último párrafo de la Ley de Salud del Distrito Federal, así como el artículo Tercero Transitorio del propio Decreto
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, corresponde a su titular iniciar las acciones de inconstitucionalidad cuando se advierta que una norma contenida en tratados internacionales, leyes federales, locales o del Distrito Federal, puede contravenir la Constitución Mexicana.
En esta administración el Procurador General de la República ha promovido a la fecha 139 acciones de inconstitucionalidad en contra de un número mayor de normas jurídicas, que se estiman contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las acciones se basan en la interpretación establecida a lo largo de los años por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sin excepción alguna los criterios que soportan la posición del Procurador son estrictamente técnico – jurídicos, sin atender factores de orden político, económico, social, ético, moral, o de cualquier otra índole.
En este marco, la Procuraduría General de la República analizó el decreto expedido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 26 de abril del año en curso, que modifica en el Código Penal para esta entidad federativa la regulación aplicable para el delito de aborto.
De su estudio e interpretación se desprende la inconstitucionalidad de las reformas a los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal, 16bis-6, párrafo tercero y 16bis-8, último párrafo de la Ley de Salud, ambos para esta entidad federativa, así como el artículo tercero transitorio del propio decreto.
La interpretación que sustenta la acción de inconstitucionalidad proviene del criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial P./J.14/2002, “Derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Tratados Internacionales y de las leyes federales y locales”, aprobada por mayoría de votos en la acción de inconstitucionalidad 10/2000.
También se considera la tesis aislada número P. IX/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo discriminatorio que sería disponer que “a determinados productos de la concepción, por sus características, se les pueda privar de la vida.”
De acuerdo a lo que se ha sostenido por mayoría de votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que no puede hacer una norma es permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de gestación.
Por esta razón, se estima que el Decreto de la Asamblea Legislativa es contrario a dichos postulados.
El tipo penal que recogen las reformas al Código Penal del Distrito Federal conforme al decreto de la Asamblea Legislativa del 26 de abril del 2007, es impreciso respecto a su contenido y aplicación, ya que se considera que los términos empleados en esas normas jurídico penales no son exactos y precisos, y dan lugar a dudas y reticencias en cuanto a su contenido y aplicación, lo que implica una contradicción al artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice a la letra “en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”.
Este criterio se sustenta en la tesis P. IX/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por la jurisprudencia 1ª./J.10/2006 de la Primera Sala del propio Alto Tribunal.
Asimismo, las normas que sobre salud contiene el decreto que se considera inconstitucional, invaden la esfera competencial del Congreso de la Unión, ya que el régimen de regulación jurídica de la actividad pública en materia de salud corresponde, originariamente, a la Ley General que expida el Congreso Federal, y las leyes locales de salud únicamente pueden normar la actuación de las autoridades de su territorio respetando siempre las normas previstas en la Ley General de Salud, de acuerdo con el criterio que sobre la jerarquía de normas estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo anterior, es una obligación del Procurador General de la República iniciar la acción de inconstitucionalidad para someter a la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que ésta, como órgano competente, revise si las normas impugnadas son o no contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, firmó el acuerdo mediante el cual turna ese recurso al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien se encargará de resolver sí acepta o no la acción de inconstitucionalidad.
También la PGR interpuso el juicio de acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, a fin de que los ministros analicen la validez o no de las reformas.
Este es el comunicado oficial
LA PGR PROMUEVE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Viernes, 25 de Mayo de 2007 Boletin 242/07
144, 145 y 146 del Código Penal, 16BIS-6, párrafo tercero y 16BIS-8 último párrafo de la Ley de Salud del Distrito Federal, así como el artículo Tercero Transitorio del propio Decreto
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, corresponde a su titular iniciar las acciones de inconstitucionalidad cuando se advierta que una norma contenida en tratados internacionales, leyes federales, locales o del Distrito Federal, puede contravenir la Constitución Mexicana.
En esta administración el Procurador General de la República ha promovido a la fecha 139 acciones de inconstitucionalidad en contra de un número mayor de normas jurídicas, que se estiman contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las acciones se basan en la interpretación establecida a lo largo de los años por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sin excepción alguna los criterios que soportan la posición del Procurador son estrictamente técnico – jurídicos, sin atender factores de orden político, económico, social, ético, moral, o de cualquier otra índole.
En este marco, la Procuraduría General de la República analizó el decreto expedido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 26 de abril del año en curso, que modifica en el Código Penal para esta entidad federativa la regulación aplicable para el delito de aborto.
De su estudio e interpretación se desprende la inconstitucionalidad de las reformas a los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal, 16bis-6, párrafo tercero y 16bis-8, último párrafo de la Ley de Salud, ambos para esta entidad federativa, así como el artículo tercero transitorio del propio decreto.
La interpretación que sustenta la acción de inconstitucionalidad proviene del criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial P./J.14/2002, “Derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Tratados Internacionales y de las leyes federales y locales”, aprobada por mayoría de votos en la acción de inconstitucionalidad 10/2000.
También se considera la tesis aislada número P. IX/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo discriminatorio que sería disponer que “a determinados productos de la concepción, por sus características, se les pueda privar de la vida.”
De acuerdo a lo que se ha sostenido por mayoría de votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que no puede hacer una norma es permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de gestación.
Por esta razón, se estima que el Decreto de la Asamblea Legislativa es contrario a dichos postulados.
El tipo penal que recogen las reformas al Código Penal del Distrito Federal conforme al decreto de la Asamblea Legislativa del 26 de abril del 2007, es impreciso respecto a su contenido y aplicación, ya que se considera que los términos empleados en esas normas jurídico penales no son exactos y precisos, y dan lugar a dudas y reticencias en cuanto a su contenido y aplicación, lo que implica una contradicción al artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice a la letra “en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”.
Este criterio se sustenta en la tesis P. IX/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por la jurisprudencia 1ª./J.10/2006 de la Primera Sala del propio Alto Tribunal.
Asimismo, las normas que sobre salud contiene el decreto que se considera inconstitucional, invaden la esfera competencial del Congreso de la Unión, ya que el régimen de regulación jurídica de la actividad pública en materia de salud corresponde, originariamente, a la Ley General que expida el Congreso Federal, y las leyes locales de salud únicamente pueden normar la actuación de las autoridades de su territorio respetando siempre las normas previstas en la Ley General de Salud, de acuerdo con el criterio que sobre la jerarquía de normas estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo anterior, es una obligación del Procurador General de la República iniciar la acción de inconstitucionalidad para someter a la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que ésta, como órgano competente, revise si las normas impugnadas son o no contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
24 may 2007
Respuesta de Calderón a los legisladores
El Presidente Felipe Calderón rechazó este jueves que se retire al Ejército de los operativos contra el crimen organizado.
Hay que precisar que no le dijo así de manera abierta, pero es de interpretarse.
Precisó en un discurso en la Inauguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Oriente, en Gómez Palacio, Durango:
"La segunda razón(...) por la que estoy aquí en Gómez Palacio el día de hoy es porque sé que la sociedad lagunera ha sido conmocionada por la violencia del crimen organizado.
Estoy aquí para expresar mi solidaridad con ustedes y para decirles que quiero ayudarle a La Laguna para enfrentar este flagelo de la inseguridad.
Yo estoy seguro que el mejor camino de enfrentar los problemas del país es mediante una acción conjunta y corresponsable entre sociedad y Gobierno, entre Federación, estados y municipios.
Hoy el bien de México nos llama a la unidad, y sé que una de las principales preocupaciones, yo diría en este momento la mayor de los laguneros, de los duranguenses es la delincuencia que amenaza la seguridad de sus familias y sepan amigas y amigos que es también una preocupación y una prioridad para mi Gobierno.
No es la solución, simple y sencillamente retraerse, acobardarse y esconderse como si esa realidad no existiera, imaginemos el futuro, cómo así, como preguntaban yo en el medio ambiente, cómo queremos ver a La Laguna, queremos ver a la Laguna dominada por capos que sean dueños de nuestra vidas, a los que tengamos que pagar por salir de nuestra casa, a los que tengamos que darle lo que ingresamos, a los que tengamos que entregarle la vida de nuestros hijos para que hagan con ella lo que se les dé la gana, que actúen impunemente en las calles, que sean verdaderos feudos donde impere la ley de la violencia y de humillación humana.
O queremos imaginarnos una laguna donde impere la ley, donde cada quién pueda salir a la calle seguro, donde el Gobierno esté para proteger a los ciudadanos y no a los delincuentes.
Ésa es La Laguna, ése es el México que yo quiero, un México seguro libre. Ni nos engañamos ni queremos engañar a nadie, será difícil, sí será difícil y no me cansaré de repetirlo, nos va a costar mucho tiempo revertir lo que muchos años de abandono y de irresponsabilidad han dejado.
Nos va a costar recursos económicos enfrentar su poder, nos va a costar vidas humanas, que por desgracia así será.
Pero más nos costará el tiempo, más nos costará el dinero y, por supuesto, más nos costará en vidas humanas el no hacer nada.
Hoy La Laguna enfrenta este problema y no es porque haya actuado aquí el Gobierno Federal, al contrario, aquí no ha habido la presencia de un operativo.
Y lo que ocurre es que estamos en la presencia de una nueva lógica criminal, de bandas que llegan a un lugar, o a una región, o a una zona como ésta a decir aquí no hay ley, y no hay autoridad, no hay alcalde, no hay gobernador, no hay Presidente, aquí la autoridad soy yo.
Y no podemos permitir, laguneros, que se pretenda arrancarle a los mexicanos precisamente la soberanía y el derecho de mando de su territorio.
Los operativos encabezados por el Gobierno Federal tienen como lógica rescatar las tierras, rescatar las ciudades y rescatar los pueblos que han sido copados por el crimen organizado, rescatarlos para los ciudadanos de bien que son la inmensa mayoría de los mexicanos.
¿Quién debe mandar en La Laguna, quién debe mandar en Gómez, o en Lerdo y en Torreón?
Yo digo que las autoridades electas por los mexicanos, yo digo que tiene que mandar la ciudadanía que diariamente trabaja, se esfuerza, se gana su sustento dignamente.
Porque no podemos abandonar la suerte de nuestras ciudades y de nuestra Patria al crimen, porque no podemos eludir a ese grave compromiso con la historia.
Yo por eso vengo a decirles, amigas y amigos, que lo que está en juego realmente es el futuro, que no es opción simple y sencillamente cruzarse de brazos porque entonces significa entregar de plano nuestra tierra, nuestra Patria al crimen. Eso no lo va a hacer el Gobierno Federal.
Estamos luchando para salvaguardar las garantías de los ciudadanos y garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho.
Como Gobierno, como autoridades estamos obligados a actuar con profesionalismo.
Tenemos el deber de hacer valer la ley mediante su cumplimiento irrestricto.
Yo les digo laguneros que hasta donde ustedes digan que vayamos, yo voy a ir, a mi me gustaría hacer más y haremos todo, todo lo que esté en nuestras manos, haremos todo aunque algunos insistan eliminar y restringir la acción del Gobierno Federal.
Aunque algunos (PRD y algunos del PRI) insistan en que el Gobierno Federal se retraiga de su acción, yo les pido amigos, le agradezco enormemente al Gobernador Ismael Hernández Deras su valiente posición y su apoyo que es necesario.
Esta acción del Gobierno sólo puede hacerse si la ciudadanía expresa su apoyo, esta acción de Gobierno no es tarea sólo del Presidente, no es tarea sólo del Gobierno Federal, no es una tarea personal, es una tarea colectiva.
Y no es una tarea para frenar intereses de corto plazo, sino para salvar el futuro. Yo les pido además que manifiesten a los legisladores del PRD y a algunos del PRI, lo que todos están viviendo aquí, lo que están viviendo esas niñas que perdieron a sus padres que fueron secuestrados, lo que están viviendo empresarios y comerciantes y periodistas.
Que si ese es el futuro que quieren para el país que lo digan de una vez, yo no quiero ese futuro, yo quiero el futuro de un México libre, fuerte, seguro de sí mismo que pueda prosperar en paz y bajo el imperio de la ley.
El crimen organizado quiere hacer presa del miedo a la sociedad, quiere atemorizar y aterrorizar a la sociedad para que el Gobierno se quede cruzado de brazos mientras ellos actúan impunemente, quiere que retrocedamos, quiere que les dejemos las plazas, las calles, la ciudad; quiere que les demos vía libre para que droguen a los niños y a los jóvenes, ahora lo hacen incluso a partir de los 10 años de edad para tener en ellos esclavos vitalicios que tengan que otorgarles dinero para conseguir su droga durante toda su vida.
No podemos dejar a los niños y los jóvenes de México en las garras del crimen organizado.
Por eso, amigas y amigos laguneros, nuestra posición es clara, ni un paso atrás en la tarea de defender a México, ni un paso atrás en la tarea de defender libertades, la vida y la tranquilidad de los mexicanos.
Unidos, unidos seremos más fuertes, si estamos unidos municipio, estado y Federación, independientemente de nuestras legítimas diferencias político-partidistas somos más fuertes.
Pero les digo, laguneros, que si estamos unidos Gobierno y sociedad no sólo somos más fuertes, seremos invencibles en esta lucha, porque somos más, millones y millones más de mexicanas y mexicanos que queremos el bien, que quienes quieren secuestrar a nuestra sociedad.
Actuemos juntos, actuemos ahora y ganaremos esa guerra.
Hay que precisar que no le dijo así de manera abierta, pero es de interpretarse.
Precisó en un discurso en la Inauguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Oriente, en Gómez Palacio, Durango:
"La segunda razón(...) por la que estoy aquí en Gómez Palacio el día de hoy es porque sé que la sociedad lagunera ha sido conmocionada por la violencia del crimen organizado.
Estoy aquí para expresar mi solidaridad con ustedes y para decirles que quiero ayudarle a La Laguna para enfrentar este flagelo de la inseguridad.
Yo estoy seguro que el mejor camino de enfrentar los problemas del país es mediante una acción conjunta y corresponsable entre sociedad y Gobierno, entre Federación, estados y municipios.
Hoy el bien de México nos llama a la unidad, y sé que una de las principales preocupaciones, yo diría en este momento la mayor de los laguneros, de los duranguenses es la delincuencia que amenaza la seguridad de sus familias y sepan amigas y amigos que es también una preocupación y una prioridad para mi Gobierno.
No es la solución, simple y sencillamente retraerse, acobardarse y esconderse como si esa realidad no existiera, imaginemos el futuro, cómo así, como preguntaban yo en el medio ambiente, cómo queremos ver a La Laguna, queremos ver a la Laguna dominada por capos que sean dueños de nuestra vidas, a los que tengamos que pagar por salir de nuestra casa, a los que tengamos que darle lo que ingresamos, a los que tengamos que entregarle la vida de nuestros hijos para que hagan con ella lo que se les dé la gana, que actúen impunemente en las calles, que sean verdaderos feudos donde impere la ley de la violencia y de humillación humana.
O queremos imaginarnos una laguna donde impere la ley, donde cada quién pueda salir a la calle seguro, donde el Gobierno esté para proteger a los ciudadanos y no a los delincuentes.
Ésa es La Laguna, ése es el México que yo quiero, un México seguro libre. Ni nos engañamos ni queremos engañar a nadie, será difícil, sí será difícil y no me cansaré de repetirlo, nos va a costar mucho tiempo revertir lo que muchos años de abandono y de irresponsabilidad han dejado.
Nos va a costar recursos económicos enfrentar su poder, nos va a costar vidas humanas, que por desgracia así será.
Pero más nos costará el tiempo, más nos costará el dinero y, por supuesto, más nos costará en vidas humanas el no hacer nada.
Hoy La Laguna enfrenta este problema y no es porque haya actuado aquí el Gobierno Federal, al contrario, aquí no ha habido la presencia de un operativo.
Y lo que ocurre es que estamos en la presencia de una nueva lógica criminal, de bandas que llegan a un lugar, o a una región, o a una zona como ésta a decir aquí no hay ley, y no hay autoridad, no hay alcalde, no hay gobernador, no hay Presidente, aquí la autoridad soy yo.
Y no podemos permitir, laguneros, que se pretenda arrancarle a los mexicanos precisamente la soberanía y el derecho de mando de su territorio.
Los operativos encabezados por el Gobierno Federal tienen como lógica rescatar las tierras, rescatar las ciudades y rescatar los pueblos que han sido copados por el crimen organizado, rescatarlos para los ciudadanos de bien que son la inmensa mayoría de los mexicanos.
¿Quién debe mandar en La Laguna, quién debe mandar en Gómez, o en Lerdo y en Torreón?
Yo digo que las autoridades electas por los mexicanos, yo digo que tiene que mandar la ciudadanía que diariamente trabaja, se esfuerza, se gana su sustento dignamente.
Porque no podemos abandonar la suerte de nuestras ciudades y de nuestra Patria al crimen, porque no podemos eludir a ese grave compromiso con la historia.
Yo por eso vengo a decirles, amigas y amigos, que lo que está en juego realmente es el futuro, que no es opción simple y sencillamente cruzarse de brazos porque entonces significa entregar de plano nuestra tierra, nuestra Patria al crimen. Eso no lo va a hacer el Gobierno Federal.
Estamos luchando para salvaguardar las garantías de los ciudadanos y garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho.
Como Gobierno, como autoridades estamos obligados a actuar con profesionalismo.
Tenemos el deber de hacer valer la ley mediante su cumplimiento irrestricto.
Yo les digo laguneros que hasta donde ustedes digan que vayamos, yo voy a ir, a mi me gustaría hacer más y haremos todo, todo lo que esté en nuestras manos, haremos todo aunque algunos insistan eliminar y restringir la acción del Gobierno Federal.
Aunque algunos (PRD y algunos del PRI) insistan en que el Gobierno Federal se retraiga de su acción, yo les pido amigos, le agradezco enormemente al Gobernador Ismael Hernández Deras su valiente posición y su apoyo que es necesario.
Esta acción del Gobierno sólo puede hacerse si la ciudadanía expresa su apoyo, esta acción de Gobierno no es tarea sólo del Presidente, no es tarea sólo del Gobierno Federal, no es una tarea personal, es una tarea colectiva.
Y no es una tarea para frenar intereses de corto plazo, sino para salvar el futuro. Yo les pido además que manifiesten a los legisladores del PRD y a algunos del PRI, lo que todos están viviendo aquí, lo que están viviendo esas niñas que perdieron a sus padres que fueron secuestrados, lo que están viviendo empresarios y comerciantes y periodistas.
Que si ese es el futuro que quieren para el país que lo digan de una vez, yo no quiero ese futuro, yo quiero el futuro de un México libre, fuerte, seguro de sí mismo que pueda prosperar en paz y bajo el imperio de la ley.
El crimen organizado quiere hacer presa del miedo a la sociedad, quiere atemorizar y aterrorizar a la sociedad para que el Gobierno se quede cruzado de brazos mientras ellos actúan impunemente, quiere que retrocedamos, quiere que les dejemos las plazas, las calles, la ciudad; quiere que les demos vía libre para que droguen a los niños y a los jóvenes, ahora lo hacen incluso a partir de los 10 años de edad para tener en ellos esclavos vitalicios que tengan que otorgarles dinero para conseguir su droga durante toda su vida.
No podemos dejar a los niños y los jóvenes de México en las garras del crimen organizado.
Por eso, amigas y amigos laguneros, nuestra posición es clara, ni un paso atrás en la tarea de defender a México, ni un paso atrás en la tarea de defender libertades, la vida y la tranquilidad de los mexicanos.
Unidos, unidos seremos más fuertes, si estamos unidos municipio, estado y Federación, independientemente de nuestras legítimas diferencias político-partidistas somos más fuertes.
Pero les digo, laguneros, que si estamos unidos Gobierno y sociedad no sólo somos más fuertes, seremos invencibles en esta lucha, porque somos más, millones y millones más de mexicanas y mexicanos que queremos el bien, que quienes quieren secuestrar a nuestra sociedad.
Actuemos juntos, actuemos ahora y ganaremos esa guerra.
El Procurador Medina Mora en San Lázaro
Reunión celebrada este jueves 24 de mayo en el en el salón de protocolo de la Cámara de Diputados, un día después que a Comisión Permanente solicito el retiro del Ejercito en tareas del combate al narcotráfico.
La reunión fue con el objeto de de integrar el Plan Nacional de Desarrollo, empero, el Procurador aprovechó para responder al exhorto del Congreso de la Unión sobre el retiro del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, y aseguró que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública está legitimada en la Constitución y en la jurisprudencia de la SCJN*.
Sostuvo el Procurador que el estado mexicano está obligado a usar todos los recursos para recuperar la paz y la tranquilidad, "todo el tiempo que sea necesario". Y unque, precisó que la actuación del Ejército Mexicano será temporal “en función de que no puede sustituir a la responsabilidad constitucional que corresponde a la autoridad civil, municipal, estatal y federal”.
Ello precisando lo dicho por el Secretario de Gobernación quien dos días antes había comentado que la batalla contra el crimen organizado apenas empieza, pues es de “es de seis años y apenas llevamos seis meses”.
Por su parte, los legisladores hicieron entrega de propuestas en materia de Estado de derecho y seguridad, a fin de que sean incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo, además de que manifestaron su respaldo al Ejecutivo en el combate a la delincuencia organizada.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, César Camacho Quiroz (PRI, indicó que el Ejecutivo encontrará una actitud colaboradora por parte del Congreso; sin embargo, advirtió “ello no significa la entrega de un cheque en blanco”. “Significa que estamos dispuestos a escuchar y hacer nuestra tarea. No habrá mezquindad, pero tampoco habrá cambio de posiciones originales de manera irracional”.
En la sección de presuntas y respuestas Medina Mora, resaltó que a pesar del esfuerzo del gobierno mexicano para combatir el narcotráfico, EE UU no ha colaborado lo suficiente, sobre todo, en lo que tiene que ver con el tráfico de armas y lavado de dinero.
Tan sólo, dijo, en 2006 el sistema bancario de aquel país envió de manera formal a México, alrededor de mil millones de dólares en efectivo y el nuestro regresó cerca de 15 mil millones.
“Hemos insistido con autoridades de Estados Unidos que, en efecto, hay un flujo muy importante de drogas de México hacia ese país, pero igualmente hay ilícitos, complicidad e insuficiencia institucional de esa nación en el flujo de dinero en efectivo y de armas a organizaciones criminales”.
Reconoció que, a la fecha, nuestro país enfrenta dos principales problemas que son: la debilidad institucional en los tres niveles de gobierno, en particular en materia de seguridad, procuración y administración de justicia; y otro, la evolución del narcotráfico y lo que conlleva.
Explicó que de acuerdo con el diagnóstico de la dependencia, el nivel económico de las organizaciones se ha visto disminuido tras el cierre de la frontera norte y porque el mercado de EE UU ha cambiado significativamente en los últimos años.
Ahora, dijo, hay una disminución en el consumo de cocaína, toda vez que fue sustituida por drogas de diseño, especialmente las metanfetaminas.
Ante eso, añadió, hay una enorme caída de volúmenes y precios que ha impactado de manera dramática la capacidad de las organizaciones criminales mexicanas.
Indicó que de acuerdo con autoridades de Salud de Estados Unidos, en 2001 los demandantes de cocaína giraban en un 40 por ciento, sin embargo, hoy es de menos del 1 por ciento.
Mencionó que ante la incapacidad de las bandas delictivas de nuestro país para surtir el mercado de las metanfetaminas, éstas se ven obligadas a conquistar otras fuentes. “Primero, a disputar las geografías y luego a impulsar el crecimiento del mercado mexicano”.
Indicó que buena parte de la violencia tiene que ver con la caída de ingresos de las organizaciones criminales. “Sobre esa base, necesariamente tiene que haber una eliminación de competidores y dicho ajuste se da de forma violenta”.
Concluyó que más allá de una guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, se trata de recuperar los espacios para la ciudadanía y la capacidad de vivir en paz
*Jurisprudencia
Registro No. 903754
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Apéndice 2000
I, Jur. acciones de Inconstitucionalidad y C.C.
Página: 121
Tesis: 143
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional
EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN).-La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.Novena Época:
Acción de inconstitucionalidad 1/96.-Leonel Godoy Rangel y otros.-5 de marzo de 1996.-Once votos.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 549, Pleno, tesis P./J. 38/2000. véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 351.
Registro No. 920178Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Apéndice (actualización 2001)
I, Jur. Acciones de Inconstitucionalidad y C.C.
Página: 85
Tesis: 83
Jurisprudencia
Materia(s): ConstitucionalEJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN).-La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.Novena Época:
Acción de inconstitucionalidad 1/96.-Leonel Godoy Rangel y otros.-5 de marzo de 1996.-Once votos.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 549, Pleno, tesis P./J. 38/2000; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 351.
La reunión fue con el objeto de de integrar el Plan Nacional de Desarrollo, empero, el Procurador aprovechó para responder al exhorto del Congreso de la Unión sobre el retiro del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, y aseguró que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública está legitimada en la Constitución y en la jurisprudencia de la SCJN*.
Sostuvo el Procurador que el estado mexicano está obligado a usar todos los recursos para recuperar la paz y la tranquilidad, "todo el tiempo que sea necesario". Y unque, precisó que la actuación del Ejército Mexicano será temporal “en función de que no puede sustituir a la responsabilidad constitucional que corresponde a la autoridad civil, municipal, estatal y federal”.
Ello precisando lo dicho por el Secretario de Gobernación quien dos días antes había comentado que la batalla contra el crimen organizado apenas empieza, pues es de “es de seis años y apenas llevamos seis meses”.
Por su parte, los legisladores hicieron entrega de propuestas en materia de Estado de derecho y seguridad, a fin de que sean incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo, además de que manifestaron su respaldo al Ejecutivo en el combate a la delincuencia organizada.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, César Camacho Quiroz (PRI, indicó que el Ejecutivo encontrará una actitud colaboradora por parte del Congreso; sin embargo, advirtió “ello no significa la entrega de un cheque en blanco”. “Significa que estamos dispuestos a escuchar y hacer nuestra tarea. No habrá mezquindad, pero tampoco habrá cambio de posiciones originales de manera irracional”.
En la sección de presuntas y respuestas Medina Mora, resaltó que a pesar del esfuerzo del gobierno mexicano para combatir el narcotráfico, EE UU no ha colaborado lo suficiente, sobre todo, en lo que tiene que ver con el tráfico de armas y lavado de dinero.
Tan sólo, dijo, en 2006 el sistema bancario de aquel país envió de manera formal a México, alrededor de mil millones de dólares en efectivo y el nuestro regresó cerca de 15 mil millones.
“Hemos insistido con autoridades de Estados Unidos que, en efecto, hay un flujo muy importante de drogas de México hacia ese país, pero igualmente hay ilícitos, complicidad e insuficiencia institucional de esa nación en el flujo de dinero en efectivo y de armas a organizaciones criminales”.
Reconoció que, a la fecha, nuestro país enfrenta dos principales problemas que son: la debilidad institucional en los tres niveles de gobierno, en particular en materia de seguridad, procuración y administración de justicia; y otro, la evolución del narcotráfico y lo que conlleva.
Explicó que de acuerdo con el diagnóstico de la dependencia, el nivel económico de las organizaciones se ha visto disminuido tras el cierre de la frontera norte y porque el mercado de EE UU ha cambiado significativamente en los últimos años.
Ahora, dijo, hay una disminución en el consumo de cocaína, toda vez que fue sustituida por drogas de diseño, especialmente las metanfetaminas.
Ante eso, añadió, hay una enorme caída de volúmenes y precios que ha impactado de manera dramática la capacidad de las organizaciones criminales mexicanas.
Indicó que de acuerdo con autoridades de Salud de Estados Unidos, en 2001 los demandantes de cocaína giraban en un 40 por ciento, sin embargo, hoy es de menos del 1 por ciento.
Mencionó que ante la incapacidad de las bandas delictivas de nuestro país para surtir el mercado de las metanfetaminas, éstas se ven obligadas a conquistar otras fuentes. “Primero, a disputar las geografías y luego a impulsar el crecimiento del mercado mexicano”.
Indicó que buena parte de la violencia tiene que ver con la caída de ingresos de las organizaciones criminales. “Sobre esa base, necesariamente tiene que haber una eliminación de competidores y dicho ajuste se da de forma violenta”.
Concluyó que más allá de una guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, se trata de recuperar los espacios para la ciudadanía y la capacidad de vivir en paz
*Jurisprudencia
Registro No. 903754
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Apéndice 2000
I, Jur. acciones de Inconstitucionalidad y C.C.
Página: 121
Tesis: 143
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional
EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN).-La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.Novena Época:
Acción de inconstitucionalidad 1/96.-Leonel Godoy Rangel y otros.-5 de marzo de 1996.-Once votos.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 549, Pleno, tesis P./J. 38/2000. véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 351.
Registro No. 920178Localización: Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Apéndice (actualización 2001)
I, Jur. Acciones de Inconstitucionalidad y C.C.
Página: 85
Tesis: 83
Jurisprudencia
Materia(s): ConstitucionalEJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN).-La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.Novena Época:
Acción de inconstitucionalidad 1/96.-Leonel Godoy Rangel y otros.-5 de marzo de 1996.-Once votos.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 549, Pleno, tesis P./J. 38/2000; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 351.
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