2 dic 2007

La iniciativa Creel sobre derechos humanos


El senador Santiago Creel Miranda, a nombre propio y de otros integrantes (incluyendo diputados) de la LX Legislatura del Congreso de la Unión -entre otros, de los seis coordinadores parlamentarios, senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Carlos Navarrete Ruiz, Francisco Agundis Arias, Alejandro González Yáñez y Dante Delgado Rannauro- , presentó una iniciativa de ley que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito de los derechos humanos.
Dijo el Senador Creel en la presentación:
"La propuesta que hoy se pone a consideración del Poder Constituyente Permanente, y cuyo objetivo estriba en el reconocimiento y la protección constitucional de los derechos humanos; se inscribe en el marco de la Ley para la Reforma del Estado.
Tiene su origen, en los posicionamientos que formularon los partidos políticos y que fueron dados a conocer a la opinión pública en mayo pasado. (...)
Ellos coinciden en lo esencial, no cabe poner en duda, la importancia de los derechos humanos, como mandatos éticos; como lineamientos universales y, sobre todo, como principios constitucionales.
El tema, también, fue recurrente durante los trabajos de la subcomisión de Consulta Pública, particularmente en el Foro que tuvo lugar en Acapulco, Guerrero.
En esa ocasión, se presentaron cuatro ponencias. A las que, deben de añadirse cerca de 120 propuestas ciudadanas, relacionadas con el reconocimiento, el alcance y la protección eficaz de los derechos humanos.
A la luz de tales manifestaciones, en relación con este tema de derechos humanos, el pasado 26 de septiembre, ante los integrantes de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, entregué una propuesta normativa, que fue turnada a la subcomisión Redactora, con el fin de que el grupo de trabajo de Garantías Sociales, la pudiera analizar y enriquecer.
El documento fue ampliamente discutido en el seno del grupo de trabajo, donde se perfeccionó de manera notable, con las aportaciones de las y los legisladores, junto con las que contribuyeron, también, los especialistas.
Hace apenas unas semanas, en la sesión que celebró la Comisión Ejecutiva de la Reforma del Estado, el día 12 de octubre, la propuesta, también, mereció el apoyo de los representantes de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión."
"Señor presidente, en obvio de tiempo, le solicito que disponga la inserción del texto íntegro de la iniciativa, también en el Diario de los Debates. De tal manera que quede íntegramente registrada.
Compañeras y compañeros senadores: Los derechos fundamentales se ubican en la cúspide del sistema jurídico nacional e internacional. Desde ahí son los verdaderos límites materiales a la actuación de las autoridades, constituyen también la defensa de las personas frente a la fuerza del poder estatal.
Los derechos humanos imponen al estado deberes que rebasan la mera suma de algunas abstenciones.
En consecuencia, los iniciantes partimos del hecho inobjetable de que el origen y la justificación misma del Estado reside precisamente en la plena vigencia y en el respeto a los derechos humanos.
Por eso, es tarea permanente e inacabada que demanda el compromiso indeclinable y el esfuerzo progresivo del Estado mexicano.
Quienes suscribimos la propuesta, integrantes de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, entendemos que la eficacia social es el objetivo central de la democracia. Es decir, la democracia como sistema político que debe generar mejores condiciones de vida para las personas, para las familias, para las comunidades y, en particular, para quien menos tienen.
Hoy, a nueve décadas de la entrada en vigor de nuestra ley fundamental, son notables los avances sobre reconocimiento y alcances de los derechos humanos en todo el país.
La parte dogmática de la Constitución es ahora más extensa y, sobre todo, más rica en sus contenidos.
En los últimos años se han celebrado y se han ratificado, como nunca antes, tratados internacionales sobre la promoción y la defensa de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales y culturales, como derechos fundamentales.
También existen organismos públicos dotados de autonomía, cuyo propósito esencial consiste en proteger, en salvaguardar los derechos humanos que ampara nuestro orden jurídico.
El reto ahora radica en el siguiente paso: lograr la aplicación y la protección eficaz de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Con ese ánimo la iniciativa propone modificar los artículos: 1°, 3°, 21, 102, apartado b) y 103 de la Constitución Federal con tres objetivos centrales.
Primero.- Incorporar el reconocimiento y la protección constitucional a los derechos humanos, estableciendo medios jurisdiccionales para darles eficacia plena. Así como los principios de interpretación que amplíen los alcances del texto constitucional en el ámbito de los derechos humanos y de las garantías individuales.
Segundo.- Fortalecer el sistema de defensa de los derechos humanos a través de organismos públicos, autónomos de las entidades federativas.
Y finalmente.
Tercero.- Incluir el respeto a los derechos fundamentales como fin y objetivo de la educación que se imparte en el país. Así como el principio que rija la actuación de las instituciones policiales y también de las instituciones de seguridad pública.
La propuesta se funda en el hecho de que a pesar de las garantías sociales que constituyen un paso fundamental en aras de la democracia con sentido social, la Carta Magna vigente no reconoce de manera expresa los derechos humanos.
Por el contrario, las constituciones federales de 1824 y de 1857, cuyo Aniversario número 150 conmemoramos en este año de 2007, sí reconocían la existencia de los derechos inalienables de la persona.
Hoy, en los inicios del Siglo XXI, México debe asumir que el reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos universales, inherentes a la dignidad del ser humano, deben ser, sin duda, tarea cotidiana del Estado mexicano; deben ser, sin duda, su ocupación principal; y deben ser asimismo el criterio que oriente todos los actos de gobierno.En tal sentido, los derechos humanos y las garantías constitucionales para su protección deben de interpretarse extensivamente. Es decir, de la manera que más beneficien a la persona y que mejor proteja sus derechos básicos.
Al mismo tiempo, la iniciativa es un medio para garantizar a través precisamente de parámetros constitucionales homogéneos la autonomía y la consolidación de los organismos locales de protección de los derechos humanos.
Finalmente, la propuesta busca forjar en nuestros niños y jóvenes la conciencia entorno a la importancia de los derechos básicos, al tiempo que se incremente la confianza de los ciudadanos en las instituciones policiales preventivas, así como de investigación.
En suma, se trata de un documento responsable que signifique un avance fundamental a la consolidación de nuestro régimen democrático y de libertades.
Se trata de que las acciones y políticas sobre derechos humanos estén precisamente al servicio de los ciudadanos.
El compromiso es que la democracia sirva a la sociedad mexicana.
El compromiso es que nuestra democracia sea una democracia socialmente eficaz.
Muchas gracias."
La iniciativa fue turnada a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Planteamiento General
La vigencia plena y el respeto a los derechos humanos constituyen el origen y la justificación misma del Estado; la observancia de los derechos fundamentales de la persona se concibe como la razón de ser de las instituciones públicas y autoridades.
Hoy, a nadie escapa la relevancia de los derechos humanos como principios constitucionales, ubicados en la cúspide del sistema jurídico, desde la cual son auténticos límites materiales a la actuación de los poderes públicos y de los órganos de gobierno.
Sin embargo, la responsabilidad estatal no debe constreñirse a un conjunto de abstenciones frente a los llamados derechos políticos y civiles; por el contrario, es tarea permanente y progresiva del Estado, que implica el despliegue de todas las facultades de que se encuentra investido, con objeto de garantizar el respeto de todos los derechos.
Por ello, el Estado debe empeñar todas sus facultades y recursos para la consecución de este objetivo y es la Constitución uno de sus instrumentos fundamentales en esta tarea. Desde su origen, la Constitución en el desarrollo del Estado moderno, ha sido concebida como un instrumento de carácter jurídico parala salvaguarda de los derechos humanos. De aquí que, como se reconoce ampliamente en la Doctrina Constitucional moderna, una Constitución sólo puede llamarse así si efectivamente es un medio efectivo para la garantía de estos derechos.
Este postulado ha sido reconocido en el movimiento internacional de los derechos humanos,originado en la segunda mitad del siglo XX y en el que gracias a su impulso existe todo un bagaje jurídico de reconocimiento universal de los principales derechos humanos, asumidos como compromisos de carácter internacional por toda la humanidad.
El gran reto para la protección de los derechos humanos en la actualidad consiste precisamente en implementar los derechos humanos reconocidos internacionalmente, trasladarlos y hacer eficaz su protección en el sistema jurídico interno. Para ello, el sistema constitucional se vuelve la piedra angular.
Es por esto que en las últimas décadas, especialmente a partir de la Conferencia Mundial de Viena de 1993, el gran reto universal de los derechos humanos consiste en la incorporación efectiva de los instrumentos internacionales a nivel interno.
México no es ajeno a este compromiso. El momento histórico que atraviesa nuestro país en su vida democrática, tiene como componente fundamental el de avanzar decididamente en el cumplimiento de los derechos fundamentales, ya que el objetivo central de la democracia debe ser ante todo la eficacia social; es decir, la generación de mejores condiciones de vida para las personas, las familias y comunidades, en particular, las que menos tienen.
Es por ello que el objetivo central de esta propuesta es hacer una propuesta para el fortalecimiento del eficaz respeto a los derechos humanos en nuestra Constitución.
Antes de mencionar algunos de los objetivos específicos de la presente iniciativa, conviene señalar algunos antecedentes que, sin duda, la fortalecen. En primer lugar, por parte de la Doctrina Constitucional mexicana, ha sido constante el llamado para el fortalecimiento de los derechos humanos en la Constitución, lo que se ha reflejado, entre otras cosas, en un cúmulo importante de valiosas iniciativas de reforma constitucional presentadas por Legisladores de todos los Partidos ante ambas Cámaras del Congreso, particularmente durante la LX Legislatura.
Por otro lado y conforme al proceso establecido por la Ley para la Reforma del Estado, aprobada por la presente Legislatura el 13 de abril del presente año, se elaboró un documento con propuesta de modificación constitucional en materia de derechos humanos que sirvió de antecedente inmediato para la presente propuesta y en el que, además, como parte del mismo proceso, se incorporaron las propuestas de los Partidos Políticos y de la consulta pública.
Este documento, conforme al procedimiento establecido en la Ley mencionada, fue turnado al Grupo de Trabajo de Garantías Sociales de la Subcomisión Redactora de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, en la que se encuentran representados Diputados y Senadores de todos los Partidos.
La presente iniciativa de reforma constitucional, que ahora se pone a consideración de esta Soberanía,es el resultado del acuerdo logrado al interior de dicho grupo de trabajo.
Objetivos Específicos
Como se mencionó líneas arriba, la presente iniciativa se dirige a fortalecer el sistema constitucional de defensa de los derechos humanos, comenzando por proponer su reconocimiento explícito en la Constitución y por establecer un principio de aplicación e interpretación según el cual debe adoptarse la norma que brinde mayor protección a los derechos humanos,así como ampliando los mecanismos de control constitucional para su protección.
La historia constitucional mexicana nos muestra que el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales ha sido un propósito siempre presente, desde nuestra primera Constitución como país independiente en 1824, que consagraba esta realidad, al establecer en su artículo 31 que "la nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano"; o en la Constitución de 1857, cuyo aniversario número 150 rememoramos recientemente, con aquel lapidario artículo 1º que señalaba: "El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución."
A pesar de estos antecedentes y de lo que en términos de reconocimiento a las garantías sociales se logró en la Constitución de 1917, es cierto que en su texto no existe un reconocimiento explícito a los derechos humanos. El término utilizado por nuestra Constitución vigente en su artículo 1º, al hablar de garantías individuales que son otorgadas por el Estado, dista mucho de concordar con el planteamiento de reconocimiento universal de los derechos humanos.
Además, los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, no obstante que se integran en el orden jurídico mexicano, conforme al artículo 133 constitucional, carecen de una verdadera efectividad en su aplicación.
Al proponer este reconocimiento expreso, se busca conseguir, de manera práctica y efectiva, una mayor protección de estos derechos establecidos en los tratados internacionales, a través de una aplicación directa e inmediata en nuestro ordenamiento jurídico por parte de todas las autoridades. No se trata, por tanto, de un reconocimiento meramente teórico, como no puede serlo ninguna de las partes de nuestra Constitución, sino real y vinculativo.
Cabe mencionar que, con la presente iniciativa, lo que se pretende es ampliar la protección de los derechos humanos a los establecidos en los tratados internacionales, sin dejar de amparar los que bajo el concepto de garantías individuales incluye nuestra Constitución. Por consiguiente, se propone la inclusión del principio interpretativo de mayor protección a los derechos humanos, según el cual el alcance de las garantías constitucionales se equipare a los efectos previstos en los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales.
De esta manera, se fortalece todo el sistema constitucional de protección de los derechos humanos. Por otra parte, se zanja a la vez una larga discusión sobre los alcances de la protección de los derechos humanos a través de las garantías individuales y se fortalece el esquema de protección de éstos a través de la Constitución.
Bajo esta concepción, se propone, por tanto, modificar el nombre del Capítulo I del Título Primero, que actualmente se denomina "De las garantías individuales" por el de "De los derechos humanos" y modificar el primer párrafo del artículo 1º para establecer el reconocimiento, la incorporación y la protección de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales.
En el mismo tenor y tomando en cuenta que el reconocimiento de un derecho siempre debe traer aparejado los medios para su protección, este documento propone extenderla a través del mecanismo constitucional por excelencia que es el amparo, a los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales. Con esto se logra dar plena coherencia al reconocimiento hecho, de la misma manera que implícitamente se está otorgando idéntica jerarquía a todos los derechos reconocidos en el título primero.
Cabe mencionar que el principio interpretativo de mayor protección de los derechos humanos, permitirá ampliar el contenido de las garantías constitucionales, hasta hacerlo equivalente -en su caso- con el de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Con ello, se mantiene intocada la jerarquía normativa del orden jurídico mexicano, establecida por el Constituyente el al artículo 133 de la Ley Fundamental y, sobre la cual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los tratados internacionales se ubican en un nivel inmediatamente inferior a la Constitución Federal, pero por encima del derecho federal y local-.
Al mismo tiempo, la iniciativa contribuye a armonizar los conceptos de derechos humanos y garantías individuales, de modo tal que aquéllos constituyan el verdadero sustento y el contenido de éstas.
Dicho lo anterior, cabe señalar que es el medular de la iniciativa que, como se menciona en muchas de las iniciativas y propuestas analizadas, con esta reforma constitucional México estaría además cumpliendo con sus obligaciones internacionales derivadas de los tratados en materia de derechos humanos en cuya ratificación México ha desempeñado un papel destacado.
Se considera, finalmente, que una iniciativa que contribuya en favor del mayor respeto a los derechos de los ciudadanos, debe ser uno de los principales beneficios del proceso de reforma del Estado en que se inscribe esta iniciativa.
Corresponde ahora mencionar la razón que persiguen las restantes propuestas de reforma constitucional que se contienen en la presente iniciativa y que, en su conjunto, constituyen todo un programa de fortalecimiento en el reconocimiento y protección de los derechos humanos.
En primer lugar, se encuentra la iniciativa de fortalecer a los organismos públicos de defensa de los derechos humanos. Por decisión del Poder Revisor de la Constitución, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el organismo responsable de defender los derechos humanos frente a la actuación de la autoridad administrativa federal.
Sin embargo, la Comisión Nacional no debe ejercer sus funciones de manera aislada, sino conjuntamente con los organismos locales de defensa de los derechos humanos -cuya existencia también deriva de la voluntad del Constituyente Permanente- en el marco de un sistema nacional pro defensa de los derechos humanos.
En consecuencia, los organismos locales de protección de los derechos humanos, deben estar dotados de las facultades y estructura necesarias para cumplir cabalmente el mandato que les confiere la Constitución.
Con pleno respeto al federalismo, en que se funda el Estado mexicano, la iniciativa sugiere el establecimiento de principios constitucionales comunes -tales como la autonomía y el nombramiento de sus titulares- que hagan posible homologar la protección y la defensa de los derechos humanos en todo el territorio nacional.
Con ello, la iniciativa toma en consideración las sugerencias que han planteado los propios organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas, así como la conveniencia de profundizar el acercamiento entre las instituciones protectoras de los derechos fundamentales y los ciudadanos en su vida cotidiana.
Es momento en el que el sistema nacional de derechos humanos se fortalezca y se dirija al terreno más concreto de los Estados y regiones del país.
Por estas razones, esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la vigencia de los derechos humanos en todo nuestro territorio, a través de fortalecer los organismos públicos de derechos humanos y, de manera puntual, su autonomía de nombramiento y capacidad presupuestal.
Otra de las reformas contenidas en la presente iniciativa, es la referente a incluir el principio de respeto a los derechos humanos en la seguridad pública. No cabe duda que se trata de uno de los grandes desafíos que enfrenta el México del siglo XXI.
Garantizar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos es deber fundamental del Estado y, a la vez, derecho fundamental de los habitantes de la República. En tal contexto, la obligación estatal de brindar seguridad debe fortalecerse con el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Es por ello que la iniciativa sugiere la inclusión del respeto a los derechos humanos como principio en la acción estatal de la seguridad pública -como adición a los criterios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez-.
Como una de las propuestas centrales contenidas en la iniciativa, se pretende fortalecer, a la vez, las bases de una cultura de los derechos humanos. Por ello, se incluye la reforma al artículo 3º de nuestra Ley Fundamental, para incluir a los derechos humanos como uno de los principios fundamentales de la educación en México. El reto de promover los derechos humanos trasciende a las leyes; el objetivo último debe ser que el respeto de los derechos humanos constituya un modo de convivencia social y, para ello, la educación se convierte en instrumento esencial.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, quienes suscribimos sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero; se reforman el párrafo primero del artículo 1º, el párrafo segundo del artículo 3º, el párrafo sexto del artículo 21 y la fracción I del artículo 103; y se adicionan un nuevo párrafo segundo al artículo 1º, recorriéndose los actuales en su orden, y un nuevo párrafo tercero al artículo 102, apartado B, recorriéndose los actuales en su orden, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Título Primero
Capítulo I
De los Derechos Humanos
Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos y de las garantías para su protección reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte.
En la aplicación e interpretación de las normas relativas a los derechos humanos y a las garantías para su protección, se observará el principio de mayor protección de los derechos humanos.
...
...
Artículo 3º.- ...
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
I. a VIII. ...
Artículo 21.- ...
...
...
...
...
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
...
Artículo 102.-
A...
B...
...
Las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos, de acuerdo con los principios que esta Constitución señala para el organismo que establezca el Congreso de la Unión.
...
...
...
...
...
...
Artículo 103.- ...
I. Por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos humanos o las garantías individuales reconocidos por esta Constitución;
II. y III. ...
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Los estados y el Distrito Federal deberán adecuar sus constituciones yleyes conforme a las disposiciones del presente Decreto a más tardar doce meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil siete.
Primeras reacciones:
Emir Olivares Alonso, reportero; La Jornada, 1/12/2007;
En conferencia de prensa -varias OSC-, respondieron de inmediato a la propuesta de ley.
Exigieron a los legisladores sumar a la ciudadanía en el debate de dicha reforma, ya que debe ser “incluyente, plural, consensuada e integral, y responder a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país”.
Activistas y académicos demandaron además que la iniciativa contemple elevar a nivel constitucional todos los tratados internacionales que México ha ratificado en la materia, pues consideraron que la propuesta de Creel no considera dicho aspecto.
“En el proceso de reforma del Estado que se debate en el Congreso de la Unión se debe garantizar una modificación constitucional en materia de derechos humanos que refuerce los mecanismos y garantías para su protección, incorpore la perspectiva de género de manera transversal, retome la universalidad de los derechos y ubique la Carta Magna a la altura de otras constituciones que han logrado incorporar esas garantías”, aseveraron.
Fernanda Díaz, representante de GIRE, señaló que si bien la propuesta del Senado no es mala, “en derechos humanos no podemos aceptar mínimos”, por lo que recordó que un grupo de organizaciones y académicos entregó hace varias semanas una iniciativa en la materia surgida desde la sociedad civil, en la que, “sobre todo, se exige elevar a nivel constitucional los acuerdos internacionales firmados por México.
“Nuestra propuesta introduce plenamente el concepto de derechos humanos en la Constitución, incorporando derechos que hasta ahora no se encuentran reconocidos en ella, además de que refuerza las garantías y mecanismos de protección de éstos”, aseguraron los activistas.
En su turno, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, dijo que la propuesta de Creel no refleja el sentir ciudadano, además de que las autoridades manejan un discurso de apertura y escucha a la sociedad, “pero en la toma de decisiones eso no se refleja”.
Luis Caballero, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, indicó que los legisladores “deben rescatar la participación ciudadana en ese debate, pues en los grandes cambios legislativos recientes (ley de transparencia y la que ataca la discriminación) los ciudadanos han sido partícipes”.
Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Programa de Derechos Humanos de la Uia y Cencos, entre otros, manifestaron que es indispensable que el debate parlamentario “se centre en lograr una reforma constitucional incluyente, plural e integral, para sentar las bases de un Estado democrático, cuyo objetivo fundamental sea el respecto a las garantías de quienes habitan en el país”.
Nota de Emir Olivares Alonso de La Jornada, 1/12/2007;

30 nov 2007

Hipocresía financiera

Hipocresía financiera/Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía. Su último libro es Making Globalization Work.
Publicado en El País, 30/11/2007;
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
Este año vivimos el décimo aniversario de la crisis del Este asiático, que comenzó en Tailandia el 2 de julio de 1997 y se extendió a Indonesia en octubre y a Corea en diciembre. Acabó por convertirse en una crisis financiera mundial que alcanzó a Rusia y a varios países latinoamericanos, como Brasil, y desató una serie de fuerzas que siguieron actuando en años sucesivos: podría decirse que Argentina, con la situación que vivió en 2001, es una de sus víctimas.
Hubo muchas otras víctimas inocentes, entre ellas países que ni siquiera participaban en los flujos internacionales de capitales que constituyeron el origen de la crisis. Uno de los más afectados, por ejemplo, fue Laos. Aunque todas las crisis acaban pasando, en aquel momento nadie sabía la amplitud, la profundidad ni la duración que iban a tener las recesiones y depresiones derivadas. Fue la peor crisis mundial desde la Gran Depresión.
En mi calidad de economista jefe y vicepresidente primero del Banco Mundial, estuve en medio de la conflagración y de los debates sobre sus causas y las respuestas políticas adecuadas. Este verano y este otoño he vuelto a visitar muchos de los países afectados, entre ellos, Malasia, Laos, Tailandia e Indonesia. Es alentador ver cómo se han recuperado. Esos países tienen hoy un crecimiento del 5%, el 6% o más; no tan rápido como en los tiempos del milagro del Este asiático, pero mucho más de lo que numerosos observadores previeron tras la crisis.
Muchos países cambiaron sus políticas, pero en direcciones muy diferentes a las que había recomendado el FMI. Los pobres fueron unos de los que más sufrieron las consecuencias de la crisis, dado que los salarios cayeron en picado y el desempleo se disparó. A medida que los países iban saliendo del agujero, muchos decidieron dar una nueva importancia a la “armonía”, en un intento de reparar la brecha creciente entre ricos y pobres, áreas urbanas y zonas rurales. Dieron más peso a las inversiones en las personas, lanzaron iniciativas llenas de imaginación para llevar la sanidad y el acceso al dinero a más ciudadanos y crearon fondos sociales para ayudar a desarrollar las comunidades locales.
Al examinar la crisis 10 años después, podemos ver con más claridad hasta qué punto se equivocaron los diagnósticos, recetas y pronósticos del FMI y el Tesoro estadounidense. El problema fundamental fue la liberalización prematura de los mercados de capitales. Por eso es irónico que el secretario del Tesoro [ministro de Hacienda] de Estados Unidos esté volviendo a recomendar la liberalización de los mercados de capitales en India, uno de los dos grandes países envías de desarrollo (junto con China) que salió indemne de la crisis de 1997.
No es casualidad que a estos países, que no habían liberalizado del todo sus mercados de capitales, les haya ido tan bien. Las investigaciones posteriores del FMI han confirmado lo que dicen todos los estudios serios: la liberalización de los mercados de capitales causa inestabilidad, pero no necesariamente promueve el crecimiento (India y China han sido, asimismo, las economías que han crecido más deprisa).
Desde luego, a Wall Street (cuyos intereses representa el Tesoro estadounidense) le beneficia la liberalización de los mercados de capitales: gana dinero con las entradas de capital, con las salidas y con la reestructuración que se produce en el caos resultante. En Corea del Sur, el FMI aconsejó la venta de los bancos del país a inversores estadounidenses, pese a que los coreanos llevaban 40 años manejando su economía de forma admirable, con más crecimiento y más estabilidad que Estados Unidos y sin los escándalos sistemáticos tan frecuentes en los mercados financieros norteamericanos.
En algunos casos, hubo empresas estadounidenses que compraron los bancos, los conservaron hasta que Corea se recuperó y luego los vendieron, con miles de millones de dólares de ganancia. En su prisa por hacer que los occidentales compraran los bancos, el FMI se olvidó de un detalle: garantizar que Corea del Sur pudiera recobrar por lo menos una parte de esos beneficios mediante los impuestos. Es discutible que los inversores norteamericanos tuvieran más experiencia de banca en los mercados emergentes; pero lo que es indudable es que tenían más experiencia en evasión de impuestos.
El contraste entre los consejos del FMI y el Tesoro estadounidense al Este asiático y lo que ha ocurrido en el actual desastre de las hipotecas de alto riesgo es innegable. A los países del Este asiático se les dijo que elevaran sus tipos de interés, en algunos casos hasta el 25%, el 40% o más, lo cual provocó una oleada de impagos. En la crisis actual, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo han reducido los tipos de interés.
Asimismo, los países atrapados en la crisis del Este asiático recibieron consejos sobre la necesidad de más transparencia y mejor regulación. Sin embargo, la falta de transparencia fue un factor fundamental en la crisis crediticia de este verano; las hipotecas envenenadas estaban troceadas, repartidas por todo el mundo, empaquetadas con productos mejores y disimuladas como garantías, de tal forma que nadie podía estar seguro de quién tenía qué. Y ahora se oye un coro de voces de cautela sobre las nuevas normativas, que, supuestamente, podrían ser un obstáculo para los mercados financieros (incluida su explotación de los prestatarios mal informados, que constituye la raíz del problema). Por último, a pesar de todas las advertencias sobre los riesgos morales, los bancos occidentales han conseguido que se les rescatara, en parte, de sus malas inversiones.
Después de la crisis de 1997, se alcanzó el consenso de que era necesaria una reforma fundamental de la arquitectura financiera mundial. Pero el sistema actual, aunque puede provocar una inestabilidad innecesaria e imponer tremendos costes a los países en vías de desarrollo, es útil para determinados intereses. No es extraño, pues, que, 10 años más tarde, no se haya producido ninguna reforma importante. Ni tampoco que el mundo vuelva a enfrentarse a un periodo de inestabilidad financiera general con resultados inciertos para las economías mundiales

La Yihad

  • Yihad y doble discurso/Serafín Fanjul, catedrático de la UAM
Publicado en ABC, 30/11/2007;
En el mundo occidental ya no hay creencias religiosas ni movimientos políticos de peso que legitimen el uso de la fuerza (fines defensivos aparte), sino más bien una inquisición y condena contra nuestra propia historia y nuestro derecho a subsistir como comunidades organizadas, con frecuencia tan desmesuradas que se exceden en la autoflagelación mientras, por omisión, se desliza la idea de que otras civilizaciones jamás rompieron un plato. Hace unas semanas, en esta misma página Hugh Thomas recordaba -algo muy necesario en la coyuntura que vivimos- la inmensa responsabilidad de los mismos africanos en la trata de esclavos. Es sólo un caso, pero hay otros que no le van a la zaga.
En los recurrentes simposios y congresos islámicos que se celebran en España en los últimos años, con mayor profusión que en ningún otro país occidental - ¿por qué será?- el lema estelar es siempre el mismo: la palabra paz. A medida que unos musulmanes -digo «unos musulmanes», no «el islam», que sólo es una abstracción- ejercen más violencia en más lugares del mundo, otros musulmanes se esmeran en reiterar sus deseos de paz -lo cual no es malo- y el carácter pacífico de su fe, extremo más discutible. Sea enmascaramiento táctico o mero contrapeso ingenuo (en las intenciones verdaderas no podemos entrar), el contraste entre la realidad visible, o la aprehendible del pasado, y la relamida exposición de discursos, no puede ser más chocante.
Me echo a temblar cada vez que oigo, o leo, desideratas como «hay que recuperar el espíritu de Córdoba y Toledo» (Bahig Huech, Valencia, 12-04-07, I Congreso Islámico Internacional) y sopeso, sin bromas, la necesidad de exiliarme -como infinidad de españoles- en un país civilizado, si tal bendición del cielo nos cayera encima y no perderemos el tiempo explicando de nuevo cuán alejada estaba aquella sociedad de los cuentecillos rosa que sobre ella circulan en los medios de comunicación; pero en la misma ocasión el Secretario General de la Feeri (Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas) se descuelga asegurando: «Hay una gran confusión, pues siempre se relacionan islam y terrorismo, cuando son términos totalmente ajenos. El Libro Sagrado prohibe matar a cualquier persona, sea de cualquier raza o religión. Prohibe matar a cualquier ser humano, porque es un gran pecado que no tiene perdón» (ABC, 13 - 04 - 07).
Como no es la primera vez que leo algo así, ni será la última, mi perplejidad es infinita. O más bien mi aburrimiento. ¿El periódico habrá transcrito mal sus declaraciones? ¿A qué Libro Sagrado se refiere? ¿Será, por ventura, el Corán? ¿Lo habrá leído? ¿Pensará, con nulo respeto para ellos, que a los españoles se les puede encasquetar cualquier cosa porque aquí da todo lo mismo? Descartadas la posibilidad primera (por ausencia de puntualización ni desmentido) y cuarta, por altamente improbable, no se me alcanza más alternativa que la última. Y dejemos las fintas retóricas: en la sola azora IIª del Corán, La vaca (y son 114) aparecen 39 alusiones violentas, de las cuales 9 se refieren a «combatir por Dios». Lo de combatir sin matar a nadie es un hallazgo exegético sin parangón en la historia de las religiones. Y un solo botón de muestra en medio de la botonería: «Matadles donde deis con ellos y expulsadles de donde os hayan expulsado» , Corán, 2 - 191 (Esta, por cierto, es la base argumental para recuperar al-Andalus). Ya no estamos ante la violencia o pacifismo del islam, sino ante un discurso repetido y fijo ajeno a la realidad, en paralelo al de Sami Naïr (ABC, 30 - 04 - 07) cuando afirma tan tranquilo que «el 98 por ciento de los musulmanes están integrados en Europa». Desconozco a qué llama integración o a qué musulmanes se refiere, pues no son ésos los que yo veo, como también ignoro a qué Libro Sagrado alude el mentado representante islámico, desde luego no al que yo conozco y está al alcance de cualquiera en las librerías y, a propósito: ¿cuántas Biblias se venden en las librerías de La Meca? No obstante, y dado que el Corán lo mismo vale para un roto que para un descosido, se puede aducir la alternancia de versículos de incitación al combate con otros que más bien entrarían en la llamada «guerra defensiva». Y ahí acuden los exégetas y escoliastas de ojo de buen cubero dilucidando a su antojo según les conviene mientras los hechos van por otro camino. Como sucede con el yihad.
Si no nos conformamos con las amplias exposiciones de Gilles Kepel o Gustavo de Arístegui y consultamos cualquier diccionario árabe serio, encontraremos que yihad significa «lucha», «lucha interna» (religiosa, social, moral), «lucha por Dios contra los infieles» y que se distingue entre Yihad Menor (la guerra religiosa) y Mayor (lucha espiritual entre las virtudes y los vicios), pero no nos dejemos engañar por los adjetivos porque son mera coartada terminológica -utilizada muy a posteriori, en la actualidad- de manera en la que jamás pensaron los tratadistas medievales ni modernos. Apoyándose en la autoridad de Ibn Taymiyya, al-Yahiz, Rashid Rida, Juynboll, Goldziher, Gaudefroy-Demonbynes, etc., E. Tyan describe bien el panorama en su artículo de Encyclopédie de l´Islam -que no es un manualito escolar sino una obra monumental redactada por infinidad de arabistas-, con el matiz añadido, e importante, de haberlo publicado hace más de treinta años, de suerte que no se trata de un texto ad hoc, inspirado por el malvado imperialismo para el momento actual, sino escrito cuando se carecía de conciencia alguna de enfrentamiento con el islam. Dice Tyan: «Etimológicamente, significa «esfuerzo tendente a conseguir un objetivo determinado», pero con gran diferencia, la palabra yihad designa el «esfuerzo menor» o lucha por la fe. En el plano jurídico, según la doctrina clásica general y la tradición histórica, el yihad consiste en la acción armada para lograr la expansión del islamismo o, eventualmente, su defensa. Se basa en el principio fundamental de la universalidad del islam, ya que como religión y en cuanto implique de poder temporal debe extenderse a todo el universo, si es necesario por la fuerza (…). Hoy en día, con carácter por completo apologético se sostiene la tesis de que el islam, para difundirse, sólo acude a la persuasión y a otros métodos pacíficos y que el yihad sólo está autorizado en defensa propia, desconociendo toda la doctrina anterior y la tradición histórica, así como los textos del mismo Corán y de la Sunna». Y en un plano más folclórico-popular, pero bien indicativo de hasta qué punto está asimilada la idea de lucha a la palabra yihad, no más recordaremos que en Egipto al Servicio Militar se denomina, entre otras formas, al-gihadiyya. Blanca y en botella.Es comprensible que los musulmanes recién llegados a Europa -sabedores de lo bien que se vende por aquí la palabra «paz»- traten de eludir, o posponer, un asunto tan espinoso y que tan mal ambiente les puede crear, pero, con inmigrantes musulmanes o sin ellos, pese a sus lacras y fallos, la civilización occidental ha sido la única capaz de generar desde dentro su propia autocrítica y está por ver que la islámica haga otro tanto. No necesitamos resucitar imaginarios espíritus benéficos del pasado, sino cumplir y hacer cumplir a cuantos vienen a vivir entre nosotros nuestras normas legales y políticas, e invitarles a disfrutar de nuestras costumbres, sumándose a ellas sin reservas: se aburrirán menos y de verdad nos dejarán en paz. No pedimos mucho.

El avión de Yucatán

Publicado el jueves 29 de noviembre del 2007 en El Nuevo Herald
Avión usado por la CIA y la DEA traficaba drogas
BOGOTA
G.GUILLEN / El Nuevo Herald
Un jet ejecutivo que el gobierno de Estados Unidos usó durante año para extraditar delincuentes desde Colombia y talibanes desde Europa a la base de Guantánamo, Cuba, es el mismo que hace dos meses se precipitó a tierra en una selvática zona de la península de Yucatán, México, con un cargamento de 3.3 toneladas de cocaína que, al parecer, fueron cargadas en Medellín, en donde hizo el último despegue.
El avión, un Gluf Stream II, de matrícula norteamericana N987SA, era célebre en Colombia porque durante años en él fueron embarcados en Bogotá centenares de delincuentes para ser puestos en poder de la justicia estadounidense.
Fuentes de la Policía Antinarcóticos de Colombia dijeron ayer a El Nuevo Herald que esta nave transportó a Estados Unidos a cerca de 40 narcotraficantes colombianos extraditados que negociaron con la justicia estadounidense y algunos de ellos ya están libres.

Entrevista Medina Mora GGL

ENTREVISTA QUE CONCEDIERON EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, EDUARDO MEDINA MORA(EMMI) Y EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL GENARO GARCÍA LUNA (GGL), A JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA (JLD); Radio Fórmula 103.3 de FM; 30/11/2007;
(JLD): Bien, el Presidente ha dado a conocer el Programa de Seguridad Pública y yo le aprecio esta tarde al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora y al Secretario de Seguridad Pública Federal, ingeniero Genaro García Luna, que me hayan aceptado esta llamada. Eduardo, Genaro, buenas tardes.
(EMMI): Buenas tardes Joaquín, mucho gusto en saludarte. Mucho gusto saludar también al Secretario García Luna.
(GGL): A mí también Joaquín, y con el gusto de estar con mi colega y amigo Eduardo Medina Mora. A la orden Joaquín.
JLD: Bien, Eduardo, el crimen organizado le responde al Presidente con esta sextuple ejecución ayer, en Tamaulipas.
EMMI: En efecto Joaquín, este es un hecho realmente muy lamentable en perjuicio de la ciudadanía y, ciertamente, el ex candidato a alcalde de Río Bravo, señor Guajardo Anzaldúa y evidentemente se trata de un acto perpetrado por la delincuencia organizada. La Procuraduría General de la República ha abierto ya la averiguación previa correspondiente y estamos, precisamente, haciendo todas las diligencias de investigación con el apoyo de la Policía Federal.
JLD: Hoy, ahí en Xochitepec, el Presidente Calderón llamaba a impedir que el narcotráfico se infiltre en la política, Genaro García Luna, el narcotráfico ¿está en la política ya?
GGL: Joaquín, nosotros estamos trabajando fuerte para poder ir copando e ir tomando medidas preventivas para evitar que ellos puedan generar una inercia; buscan tener acceso a la vida política vía candidaturas o gente que pueden ellos fomentarle su apoyo económico. Yo, Joaquín, debo decir que en el caso de Tamaulipas, estamos trabajando fuerte. En este caso particular ya mandamos gente para reforzar el operativo en Tamaulipas, estamos ya, inclusive, llevando medidas de inteligencia operativa para poder combatir el crimen de origen en el mismo lugar. Y Joaquín, tú vas a atestiguar, estamos buscando ya el frente a frente en términos de combatir al crimen para poder erradicar desde raíz, cualquier referente que se trate de narcotráfico; y debo decir también que estamos cuidando y vigilando, que esto no permeé la actividad política, Joaquín.
JLD: Ahora, Eduardo Medina Mora, estamos viendo que el Presidente fue muy fuerte cuando habló, dijo: “es indispensable actuar de inmediato para impedir, –hablando de esta ejecución–, que estos comportamientos se materialicen o se generalicen”. Por eso dijo: “Hago un llamado enérgico a los gobernadores, a los alcaldes, a los legisladores y a los dirigentes de todos los partidos políticos en México, sin excepción, a que cerremos filas y cerremos el paso de manera categórica y contundente a cualquier intento de participación del crimen organizado en la vida política del país”, es decir, este es un llamado ante algo que incipiente o no, es un hecho consumado.
EMMI: Así es Joaquín, el llamado que hace el señor Presidente de la República, responde al hecho de que la delincuencia organizada representa, quizá, el mayor riesgo a la seguridad nacional. Es decir, a la integridad y estabilidad de las instituciones democráticas del Estado Mexicano y cualquier intento de penetración en la actividad política, pues tenemos que combatirla frontalmente y coordinadamente con todos los elementos del Estado Mexicano. Ciertamente los gobernadores, los partidos, los alcaldes y la federación, tenemos un papel que realizar coordinadamente para evitar que esto se consolide. En este caso concreto, desde luego, tenemos varias hipótesis de investigación, no todas necesariamente se relacionan con el hecho de que el señor Guajardo haya sido candidato a la alcaldía de Río Bravo. Y nosotros tenemos que agotar todas las líneas de investigación, pero evidentemente hay una circunstancia en las elecciones locales que hemos registrado recientemente, tanto en Michoacán, como en Tamaulipas, en las cuales hay indicios, indicadores de esta penetración y esto es lo que tenemos que evitar, precisamente, en este esfuerzo coordinado y conjunto al que ha llamado el señor Presiente de la República esta mañana. JLD: Esto fue en Tamaulipas, donde hubo elecciones municipales y del Congreso local, pero también en Michoacán, en donde también las hubo, además de gobernador, está esta irrupción en el Instituto Electoral, ahí en Zamora, donde después de irrumpir, quemaron la documentación y estos no son roba vacas, esto es crimen organizado.
EMMI: No hay duda de eso, Joaquín y el punto es ayudar, precisamente a las autoridades electas, a blindarse del intento de amedrentamiento que hace la delincuencia organizada para dominar las estructuras del Estado, precisamente en esas geografías, en esos municipios, y ayudarles a consolidar una respuesta institucional adecuada y blindada frente a estas amenazas.
De manera que los cuerpos policiales y los cuerpos de procuración de justicia realmente respondan a su papel, que es defender a los ciudadanos y no servir a los delincuentes organizados.
JLD: Genaro García Luna, el Presidente presenta el Plan Sectorial en Materia de Seguridad, Justicia y Política Exterior, yo veo que los planes mientras no sé, no operen en lo global, ¿a qué voy? a policías, procuración de justicia, impartición de justicia, sistema penitenciario e incluso, las leyes, no se va a avanzar mucho, Genaro.
GGL: Sí Joaquín, mira, justamente esa es la perspectiva. Estamos trabajando y el señor Procurador tiene aparte el encargo, es en la parte normativa, la parte de ley, hay ya un avance, Joaquín, estamos trabajando justamente para poder recuperar capacidades jurídicas que requerimos para el combate al crimen y también en el tema técnico, en el tema metodológico que, como tú bien señalas, estamos trabajando el modelo de combate al crimen y esto implica la revisión total del esquema con el que opera la policía municipal, estatal y la federal, para tener dos ópticas.
Una, el día a día en el combate al crimen, en donde debemos de tener una ofensiva total de Estado contra el crimen y Joaquín, debo señalar que la expectativa es total. En este ejercicio estamos sumando lo que tiene el Estado Mexicano para combatir el crimen, con todas sus capacidades técnicas y humanas. La vertiente estructural, Joaquín, que es un tema de mediano plazo, como bien señalas, implica un esquema de organización, donde articulemos capacidades, tanto en educación, desarrollo social, de salud y pasar a una óptica de seguridad. Estamos previendo también ahí, Joaquín, el poder articular el esfuerzo con estados y municipios, para recuperar espacios públicos, algo que es imprescindible en este esquema y, por supuesto, aquí viene la parte dura de esa perspectiva, estamos trabajando fuerte, fuerte, para combatir la corrupción, tanto en los municipios, estados y federación, en policía y cualquier referente que tengamos de corrupción en la operación policial.
JLD: Bueno, es que apenas ayer un agente de la Policía Judicial del Distrito Federal se enfrenta a la Policía Preventiva del Distrito Federal, porque el agente judicial llevaba un secuestrado, Eduardo, y cuando yo veo esta realidad, y escucho el anuncio de un Plan Sectorial en materia de seguridad y justicia, creo que pues, la realidad va por un lado y los deseos van por otro.
EMMI: No, Joaquín. Yo creo que el esfuerzo del Estado Mexicano para dar certidumbre a los ciudadanos tiene que partir desde una perspectiva integral, como tú lo señalabas, no se puede pensar que si un componente de la estrategia no funciona, funcionen los demás, desde la prevención hasta la ejecución de penas y readaptación social de los delincuentes. Todas estas áreas, tienen que estar a la altura, a la vanguardia, precisamente para poder dar a los ciudadanos, lo que los ciudadanos esperan y lo que la Constitución nos mandata, que es precisamente certidumbre en su integridad física, en su integridad patrimonial, en la defensa de sus derechos y desde luego, en el respeto a las garantías individuales y derechos humanos. Esto pasa, necesariamente, por la reconfiguración y fortalecimiento de todas las estructuras de seguridad del Estado, las policías, sin duda, sobre esta base, el propio Secretario García Luna ha diseñado el Sistema Nacional de Desarrollo Policial, que va dirigido hacia, –por una parte–, tener los elementos que reúnan los requisitos adecuados de confiabilidad y aptitudes para poder realizar esta actividad.
Y parte de la reforma constitucional que está discutiendo el Congreso de la Unión, en este momento, va dirigida hacia que el Congreso de la Unión tenga facultades para legislar sobre el Sistema Nacional de Desarrollo Policial, es decir, regular los métodos y procedimientos de operación y los requisitos de reclutamiento, selección y carrera policial, no sólo para las policías federales, sino para las policías estatales y municipales, de tal manera que se opere con un modelo de operación, que realmente responda a la efectividad que los ciudadanos esperan.
JLD: Sí he escuchado, y hablando de esto, de la coordinación, por ejemplo, les pregunto a los dos: el gobernador de Sonora, Bours, Eduardo Bours ha dicho: “que se vaya la AFI", y luego dijo: “que se vaya la PGR de Sonora”. A ver Genaro, una primera reacción.
GGL: Yo, aquí, Joaquín.
JLD: Porque aquí, perdón que te interrumpa, aquí quien gana es el crimen organizado, es lo que quiere verlos enfrentado.
GGL: Mira Joaquín, justamente lo comentábamos con el señor gobernador, el cual te voy a decir que hemos platicado mucho del tema y, justamente, ahí la perspectiva es combatir la corrupción, sin duda estamos dedicando y el señor Procurador tiene, ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, para poder identificar el origen de este problema y sí, con toda contundencia combatir cualquier referencia que exista de corrupción. Lo comentábamos con el señor gobernador es que sí tenemos que cuidar mucho la parte de instituciones, porque es muy importante generar instituciones y fortalecer las instituciones. En otra perspectiva, lo que estamos trabajando y lo que estamos buscando, es detallar y ver el avance, es justamente ver si existe una, algún delito, alguna referencia que tenga de actividad criminal de hacer policía. Inclusive entiendo por el señor Procurador, el Ministerio Público para combatirlo, Joaquín, pero sin duda la presencia, la operación va a estar ahí, así lo he comentado con el señor gobernador y, Joaquín, al contrario, estamos trabajando para fortalecer los sistemas de inteligencia operativa, para fortalecer el esquema y combate y la ofensiva contra el crimen y ahí vamos juntos, Joaquín.
Debo decir que Sonora ha hecho un trabajo importante también en combate al crimen, y sin duda vamos a trabajar de manera coordinada para poder fomentar la capacidad técnica que hoy tenemos para combatir el crimen.
JLD: ¿Tú lo ves así, Eduardo Medina Mora?
EMMI: Sí, coincido totalmente. Mira, por una parte, nosotros tenemos la obligación constitucional de atender nuestro mandato y estar en todas las geografías del país, y esto ha sido como señala el Secretario García Luna, comentado y acordado con el señor gobernador, hay que distinguir la presencia interinstitucional y la tarea que tenemos que hacer de posibles irregularidades en las que hubieran podido incurrir personas concretas.
Se trata de hacer la valoración de conductas concretas, de personas concretas que, eventualmente, pudieron haber sido irregulares o constitutivas de delito. Incluso hay una averiguación previa abierta que está atendiendo la Visitaduría de la Procuraduría General de la República en Sonora, para ver el caso concreto, pero no podemos transpolar esta circunstancia en la que acataremos con toda la determinación y con todo el rigor, a un juicio universal respecto de las instituciones, porque las instituciones, al final, tienen las capacidades para generar procedimientos sólidos que permitan cumplir su tarea adecuadamente.
Si hay algún elemento que se desvíe de esto, y esto se acredita en una investigación seria y cuidadosa, bueno, se aplicarán las sanciones correspondientes y esto es lo que hemos comentado con el señor gobernador Bours y en el que él está perfectamente de acuerdo.
JLD: Díganme ahora que están los dos, cíclicamente escucho yo también, “no, hay un pleito entre Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora. No, hay un pleito entre Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna”, esto no es nuevo, también, se decía que había un pleito entre sus antecesores Alejandro Gertz Manero en Seguridad Pública y Rafael Macedo en la Procuraduría General de la República ¿eso es parte de la convivencia? ¿Existe alguna diferencia o no la hay? ¿Todo marcha muy bien?
EMMI: Joaquín, no la hay. En primer lugar, con Genaro nos une una amistad entrañable, de confianza plena y absoluta; hemos trabajado precisamente el proyecto de reconfiguración de la interfase entre la tarea de investigación que debe de hacer el Ministerio Público y la tarea de investigación que debe hacer la policía, y estamos precisamente en el proceso de instrumentación, de hecho es un proyecto que construimos juntos y que estamos desarrollando juntos. Evidentemente que cuando hay una cambio de visión procedimental como es el que estamos teniendo, el proceso de unificación de las Policías Federales, que tiene evidentemente toda la lógica en función del tamaño del despliegue que tiene la Policía Federal y es absurdo trata de atender las responsabilidades que la federación tiene con una fuerza fragmentada. Y esto requiere desarrollar las interfases adecuadas, funcionales entre la Procuraduría, en su ámbito de responsabilidad como conductor de la investigación de los delitos y la tarea, que en esta misma tarea corresponde a las policías.
No hay ningún tipo de enfrentamiento, estamos evidentemente en el esfuerzo de instrumentar esto de la mejor manera, a veces los cambios pueden generar disfuncionalidades temporales, pero estos los hemos ido resolviendo y yo no tengo no sólo ninguna queja ni comentario con respecto a la tarea que realiza la Policía Federal en apoyo a la Procuraduría en su mandato constitucional, sino al revés, yo diría que hay todo el apoyo y toda la disposición para esto, lo demás son especulaciones de los medios.
JLD: ¿Así lo ves, Secretario García Luna?
GGL: Totalmente Joaquín, totalmente, y te debo decir que el crimen organizado va a utilizar todo lo que tenga a su alcance, –inclusive rumores– y tratar de desprestigiar o crear algún conflicto, y no Joaquín, te debo decir que el proyecto de seguridad pública y justicia va de la mano, ha sido un esfuerzo integral que hemos ido construyendo paso a paso y, sin duda Joaquín, esto implica, por supuesto, este desgaste que se genera por este tipo percepciones, pero el crimen ha apostado a muchos esquemas, inclusive de desprestigio o en rumores. Joaquín, ahí no vamos a caer en la trampa, ahí te debo decir que la perspectiva es completa, es objetivo y contundente, vamos a seguir y a enfrentar al fenómeno con toda contundencia y como decía el Presidente ni un paso a atrás ¿no? sumar lo que tengamos en las capacidades técnicas y humanas para combatir el crimen y no Joaquín, debo decirte que con el licenciado Medina Mora, además de tener un colega de primera, tengo un gran amigo con el cual, no ahora, de mucho tiempo, Joaquín.
JLD: Bien, pues yo les agradezco mucho y el reto es enorme, sé que hay un proyecto ahí congelado, no sé si muerto de risa o en los estertores, en el Congreso de la reforma penal, que no avanza, no sé cuál será el interés de que no avanza, pero ahí lo veo, pero mientras no esté el marco legal, me parece que esto dificulta mucho el avanzar en este, pues no es un proyecto, no es un propósito, en esta que es la principal demanda de la sociedad, la seguridad y el fin de la impunidad y la violencia y la corrupción.
EMMI: Joaquín, yo te quiero decir ahí que el Congreso está trabajando, hay avances muy significativos, los niveles de consensos entre todas las fuerzas políticas en ambas cámaras son prácticamente totales, hay algunas diferencias que se están procesando en este momento, pero que nosotros estamos confiados en que antes de que termine este periodo de sesiones vamos a contar con la aprobación de la reforma al sistema de seguridad y justicia, que precisamente le dará al Estado Mexicano, un mejor entramado institucional y jurídico para enfrentar a la delincuencia y hacerlo precisamente en atención de lo que los ciudadanos queremos ver, que es poder vivir pues en paz en nuestras comunidades, con nuestras familias.
JLD: Que así sea y es lo que exigimos todos en la sociedad. Muchas gracias Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República; muchas gracias, Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública. Muy buenas tardes y pues a ver cómo se lleva todo esto a la realidad, que es la demanda.
GGL: Gracias Joaquín, y a la orden.
JLD: Muchas gracias.
EMMI: Nuestro compromiso es absoluto y total, y ésa es precisamente la indicación que nos ha dado el señor Presidente de la República y así lo haremos, Joaquín.
JLD: Pues órale.
EMMI: Gracias.
JLD: Gracias.
GGL: Gracias y muy amable.
JLD: El Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora y el Secretario de Seguridad Pública Federal, el ingeniero Genaro García Luna. Usted los ha escuchado aquí en este espacio.

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