5 may 2008

El informe de Interpol

Dice el diario El Tiempo en su edición digital que los documentos encontrados en la computadora del comandante Raúl Reyes no fueron manipulados.
La fuente del rotativo es la comisión internacional de expertos en informática forense, integrada por miembros de Interpol, compuesto por un australiano, un español y un singapurense.
Por cierto el informe se dará a conocer el día 15 de mayo, aunque la comisión, conformada por petición expresa del Gobierno colombiano, concluyó el pasado viernes 30 de abril el análisis del contenido del computador que fue incautado luego del bombardeo al campamento de las FARC el pasado primero de marzo.
Dice El Tiempo que ese primer hallazgo de los expertos significa que las agencias de seguridad y civiles que tuvieron en poder el computador respetaron la cadena de custodia.
"El software de cada computador tiene un registro visible de los archivos y otros dos invisibles, y cada uno de ellos tiene un registro con la fecha y hora de ingreso de los archivos, es una impronta que no puede ser cambiada ni alterada sin dejar huella", aseguró al periodico una fuente cercana a esta investigación.
La comisión internacional también dará a conocer un inventario de los archivos de texto, fotos, videos y otro tipo de contenido que tenía el PC del jefe de las Farc.
Por último, dirán si los organismos de seguridad de Colombia que tuvieron acceso al computador se ajustaron a los estándares internacionales cuando realizaron su exploración.
El análisis de la Interpol que ya los conocen algunas autoridades de EE UU.
Sobre el mismo tema:
Nota de El Tiempo digital, desde la corresponsalía de Washington
Mayo 5 de 2008 -
Esa es la principal conclusión de un documento elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales de la corporación, conocido por EL TIEMPO.
En el informe se plantean acciones que seguirán al veredicto de la INTERPOL sobre autenticidad de la información del PC de Reyes.
Estas son apartes textuales de sus principales recomendaciones:
Sancionar a Venezuela
Muchos han sugerido que se incluya a Venezuela como una nación que patrocina el terrorismo por su apoyo a las Farc. Si del computador de Reyes surge evidencia de una cooperación más cercana entre el grupo y Venezuela, crecerá la presión en el Congreso y en la administración para un cambio de política en esa dirección.
Si los eventos conducen a esta opción, los legisladores deben asegurarse de que la ley sea construida con cuidado y flexibilidad para que garantice que las sanciones afecten a Chávez y no lo fortalezcan sus posibilidades de movilizar la opinión pública a su favor, tanto en Venezuela como en el resto de AL.
Se recomienda a los legisladores tener extremo cuidado a la hora de aprobar sanciones que dejen aislado a E.U. y reduzcan su margen de maniobra para empujar reformas constructivas en la región.
Venezuela ya es sujeta a una serie de restricciones, entre ellas la prohibición a la venta de artículos y servicios de defensa. Cualquier nueva sanción no debe afectar las posibilidades comerciales de E.U. Es difícil pensar en alternativas flexibles dentro del marco de la ley antiterrorista -que se usaría para imponer las sanciones- pero recordamos que E.U. a usado sanciones selectivas contra otros países que han conducido al congelamiento de recursos o prohibido el viaje de funcionarios de ese gobierno y sus familias.
El "staff" cree que las acciones serán más fuertes si se basan en apoyo regional. Sin ese apoyo las sanciones no serían tan efectivas o hasta contraproducentes. E.U. debe tener cuidado de no equiparar a otros países como simpatizantes del terrorismo por mantener agendas con Venezuela.
Sería mejor para los intereses a largo plazo ser vistos como respetuosos del proceso de la OEA, que ha sido útil hasta ahora para disipar las tensiones.
En lugar de hablar suave y usar un garrote" E.U. debe ser persuasivo y dejar que el garrote se usa multilateralmente y no unilateralmente. Sanciones adicionales serían vistas como más legítimas si se implementan en un marco multilateral.
Eso no quiere decir que se acepte el respaldo a un grupo terrorista o que los intereses de E.U. deban ser vulnerables al cronograma o voluntad de las naciones latinoamericanas. Por el contrario, si se establece de manera clara que Venezuela apoyaba a las Farc la credibilidad de Venezuela se verá reducida y será visto como un actor no confiable que quiere sabotear los intereses de seguridad de los países que no comparten sus ideales políticos o económicos.
Para ponerlo en contexto, no es por que E.U. lo diga sino por que hay evidencia para demostrarlo. Esto podría tornar la antipatía contra E.U. al escrutinio de un país hermano que se entromete. Si se demuestra, E.U. debe ser sabio y dejar que la dinámica regional tome rumbo. Una respuesta muy vigorosa haría que en lugar de mirar la trasgresión venezolana, se dijera que es otro ejemplo del intervensionismo de E.U.
Difusión de la información
2. Hay que asegurarse que la información del computador se distribuya ampliamente y exista transparencia sobre cómo fue analizado.
Si es auténtica, los países necesitarán tiempo para examinar la evidencia. Es necesario crea una página oficial en Internet, asociada con la INTERPOL u otro organismo multilateral que sirva como canal exclusivo para hacer públicos los documentos. Esa organización debe ser vista como imparcial por los países pues de lo contrario se corre el riesgo que se diga que está siendo manejada por E.U.
Plan Ecuador
3. Si el computador no demuestra vínculos expresos con el gobierno de Ecuador, E.U. debe trabajar con Ecuador y con la OEA en una estrategia de asistencia para la frontera norte o un Plan Ecuador. El departamento de Estado debe considerar -con la OEA- el desarrollo de un programa multilateral de asistencia que ayude a Ecuador a recuperar el control de estos corredores para el tráfico de drogas. Esta iniciativa sería el primer reconocimiento regional de los peligros que plantea las Farc a la soberanía de Ecuador dada las dificultades para patrullar la zona.
Necesariamente esto requeriría la cooperación regional en entrenamiento y dotación a las fuerzas antinarcóticos de Ecuador y la entrega de ayuda humanitaria para ayudar al país en la atención de la población desplazada de Colombia. También debe incluir asistencia para interdicción en puertos y fronteras al igual que radares, equipos de comunicaciones municiones y apoyo logístico para las fuerzas armadas que vigilan la frontera.
Así mismo, un plan desarrollado por la OEA que realice las funciones asociadas con la Combifron sentaría un ejemplo a seguir para la resolución de conflictos.
¿De dónde sale el reporte?
El reporte parte de una vista que realizó a la región Carl Meachem, el asesor principal de la Comisión para asuntos latinoamericanos.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
Fuente: El Tiempo.

El Ejército más podersoso del mundo

El Tiempo Digital, agencia EFE, Mayo 5 de 2008;
Importante empresa militar-industrial estadounidense ve a Colombia como cliente potencial
Eso advierte un periodista estadounidense sobre Blackwater, compañía responsable de proveer mercenarios a Irak y que ve a América Latina como un mercado para diversificarse.
Jeremy Scahill es autor de un libro sobre "el ejército mercenario más poderoso del mundo", que presentó este lunes en España junto a la editorial 'Paidós' y el cual el periodista describe como la historia no autorizada sobre el imparable ascenso de esta compañía desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
El libro asegura que Blackwater se ha convertido en uno de los poderes fácticos más poderosos e influyentes del complejo militar-industrial estadounidense.
Este periodista de 32 años, que colabora habitualmente con el semanario progresista "The Nation", comenta que la empresa ha conseguido beneficios récord en los últimos dos trimestres, pero que su objetivo es diversificar el negocio para adaptarse a nuevas realidades y que eso pasa por América Latina.
"Blackwater podría terminar en América Latina", dice Scahill, quien destaca que el Pentágono ha instado a la compañía que preside Erik Prince, un ex militar de familia rica y muy conservadora, a optar a un plan de lucha contra la droga, principalmente para México y Colombia, que tiene un presupuesto de 15.000 millones de dólares.
Es a través de estas empresas privadas como Washington quiere garantizar su presencia en la región sin "dejar una huella militar", explica el periodista, quien sostiene que los miles de millones de dólares que EEUU ha invertido en los últimos 15 años en la lucha antidroga en la región han sido para "la lucha contrainsurgente".
Según el autor del "Blackwater. El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo", un ejemplo es Colombia, que recibe de EEUU 630 millones anuales para luchar contra el narcotráfico, de los cuales, a su vez, Bogotá destina buena parte a pagar los servicios de empresas de las mismas características que Blackwater, como DynCorp.
"El futuro pasa por el entrenamiento y la preparación de militares latinoamericanos, con el objetivo de tener pequeños equipos paramilitares trabajando para estas compañías en América Latina. Veremos un incremento de la presencia de estas empresas que deciden radicarse en la región", pronostica Scahill.
La lógica es la del negocio y la del mercado libre, la misma que llevó a Blackwater y a otras empresas que contratan mercenarios a fijarse en la "fuerza de trabajo barata" que ofrecían países como Chile, Honduras, El Salvador, Perú y Bolivia.
Frente a los 10.000 dólares al mes que puede cobrar un mercenario estadounidense o de otro país del primer mundo por prestar sus servicios en Irak, los latinoamericanos aceptan el mismo riesgo, ofreciendo la misma preparación, por sueldos de 1.000 dólares.
Se trata en su mayoría de militares que se formaron en las décadas de los 80 y los 90, en el marco de las "guerras sucias" instigadas por Washington, y que ya han tenido experiencia en técnicas de contrainsurgencia, tiro de precisión, guerra de comandos, espionaje militar y tácticas de interrogatorio.
Afirma Scahill en el libro que "uno de los mayores contingentes de soldados no estadounidenses importados hasta Irak por Blackwater fue el compuesto por antiguos comandos chilenos, algunos de los cuales habían sido formados o habían servido durante la brutal dictadura militar del general Augusto Pinochet".
Cerca de un millar de chilenos fueron enviados a Irak gracias a la gestión de reclutamiento de José Miguel Pizarro Ovalle, a quien el autor describe como "un partidario acérrimo de Pinochet, que trabajó como traductor para el ejército estadounidense (...) antes de convertirse en enlace entre más de una docena de Gobiernos latinoamericanos y los fabricantes de armas de Estados Unidos".
Scahill subraya también que en Irak "los trabajos más peligrosos los hacen iraquíes o latinoamericanos, protegiendo edificios o contratados por empresas privadas y hombres de negocios para que los protejan".
Añade que actualmente "los más buscados" son los peruanos, a los que se considera "soldados baratos y luchadores".
MADRID, EFE

EL EPR y su derecho de réplica


¡Intereresante!
"Derecho de réplica Como cualquier actor político"
Se estrena la Comisión de Prensa y Propaganda.
Este lunes 5 de mayo de 2008 la "COMISION DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO", difundió por sus medios habituales dos comunicados con carácter de derecho de réplica.
Uno de ellos está dirigido a Carlos Ramírez, por su columna (El Financiero) y el otro Ciro Gómez Leyva (Milenio Diario) por sus columnas acerca del EPR y la negociación con el Cisen.
Califica de falsas las versiones que aseguran que han entrado en negociaciones con el gobierno federal.
Comunicado 1.
AL PERIODISTA CARLOS RAMIREZ
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Como un derecho a réplica levantamos nuestra voz para desmentir las afirmaciones hechas en varios artículos en su columna INDICADOR POLITICO, suscrita por usted, Carlos Ramírez (CR). Callar sería aprobar lo dicho, si no lo habíamos hecho obedeció a una actitud de prudencia, esperando que hubiera una reconsideración, sin embargo, al no existirlo nos vemos en la necesidad de exponer nuestra posición.
En el Artículo que lleva por nombre ¿Pactó el EPR con el Cisen? + Lucha interna apaga la guerrilla, escrito en Indicador Político (El Financiero) con fecha / 4/28/2008 plantea varios juicios y especulaciones por demás imprecisas y dolosas que no dudamos que su origen viene de las filtraciones del CISEN y los cuerpos de inteligencia militar en función de deslegitimar nuestra lucha, difundiendo información falsa para que se hagan análisis sobre nuestro partido y ejército.
Parte del planteamiento de una supuesta “denuncia de grupos radicales que el EPR ya pactó con el gobierno vía CISEN y que la guerrilla entró en un proceso de descomposición política”. (CR)
Rechazamos categóricamente haber tenido o tener un contacto con institución alguna del gobierno federal, mucho menos negociar o pactar con el aparato represivo de inteligencia. Eso lo hemos establecido claramente en los comunicados de nuestra comandancia general del 24 y 28 de abril, seguir insistiendo sobre ese tema es doloso y termina siendo calumnioso.
Falso y calumnioso es también de que grupo radical disidente de la guerrilla (CR) sea quienes tienen secuestrados a nuestros compañeros, ésta es la vieja coartada del aparato de inteligencia para justificar los crímenes de lesa humanidad contra los luchadores sociales, presentando a aquellos como un ajuste de cuentas entre revolucionarios, nada más burdo porque los únicos interesados en presentar esta afirmación han sido las autoridades federales en voz de los militares y los generales de la marina que desempeñan funciones de inteligencia, afirmaciones y declaraciones que forman parte de los operativos psicológicos en nuestra contra difundiendo propaganda sucia contra nuestro partido.
Sobre este tema también hemos señalado en varios comunicados lo falso y peligroso de esta afirmación difundida por las autoridades federales, los cuerpos de inteligencia militar y de la marina, así como el Cisen. Maniobra de contrainformación que tiene como fin eludir la responsabilidad del Estado en los delitos de lesa humanidad. Peligroso porque al ser arropados por la impunidad las “unidades especiales” de militares, marinos, de la AFI, o de las policías estatales seguirán cometiendo delitos de lesa humanidad.
Lo que siempre ha estado claro es que la detención-desaparición de nuestros compañeros fue hecha por las fuerzas represivas del Estado mexicano, de eso no hay ninguna duda y quienes en su momento negaron tal hecho, afirmando que la exigencia de la presentación de nuestros compañeros sólo era un pretexto para montar cobertura mediática para reposicionarnos, deben aceptar su error porque suponer eso aparte de equivocado es ruin porque con ello se valida el terrorismo de Estado que estamos viviendo los mexicanos con la interminable militarización del país.
En su artículo Sostiene que la guerrilla avanzó en un juego de estrategias muy parecido al del PRI: critica, cuestiona y luego abre la negociación. (CR)
Por ningún motivo la comparación es válida y resulta provocadora, nada, absolutamente nada tiene que ver nuestro método de lucha con la del PRI que es uno de los partidos responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos contra los luchadores sociales desde la década de los 60’s del siglo pasado hasta nuestros días, estafeta represiva que le agarró por convicción y euforia yunquista el PAN.
Nuestra crítica y cuestionamiento al régimen no tiene que ver con chantajes para sostener en el poder a políticos nefastos como Ulises Ruiz o el gober precioso por poner los ejemplos más repudiados por el pueblo; nada que ver con la obtención de canonjías de poder político y económico, esa nunca ha sido nuestra práctica política.
Criticamos y luchamos desde nuestra trinchera de lucha contra el régimen neoliberal con planteamientos, objetivos, estrategia y táctica bien definidos desde nuestro surgimiento. Nuestra lucha y nuestra práctica es revolucionaria por esencia y nada tiene que ver con la práctica de los políticos de oficio que reproducen cotidianamente el régimen de explotación y opresión.
Remacha diciendo que en el fondo estos datos estarían hablando de la descomposición política interna de las principales organizaciones guerrilleras y de un paso atrás de la guerrilla en su denuncia de que el gobierno y el ejército habían secuestrado a sus comandantes. (CR)
Afirmación falsa, conclusión alejada de la realidad porque hasta la fecha no hemos dejado de señalar que la detención-desaparición de nuestros compañeros es un delito de lesa humanidad cometido por el Estado mexicano, independientemente de la institución o entidad federativa donde se haya cometido este crimen aberrante.
No hemos dado ni daremos un paso atrás en su búsqueda y exigencia por su presentación con vida, como también nunca desviaremos que la responsabilidad proviene del Estado mexicano, que entre sus instituciones están el ejército, la marina y las diferentes policías que obedecen y se rigen por una política de Estado.
Así que, independientemente de quién o quiénes hayan dado la orden de cometer este delito de lesa humanidad obedece a un crimen de Estado, porque en la experiencia de los pueblos que han vivido esta pesadilla y en la experiencia pasada de nuestro país las detenciones-desapariciones nunca son cometidas por la decisión de un individuo, siempre ha resultado que quienes participan materialmente obedecen “ordenes de arriba”, es decir, de las instituciones del Estado, y en la experiencia de la guerra sucia en nuestro país los presidentes de la República sabían qué se estaba haciendo, no sólo eso, lo impulsaban como política de gobierno. Díaz Ordaz, Echeverría y los demás presidentes priístas siempre impulsaron la Guerra Sucia, los gobiernos panistas no han hecho más que darle continuidad.
En otra parte apunta que el EPR se encuentra demasiado presionado por la falta de recursos, por las evidencias que ha regresado a los secuestros, por sus relaciones con el grupo de narcoterrorista de las FARC y obviamente por ciertos indicios de relaciones con enviados de Hugo Chávez (CR).
Una mentira más y una conclusión falsa, aseveraciones que merece que le pidamos que presente las pruebas, los indicios que fundamentan nuestra relación con las FARC y el gobierno de Hugo Chávez.
Queda muy claro que no conoce nuestra línea política, nuestra posición y política para desarrollar nuestra praxis. Nuestra actividad no tiene nada que ver con la delincuencia, sostenemos nuestro accionar político-militar sobre la base de dar siempre un carácter primordial a los recursos humanos sobre los materiales, esto quiere decir, para nosotros lo más importante no es el dinero, la infraestructura, las armas y los pertrechos sino el hombre politizado y con ideología.
Si usted tiene evidencias de que estamos haciendo secuestros, asaltos y actividades delincuenciales, sería bueno que las presentara, porque nosotros sí podemos decirle que por lo dicho, sus fuentes y esas “evidencias” son las que las que difunde el Cisen y los grupos de inteligencia gubernamental, bajo la fantasía de que estamos monitoreados o infiltrados.
En varios comunicados hemos insistido y rechazando tajantemente dichas afirmaciones, estamos haciendo y lo seguiremos haciendo sobre la base del apoyo y las aportaciones de nuestro pueblo, porque éste es quien debe hacer la revolución, aportando recursos humanos y materiales para poder desarrollar las tareas en cada momento del desarrollo de la acción revolucionaria.
Contradictorio resulta entonces sostener que estamos presionados por la falta de recursos, no le parece curioso el dato también filtrado de que hemos obtenido ganancias por más de 70 millones de dólares, estos dos datos simplemente son contradictorios, ¿a quién le hacemos caso? Esto demuestra lo falso y doloso de suponer, de tomar esas “evidencias” para sostener que hacemos secuestros y asaltos de bancos.
Respecto a las supuestas relaciones con las FARC y Hugo Chávez, tenemos que decir que nuestro partido siempre ha impulsado desde su formación el principio político de hacer la revolución sobre la base de nuestros propios esfuerzos. Esto en definitiva desbarata afirmaciones tan temerarias como la suya en su artículo.
En cuanto a la definición de que las FARC son narcoterroristas, diferimos profundamente de dicha caracterización, para nosotros las FARC-EP son revolucionarios que hoy están sometidos a una campaña imperialista de desprestigio para justificar crímenes de lesa humanidad como el alevoso asesinato del comandante revolucionario Raúl Reyes. No tenemos relación con estos compañeros y no nos avergonzaríamos si las tuviéramos, pero no es el caso.
En cuanto a los indicios de la relación con Hugo Chávez o su gobierno son por demás falsas, patrañas difundidas por el yunque y políticos del PAN, que por cierto en varios comunicados y en artículos en nuestro periódico “El insurgente” hemos desmentido.
Sostiene también que la novedad es la inclusión de Rosario Ibarra de Piedra de filiación trostkista, -estaban peleados a muerte-. Algunos analistas hayan detectado el resquebrajamiento ideológico del EPR como guerrilla (CR).
Sr. Carlos Ramírez son muchas veces las que nos han dado como muertos políticamente, no es la primera vez, así que llegar a la conclusión de que entramos en un proceso de descomposición interna o de resquebrajamiento ideológico por plantear la táctica de impulsar la combinación de todas las formas de lucha denota un profundo desconocimiento de nuestra práctica, nuestros planteamientos y sobre todo de nuestra estrategia y táctica, eso demuestra que los análisis están hechos sobre premisas falsas y el resultado en consecuencia es un análisis equivocado que sólo fortalece a una campaña de desinformación y desprestigio en nuestra contra.
Siempre hemos sostenido que la tarea de transformar profundamente a nuestro país es un asunto de todos, es decir, de la confluencia de todos los esfuerzos que se hacen en las diferentes trincheras de lucha, y quien sostiene la lucha contra el régimen neoliberal no tiene porque ser nuestro enemigo.
Es discutible, muy discutible la afirmación que hace aunque sea hablando en tercera persona de que entramos en un proceso de descomposición y resquebrajamiento, eso desde nuestra perspectiva, visto internamente por nuestra militancia simplemente dista mucho de nuestra realidad, eso es lo que quisiera el Cisen y los cuerpos represivos, por ello imploran los políticos de oficio prooligarcas y defensores a ultranza de este gobierno y régimen.
Por los altos valores morales, en concreto el humanismo, hemos estado pidiendo la presentación de todos los detenidos-desaparecidos obedeciendo a un deber moral que no repara en posiciones políticas e ideológicas, porque este reclamo es por la defensa de la vida y la libertad, independientemente de qué posición política provenga y forma de lucha que se enarbole.
Por eso resulta inadmisible que en la defensa de los derechos humanos y por detener un crimen de lesa humanidad se antepongan tantos adjetivos inquisitorios a quienes tienen el valor y con nobleza exigen la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos. Para nosotros la Sra. Senadora Rosario Ibarra de Piedra es una luchadora social no de ahora, independientemente de su posición política e ideológica.
Ocioso resulta afirmar que nuestros ataques contra instalaciones contra instalaciones petroleras y el daño multimillonario violaron un acuerdo no escrito entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad: no vincularse con grupos extranjeros, no secuestrar o asaltar bancos y no causar daño con explosivos a instalaciones delicadas (CR).
Le recordamos que en varios comunicados emitidos por nuestro partido desmentimos tales “conclusiones” que se encargó de difundir el periodista Menéndez (Sic) , quien basa sus análisis con las filtraciones de la policía, así que ellos por lo general tiene un corte policíaco cuando se refiere a nosotros.
Se lo repetimos a usted, no es nuestra práctica, mucho menos vamos a regir nuestra actividad por acuerdos escritos o no escritos con los responsables de la involución democrática, siempre sostendremos que el actual gobierno es ilegítimo, ese carácter nadie se lo quitará.
Falso y policíaco es suponer esta filtración policíaca como válida o verdadera. La rechazamos por calumniadora.
Y repite otra mentira cuando expone que el EPR ya pactó con el CISEN, la comisión de intermediación implicaría la traición de un grupo guerrillero a la lucha armada y los comandantes secuestrados presuntamente fueron víctimas de pugnas internas en la guerrilla y no de la policía (CR).
Comprobado está que repite las filtraciones que hace el CISEN. Suponer que estamos por la senda de la traición es tan falso y denota falta de análisis político, sólo que éste tiene que ser multifactorial para no hacerlo sobre premisas falsas.
Insistiremos en señalar cuantas veces sea necesario que nuestros compañeros, como a otros luchadores sociales en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán han sido detenidos y desaparecidos por los cuerpos represivos de este gobierno que se ha caracterizado por su afición por las medidas militaristas y fascistas, hecho comprobable cuando se sostiene FCH que no “le tiembla la mano” para aplicar la ley, ahí están las consecuencias de su confesión.
En otro escrito ha señalado que Lucía Morett no es una investigadora. Aterrizó en el campamento de las FARC enviada por un grupo guerrillero mexicano, el EPR; que esta reorganización debe relacionarse con Lucía, el EPR y las FARC; y que la relación APPO-EPR-FARC es justamente Lucía (CR). Nuevamente se equivoca y son falsas dichas afirmaciones, como falso también lo es decir que las FARC sí participaron con la APPO en Oaxaca vía el EPR (CR).
Como decíamos al principio, lo expuesto es con el único propósito de desmentir lo que constituye una campaña de desprestigio en nuestra contra y de verdad Sr. Carlos Ramírez le pedimos que muestre esos indicios que dice tener o que le han dicho para fundar sus aseveraciones.
Lo que llama la atención es hemos conocido artículos de su pluma verdaderamente críticos que denotan investigación, profundización de análisis y activismo de investigación periodística que lo caracterizan, pero en esta ocasión se quedó chato y se fatiga a las primeras de cambio, respectivamente, cuando se trata de la detención-desaparición de nuestros compañeros a manos de cuerpos represivos del Estado y de igual manera se pasa por encima y volteando a la derecha ante la alianza de los ultraderechistas Felipe Calderón y Uribe, articulada para combatir al movimiento e insurgencia popular por medio de la criminalización presentando a los luchadores sociales como delincuentes, terroristas, etc. como parte de la estrategia general de la Guerra de Baja Intensidad impuesta por Bush a sus gobiernos lacayos.
Sin otro en lo particular, nos despedimos con sinceridad esperando que la presente sirva para clarificar lo que sucede en torno a la detención-desaparición de nuestros compañeros, que por todas las pruebas que han estado aflorando muy a pesar de la resistencia de los cuerpos represivos y diferentes autoridades de este gobierno se va demostrando que este crimen aborrecible fue cometido desde el mismo Estado.
Para cualquier aclaración tiene nuestro correo.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMISION DE PRENSA Y PROPAGANDA
DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR
Año 44
República Mexicana, a 5 mayo de 2008.
Comunicado 2A.
C. PERIODISTA CIRO GOMEZ LEYVA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Le dirigimos el presente escrito con la intención de clarificar sus aseveraciones respecto a nosotros que de manera reiterada ha venido haciendo por medio de sus colaboraciones en el periódico Milenio, en su programa de radio Fórmula y en el programa televisivo “Tercer Grado” en el que participa.
Para comenzar nos parece incorrecto como aborda su análisis, por no pedir humildad a su persona, pues no existe la autocrítica de su parte. Porque usted, junto con otros periodistas eran de los que aseguraron una y otra vez que la detención-desaparición de nuestros compañeros fue una fabricación de nuestro PDPR-EPR como parte de “una estrategia mediática para ganar posicionamiento político o más siniestro aún que nuestros compañeros fueron víctimas de una purga entre grupos de revolucionarios”, azuzando con esas intrigas para crear enfrentamiento entre luchadores sociales y desprestigio de nuestro partido, práctica común del aparato de inteligencia para ver quién agarra el rumor como verdad y de manera oficiosa lo difunde como verdad absoluta y justificante de la represión.
Nada se dice de su parte, ante las inocultables evidencias que la detención-desaparición de nuestros compañeros fue ejecutada por cuerpos represivos del Estado mexicano, pruebas que siempre han existido y denunciadas no sólo por nosotros, que ahora afloren y desnuden una vez más la brutalidad represiva de los cuerpos policíacos-militares, es resultado de la movilización y denuncia nacional e internacional de organizaciones defensoras de los derechos humanos, personalidades de los distintos ámbitos y organizaciones populares, así como la acción revolucionaria en su modalidad de autodefensa.
Con respecto a uno de sus más recientes colaboraciones en Milenio, cuyo titulo es “Inteligencia” en el que de manera irresponsable asegura “Funcionó el trabajo de inteligencia. Funcionó el contacto en las tuberías, que no negociación, entre el gobierno y la guerrilla”. Sr. Ciro, su irresponsabilidad y calumnia es grave porque esta asegurando que nosotros (PDPR-EPR) tenemos contactos con el Estado y más inverosímil resulta que lo hagamos con la parte más nefasta de éste, el Cisen. Nunca hemos entablado diálogo o negociación alguna con funcionario de esta administración y sus antecesoras, menos aún negociaremos a espaldas de nuestro pueblo con los responsables de la represión, porque el Cisen es el encargado de espiar a los luchadores sociales para preparar la represión selectiva y facilitarle la masiva a los cuerpos represivos.
Los resultados obtenidos hasta ahora con respecto al esclarecimiento de la detención-desaparición de nuestros compañeros se debe, como lo explicábamos anteriormente, a la diversificación de la movilización y acción popular exigiendo su presentación con vida. En nuestra trayectoria de lucha se puede constatar que no tenemos esa práctica de negociar y llevar acuerdos en la “tuberías”, o en las “cañerías”, según usted, en lo “oscurito” dicen otros, pero ese tipo de campañas llenas de calumnias, descalificaciones y juicios inquisidores los afrontamos con la misma actitud política y moral de siempre, sin transgredir nuestros principios políticos-ideológicos y de frente a nuestro pueblo.
En otro párrafo afirma de manera tendenciosa, partiendo de una fabricación mental personal o de su fuente informante, que “hay un acuerdo” “Pues bien, ocho meses después no se registra uno solo (se refiere a las acciones de autodefensa). Por el contrario, el EPR anunció el lunes que quería dialogar con el gobierno”.
Primero tendríamos que precisar que nuestro carácter político-militar es la esencia y razón de ser que rige nuestra existencia y en toda actividad anteponemos el análisis político a la acción militar, nunca actuamos por resentimiento y menos por venganza. Segundo lo que solicitamos es aún grupo de personalidades de la intelectualidad, cultura, ciencia, política y defensa de los derechos humanos que intercedan en las acciones legales, sociales y políticas antes las distintas instancias gubernamentales para la presentación con vida de nuestros compañeros y nada más.
Termina su colaboración de este día con un párrafo que contradice su afirmaciones anteriores Los caminos conducen ahora a Oaxaca. Parece haber suficientes hechos relacionados para proponer que la autoría material e intelectual de las desapariciones fue del gobierno de Ulises Ruiz. ¿Inconsecuencia o simple exabrupto de analista?
En un trabajo anterior titulado “En lo oscurito” también hace aseveraciones falsas.
La primera, nuestros compañeros fueron detenidos-desaparecidos el 25 de mayo y no el 20.
Resulta falsa la afirmación de que nuestros compañeros participaron en un acto visible de la rebelión de la APPO en 2006. El tan comentado nexo de al menos una fracción appista con una del EPR se sigue documentando. La persona que aparece el la filmación mencionada no es nuestro compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez, sentimos mucho desilusionar a quienes festejaban tal “descubrimiento”. Es clara la maniobra de las autoridades judiciales el tratar de diluir su responsabilidad y en una actitud ruin acomodar el escenario para justificar tan reprobable crimen, porque a nuestros compañeros los detuvieron sin orden de aprehensión y sin flagrancia de delito. Que ahora la PGR y la PGJE de Oaxaca digan que había una investigación sobre nuestros compañeros es aberrante.
En el mismo escrito plantea hipotéticamente que:
* Sí hubo un contacto en las tuberías, que no negociación, entre el gobierno y la guerrilla (elemental trabajo de inteligencia política).
* El gobierno cumplió al investigar exhaustivamente sobre el paradero de Reyes Amaya y Cruz.
* El EPR sabe que el gobierno investigó, quizá por eso no ha atacado en un momento político tan atractivo.
* Por más de un motivo, eperristas cooptados por el gobierno de Ulises Ruiz se habrían llevado a Reyes Amaya y Cruz.
Habrá tiempo en los próximos días para irlas desarrollando una por una.
En el transcurrir del tiempo y los acontecimientos ¿Cómo quedan estas hipótesis? En la primera como lo ha dicho nuestro partido oficialmente en sus comunicados del 24 y 28 de abril desmentimos tales aseveraciones, por lo que es totalmente falsa; la segunda, ¡mentira! El gobierno lo único que ha hecho es medar ante este crimen de Estado queriendo ganar tiempo para continuar golpeándonos y aprovechar para eliminar enemigos ocasiones que hoy le estorban en la lucha del poder por el poder, es decir, URO; nuevamente equivocación, ¡El gobierno no ha investigado a fondo!, lo que sí investiga y persigue es a los luchadores sociales que supone tienen relación con nuestro partido para dejar caer todo el peso de su brazo represivo. En cuanto a que no ha habido acciones de autodefensa, es fácil de explicar, éstas siempre obedecen aun análisis político de la realidad nacional, señor Ciro, somos revolucionarios y no sujetos militaristas irracionales; y la cuarta, si usted tiene pruebas de que compañeros eperristas han sido cooptados por el gobierno criminal de Ulises Ruiz, se las pedimos, porque no hay un solo compañero en esa circunstancia y mucho menos que sean quienes entregaron a nuestros compañeros, porque si así fuera por lógica elemental no habrían dos desaparecidos, habrían mucho más y de haber sido así lo habríamos denunciado públicamente.
Nos despedimos de usted, asentando que estamos haciendo el uso legítimo de responder como cualquier actor político de nuestro país que tiene derecho a réplica.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMISION DE PRENSA Y PROPAGANDA
DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
Año 44
República Mexicana, a 5 mayo de 2008.
Fuente: Cedema.org
Nota: la columnas de Ciro, Carlos, y la de otros analistas y columnistas se pueen leer en está bitácora.

4 may 2008

Proceso y Bous

Sonora impiden la circulación de Proceso
Patricia Dávila, reportera.
Revista Proceso, No. 1644, 4 de mayo de 2008;
HERMOSILLO, SON.- Los mil 420 ejemplares del semanario Proceso todavía no llegaban al estado, pero ya se habían vendido. Entre esa cantidad, que se envía normalmente, más los nuevos pedidos solicitados, la semana pasada miembros del gobierno de Eduardo Bours acabaron por adquirir 3 mil 530 ejemplares de la edición 1643 de esta revista para impedir su venta directa.En la página 10 de su edición correspondiente al 27 de abril, Proceso publicó el reportaje titulado El sospechoso gobernador multimillonario, en el cual el reportero Ricardo Ravelo describe cómo “desde el poder estatal, a la cabeza de su clan familiar, el gobernador Eduardo Bours ha amasado sin pudor en Sonora una fortuna incalculable al amparo del poder político (…) a pesar de que la PGR investiga la relación de sus empresas con el narcotráfico y el lavado de dinero”.
Habitualmente, el semanario llega al aeropuerto de Hermosillo los domingos por la tarde y su distribución se inicia el lunes por la mañana. Mil 30 ejemplares se le entregan a voceadores de Nogales, Guaymas, Navojoa, Hermosillo, Ciudad Obregón y San Luis Río Colorado, y 390 se envían a locales cerrados de estas tres últimas ciudades.
Mauricio Ramírez, jefe de circulación de Proceso, relata que la noche del domingo 27 de abril Luis Lomelí, gerente de la zona norte-occidente de Publicaciones Citem –distribuidora nacional del semanario–, le notificó que su agente en Hermosillo, Luis Lugo, fue visitado por un grupo de personas que dijeron ser empleados del gobierno sonorense y le ordenaron que cuando llegaran los paquetes de la revista les avisara. “Las compramos todas”, aclararon.Como en otros casos de decomiso masivo de Proceso, Mauricio Ramírez le pidió al agente que intentara distribuir los ejemplares y que sólo si esto implicaba un riesgo para él vendiera las revistas al comprador del gobierno. Explica Ramírez: “Por experiencia sabemos que los agentes prefieren venderla, para evitar riesgos y tener una venta del 100% con pago inmediato”.
El lunes 28 por la mañana, Citem confirmó a la gerente de Ventas y Mercadotecnia de Proceso, Margarita Carreón, que en cuanto llegó la revista el gobierno de Sonora compró los ejemplares destinados a los voceadores, y que los compradores de Sanborns y Cuencas (tiendas del aeropuerto) solicitaban más ejemplares.Esa tarde Citem corroboró que se realizaron compras masivas en Sanborns, Cuencas y Wal-Mart, entre otros locales cerrados, por lo que, a solicitud de los distribuidores, se realizó un segundo envío de 460 ejemplares, que se distribuyó entre el miércoles y el jueves. Tanto en las oficinas administrativas como en la redacción de la revista se recibieron llamadas telefónicas de lectores que denunciaron el decomiso de ejemplares. Por el tono imperioso de las voces, se deduce que algunos telefonemas fueron realizados por empleados del gobierno sonorense para sondear cuándo se realizaría un siguiente envío. El miércoles 30 de abril salió un tercer embarque de mil 650 revistas para Hermosillo y Nogales; sin embargo, nuevamente fue adquirido en su totalidad por los mismos trabajadores del gobierno sonorense. Sólo que en esta ocasión los enviados del gobernador Eduardo Bours le exigieron al agente de Citem, Luis Lugo: “Detén el asunto, porque ya compramos muchas”. l
Para su conocimiento…
Sergio Loya, reportero.
El martes 29 de abril llegó un extraño mensaje a la Redacción de Proceso.
Se trataba de un fax remitido por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, acerca del reportaje que, en la edición número 1643 del 27 de abril, fue anunciado en portada con la imagen del mandatario y la leyenda: Eduardo Bours / narcopoder en Sonora.
Rubricado por el gobernador, y con el título La revista Proceso miente una vez más, el texto de Eduardo Bours niega todo –o casi todo– el contenido de la investigación que realizó el reportero Ricardo Ravelo con base en documentos de la PGR y otras fuentes (El sospechoso gobernador multimillonario, fue el título de interiores).
Según Eduardo Bours, su familia no es dueña de algunas empresas cuya propiedad se le atribuye, ni invirtió grandes sumas de dólares en el ramo de la hotelería, ni posee siete minas, ni la firma Bachoco –en cuyos camiones se han encontrado cargamentos de droga– tiene relación alguna con el trasiego de estupefacientes ni dispone de licencia para importar efedrina…
Aunque la lista de supuestos “desmentidos” es enorme –incluyendo su participación en la industria de la acuacultura y los presuntos vínculos de su jefe de escoltas con el narcotráfico–, Eduardo Bours no rechazó que pretenda dejar en la gubernatura a un incondicional ni, mucho menos, que pese a las investigaciones de la PGR –cuyos números de averiguación fueron consignados por el reportero– buscará postularse como candidato a la Presidencia de la República
Hasta allí todo parecía normal. No era nada raro que el gobernador Bours, envuelto en diversos escándalos por sus palabras y sus hechos durante una gestión que está a punto de terminar –le queda año y medio en la gubernatura–, negara lo innegable y ocultara lo evidente magnificando algunos errores menores que, en efecto, se cometieron en el reportaje.
Tampoco era insólito que, después de enumerar una serie de “logros” en su lucha contra el narcotráfico, como si estuviera en precampaña, incluyera una frase críptica como esta:
“Entiendo que tantas imprecisiones y ‘errores periodísticos’ obedecen a un móvil de ataque a mi persona, al nombre de mi familia y a los sonorenses y con un origen político, por políticos corruptos que están acostumbrados a amedrentar a aquellas gentes que se atreven a participar en sus tradicionales espacios de poder ahora compartidos con intereses del narcotráfico.”
Autoacusaciones involuntarias como ésta –ocasionadas por las anfibologías del inconsciente– tampoco mueven a sorpresa.
Lo que sí resultaba extraño es que el fax recibido en Proceso y el desplegado que el mismo día se publicó en varios diarios de la Ciudad de México coincidían en todo, punto por punto, excepto porque el fax contiene dos párrafos que no aparecen en el desplegado.
Los dos párrafos que Eduardo Bours quiso reservar en exclusiva para Proceso –y que el semanario prefiere compartir con sus lectores– son los siguientes:
“Teniendo claro todo lo anterior, no quisiera ni pensar que su ‘artículo’ fuese producto de la presión que hayan ejercido grupos o personas que tengan como propósito afectar la imagen de un gobernador que por actuar en contra del crimen organizado les resulte incómodo.
“No quisiera ni pensar que se trate de alguna campaña orquestada de la cual su medio de comunicación esté sirviendo como instrumento para golpear al viejo estilo de los políticos que ponen por encima de cualquier cosa su ambición de poder.”
“Que no se publique”
Recibido en las oficinas de este semanario a las 16:42 horas del 29 de abril, el fax fue turnado, como se hace con todas las réplicas, a la sección Palabra de Lector de la revista.
Al recibirlo, el editor de la sección se percató de que el texto, además de ser muy extenso, no cumplía con los demás requisitos de estructura, destinatario e identificación a que deben someterse todas las misivas.
Puesto que el escrito tenía forma de desplegado –y como tal se había publicado en dos periódicos nacionales–, el editor llamó alrededor de las 19:20 horas al conmutador del gobierno de Sonora buscando al coordinador de Comunicación Social, Daniel Durán Puente.
Una voz femenina preguntó:
–¿De dónde llama usted?
–De la revista Proceso.
–¿En qué podemos servirle?
–Necesito hablar con el coordinador de Comunicación Social.
–¿Es urgente?
–Sí.
–Mire, el licenciado Durán está ocupado en un evento muy importante y no se le puede interrumpir. Le voy a dar el teléfono celular de su asistente particular, el señor Mario Wolf. ¿Tiene con qué anotar?
–Sí, adelante…
Aproximadamente a las 19:45 horas, el editor marcó el número proporcionado. Sonó ocupado. Lo hizo otras dos veces con la misma suerte y, cerca de las 20:00 horas, Mario Wolf se reportó.
–Mi teléfono registró varias llamadas de usted. ¿Qué se le ofrece? –preguntó.
–Mire, licenciado, soy editor de la revista Proceso y quiero hablar con el licenciado Durán para preguntarle en qué condición el gobernador Eduardo Bours mandó hoy a nuestra Redacción un fax.
–¿A qué se refiere?
–No sabemos si se trata de una réplica para publicar en la sección Palabra de Lector o de un desplegado…
–Espéreme un momento. Voy a consultarlo con el licenciado Durán y de inmediato nos comunicamos con usted.
Tres o cuatro minutos después, Mario Wolf llamó de nuevo y señaló:
–Me dice el licenciado Durán que el documento del fax sólo es para conocimiento del director de Proceso.
–¿Qué quiere usted decir? ¿Que no es para publicarse en la revista?
–No. Sólo es para conocimiento del director.
–Pero si el director ya lo conoce… Se ha publicado como desplegado en por lo menos dos periódicos nacionales.
–Pues así nomás…
–¿Me confirma entonces que no desean su publicación en las páginas de Proceso?
–Sí, no queremos que lo publiquen, es sólo para que lo tenga el director…

Don Samuel Ruiz y la nueva Conai

Monseñor Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristobal de las Casas, dijo este domingo en Quéretaro -donde vive-, que confia en que se lograrán acuerdos con el diálogo que pide el EPR al gobierno de la República.
Agregó que las investigaciones sobre los responsables de las explosiones de los ductos de Pemex, del año pasado, no deben ser condicionante para el diálogo entre ese grupo yel gobierno federal.
Aclaró que por ahora no tiene comunicación del EPR, únicamente la que dieron a conocer a través de los medios de comunicación, donde se le propuso como uno de los intermediarios en el diálogo con el gobierno federal.
Por eso, afirmó, no hay conocimiento sobre la fecha ni lugar en los que podría realizarse ese diálogo que propuso dicho grupo, pero afirmó que "estamos dispuestos al diálogo donde sea", porque estas negociaciones siempre funcionan.
Fuente: Notimex-El Universal
Texto de Granados Chapa en Proceso, 1644, 4/05/2008;
Breve noticia de una mediación en cierne/Miguel Ángel Granados Chapa
El jueves 24 de abril, el Ejército Popular Revolucionario (y su brazo político, el Partido Democrático Popular Revolucionario) difundió un comunicado radicalmente diferente a los que había emitido en los 11 meses anteriores. Se refería, como en ellos, a la captura y desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Pero esta vez solicitaba diálogo con el gobierno para lograr la presentación con vida de sus dos compañeros y pedía mediación civil para entablar dicho diálogo.
“Nunca hemos tratado, ni mucho menos dialogado con ese gobierno, aunque dice que lo estamos haciendo, eso es una mentira –dijo el EPR–. Por eso, para evitar mayor violencia, es necesario que entreguen a todas las víctimas de desaparición forzada.
“A quienes nos dirigimos, apelamos a su actitud humanitaria y honesta, si es que quieren y pueden hacerlo, para que intervengan con su autoridad moral y sus buenos oficios para que se resuelva este problema de carácter nacional y se haga justicia.
“Les suplicamos, si es de su interés, nos den una respuesta por medio de la prensa, cuando estén decididos a hacerlo o no hacerlo. Nos atrevemos a planteárselo en virtud del peligro que corre la vida de nuestros compañeros y los demás desaparecidos. “Por eso queremos nombrarlos intermediarios para dialogar con este gobierno y alcanzar la justicia que tanta falta hace a nuestro pueblo, al arzobispo emérito Samuel Ruiz, al escritor Carlos Montemayor, al abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa, al antropólogo Gilberto López y Rivas y al Frente Nacional contra la Represión.”
El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas se hallaba fuera de México. Pero su presencia se hizo notar a través de una de las iniciativas que encabeza, la oficina de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Algunos de sus entusiastas y eficaces colaboradores –Pablo Romo, Dolores González– ofrecieron de inmediato sus instalaciones al resto de los nombrados por si querían deliberar juntos sobre la invitación que les hacía, de modo insólito, una organización político-militar que las más de las veces amagaba con atacar o se hacía responsable de ataques como los que en julio y septiembre del año pasado causaron gravísimos daños –ninguno a persona alguna– a ductos de Pemex en Guanajuato, Querétaro y Veracruz.
Reunidos en Serapaz el viernes 25, Montemayor, López y Rivas y yo mismo, y contando con aquiescencia de don Samuel, aceptamos el llamado del EPR. Lo hicimos, según el consenso rápidamente alcanzado, por la importancia que atribuimos, “en las difíciles condiciones que vive hoy nuestro país, a toda iniciativa de intermediación que dé cauce a la búsqueda de justicia desde la sociedad civil y que combata las desapariciones forzosas”.
Aceptamos en el entendido de que nuestra eventual participación (que requería conocer el parecer del gobierno federal, la otra parte) tendría un carácter puntual, referido a las personas desaparecidas el 25 de mayo de 2007 y en el entendido de que el EPR se abstendría de toda acción armada mientras se realizara la interlocución entre las partes.
Por su parte, el FNCR respondió “afirmativamente a la propuesta del EPR de ser parte de una comisión de intermediación para lograr la presentación de los desaparecidos”. Así mismo, el Frente dijo recibir “con beneplácito la noticia de que también las cuatro personalidades que han sido convocadas hayan emitido una respuesta positiva”. Más adelante el Frente nombraría para representarlo a su fundadora doña Rosario Ibarra y a los abogados Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández Monge.
El EPR se dirigió el 28 de abril a don Samuel, la senadora Ibarra, López y Rivas, Montemayor y Granados Chapa para decirles que les habían “conmovido profundamente con su rápida respuesta de apoyo a nuestra solicitud de intermediación ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en las personas de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ante el peligro en que se encuentran a pesar del tiempo transcurrido desde su detención-desaparición”. Dijo también: “Les hacemos saber que aceptamos sus condiciones”, incluido el compromiso de que “mientras dure esta intermediación no habrá acciones armadas de nuestra parte”.
El EPR añadió “varias consideraciones que el gobierno federal tendría que cumplir:
a) que el gobierno federal y estatal con sus policías y ejército dejen de hostigar e intimidar a las familias de nuestros compañeros, a sus amistades y a las ONG que se han solidarizado contra este repugnante delito;
b) que se deje de perseguir e investigar a quienes consideran son parte nuestra;
c) que el gobierno federal suspenda los operativos de búsqueda y captura de miembros de nuestro partido, y
d) ponemos a su consideración que sus buenos oficios abarquen a los demás desaparecidos en el país”.
Al día siguiente, 29 de abril, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, leyó un mensaje cuya médula consiste en decir que “el gobierno federal acepta dicho diálogo, siempre y cuando se consideren las siguientes condiciones y propuestas”:
1) Que el EPR “se comprometa públicamente a suspender en forma definitiva acciones radicales de sabotaje y de violencia”;
2) que el diálogo no se limite al interés del EPR “sobre la presunta retención-desaparición de dos de sus militantes”, sino que comprenda también “aquellos temas que le interesan al Estado mexicano, como es la solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional”:
3) El diálogo sería directo, con integrantes del EPR “donde las personalidades mencionadas en el comunicado del día 24 del presente y que han aceptado participar en el proceso, lo hagan como testigos sociales y con el objetivo de facilitar el mismo”; y
4) Dialogar no significa “que el Estado abandone su responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley. Por ello, no cesarán las investigaciones tanto para dar con el paradero de las dos personas a las que se refieren en sus comunicados, como para actuar en contra de los responsables de los atentados contra las instalaciones estratégicas de Pemex y otros actos delictivos que han sido denunciados”.
El primero de mayo en Serapaz se reunieron por primera vez todos quienes eventualmente integrarían la comisión, que sólo nacerá –a mi entender– cuando queden claros los términos de la cuestión. Don Samuel, doña Rosario, González Ruiz, Hernández Monge, López y Rivas, Montemayor y yo “reiteramos nuestra disposición a realizar las labores de intermediación que faciliten el diálogo entre las partes” y solicitamos al gobierno “precisar en qué medida los condicionantes que plantea en su comunicado son impedimentos para el proceso del diálogo propuesto”, porque en los términos en que fueron expresados parece que requiere la capitulación del EPR. Y mantuvimos que la figura de testigo social con que el gobierno pretende caracterizarnos, para no tenernos como mediadores, “resulta confusa, particularmente por su utilización en las licitaciones de entidades públicas”.
En eso estamos a la hora de escribir estas líneas el viernes 2 de mayo.

Dónde diablos está José Alfredo Hernández?

Dónde diablos está José Alfredo Hernández Casillas , el proveedor consentido al que Guadalupe Taddei le soltó aquel revelador y familiar ...