6 may 2008

Más armas para Venezuela

Publicado el martes 06 de mayo del 2008, en El Nuevo Heral digital
(Hugo) Chávez amplía poder bélico
CASTO OCANDO
El Nuevo Herald, 6/05/2008;
La política armamentista de Venezuela ha provocado reacciones internacionales. En Brasil, ex presidentes y diputados han expresado preocupación por una carrera armamentista en la región y altos oficiales estadounidenses han expresado alarma.
En medio de señales cada vez más fuertes de que puede perder posiciones clave en el escenario del poder regional, además de debilitar su popularidad, el gobierno del presidente Hugo Chávez promueve una concentración de poderío policial, militar y de combate sin precedentes que ha llevado al país a convertirse en el mayor importador de armas de Latinoamérica y el noveno en el mundo.
El gobierno venezolano no sólo ha aumentado el presupuesto militar a un nivel que no tiene comparación con el pasado, sino que también está reactivando cientos de miles de milicianos y reservistas para enfrentar a una supuesta invasión estadounidense. A la vez, organiza un cuerpo nacional de policía que tendría potestad de intervenir de manera casi ilimitada en los cuerpos policiales locales.
"Desde finales del 2004 Chávez ha desarrollado un plan importante de adquisición de armas, más orientado a un conflicto externo, como defender el país de un supuesto ataque de Estados Unidos'', afirmó Andy Webb-Vidal, analista de seguridad y defensa de Bogotá. Sin embargo, agregó Webb-Vidal, "es una posibilidad completamente remota'', lo que ‘‘deja la interrogante de para qué sirven estas compras''.
Según el analista, las adquisiciones pueden servir "para aumentar la capacidad bélica de Venezuela frente a países vecinos o aumentar las tensiones del alto mando militar venezolano, o ambas cosas''.
Conjuntamente con esos factores, las altas autoridades militares leales al mandatario venezolano endurecen la confrontación dentro de la Fuerza Armada Nacional (FAN) en un abierto intento por depurar los cuarteles y catalizar la salida de elementos institucionales opuestos a la politización del cuerpo armado en favor de los militares revolucionarios.
La situación en las FAN está tan caldeada por el descontento y las presiones de los oficiales chavistas que existen condiciones "preinsurreccionales'', principalmente entre los mandos militares medios, declaró recientemente el general retirado Raúl Baduel, opositor de Chávez e importante figura de referencia militar.
La política armamentista de Venezuela ha provocado reacciones internacionales. En Brasil, ex presidentes y diputados han expresado preocupación por una carrera armamentista en la región y altos oficiales estadounidenses han expresado alarma.
Los dos grupos milicianos organizados por el gobierno, el Frente Francisco de Miranda (FFM), fundado en el 2003, y la Guardia Territorial (GT), establecida en el 2005, recibirán una importante inyección de recursos, equivalentes al actual presupuesto militar.
La partida presupuestaria para la FAN este año ascendió a $4,000 millones, según cálculos del presupuesto oficial del Ministerio de la Defensa del 2008, pero pudiera ser mayor debido a los grandes ingresos que recibe el país con el alza en los precios del petróleo.
Entre el 2005 y el 2008 el gobierno ha anunciado compras y programas de asistencia militar a países latinoamericanos por unos $15,000 millones, reveló una investigación del Centro de Investigaciones Económicas, un grupo independiente con sede en Caracas.
Entre otras, el gobierno intentó secreta e infructuosamente adquirir un paquete accionario de $150 millones en una firma israelí que maneja sofisticados satélites espía, transacción que ahora se decide en un tribunal federal de Nueva York.
La compra de fusiles rusos AK pasaron de unos $71 millones entre el 2002 y el 2004 a más de $4,000 millones entre el 2005 y el 2007, indican cifras oficiales.
Venezuela también compró a Rusia 24 aviones de combate y 35 helicópteros, además de equipamiento y tecnología para instalar una fábrica que en el 2010 será capaz de producir unos 30,000 fusiles automáticos anuales.
Este auge armamentista ha llevado a Venezuela a ocupar uno de los primeros lugares a nivel mundial. Según el estudio más reciente del Instituto de Investigaciones para la Paz (SIPRI), con sede en Estocolmo, en el 2007 Venezuela fue el mayor importador de armamento en América Latina y el noveno en el mundo.
El informe del SIPRI indica que Venezuela obtuvo el 90 por ciento de sus insumos militares de de Rusia, un total de $1,310 millones entre el 2006 y el 2007, sin incluir los más recientes anuncios de adquisición de submarinos.
Otro proveedor fue China, con $41 millones en ventas. Siguiendo presiones de Washington, Israel, Francia, Holanda, Gran Bretaña, Corea del Sur, Polonia, Suecia, Italia y Alemania suspendieron la venta de armamentos a Venezuela.
El gobierno venezolano registró un importante aumento en la compra de armamentos en el quinquenio 2003-2007: del lugar 56 en 1998, el año en que Chávez ganó sus primeras elecciones presidenciales, pasó al lugar 24 en el 2007 entre los países que más dinero gastan en armamentos, indicó el instituto sueco.
En Sudamérica, al igual que en Africa y el Levante, existe "una problemática falta de limitaciones tanto de vendedores de armas como de importadores activos'', indicó en el informe Siemon Wezeman, director del proyecto de Transferencia de Armamentos del organismo sueco.
El fenómeno ocurre en momentos que evidencias supuestamente contenidas en la computadora del líder guerrillero Raúl Reyes, que murió en una operación comando del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, indican una estrecha cooperación con fines militares entre altos funcionarios chavistas y la guerrilla colombiana.
Según una serie de correos electrónicos entregados por el gobierno del presidente Alvaro Uribe a The Miami Herald, el actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín, pidió apoyo logístico y de entrenamiento en guerra de guerrillas, para enfrentar una eventual invasión norteamericana.
La carrera armamentista de Chávez ha provocado reacciones en Estados Unidos.
En enero pasado, durante una visita en Bogotá, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Michael Mullen, afirmó que la importación de gran cantidad de armamento por Venezuela causa‘‘una gran preocupación'' tanto en Estados Unidos como el resto de la región.
Mullen también criticó el "apoyo estratégico'' de Chávez a las FARC. "No creo que ayude a la estabilidad regional ni a la seguridad a largo plazo'', precisó.
En marzo, el jefe del Comando Sur, con sede en Miami, el almirante Jim Stavridis, calificó de inexplicable la gran cantidad de armamento comprada por Venezuela en tiempos recientes, durante una comparecencia ante la Comisión de Servicios Armados del Congreso.
"Eso me preocupa. Parece ser un alto nivel de compras de armas. Esta es una región que no es proclive a la guerra'', señaló Stavridis.
"Sin duda Chávez está en un proceso de llevar la revolución bolivariana a otros países, por lo que la compra de armamento se convierte en algo peligroso para el continente y para los gobiernos que no comulgan con su doctrina'', dijo Rafael Huizi Clavier, vicealmirante retirado que fue Inspector General de la Fuerza Armada Venezolana
Más información en http://www.sipri.org/.

¿Contraofensiva?


Columna y reportaje, de un informe ¿confidencial? del General Oropeza Garnica.
¿Contraofensiva?
Un divisionario sospechosista, dice Marín.
Comenta Francisco Garfías en Excelsior en su columna Arsenal -y que le aseguran fuentes bien informadas- que "a partir de este martes se producirá la respuesta de Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, a la investigación del gobierno federal sobre la supuesta existencia de una brigada blanca que persigue a opositores en esa convulsionada entidad.
"La contraofensiva, coordinada por Jorge Franco, ex secretario de Gobierno y hombre de todas las confianzas del gobernador, consiste fundamentalmente en responsabilizar al Ejército de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz".
¿Esta es parte de la contraofensiva?
Y a todo esto ¿donde está el Secretario de Gobernación?
¿Qué dice la Secretaria de la Defensa?
La novela continúa....,
Columna El Asalto a la Razón de Carlos Marín:
Milenio Diario, 6/05/2008;
Un general sospechosista
Por lo que él mismo reporta a “la superioridad”, se ve que la vena sospechosista del divisionario que hasta la semana pasada comandó la Octava Región Militar en Oaxaca, el general Alfredo Oropeza Garnica, no sólo ha desvirtuado la búsqueda de los responsables de las desapariciones de los dos guerrilleros que reclama el EPR, sino provocado lo que puede interpretarse como ofensa gestada en el Ejército contra la Secretaría de Marina.
Sorprende su gratuita “hipótesis de que posiblemente” (no aporta indicios probables) un sujeto apodado El Chucky es el responsable de cuanto delito se comete en Oaxaca. El aludido, a quien la sospechositis aguda del general define como “pederasta” y “homosexual”, se llama Jorge Franco, y fue secretario de Gobierno de Ulises Ruiz hasta cuando se agravó el conflicto con la CNTE y la APPO.
De la lectura de los partes del divisionario a la Sedena se desprende que Oropeza fue “alimentado” con intrigas del sucesor del Chucky en el cargo, Manuel García Corpus, a quien sólo su jefe Ruiz debe saber por qué lo sostiene como secretario de Gobierno.
Reportaje/ Carlos Marín
Documentos de la VIII Región Militar sobre los dos dirigentes que reclaman los eperristas
Implican al Ejército en desapariciones
En sus partes a la Sedena, el divisionario reseña sus encuentros con el actual secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, Manuel García Corpus, “fuente” que empujó las aprehensiones de oficiales de la Marina.
Milenio Diario, 6-Mayo-08;
Desde la semana previa a las capturas que hace dos viernes emprendieron agentes federales y tropas del Ejército en cuarteles de Oaxaca, la Presidencia de la República tiene un informe que sugiere la probabilidad de que los dos activistas que reclama el Ejército Popular Revolucionario fueron “desaparecidos” por soldados de la Octava Región Militar que comandó, hasta abril, el general Alfredo Oropeza Garnica.
Y desde el jueves reciente, sobre el escritorio del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Abraham González, reposan dos carpetas informativas: una con los partes de Oropeza Garnica “a la superioridad” (la Secretaría de la Defensa Nacional), con intrigantes chismes del actual secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, Manuel García Corpus, y la hipótesis del jefe militar sobre la que parecen estar actuando las autoridades federales, en el sentido de que, “posiblemente”, el autor intelectual de las desapariciones de los guerrilleros Andrés o Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, es Jorge Fernando Franco Vargas, a quien apodan El Chucky, predecesor de García Corpus en el segundo cargo en importancia después del gobernador.
El documento enviado a Los Pinos dice que el 24 de mayo de 2007 fue la última ocasión en que, según Nadín Reyes, hija de uno de los desaparecidos, fueron vistos los eperristas en el hotel Del Árbol de la capital oaxaqueña.
La carpeta contiene fotografías impresas en papel bond, en las que aparecen transportes y tropas militares frente al hotel de referencia.
Diego Osorno publicó en MILENIO que ese día hubo una inspección militar en el sitio:
“En un minuto, el hotel Del Árbol quedó rodeado. Hummers, camiones y vehículos de la 28 zona militar se apostaron sobre la céntrica calzada Madero (…). Según el EPR, un día después fueron detenidos Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo, o Alberto Cruz Sánchez. Mediante un comunicado emitido el 5 de junio, el grupo guerrillero responsabilizó a la policía ministerial de Oaxaca y al Ejército…”.
Del contenido de las carpetas que Abraham González entregará hasta este martes a su jefe Juan Camilio Mouriño (¡“por el puente 1-5 de mayo”!), queda claro que el secretario de Gobierno de Ulises Ruiz fue un informante decisorio para que el general Oropeza Garnica orientara la persecución hacia Franco Vargas, hoy dirigente del PRI estatal.
Uno de los documentos data de finales de octubre de 2007 y es una obra conjunta de la delegación del Cisen en la entidad y la comandancia militar en Oaxaca. Concluye con ocho “observaciones” que sugieren los pasos a seguir, la última de las cuales reza:
Identificar la red de corrupción y lavado de dinero del grupo que encabeza Jorge Fernando Franco Vargas (se encuentra en Europa por sugerencia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz), así como su círculo pederasta y homosexualidad.
El aludido cayó de la Secretaría de Gobierno tras el estallido del conflicto con la CNTE y la APPO.
Lo de “pederasta”, dice a MILENIO Franco Vargas, es una insidia del general Oropeza Garnica, a partir de que su papá (abogado, ex procurador de Justicia de Oaxaca) representó a la escuela donde se dio un caso de probable abuso sexual a un menor, y lo de la “homosexualidad”, supone, porque el militar así cree entender “el cariño” que Ulises Ruiz le tiene a El Chucky.
Para Franco Vargas, a quien se apunta en los papeles como el principal operador de la “guerra sucia” oaxaqueña, los responsables de las desapariciones deben ser buscados en la Policía Ministerial, la Policía Judicial y la Procuraduría de Justicia estatales; en la delegación local de la Procuraduría General de la República y, sobre todo, en la Octava Región Militar.
En el informe que tiene la Presidencia se indica que, entre las diversas hipótesis del caso, ha sido notable el activismo del divisionario Juan Alfredo Oropeza Garnica, única autoridad “convencida” de que los autores principales del delito son Franco Vargas y dos oficiales de la Marina, los tenientes de Navío y Fragata (respectivamente) Manuel Moreno Rivas y José Manuel Vera Salinas, quienes dirigieron las policías Ministerial y Preventiva cuando se supo de la desaparición de los guerrilleros.
La información se conoció después del asesinato del director de la policía bancaria, Alejandro Barrita, entre cuyas pertenencias inventariadas aparecieron elementos que apuntan hacia una “invención” del general Oropeza.
Los partes del general
Sin fecha, un informe (que parece haber redactado a principios de 2007) del comandante Oropeza Garnica dirigido a “esa superioridad” (la Sedena) relata que, por iniciativa del secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, Manuel García Corpus, se reunió con éste en las oficinas de la Octava Región, donde hablaron del problema CNTE-APPO, “desde los antecedentes con el ex gobernador José Murat, haciendo énfasis en el alto grado de corrupción administrativa que distinguió a ese gobierno”.
En esa reunión, García Corpus dijo que su predecesor en el cargo, Jorge Franco Vargas, El Chucky, prácticamente manejó discrecionalmente y fuera de los cauces institucionales al gobierno del estado, situación que se agravó por la ausencia del gobernador, quien abandona el estado de Oaxaca para participar en la campaña política del Lic. Roberto Madrazo.
Otras conclusiones a que llegó el general Oropeza después de escuchar al secretario de Gobierno de Ulises Ruiz fueron:
—Considera el Lic. García Corpus, que es un error que el gobernador Ulises Ruiz no se haya deslindado todavía de Jose Murat, que inclusive este ultimo le prometió al C. Lic. Jesús Ángel Diaz Ortega, alias “Chucho Bolas”, quien fue presidente municipal de Oaxaca y actualmente se desempeña como director del Instituto de Vivienda, que el iba a suceder a Ulises Ruiz en cuanto cayera, haciendo esto mismo, con otros funcionarios, incluyendo al Lic. Franco Vargas, alias “El Chucky”, y al Lic. Heliodoro Diaz Escarraga, anterior secretario general de gobierno, por lo que las consecuencias no se hicieron esperar y fueron destituidos de sus cargos los dos últimos funcionarios mencionados.
—El Lic. García Corpus considera también que el conflicto de la APPO nunca se extendió al resto de las regiones, y que se presentó totalmente en forma local en la capital del estado, mencionó también que actualmente están interviniendo en el conflicto más de 2,000 organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, aunque una gran cantidad de éstas son solo de membrete.
—El problema magisterial y de la APPO, en sus inicios, fue tratado como siempre lo había hecho el gobernador estatal, esto es, sobornando a los líderes con diversas cantidades de dinero, pero las negociaciones fallaron por la falta de tacto y habilidad política del C. Lic. Jorge Franco Vargas, quien se desempeñaba en esos momentos como secretario general de gobierno, influyendo en esto la ausencia del gobernador.
—Lo tardío de la intervención federal recrudeció el conflicto, ocasionando que se montaran en él elementos de organizaciones radicales e incluso armadas, como es el caso del grupo denominado Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), que radicalizaron el conflicto.
—Al permitir que las organizaciones radicales participantes en el conflicto se apoderaran de las estaciones de radio y televisión estatales, las autoridades provocaron que se exacerbaran los ánimos y se sacara a relucir el rencor social del pueblo que se siente marginado por los altos índices de pobreza, constatando que el mal ejemplo contagia a la población.
—El Lic. García Corpus, secretario general de gobierno, mencionó que se le atribuye al Lic. Jorge Franco Vargas, alias “El Chucky”, exsecretario general de gobierno, el haber dispuesto de $200’000,000.00 (doscientos millones de pesos), aunque el Lic. García Corpus no lo ha podido comprobar, para el pago en sobornos a los líderes de la APPO, con quienes llegaba a diversos acuerdos, y posteriormente el Lic. Franco Vargas los desconocía, por lo que los referidos lideres de la APPO lo calificaron de traidor, y fue por este manejo discrecional que hizo de los recursos en mención, lo que provocó que lo relevara del cargo el gobernador Ulises Ruiz.
—Otro aspecto que influye en el problema es el hecho de que exista una gran cantidad de funcionarios heredados por el gobierno de José Murat incrustados en el gobierno del Lic. Ulises Ruiz, como es el caso del Tte. de Fragata Manuel Moreno Rivas, director de la Policía Ministerial, al que se le involucra incluso en muchos de los actos ilícitos que se cometieron durante el conflicto magisterial-social; la Lic. Aurora López Acevedo, secretaria de Transporte Público, que ya para terminar José Murat su administración, expidió 16,000 concesiones para transporte publico (taxis y autobuses), y muchas de ellas las han estado clonado, lo que ha generado un megaproblema en todo el estado.
—De igual forma, José Murat dejó incrustados como proveedores de las diversas dependencias del gobierno estatal a los hermanos Samuel, Saúl y David Gurrion Matías, propietarios del grupo corporativo “Gurrion”, S.A. de C.V., de los cuales se tienen antecedentes en esta comandancia de región militar, en relación a que se encuentran involucrados en el crimen organizado.
—Existe actualmente un problema de carácter religioso en la entidad, debido a que un número considerable de sacerdotes que practican la Teología de la Liberación, constantemente tratan de subvertir a diversas comunidades marginadas que se ubican en las zonas serranas, haciéndose hincapié de que actualmente existen en el estado 8,000 comunidades indígenas, de las cuales 2,000 localidades presentan una población de menos de 2,500 habitantes y carecen de los servicios básicos, lo que las hace altamente susceptibles a la penetración ideológica de los sacerdotes mencionados.
—Es indudable que el gobierno del estado quiere un acercamiento con las autoridades militares de la VIII R.M., ya que anteriormente, por orden del C. Gral. Ricardo C. G. Vega García, no se tenia ningún tipo de relaciones públicas con el gobierno del estado, por lo que actualmente el gobernador del estado, esta mostrando interés en participar en la agenda de riesgos que semanalmente será revisada en este cuartel general, como quedó establecido en la reunión que se tuvo con el grupo “Oaxaca”, 21 Dic. 06, con la finalidad de restaurar integralmente los acuerdos institucionales con el gobierno federal.
Contra oficiales de la Marina
En otro informe, Oropeza Garnica reporta:
Desde el 7 sep. 2007 se ha detectado que en la Cd. de Oaxaca, Oax., un grupo de gente armada portando armas largas y cortas, uniformada de negro, con siglas en las camisetas de la “A.F.I.”, se dedica a realizar asaltos en diferentes lugares del área conurbada de la capital de Oaxaca (Bar La Habana, Bar La Rinconada, Bar El Encanto, Bar Parada del Carmen, Las amenazas al Dir. de Delincuencia Organizada de la Proc. Gral. de Just. del Edo.), este grupo utiliza tres vehículos: una Escape Ford color blanco, una Durango color negro y un Tsuru blanco, se tiene conocimiento que posterior a sus actividades ilícitas, escapan con dirección a Xoxocotlán y Santa Rosa Panzacola, tomando la ruta hacia la Cd. de México; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado determinar el lugar en el que se ocultan.
…algunos informes no confirmados del Cisen y otras autoridades de seguridad pública del estado señalan que se trata de gente que adiestraba el grupo conocido como “Los Marineritos”, el cual es encabezado por los Ttes. de Navío José Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas, quienes a pesar de ser ex funcionarios del gobierno estatal, siguen cobrando sus emolumentos en el citado gobierno, operando bajo la tutela del Lic. Jorge Franco vargas (a) “Chucky”, exsecretario general de gobierno.
Franco Vargas opera una organización supraestatal con la presunta complacencia del gobernador del estado, en la que figuran unos 40 elementos de la policía ministerial del estado y una cantidad no precisada de elementos de la policía preventiva, así como vehículos, armas y equipo electrónico de inteligencia montado en una camioneta con un valor de 8 millones de pesos, inicialmente operaban cuatro casas de seguridad (Bungalows “Los Cárdenas” en Av. Hidalgo No. 300, propiedad de Aristeo López Martínez, coord. Gral. de Sgd. Pub. Vialidad y Transito Mpal. de Oaxaca, dom. en Calle Margarita Maza de Juárez No. 112, Col. Reforma; dom. Av. Guadalupe Hinojosa de Murat s/n. en el fracc. “Casas Geo” de Xoxocotlan, Oax., propiedad del Tte. Nav. Manuel Moreno Rivas y dom. en calle José López Alavés Esq. con Prolongación Naranjos, Col. Reforma, propiedad del Tte. Nav. José Manuel Vera Salinas).
Asimismo, se tiene la sospecha de que Franco Vargas maneja a varios asesinos, como el Prof. Rafael Vicente Rodríguez Enríquez (a) “Andrés”, vinculado al EPR y con antecedentes de secuestrador, posiblemente Franco Vargas tiene que ver con la detonación de los artefactos explosivos en Sears de Plaza del Valle el 1°/. Ago. 2007, así como el que no explotó y que fue colocado en la sucursal de Banamex ubicada en la esq. de las calles de Naranjo y Dalias, Col. Reforma de Oaxaca, Oax., ya que este individuo llegó al lugar de los hechos sin ninguna causa justificada y antes que cualquier autoridad, además, existe el dato proporcionado por un agente del Cisen, que cuando el personal militar recogió las armas a la policía ministerial de Oaxaca el día 8 dic. 2006, observó en las oficinas de dicha corporación otros paquetes de aspecto similar al colocado en la sucursal de Banamex (…)
Muchos de los políticos locales, así como el suscrito, no se explican el por qué del apoyo y confianza ilimitada del gobernador Ulises Ruiz Ortiz hacia el Lic. Jorge Franco Vargas, quien es hijo del ex senador Jorge Eduardo Franco Jiménez; cabe destacar que Franco Vargas es un individuo impulsivo y megalómano, quien maneja abundantes recursos económicos del estado, entre ellos de seguridad pública, directamente del “Fondo Federal de Apoyo”, del cual ha dispuesto de 4 millones de pesos, mismos que no ha podido justificar; asimismo, este ex funcionario quita y pone funcionarios estatales de acuerdo a sus intereses de manera recurrente.
De igual modo, se sabe que 40 vehículos pertenecientes a la Dir. Gral. de Sgd. Pub. del Edo., se encuentran a disposición de manera irregular del Lic. José Murat Casab y del Tte. Nav. José Manuel Vera Salinas, entre los cuales se encuentra el vehículo que corresponde al director de dicha dependencia y que emplea Vera Salinas, y el de espionaje electrónico, destacando que cuando la Auditoria Superior de la Federación inspeccionó al gobierno del edo. recientemente, se negó a presentarla por medio del director de dicha dependencia, haciéndolo él directamente.
Así también, la misma dependencia, al pasar revista a las policías de su personal y equipo, pero Franco Vargas logró la anuencia del gobernador para que no se concentrara la gente comisionada con él. Sus elegantes oficinas y teléfonos de las mismas (Av. San Felipe No. 321-A, Tel. 5200935), son pagados por el gobierno del estado, con recursos del “Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo”; existe una erogación entre 5 y 6 mil pesos por concepto de pago de teléfono, destacando entre los números telefónicos con los que mantiene comunicación los de Sergio Segreste Ríos, secretario de Protección Ciudadana y del Sr. Evencio Nicolás Martínez Ramirez, procurador gral. de Just. del Edo.
El sospechosismo del general
En otro reporte, Oropeza Garnica señala:
Esta comandancia sostiene la hipótesis de que posiblemente Franco Vargas haya ordenado el secuestro de los dos integrantes del EPR que esa organización reclama, por lo que hay necesidad de realizar pesquisas a fondo con el propio Franco Vargas y los dos Ttes. de Navío que fueron autoridades y siguen lucrando con recursos del gobierno del estado.
Por tal motivo, solicito que esta información se haga del conocimiento de la Secretaria de Gobernación y que políticamente se bloquee la existencia de este tipo de organizaciones ilegales, y que se realice una amplia investigación para confirmar la veracidad de este informe por parte de instancias federales, para que de acuerdo a lo que disponga la superioridad, se impida la operación de organizaciones al margen del estado y se devuelva a las corporaciones de seguridad publica los recursos humanos y materiales que les han sido segregados en detrimento de las seguridad y confianza institucional de la sociedad oaxaqueña en general.
A partir del año 2007, en las regiones del Istmo de Tehuantepec y Costa hubo un incremento de la delincuencia organizada, mediante actividades de narcotráfico, amenazas telefónicas, secuestros y extorsiones, principalmente los fines de semana en contra de comerciantes y personas que cuentan con solvencia económica; lo anterior en virtud de que las bandas delincuenciales actúan con apoyo y complicidad de algunos policías ministeriales y agentes del ministerio público corruptos que se coluden y los protegen, además de la existencia de un poder fáctico dirigido por Jorge Franco Vargas “El Chucky”, y con la complicidad de 2 ex jefes policiacos con formación militar en la Armada de México, amalgamaron un grupo de policías ministeriales y preventivos del estado de Oaxaca, que se ocuparon durante todo el año pasado de realizar espionaje político, pero también de propiciar actividades delictivas clasificadas dentro de la delincuencia organizada, que han ocasionado reposicionamiento de los grupos delictivos, asesinatos, secuestros, extorsiones, levantotes y disputas por las plazas de narcomenudeo, en virtud de que los informes de inteligencia, dicen que estos sujetos vendieron las plazas al cartel del Golfo.
Como éstos, son múltiples los reportes “a la superioridad” inspirados por el secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, creídos y estructurados por el divisionario a quien el gobernador de Oaxaca despidió la semana pasada con una cena.
México • Carlos Marín

Respuesta de Ciro al EPR

Respuesta al EPR por Ciro Gomez Leyva en su columna La Historia en Breve
Milenio Diario, 6/05/2008;
Acuso recibo del comunicado del EPR. Respondo:
1. Nunca he afirmado que la “detención-desaparición de nuestros compañeros fue una fabricación del PDPR-EPR”. He manejado la hipótesis de que pudo haber sido producto de una cooptación y una purga en la que podría haber participado el gobierno de Oaxaca. Hipótesis que me sigue pareciendo plausible.
2. Como no tengo pruebas de que alguien del EPR haya sido cooptado por el gobierno de Oaxaca, no lo he afirmado. Lo esbocé como conjetura. Si consigo las pruebas, las publicaré.
3. También como hipótesis he propuesto que hubo contacto entre ustedes y el gobierno federal en “las tuberías”. Lo sostengo, aunque, periodísticamente, no puedo demeritar la negativa categórica que ustedes hacen en este comunicado.
4. Tengo elementos para proponer, que no afirmar con rotundidad, que el gobierno federal ha cumplido el acuerdo de investigar exhaustivamente sobre el paradero de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz.
5. Tres veces en menos de un año he difundido la versión de Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes, quien, al igual que ustedes, responsabiliza de la desaparición de su padre a “los cuerpos represivos del Estado mexicano”.
6. Jamás he cuestionado la “actitud política y moral” del EPR. Tengo por ustedes el mismo respeto periodístico que por otros grupos o personajes sobre los que escribo o comento. Periodísticamente, también, afirmé que sus atentados de julio y septiembre contra Pemex fueron actos terroristas. Lo ratifico.
7. Coincido con ustedes en los errores que puede tener mi análisis sobre la estrategia y la lógica del EPR.
Releeré y estudiaré este comunicado. Mi trabajo no es bordar historias de buenos y malos, sino informar y tratar de ayudar a comprender. Gracias. (fin de la columna).
¿Intimididatorio?
Dice Francisco Garfias en su columna Arsenal de Excelsior que "mas allá del contenido de la réplica ejercida por el movimiento armado, lo que los comunicados plantean es la carga intimidatoria que puede significar, para un informador, el hecho de que una guerrilla que vuela ductos le dirija expresamente un comunicado para “desmentirlo”.
"Le preguntamos a Ciro si sintió el texto como una amenaza. Esto fue lo que nos respondió: “A lo largo de este año me he cansado de repetir que cuando bordas en torno de un poder, y ese poder se inconforma, lo último que puedes alegar es que se te amenaza. Atiendo la crítica, como lo hago siempre que escribo o transmito sobre un sujeto, y el EPR es uno de esos sujetos”.
Agrega "A partir de este martes se producirá la respuesta de Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, a la investigación del gobierno federal sobre la supuesta existencia de una brigada blanca que persigue a opositores en esa convulsionada entidad.
La contraofensiva, coordinada por Jorge Franco, ex secretario de Gobierno y hombre de todas las confianzas del gobernador, consiste fundamentalmente en responsabilizar al Ejército de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, dirigentes del EPR,
aseguran fuentes bien informadas."

¿Enemigos del Estado?

Enemigos” del Estado
Álvaro Delgado, reportero
Revista proceso No 1644, 4/05/2008;
El panista Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador general de la República, estaba fuera de sí y, ante el estupor de los miembros de la misión internacional que da seguimiento a los crímenes contra periodistas en México, estalló contra Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc):
–¡Usted es enemiga del Estado!
–¿Yo soy enemiga del Estado?
–¡Sí, usted es enemiga del Estado por las afirmaciones que hace!
Era el lunes 21 de abril y, en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), se discutía el asesinato –el día 7– de las indígenas triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, del ayuntamiento popular de San Juan Copala, en Putla de Guerrero, Oaxaca.
Un día antes de que les fuera otorgado, post mortem, el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Orientación a la Sociedad, Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, afirmó que ambas eran sólo “amas de casa” y que habían sido asesinadas por razones ajenas a la actividad informativa.
“Como en Amarc documentamos el caso, yo me permití expresarle que para nosotros sí eran periodistas y que, por la información con la que contamos, se les había asesinado por las denuncias que hacían de violaciones y agresiones a mujeres, pero también por hablar sobre la autonomía del municipio”, expone Calleja.
Castro le preguntó, enseguida, si ella tenía copia de un “contrato” específico para acreditar que ellas eran periodistas. “Yo le contesté que no existe, hasta el momento, ningún ordenamiento interno en el país que pudiera definir qué es ser periodista. Lo que sucede en este país es que, de manera discrecional y arbitraria, cada autoridad lo va definiendo”.
En la reunión con la misión internacional de documentación sobre ataques contra periodistas y medios de comunicación, que entre el 19 y 26 de abril realizó una visita a México, el funcionario –a quien los panistas dan condición de prócer– alegó, además, que La voz que rompe el silencio era una estación de radio que ni siquiera cuenta con permiso.
“Indudablemente esa es una falta administrativa –aceptó Calleja–, pero eso no justifica el asesinato de las dos locutoras y, además, el Estado sigue sin garantizarle a los pueblos indígenas lo que el artículo segundo constitucional dice, en el sentido de que tienen el derecho a instalar, operar y administrar sus propios medios de comunicación.”
Calleja, integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) –que preside el panista Javier Corral–, relata: “Él ya estaba bastante enojado en ese momento y refirió que el lugar donde habían sido los asesinatos, en Putla de Guerrero, queda en un estado donde, dijo textualmente, ‘existe ese gobernador de ese partido que apoya y fomenta a las radios comunitarias’.”.
–Putla de Guerrero –le corrigió ella– no queda en el estado de Guerrero, sino en Oaxaca, señor subprocurador, y no teníamos conocimiento de que el gobernador Zeferino Torreblanca (del primer estado) apoye a las radios comunitarias.
–Bueno, bueno, en Oaxaca, en ese estado, ese gobernador de ese partido ayuda a que proliferen radios comunitarias.
–No, ese gobernador de ese partido no, porque en Oaxaca es donde hemos tenido las mayores agresiones a radios comunitarias. Y esas agresiones, además, han sido atraídas por la propia Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas, con lo cual las radios comunitarias y la gente que trabaja en ellas han sido reconocidas por el propio Estado como periodistas.
Después de puntualizar que el gobernador era el priista Ulises Ruiz, Calleja le recordó a Castro que el propio Estado ha reconocido a las radios comunitarias, inclusive dotándolas de permisos, porque han demostrado el servicio social que prestan a las comunidades.
“Pero, mire, no se trata de pelearnos –concilió–. Nosotros lo que intentamos es aportar a que los crímenes y las agresiones no queden en la impunidad, sino que se encuentre a los culpables y sean castigados, como debe ser en un estado de derecho. No entiendo por qué nos trata como enemigos del Estado.”
Castro la interrumpió y fue cuando, ante el asombro de los representantes de las organizaciones internacionales y el fiscal especial para delitos contra periodistas, Octavio Orellana, le imputó la condición de “enemiga del Estado”.
Ya para entonces, Castro se mostraba iracundo ante los integrantes de la misión, uno de los cuales, Darío Ramírez –de la organización no gubernamental Capítulo XIX y el único mexicano junto con Calleja–, le pidió respeto. “Porque es mujer le tengo consideración y, además, está hablando con el subprocurador”, respondió el funcionario.
Reclamo a Calderón
El espectáculo ofrecido por Castro –consejero jurídico de la Presidencia de la República con Vicente Fox, cargo del que se separó momentáneamente para, como diputado, liderar el desafuero del entonces jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador– y la acusación contra Calleja se tradujo en el envío de una carta de las organizaciones internacionales a Felipe Calderón para informarle de esos hechos y exigirle una “disculpa”.
“Los miembros de la misión internacional desean externar su preocupación ante la acusación realizada por el subprocurador a una de las delegadas, así como la falta de profesionalismo que denotan los comentarios del titular de dicha subprocuraduría, pues sus afirmaciones en torno al caso de las periodistas asesinadas fueron de mucha imprecisión, así como la falta de disposición percibida en la investigación y protección a periodistas.
“Lo sucedido nos parece grave cuando la acusación fue hecha por un funcionario de alto nivel y es el encargado de los derechos humanos y atención a víctimas del delito, por lo que esperamos una explicación y una disculpa por parte del gobierno federal ante esta delicada situación.”
La carta a Calderón, enviada el viernes 2, está firmada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), la Internacional Media Support (IMS), el Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI), Reporteros sin Fronteras, Artículo XIX y la AMARC, y estaba en curso la firma del resto de las organizaciones de la misión: internacional Press Institute (IPI), Rory Peck Trust, la Federación Internacional de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En la comunicación se detalla a Calderón que los integrantes de la misión sostuvieron reuniones con organizaciones de la sociedad civil, periodistas, víctimas y sus familiares, así como entrevistas con autoridades estatales y federales, entre ellas con Castro, quien “condujo la reunión en un tono confrontativo, a pesar de que la misión en reiteradas ocasiones manifestó su disposición de colaboración y diálogo”.
Ante el fiscal especial Octavio Orellana, quien apenas si habló, María Salazar, del Centro de Protección a Periodistas, preguntó sobre los avances en el caso de Brad Will, asesinado en Oaxaca durante las protestas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Castro “le preguntó que si ella tenía claro la calidad migratoria de Brad Will cuando ingresó al país. Ella le dijo que no y él le respondió que como ciudadano, que ni siquiera se presentó ante el Estado mexicano como periodista, pero aun así ellos tenían el caso”, describe Calleja, quien asegura que Castro puso en entredicho la calidad de periodista de Will y del medio para el que trabajaba, Indymedia.
Castro también se mostró hostil con Sahara de Jong, del Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI), con sede en Bélgica, quien le hizo ver la condición de México como país peligroso para los periodistas. “A ver, ¿tiene usted elementos concretos para venir a decir que México es uno de los países con mayores problemas para periodistas? Y a ver, ¿qué dicen de Cuba, a ver cómo está Cuba con la libertad de expresión?”.
De Jong le respondió a Castro que sí tenía elementos para afirmarlo; le entregó un documento, y le aclaró: “Yo estoy con autoridades mexicanas para hablar de México, no para hablar de Cuba. Entonces, lo que yo quisiera es que habláramos de México y de los casos concretos, porque por más que usted me diga que no está tan grave la situación, lo único que vemos es que no hay, por lo menos en la mayor parte de los asesinatos y agresiones a periodistas, casos resueltos”.
Castro depuso, momentáneamente, su conducta hostil y respondió que había voluntad del gobierno de atender los casos de los crímenes, como la federalización de los delitos contra periodistas, pero no dio más información de la que ya tenían las organizaciones. “Y concluyó la reunión. Ya no había ambiente para seguir”, dice Calleja, quien se acercó al funcionario para despedirse.
–No entiendo la actitud de usted. La verdad es que para nosotros es importante saber qué están haciendo ustedes, sobre todo porque creo que podemos aportar elementos para que los casos no queden impunes.
–¡Tú estás hablando de impunidad y no existe impunidad! –respondió Castro–. Y les contesté así, a ti y a Darío, porque son mexicanos. A los extranjeros les contesto bien.
La misión emitirá en un mes su informe sobre la visita que hizo a México y, tal como se dice en la carta enviada a Calderón, incluirá la acusación de Castro contra Calleja, quien lamenta la conducta de choque del funcionario. “Es sumamente preocupante que se nos vea como enemigos del Estado, porque a los enemigos se les puede eliminar”.

La disputa por Tijuana



La disputa por Tijuana
Jorge Carrasco Araizaga, reportero.
Revista Proceso no 1644, 4/05/2008;
El secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, suplió al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en la solución de un conflicto político: el enfrentamiento entre el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, y el comandante de la II Región Militar, Sergio Aponte Polito, quien acusó a funcionarios judiciales y mandos policiacos de la entidad de tener vínculos con el narcotráfico. Para zanjar las diferencias, Galván reunió en sus oficinas a autoridades civiles estatales y federales. Unas horas después, estalló una sangrienta batalla entre grupos en pugna del cártel de los Arellano Félix. Aponte tenía razón: policías locales participaron en ese hecho.
TIJUANA, BC.– La complicidad con el narcotráfico de funcionarios judiciales y mandos policiacos de Baja California y de la ciudad de Tijuana –ambas gobernadas por el PAN– provocó un enfrentamiento entre dos aliados del presidente Felipe Calderón: el Ejército y el gobernador de esa entidad, José Guadalupe Osuna Millán.
Tal conflicto ocurrió en medio de la crisis que sufre el cártel de los Arellano Félix, la cual se ha reflejado en matanzas, robos y levantones realizados en las últimas semanas y en los que han participado miembros de las corporaciones policiacas estatal y municipal de Tijuana.
El general de división Sergio Aponte Polito, comandante de la II Región Militar –una de las más importantes del país, pues comprende los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora– lanzó un misil: en una carta pública difundida el pasado 23 de abril, expuso 11 casos en los que elementos de las policías estatales y municipales estuvieron involucrados en la protección a narcotraficantes.
Al ofrecer los hechos y los nombres de los agentes, el general confrontó al procurador del estado, Rommel Moreno Manjarrez, quien, ante previos señalamientos de Aponte Polito, había pedido pruebas: “Aquí las tiene”, apuntó el general en su misiva.
De paso, señaló varios casos de víncu-los con el narcotráfico por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Sobre este último punto, la oficina en Tijuana de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene registradas acusaciones contra policías federales por los delitos de robo y extorsión. El semanario Zeta documentó en abril pasado que incluso han actuado con órdenes de cateo apócrifas. El coordinador de las fuerzas federales en el estado es el general José Antonio Guzmán Cueto.
El arreglo
El general Aponte –próximo al retiro– ha concitado apoyo social por sus operativos contra el narcotráfico y por las críticas a las autoridades estatales y municipales.
Por ejemplo, el 19 de febrero de 2007, durante una ceremonia por el Día del Ejército, anunció la ruptura con la administración del entonces gobernador Eugenio Elorduy, a la que responsabilizó de proteger al narcotráfico.
Tras la llegada del gobierno de Osuna Millán, concentró sus críticas contra la Procuraduría de Justicia del Estado, a cargo de Moreno Manjarrez. En varias ocasiones declaró a la prensa local que no hacía nada para sanear a la Policía Estatal Preventiva y a la Policía Ministerial del Estado de elementos vinculados con la delincuencia organizada.
Luego, tal como lo hizo en Sinaloa hace dos años, cuando fue comandante de la IX Zona Militar, Aponte Polito estableció un programa de denuncia ciudadana en el que no participan los cuerpos policiacos.
Así, a partir de enero pasado puso a disposición de la ciudadanía líneas telefónicas de la II Región Militar y habilitó tres direcciones electrónicas para recibir denuncias. Una de ellas contiene una clara crítica a las corporaciones policiacas: nosotrossivamos2zm@yahoo.com.mx.
La respuesta fue masiva. No era para menos: Baja California es el estado con mayor incidencia delictiva. Tan sólo en los primeros cuatro meses del año se han registrado cerca de 150 homicidios y más de 70 secuestros relacionados con la delincuencia organizada.
A partir de las denuncias ciudadanas el Ejército realizó diversos operativos. No siempre la información era verídica, pero logró decomisos importantes.
Con sus críticas y sus acciones, el general se había convertido como uno de los principales actores de la vida pública estatal.
Sin embargo, su citada carta pública desató una crisis política. Para solucionarla, el gobierno federal no recurrió al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, sino al secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván Galván.
El pasado 25 de abril se realizó una reunión en las oficinas del general secretario en la Ciudad de México. Acudió no sólo el comandante de la II Región Militar, sino el gobernador Osuna Millán y sus principales colaboradores: el secretario general de Gobierno, José Francisco Blake Mora, y el procurador estatal de Justicia, Moreno Manjarrez. También estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Mouriño, y de Seguridad Pública, García Luna.
La participación de los funcionarios en dicha reunión, así como el lugar en que ésta se llevó a cabo, fueron confirmados el pasado 30 de abril por el procurador Moreno Manjarrez durante una entrevista con el reportero.
Fue un hecho significativo: autoridades civiles acudieron a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa para resolver, bajo las directrices del general Galván, un conflicto político.
Allí se habría llegado a un acuerdo: un acto público que pusiera énfasis en la coordinación entre el Ejército y las autoridades civiles.
Así se hizo: el 29 de abril Osuna Millán encabezó un acto en la explana del Palacio Municipal de Tijuana en el que anunció la segunda etapa del Operativo Baja California. Al evento acudió el general Aponte Polito. Fue, en los hechos, un acto que utilizó el gobernador para mostrarse como la máxima autoridad formal del estado y disminuir la presencia pública del general Aponte.
A ese acto no acudió García Luna, a pesar de que la prensa anunció su visita. Lo hizo en su lugar Facundo Rosas, subsecretario de Inteligencia y Estrategia Policial de la SSP, quien informó que llegarán al estado más de 100 policías federales para apoyar el Operativo Baja California.
–¿Y cuántos elementos más del Ejército vendrán al estado? –preguntó el reportero al general Aponte Polito al término del acto.
El militar evadió: “Por seguridad no puedo decir cuantos elementos”. Y declaró que “esta es una ceremonia de unión, de fortaleza y de apoyo que va a brindar el Ejército”.
La batalla
En la madrugada del 26 de abril –apenas unas horas después del encuentro en las oficinas de la Sedena en la Ciudad de México–, dos grupos del cártel de los Arellano Félix sostuvieron un enfrentamiento armado en el bulevar Insurgentes, a la altura del fraccionamiento Arboledas de esta ciudad.
La razón: la disputa interna por el liderazgo de esta organización delictiva, la cual ha quedado diezmada por la muerte, el encarcelamiento y extradición de sus principales jefes.
Los hechos le dieron la razón al general Aponte Polito: en la balacera, en la que extraoficialmente hubo al menos 15 muertos, participaron cinco agentes de la Policía Ministerial de la entidad y 10 de la Policía Municipal de Tijuana, según reportó el semanario Zeta. Curiosamente, ambas corporaciones están al mando de militares. El director de la Policía Municipal es el teniente coronel Julián Leyzaola; el de la Policía Ministerial del estado, el general Florencio Cuevas.
Uno de los bandos en disputa habría intentado eliminar al menos a 40 sicarios de un grupo contrario, al que acusó de “calentar la plaza” con la ola de secuestros, robos y asesinatos que ha disparado aún más la violencia en el estado.
De acuerdo con información oficial obtenida por Proceso, Fernando Sánchez Arellano o Francisco Sánchez Arellano, alias El Ingeniero o El Fer, ordenó la ejecución. Este capo es al parecer hijo de Alicia Arellano Félix y sobrino de Benjamín, Ramón y Francisco Javier Arellano Félix. El primero de estos hermanos se encuentra encarcelado en La Palma, Estado de México; el segundo, fue asesinado en Mazatlán, Sinaloa, y el tercero, fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua.
En febrero pasado el general Aponte informó que las actuales cabezas de la organización son los hermanos Eduardo y Enedina Arellano Félix, quienes radicarían en la vecina ciudad estadunidense de Los Ángeles. Ubicó como segundos en la línea de mando, encargados de las finanzas de la organización, a Manuel Aguirre, El Caballo, y a Gustavo Rivera, El Gus o el P1, recientemente detenido en Baja California Sur.
En el siguiente nivel estaría El Ingeniero, quien parece perfilarse como líder máximo del clan. Sin embargo, enfrenta la resistencia de algunos miembros del grupo, en particular de Teodoro García Simental, alias El Teo o El Tres Letras.
De acuerdo con información policial a la que tuvo acceso este semanario, los grupos en pugna se dividen geográficamente el control de la ciudad: El este es dominado por El Teo, apoyado por los sicarios José Filiberto Parra Ramos, alias La Perra, y Raydel Rosalio López, alias Luis Alfonso Velarde o El Muletas, de quien se cree que estuvo en la balacera del 26 de abril. El oeste es controlado por El Ingeniero, quien cuenta con el apoyo de su lugarteniente Jorge Briseño, El Cholo.
Además, en cada una de las nueve delegaciones en que se divide la ciudad, la policía estima que hay entre 150 y 200 sicarios, quienes se encargan del trasiego y distribución de droga, del narcomenudeo y de la vigilancia de estas operaciones.
De acuerdo con esta información, El Teo no reconoce la autoridad de El Ingeniero. No le contesta ya las llamadas. Y por su cuenta intensificó sus operaciones, en especial el secuestro. Incluso, contra personas cercanas a quien apunta ser el heredero de la organización.
La mañana del 24 de abril, un día después de la carta del general Aponte Polito y dos días antes del enfrentamiento, fueron levantadas dos personas. Una de ellas fue identificada como hermano de uno de los síndicos del pasado gobierno municipal de Jorge Hank Rohn. El secuestrado, quien se encontraba en una casa de seguridad en el lado este de la ciudad, fue liberado violentamente al día siguiente por la gente de El Cholo.
Dos meses antes, un empresario también cercano a El Ingeniero fue secuestrado por el grupo de El Teo. Sánchez Arellano le preguntó a García Simental si lo tenía, pero éste le aseguró que no. Según los informes policiales, el empresario identificó como uno de sus secuestradores a un sicario que participó en la balacera de la madrugada del 26 de abril.
A principios de ese mismo mes, tres agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) fueron asesinados. Según la información policial a la que tuvo acceso el reportero, ello significó un rompimiento de los acuerdos de El Ingeniero con la PGR.
En respuesta a las acciones de El Teo, El Ingeniero ordenó la movilización de más de 100 de sus hombres. El objetivo era una ejecución masiva. Pretendía acabar hasta con 40 sicarios del grupo contrario. Pero fue él quien sacó la peor parte: perdió a importantes colaboradores.
Según la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) en el enfrentamiento murieron 13 personas y 10 más resultaron heridas, varias de gravedad. Un cadáver más fue rescatado por uno de los grupos. Un número indeterminado huyó.
Hasta el pasado 30 de abril, la PGJE informó que sólo cuatro de los fallecidos estaban identificados –jóvenes de entre 21 y 25 años de edad– y que dos de sus policías estaban desaparecidos desde la madrugada de la balacera, por lo que había iniciado el proceso de su remoción.
Se trata de Eduardo Logan Rojas y José Valentín García Topete, quienes tenían seis y 13 años de trabajar en la PGJE, respectivamente, y pertenecían al Grupo Contra Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. En el lugar de la balacera se encontró un auto Chevrolet Malibú color blanco, propiedad de la procuraduría estatal y a cargo de Logan. La dependencia no informó del resto de los vehículos o de más policías involucrados.
Los 10 heridos quedaron detenidos. Cinco de ellos ya fueron trasladados al Centro Nacional de Arraigos de la SIEDO, pues desde el 30 de abril el caso está en manos de la PGR, en la Ciudad de México. La mayoría de los detenidos también son jóvenes veinteañeros, incluida Ana Jenisse Heredia, presuntamente vinculada con una de las células de los Arellano.
Los heridos fueron concentrados en el Hospital General de Tijuana, que durante cinco días dejó de dar servicio a la población. El nosocomio fue resguardo por el Ejército y policías de diferentes corporaciones, lo mismo que las instalaciones de la delegación de la PGR en Tijuana, donde varios de los detenidos hicieron sus primeras declaraciones.
El 29 de abril, el general Aponte Polito ofreció datos que revelan la magnitud del enfrentamiento: se aseguraron 12 fusiles AK-47 y cuatro R-15, así como 47 cargadores de diferentes calibres, 2 mil 238 cartuchos, tres camionetas, logotipos de la policía municipal y otros artículos utilizados por los uniformados, como cascos, chalecos antibalas y cargadores para radios.
El enfrentamiento, que se extendió a otros dos puntos de la ciudad, dejó en el principal lugar de los hechos más de mil 500 casquillos percutidos. Además, los sicarios utilizaron una veintena de vehículos en la refriega.
Se trató del hecho más violento registrado en Tijuana.
Desencuentros
En entrevista con Proceso, el procurador estatal Moreno Manjarrez, responde a los señalamientos del general Aponte Polito: “Me recriminaron que no estuviera metido en los operativos. Pero dije que lo mío no eran las tácticas, sino las investigaciones, los asuntos periciales y legales. Además, hice ver mi desacuerdo en la participación de los militares en la procuración de justicia”, dice.
Excolaborador del general Rafael Macedo de la Concha cuando éste fue titular de la PGR, Moreno Manjarrez asegura: “Me tocó ver los desencuentros entre civiles y militares. Ni en la procuración y menos en la administración de justicia debe haber participación de militares porque no son abogados. Cuando el Congreso del estado me preguntó yo hablé de esa inconveniencia. No sé si fue el detonante (del conflicto con Aponte Polito)”.
Cuando este general comenzó a hacer señalamientos sobre la connivencia de policías estatales con narcotraficantes, el procurador estatal respondía con una frase: “Quiero pruebas”.
El jefe militar le replicó con la misiva pública del 23 de abril en la que acusó a la policía estatal, así como a la municipal y federal, de complicidad con el narcotráfico.
Todavía más, al día siguiente difundió en la prensa local otra carta en la que señaló a Sonia Patricia Navarro, una de las asesoras de Moreno Manjarrez, como antigua colaboradora de narcotraficantes.
Durante la entrevista con Proceso, Moreno Manjarrez defiende a Navarro, pero informa que está por iniciar el proceso de remoción de la funcionaria, quien ha interpuesto una denuncia contra quien resulte responsable por las acusaciones en su contra, sin señalar directamente al general Aponte Polito.
El procurador también se vio obligado a suspender de forma preventiva a tres agentes de la Policía Ministerial del estado: Macario Nakay Jiménez, Hernando Villegas Delgado y Martín Guzmán Montelongo, a quienes el general también señaló en su carta como cómplices del narco.
La separación fue anunciada por el general Florencio Cuevas, director de la corporación, al término del “acto de reconciliación” que se realizó en la explanada del palacio municipal de Tijuana.
A pesar de la violenta disputa del narco por esta plaza, el discurso oficial en ese acto mediático fue enfático: los hechos sangrientos son resultado de los operativos y “la coordinación” de los gobiernos federal, estatal y municipal para enfrentar al narcotráfico en la entidad.

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