6 oct 2008

Lavado de activos

Paraiso del narcolavado del narcolavado
Jesusa Cervantes
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx) No. 1666, 5 de octubre de de 2008;
Legisladores, analistas financieros y agencias del gobierno estadunidense coinciden en que el narcotráfico sólo podrá ser frenado si se ataca su poder económico, basado en el lavado de dinero. Pero el gobierno mexicano sigue apostando únicamente a la confrontación armada. Así, mientras Estados Unidos exhibe en forma periódica a las empresas sospechosas de lavar dinero para los capos, éstas no sólo continúan sus actividades en México, sino que algunas reciben apoyo federal.
La creciente ola de violencia en México ha sido atribuida a la disputa de territorios entre narcotraficantes, pero desde el sexenio de Vicente Fox y en lo que va del de Felipe Calderón, nada se ha hecho para adaptar el marco jurídico y evitar el lavado de dinero, es decir, no se ha atacado la base económica de esta modalidad del crimen organizado, coinciden legisladores de oposición y analistas financieros.
Los especialistas consultados por Proceso afirman que en los últimos ocho años no se ha sentenciado a nadie por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y cuestionan el hecho de que en el Congreso federal no se hayan aprobado nuevas medidas legales para combatirlo.
De 2000 a la fecha, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido alertas e incluido en su lista de sospechosos a 121 empresas y más de mil personas que radican en México, a quienes relaciona con los negocios y las operaciones financieras de los cárteles. Sin embargo, el gobierno mexicano ha manifestado que no existen evidencias de que tales compañías realicen operaciones ilícitas.
Hay empresas como Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V., propiedad de Ismael El Mayo Zambada, que actualmente son promocionadas por el gobierno federal y que durante el sexenio de Fox recibieron apoyo de la Secretaría de Economía a través del Fondo de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
El diputado federal priista Alfredo Ríos Camarena, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, considera que la forma de atacar el problema es dirigirse "al corazón; siguiéndole la pista al dinero, y el gobierno es el único que puede hacerlo porque tiene toda la información que fluye por el sistema financiero".
El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, aseguró el 23 de septiembre, ante el pleno de la Cámara de Diputados, que "todas las empresas que han sido boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos son sujetas de averiguación previa en México y son trabajos que se han hecho paralelos. Hemos consignado muchísimos casos de lavado de dinero". Sin embargo, nunca dijo que hubiera personas a las que se les haya dictado sentencia por este delito.
El diputado Ríos Camarena se pregunta con sorna: "Si hay una averiguación previa, como dice (el procurador), ¿cómo es que una de las empresas está siendo promovida por el gobierno federal?".
El analista Mario Di Costanzo (quien de 1984 a 1996 trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y escribió junto con el exdiputado federal perredista Antonio Magallanes el libro Lavado de dinero, la experiencia internacional y el caso de México), establece:
"Mientras no se cambien las leyes para que ayuden a investigar y consignar por el delito de lavado de dinero, de nada servirán las grandes cantidades de dinero y de policías para combatir la inseguridad y la delincuencia organizada, porque México tiene una situación geográfica y un sistema financiero tan laxo que lo han convertido en el lugar ideal para el lavado de dinero, y por lo mismo no se podrá atacar certeramente al narcotráfico."
La gran lavandería
De acuerdo con el reporte más reciente de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadunidense, desde el 2000 hasta mediados de 2008 -el documento está fechado en agosto pasado- el gobierno registró a 121 empresas que han servido de fachadas para el lavado del dinero proveniente del narcotráfico.
Dichas compañías se dedican principalmente a la importación, exportación, consultoría, compraventa de divisas, servicios, minería, transporte, y a las industrias farmacéutica, inmobiliaria y alimentaria, entre otras.
Según el reporte de la OFAC, 48 de esas firmas están presumiblemente relacionadas con el cártel de los Arellano Félix, 34 con el de los Arriola Márquez, socios del cártel de Juárez, y 25 más con el de Ismael El Mayo Zambada.
En su reporte anterior, del 17 de mayo de 2007, la OFAC relacionó a seis empresas con Zambada: Establo Puerto Rico, S.A. de C.V.; Jamaro Constructores, S.A. de C.V.; Multiservicios Jeviz, S.A. de C.V.; Estancia Infantil Niño Feliz, S.C.; Rosario Niebla Cardoza, A. en P.; y Nueva Industria Ganadera de Culiacán, S.A. de C.V.
A pesar de ese reporte del año pasado, y aunque el procurador Eduardo Medina Mora aseguró ante los diputados, bajo protesta de decir verdad -de lo contrario sería penalizado-, que todas las empresas incluidas por la OFAC tienen averiguación abierta, Nueva Industria Ganadera de Culiacán, que comercializa la marca de Leche Santa Mónica, es promovida por el gobierno federal.
El 13 de agosto pasado, esa empresa fue incluida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en su padrón de compañías que ofrecen empleos, desde 2002 figura en el padrón de las que reciben recursos a través del programa Pymes, y en 2004 recibió apoyo por 100 mil pesos del gobierno foxista.
Además, la misma empresa participó con apoyo logístico en la organización de la Consulta Infantil y Juvenil de los Valores Democráticos que preparó el Instituto Federal Electoral en el año 2000, según consta en documentos de la Junta Local Electoral de Sinaloa, estado donde se ubica Nueva Industria Ganadera.
Cuando se dio a conocer la citada lista, Karen P. Tandy, administradora de la agencia antidrogas de Estados Unidos (la DEA), dijo: "Estamos estudiando con persistencia el patrón financiero para despojar a estos narcotraficantes de sus activos, drenando la sangre que da vida a sus empresas criminales".
En respuesta al boletín de la OFAC, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo a través de su vocero que "en México no existen evidencias de operaciones ilícitas en las empresas señaladas por los estadunidenses", reportó el diario El Universal el 6 de junio de 2007.
Proceso solicitó información al respecto, pero la SHCP respondió que los encargados de su Unidad de Inteligencia Financiera estaban fuera de la ciudad y por eso era imposible proporcionar, por el momento, los datos requeridos.
El 12 de diciembre de 2007, la OFAC boletinó a otras 19 empresas y 22 personas que presuntamente lavan dinero para El Mayo Zambada y Víctor Emilio Cázares Salazar. Se trata de Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán, Sepriv, Cazper Importaciones, PatracaM; las casas de cambio Mexglobo, Multiservicios Agsa y AGBAS Consultores; Toys Factory, el restaurante Cien Años de Tijuana y las tienda Chika's, una cadena de 20 boutiques de joyería y cosméticos. Estos negocios tienen sede en Sinaloa, Jalisco, Baja California y la Ciudad de México.
El 5 de agosto de 2008, la oficina del Departamento del Tesoro incluyó a 14 empresas mineras, constructoras e inmobiliarias de Sonora, Sinaloa y Jalisco, que presuntamente son utilizadas para lavar dinero de Rigoberto Gaxiola Medina, supuesto operador financiero del cártel de Sinaloa.
En su comparecencia del 23 de septiembre ante los diputados, el procurador Medina Mora reveló que el gobierno está elaborando una iniciativa de ley contra el lavado de dinero, "dirigida especialmente a las transacciones en efectivo" y que atacará las operaciones de bienes raíces y automóviles.
El diputado Manuel Cárdenas considera que esa ley se ha anunciado desde hace más de un año y no se presenta nada. Además, expuso que es en el sistema financiero donde se debe atacar el lavado de dinero.
No obstante, para el procurador "el sector financiero tiene una regulación bastante sofisticada; es por eso que encontramos un cúmulo muy importante de efectivo".
El diputado Alfredo Ríos Camarena, del PRI, también asegura que la economía de México "está penetrada por la economía del narco, por eso digo: busquemos dónde está ese dinero".
Enfatiza: "¡Aquí hay mucho dinero, muchas empresas, muchos bancos! Es dinero que está fluyendo en el sistema, está dentro, en hoteles, agencias automovilísticas, negocios rápidos, bienes raíces... ¡Una cantidad enorme!".
A su vez, Mario Di Costanzo explica en entrevista que cuando el sistema bancario pertenecía al gobierno había más control, pero al abrirlo no se actualizó la Ley de Instituciones de Crédito. Como ejemplo de las consecuencias de la actual laxitud cita la compra de Banamex por Citigroup, considerado en Estados Unidos como uno de los bancos que tienen las reglas más débiles sobre lavado de dinero.
Di Costanzo agrega que la mayoría de los bancos que operan en México tiene una subsidiaria en paraísos fiscales o bancarios, cuyas legislaciones impiden que se proporcione información sobre las transacciones que ahí se realizan y no investigan el origen del dinero que ingresa.
Así es muy fácil lavar dinero, explica: se realizan transacciones millonarias en Islas Caimán, las Bahamas, Bermudas, Barbados o Aruba, luego se transfieren los recursos a bancos mexicanos y ahí se legaliza el dinero sin que las autoridades bancarias del país indaguen su origen.
Parálisis legislativa
Cuando la OFAC incluye a una empresa en su lista negra, congela los bienes que ésta y las personas implicadas tengan en Estados Unidos. Además, prohíbe que se realicen transacciones financieras con la empresa y las penas por hacerlo van desde civiles, que pueden llegar a 1 millón 75 mil dólares, hasta sanciones para funcionarios corporativos de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.
La OFAC establece que las multas para las empresas que negocien con las firmas boletinadas pueden llegar a 10 millones de dólares.
En México, dice el analista Mario Di Costanzo, la Ley Contra el Crimen Organizado que se aprobó en 1996 sólo permite que la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la SHCP, interponga querellas y denuncias, no así la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Lo anterior, explica, genera un procedimiento burocrático, pues la CNBV es la especializada en detectar el posible lavado de dinero. Y cuando la PGR levanta una averiguación previa sobre ese delito, tiene que solicitarle a un juez la orden para que la CNBV proporcione la información; el juez gira la orden a la comisión, ésta le remite al juez los datos, y sólo entonces la PGR obtiene las pruebas necesarias para turnarlas a la Procuraduría Fiscal, que presenta la querella.
Por eso es tan difícil sentenciar a alguien por el delito de lavado de dinero en México, dice Di Costanzo, y enfatiza el hecho de que desde la aprobación de la mencionada ley de 1996, ni la Cámara de Diputados ni el presidente de la República en turno (Vicente Fox y Felipe Calderón) han hecho nada que afecte sustancialmente el lavado de dinero, lo que en verdad golpearía a los cárteles del narcotráfico.
En 2002, el entonces diputado del PRD Antonio Magallanes propuso cambios al Código Penal Federal para hacer más expedita la investigación del lavado de dinero e incrementar las penas correspondientes.
Por ejemplo, propuso que las penas de 5 a 15 años de prisión se extendieran a lapsos de 15 a 25 años, y que no sea únicamente la SHCP a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación la que pueda interponer una denuncia penal, sino "cualquier institución que forme parte de los órganos federales de supervisión bancaria y financiera o de las unidades de investigación de la PGR".
Di Costanzo considera que a esas propuestas habría que añadirle una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para que, antes de realizar la compraventa de un banco, se investigue de dónde provienen los recursos de la transacción.
Nunca se le dio trámite a la iniciativa de Antonio Magallanes. Él recuerda que ese mismo año, 2002, el procurador Rafael Macedo de la Concha le envió un oficio en el que aseguraba que las penas propuestas "eran desproporcionadas y que no se podía cambiar el hecho de que fuera la Procuraduría Fiscal la única facultada para presentar denuncia, porque eso requería cambios en demasiadas disposiciones legales".
Cuando leyó el oficio, dice, se dio cuenta de que el gobierno no tenía en verdad la intención de ofrecer mejores herramientas para castigar el lavado de dinero.
Propuestas no faltan. El actual dipu-tado Ríos Camarena se pronuncia, por ejemplo, por cambiar las leyes con el fin de castigar este delito: "El gobierno no sólo debe contar con el mapa geográfico de la operación del crimen organizado; debe investigar el mapa financiero, ver quiénes son los cómplices desde la iniciativa privada, desde los gobiernos y los políticos.
"Sé que el gobierno federal está infiltrado por el narcotráfico, pero también sé que no todo. No basta con militares en la calle ni más policías, hay que ver dónde está el dinero... No está en los colchones de los narcotraficantes, sino en el sistema financiero, en los bancos."
En lo que va de la administración de Felipe Calderón y la actual legislatura federal, se han propuesto tan sólo dos iniciativas relacionadas con el lavado de dinero.
El diputado César Camacho Quiroz, priista y presidente de la Comisión de Justicia, informó que una de esas iniciativas fue presentada en octubre de 2006 por su compañero de partido Gerardo Octavio Vargas Landero, y la otra por la perredista Silvia Oliva Fragoso, en diciembre del mismo año. Ambas siguen a la espera de dictamen, "pero lo que se tenga que hacer en materia legislativa para acabar con esto, se hará", afirma Camacho Quiroz.
Y añade que si bien el procurador Medina Mora dijo que cada año entran a México 10 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico, para él la cifra es de 50 mil millones, pues se apoya en datos del Fondo Monetario Internacional.
De todas formas, el diputado Ríos Camarena insiste en que el problema no tiene que ver tanto con la creación de más leyes, sino con el hecho de tener voluntad política para solucionar el problema. "No le han querido entrar al tema: castigar a los verdaderos beneficiarios del crimen organizado, que a lo mejor los tenemos aquí... muy cerquita", dice.

Hacia la paramilitarización

Hacia la paramilitarización
Ricardo Ravelo,
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx) No. 1666, 5 de octubre de de 2008;
Los Zetas, el grupo formado por el cártel del Golfo para contener a sus rivales, no sólo se deslindó de sus creadores, sino que decidió formar su propia organización y lanzarse contra el gobierno federal. Además, impone sus reglas a los otros cárteles de la droga. Luis Astorga, especialista en temas de seguridad nacional y narcotráfico, sostiene que la violencia impulsada por la estructura de "la última letra del abecedario" obliga a los demás organismos criminales a reforzar sus estructuras. La paramilitarización empieza a hacerse presente, dice.
Violentos de origen, creados a finales de los noventa para proteger al cártel del Golfo, Los Zetas se transformaron rápidamente y ahora son un cuerpo paramilitar que utiliza tácticas guerrilleras y estrategias de la mafia italiana para imponer su hegemonía a lo largo del territorio nacional.
En plena guerra contra el gobierno federal, esta organización logró diversificar sus actividades criminales y ahora impone sus criterios a las bandas rivales; lo mismo cobra impuestos que participa en secuestros y controla la piratería de discos compactos con la música que ellos seleccionan.
Tal es su poder que están obligando al resto de los cárteles de la droga a desechar sus plantillas de sicarios tradicionales para que estén en condiciones de enfrentar a sus "núcleos paramilitares", que ya actúan prácticamente en todo el territorio nacional.
Luis Astorga, especialista en temas de seguridad y narcotráfico, considera que "justamente esta variable (el paramilitarismo) que introduce el cártel del Golfo obliga a los demás a tratar de competir con esa lógica y a medir fuerzas para ver quién dispone del aparato paramilitar más poderoso".
Autor de los libros El siglo de las drogas y Seguridad, traficantes y militares, Astorga sostiene que lo anterior "tiene que ver con el hecho de que el Estado ya no es el árbitro de las disputas entre las organizaciones del tráfico de drogas; ya no tiene esa capacidad que tuvo en la época del sistema de partido de Estado. Al perder esa capacidad, los grupos criminales luchan por imponer su hegemonía, y en medio de sus competencias por tener el control territorial surge el paramilitarismo".
Adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Astorga insiste: en esta etapa de disputas entre los cárteles los sicarios tradicionales, los que participaban en las ejecuciones de policías o de rivales, están en desuso. Según el investigador, ahora los nuevos grupos paramilitares ponen en práctica las lecciones que les inculcaron los militares de élite que los entrenaron.
Dice: "No es lo mismo contar con un aparato sicarial de origen civil, que forma parte de los cuerpos de seguridad de cualquier organización dedicada al tráfico de drogas, que disponer de un grupo entrenado con técnicas y estrategias militares. Hoy, los cárteles de la droga ya no pueden competir con un grupo de sicarios (como Los Zetas).
"Si una organización criminal quiere realmente tener la hegemonía, no tiene más alternativa que utilizar el paramilitarismo como arma, o asociarse con el grupo más fuerte y formar una coalición."
La sustitución de las bases de sicarios por grupos paramilitares bien entrenados ocurre precisamente en el momento de mayor violencia, precisa Astorga y afirma que estas estrategias son copiadas de Italia, pero sobre todo de Colombia, país donde los cárteles de la droga se enfrentaron al Estado en la década pasada, como ocurre hoy en México.
Explica que en Colombia hubo una fragmentación cuando los cárteles de Medellín y de Cali fueron desarticulados. "Eso dio origen al cártel del Norte del Valle, conformado por 'traficantes pura sangre' que vieron modificar el mapa criminal con la irrupción de los paramilitares y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), cuyos miembros comenzaron a controlar buena parte del mercado de la cocaína", asegura.
Esa situación, agrega, "aún no la vemos en México... Aquí se da una división y el mercado de las drogas en Colombia ahora está manejado por narcotraficantes puros, grupos paramilitares y la guerrilla".
Explica que en el caso de México los cárteles de la droga están utilizando estrategias de la guerrilla para multiplicarse en células y así ocupar mayor espacio territorial.
Dice Astorga: "Aquí los grupos violentos ya no se disfrazan tanto de militares o de policías federales; ya tienen sus propios uniformes. La gente de los hermanos Beltrán Leyva y de La Familia están diseñando sus propios atuendos para distinguirse de los demás y para marcar la identidad del grupo.
"Dentro de esta lógica paramilitar, estos ejércitos del narcotráfico tienen la característica de contar con entrenamiento de tipo militar, capacitación con base en estrategias contrainsurgentes y tácticas guerrilleras, pues vemos grupos pequeños bien entrenados dando golpes por aquí y por allá cuyo objetivo es desarticular a las fuerzas federales y atomizar la capacidad del Estado. Esto es justamente una técnica de guerrilleros aplicada por el narcotráfico con un fin no ideológico, sino de clara defensa de su negocio."
Poder expansivo
A finales de los noventa, como parte del reforzamiento de la lucha contra el narcotráfico, la PGR solicitó el apoyo del Ejército para disponer de personal en varias regiones del país donde la violencia del narcotráfico ya era avasallante.
Así fue como el gobierno de Ernesto Zedillo dispuso de unos 30 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) para incorporarlos a la recién creada Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS).
Sin embargo, de manera paralela a la estrategia del gobierno, Osiel Cárdenas, entonces jefe del cártel del Golfo, urdió su propio plan en Tamaulipas. Ante el temor de ser asesinado por su socio Salvador Gómez Herrera, El Chava, le pidió a su amigo Arturo Guzmán Decenas conformar un grupo y capacitarlo para que le brindara protección. Así surgieron Los Zetas. Guzmán fue conocido como Z-1 y fue ejecutado en 2003.
Diez años después, y tras la captura de Cárdenas Guillén, Los Zetas no sólo dejaron de servir al cártel del Golfo como escudo protector, sino que ahora actúan de manera independiente. Según las autoridades, son mil 200 los elementos que conforman este grupo y cada día se refuerza.
Los nuevos zetas entrenan dentro y fuera de México y se especializan en técnicas militares; incluso ampliaron su abanico de actividades delictivas y ahora controlan mayor espacio territorial. Cobran derechos de piso, extorsionan, secuestran, trafican con personas, controlan el mercado de la piratería, así como a los dueños de table dances, casas de citas, prostíbulos, bares, cantinas, además de agiotistas, tratantes de blancas y abigeos.
En las entidades que dominan -Veracruz, Tabasco, Campeche, Michoacán, Estado de México, Morelos y Guerrero, entre otras-, Los Zetas cobran a transportistas y a empresarios cuotas de mil pesos semanales; cuando participan en secuestros cobran entre 2 y 3 millones de pesos; además, mantienen amenazados de muerte a los vendedores de música robada, y los autorizan a vender sólo los discos que ellos les distribuyen.
Así mismo, Los Zetas apuntalaron su estructura con exmilitares guatemaltecos, de los conocidos como kaibiles, y lograron afianzarse en México como grupo paramilitar al servicio del narcotráfico.
En la causa penal 10/2006 se incluye información proporcionada por William Mendoza González, El Cerebro, El Kaibil o El Dandy, acerca de la forma en que Los Zetas reforzaron su aparato paramilitar con kaibiles:
"Luego de salirse del ejército de Guatemala (Mendoza González) permaneció como un mes en su casa; al cabo de ese tiempo, un amigo de nacionalidad guatemalteca, también exkaibil y al que había conocido en el Primer Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala, Eduardo Morales Valdez, quien también se hace llamar Juan Carlos Fuentes Castellanos o El Trinquetes, le dijo que si quería trabajar en México como encargado de darle seguridad a un empresario, sin explicar más, que recibiría 3 mil pesos quincenales, que luego de algunos meses de trabajo le aumentarían el sueldo.
"Como le pareció atractivo el sueldo, dijo que sí, contestando que él (Morales Valdez) le avisaría cuándo partirían, que mientras iba a buscar más exmilitares guatemaltecos porque así se lo había pedido el empresario al que iban a dar seguridad... Que dos días después acudió a su domicilio en Santa Amelia para decirle que en ese momento quería que fuera a la casa de un sujeto al que conocía como El Ponchado, para ver lo del trabajo en México; haciéndolo así, se dirigieron al barrio de Poptún, departamento de El Petén, en Guatemala.
"Que estando en ese domicilio, donde ya estaba El Ponchado, fueron llegando más sujetos hasta completar 13, compuestos por 12 exkaibiles guatemaltecos, entre ellos Eduardo Morales Valdez, Édgar Giovanni Reyes López, quien dice llamarse José María Calderón García o Carlos Enrique Martínez Méndez, alias El Panudo, Mario Enrique Gómez, Sebastián N. y otros más, así como un exmiembro de la Policía Nacional de Guatemala..."
Una vez organizados, el testigo Mendoza González refiere que llegaron a México el 12 de mayo de 2004, ingresaron por Tenosique, Tabasco, y que al llegar a la garita "las autoridades aduanales de México les dieron permiso por 72 horas para pasar a México, como normalmente ocurre con la gente que desea entrar a conocer y a comprar ropa".
El grupo permaneció dos días en el puerto de Veracruz y, según Mendoza González, de ahí se trasladó a Tampico, Tamaulipas, donde se hospedó en un hotel. Ahí los recibieron dos sujetos. Ellos "nos dijeron que éramos bienvenidos al grupo de Los Zetas".
La policía del calendario
Ante el avasallante poder de fuego de Los Zetas, los otros cárteles decidieron crear sus propios ejércitos. Los hermanos Arellano Félix, por ejemplo, desmantelaron su estructura sicarial por incosteable. Desde 2005 este grupo criminal contrata los servicios de particulares, a quienes les paga por cada trabajo que realicen.
A su vez, el cártel de Sinaloa creó el grupo armado Los Pelones, que en 2004 hicieron su aparición en Guerrero, territorio dominado entonces por la célula de los hermanos Beltrán Leyva. Conformado por unos 350 hombres, según datos oficiales, este grupo incorporó a sus filas a elementos de la Mara Salvatrucha, quienes suelen decapitar y mutilar a sus víctimas. Pronto comenzaron a competir con Los Zetas en niveles de violencia.
Un grupo novedoso es la llamada "policía del calendario", cuyos integrantes presuntamente tienen formación militar y están al servicio exclusivo del El Mayo Zambada, uno de los pilares del cártel de Sinaloa.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/256/2008, integrada contra el presunto narco colombiano Ever Villafañe Martínez o Marco Antonio Espinoza Tovali, se refiere que tanto él como su pareja Altagracia Espinoza Aguilar fueron secuestrados por elementos de esa "policía del calendario" el 30 de julio pasado, cuando circulaban por la carretera libre a Cuernavaca, Morelos.
A Villafañe Martínez se le relaciona con capos colombianos vinculados con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, rival de El Mayo Zambada y de El Chapo Guzmán.
En su declaración ministerial, Altagracia Espinoza cuenta que ese 30 de julio, como a las 20:00 horas, cuatro vehículos les cerraron el paso. En éstos iban hombres armados que portaban placas de policías. "Pensé que se trataba de un secuestro", dice.
Y agrega: Nos apuntaron con sus armas y nos obligaron a bajar, por lo que me asusté y empecé a correr, ya que no nos presentaron ninguna orden de detención, por lo que temí que fuera un secuestro... Me sometieron a mí y a mi acompañante y nos metieron en la parte de atrás de mi camioneta, preguntándoles si nos estaban secuestrando, a lo que contestaron que ellos eran "policías del calendario", y que nos calláramos.
Mi pareja les insistía si se trataba de un secuestro, repitiendo ellos que eran "policías del calendario", y empezaron a hablar por celular. Decían que ya tenían los paquetes... Me hicieron muchas preguntas sobre personas que no conozco y me dijeron que esto era un levantón y que si no coo-peraba iban a matar a mis hijos, les iban a mochar la cabeza. Al ver que no les contestaba, me empezaron agarrar de todo mi cuerpo, me quitaron mi pantalón. Para entonces estaba esposada, me pusieron frente a un carro y me comenzaron a violar entre cuatro o cinco personas, quienes me insultaban y me tomaban fotografías.
... Les pregunté por qué me tomaban fotografías, y dijeron "esta pinche vieja nos está viendo y nos va a reconocer", por lo que una mujer me puso un kotex en los ojos y me volvieron a vendar, dejándome un rato sin hacerme tocamientos ni violarme, pero me decían que iban a matar a mis hijos, ya que según ellos ya los tenían en mi casa... Después sentí como que me bajaron a un pozo que olía muy feo y estaba muy frío, diciéndome que me iban a matar.
Altagracia Espinoza asegura que durante la tortura le mostraron una fotografía -presuntamente la de Arturo Beltrán- y le preguntaban si era socio de su marido. Luego el grupo armado entregó a la pareja a la policía, y ésta los puso a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde siguieron las amenazas: "Me dijeron que si declaraba en contra suya y no decía lo que me habían ordenado, sólo vería la cabeza de mis hijos".
Refiere que después de estar en la SIEDO fue llevada a su casa de Yautepec, Morelos, por los policías, entre los que se encontraban Miguel y Roy, dos agentes de la agencia federal antidrogas de Estados Unidos que traían una camioneta blindada.

Más mantas

El cártel del Golfo desplegó una intensa campaña mediática en distintas entidades del país deslindándose de los atentados perpetrados en Morelia el pasado 15 de septiembre.
Mediante la profusa colocación de mantas en lugares públicos, la organización criminal acusó a "La Familia" de ser la autora de los atentados de la Plaza Melcho Ocampo de Morelia, Michoacán que cobraron la vida a ocho personas e hirieron a más de un centenar.
Las narcomantas fueron colocadas en puentes peatonales y en lugares públicos de Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Sonora, Chiapas, Quintana Roo, Zacatecas y -por primra vez- el Distrito Federal.
Desde la noche del sábado 4 de octubre,
las primeras horas del domingo y de este lunes, todas las mantas que aparecieron en esos lugares tenían el mismo mensaje: el deslinde de los hechos, el ofrecimiento de una recompensa de cinco millones de dólares para localizar a los líderes de La Familia: Nacario Moreno Morales, Jesús Méndez Vargas, El chango; y Enrique Plancarte, El Quique. Además de "condenar enérgicamente los atentados del 15 de septiembre contra el pueblo mexicano", los narcomensajes acusan que los líderes de "La Familia" han pasado "de narcotraficantes a terroristas".
En la Ciudad de México por primera vez apareció una "narcomanta"; fue colocada en las inmediaciones del Eje 1 Norte, cerca del barrio de Tepito; en Guanajuato aparecieron nueve "narcomantas": cuatro en León, tres en Celaya, una en Apaseo el Alto y otra más en Apaseo el Grande;
En Tamaulipas, 16 "narcomantas" fueron colocadas en varios puentes peatonales de Nuevo Laredo y Reynosa, ocho en cada ciudad.
En la capital de Puebla, aparecieron mantas en la avenida Forjadores, Hermanos Serdán y en la carretera federal a Atlixco, tres de las vías más transitadas en la ciudad.
En Veracruz, aparecieron mantas en Nogales, Cosamaloapan y Agua Dulce.
En Tabasco en las ciudades de Cárdenas, Huimanguillo, Centla, Comalcalco, Balancán, Tenosique y Paraíso.
Mientras tanto, en Hermosillo, Sonora, aparecieron dos mantas en el estacionamiento de la Universidad de Sonora.
En Zacatecas, se reportó la aparición de cuatro "narcomantas" sobre el bulevar Adolfo López Mateos, la calzada Francisco García Salinas, y en el crucero que conduce al poblado El Orito.
El domingo, se reportó la aparición de mantas en Palenque, Chiapas; Jalapa, Veracruz; Reynosa, Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo; y Oaxaca.
¡Y las que se sumen!
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Achacan a 'Familia' ataques en Morelia
Publicado en Reforma (http://www.reforma.com/) (05-Oct-2008).-
REFORMA / Staff
El Cártel del Golfo colocó ayer mantas en Cancún, Oaxaca y Reynosa en las que responsabiliza a integrantes de la organización criminal "La Familia", por los ataques con granadas ocurridos el pasado 15 de septiembre en Morelia y que dejaron un saldo de ocho muertos y más de 100 heridos.
En los mensajes, con errores de ortografía y sintaxis,se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares a quien aporte información para dar con el paradero de tres integrantes de "La Familia Michoacana".
Acusa a Nazario Moreno González,
Jesús Méndez Vargas y Enrique Lancarte "El Quique", presuntos líderes de "La Familia", como los responsables de los ataques en la capital michoacana.
En Oaxaca aparecieron tres narcomantas colgadas en puentes peatonales ubicados sobre la carretera internacional, otra en la carretera federal 190 y en el Periférico.
"El Cartel del Golfo Nazario Moreno Gonzalez 5 millones de dolares, euros o monedas de otros paises, Jesus Mendez Vargas el chango o el chango mendez 5 millones de dolares, euros o monedas de otros paises, Enrique Tlacaltel alias el kike 500 mil dolares. Cualquier informe que nos lleve a su captura ustedes saben como localizarnos somos de palabra para todos los encargados de la plaza michoacana, los exhortamos que se unan a nuestra lucha", decía.
Otro, colgado a la altura del mercado "Las Flores", decía: "El Cartel del Golfo condenamos enérgicamente los atentados del 15 de septiembre contra el pueblo mexicano. Ofrecemos ayuda al pueblo mexicano para detener a esos líderes del cartel de La Familia ya que sus actos de desesperación han pasado de narcos a terroristas y su adicción al (ICE) hielo ha llevado sus creencias religiosas a sus extremos. sus prácticas fundamentalistas del Islam, una de estas mentes criminales es Nazario Moreno Gonzalez alias El chavo o el dulce".
Los mensajes fueron retirados por policías municipales y estatales, quienes viajaban a bordo de cuatro camionetas de la Policía Municipal, tres de la Policía Preventiva del Estado y dos camionetas de lujo.
En Reynosa, zona de dominio del Cártel del Golfo, fueron colocadas seis narcomantas en avenidas como el Bulevar Hidalgo, Bulevar Morelos y el entronque Reynosa-San Fernando-Matamoros.
"El Cartel del Golfo ofrece una recompensa por Nazario Moreno González, 5 millones de dólares, por Jesús Méndez Vargas, 5 millones de dólares o su equivalente en moneda nacional o en euros o en moneda de otros países que quiere que entregue a Enrique Lancarte alias El Quique, cualquier informe que lleve a su captura usted ya sabe donde encontrarnos, somos gente de palabra, a todos los encargados de la plaza de Michoacán los exortamos a que se unan y tendrán todo nuestro apoyo", decía.
De acuerdo con testigos, los mensajes fueron puestos en la madrugada por sujetos que viajaban a bordo de vehículos particulares sin placas. Entre las 9:15 y 10:00 horas, las retiraron militares de la Octava Zona.
Mientras que en Cancún, el Cártel del Golfo difundió dos mensajes con las mismas leyendas. Una fue localizada en el puente vehicular del Bulevar Luis Donaldo Colosio y otra, cerca del aeropuerto internacional.
Luego de los ataques en Morelia, "La Familia" se deslindó y acusó a "Los Zetas", el brazo armado del Cártel del Golfo.
Arremeten
En al menos tres ciudades aparecieron ayer mantas del Cártel del Golfo en las que se ofrece una recompensa a quien proporcione información sobre tres integrantes de "La Familia", a quienes atribuyen los ataques con granadas en Morelia, el 15 de septiembre.
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Pone mantas antiplagio y lo matan en Tabasco
Por Carlos Marí
Publicado en Reforma (http://www.refoma.com/) 25-Sep-2008:
Corresponsal
VILLAHERMOSA.- El locutor Alejandro Zenón Fonseca falleció ayer luego de que un grupo armado le disparó la noche del martes, cuando colocaba mantas en contra del secuestro en el sector Tabasco 2000.
Fonseca planeaba una campaña en contra de los secuestros, por lo que tenía contemplado iniciar ahí su emisión y un plantón contra la inseguridad en la entidad.
El locutor del programa "El Padrino Fonseca" falleció en el hospital Los Angeles a donde fue trasladado después de que cuatro sujetos amenazaron con raptarlo, pero al resistirse le dispararon.
Según testimonios, el locutor fue sorprendido como a las 20:50 horas mientras colocaba una manta que decía: "Los secuestradores viven hasta que los ciudadanos quieren", en el cruce de las avenidas Paseo Tabasco y Adolfo Ruiz Cortines.
Los testigos relataron que los sujetos viajaban a bordo de una camioneta tipo Lobo, de la cual descendieron para tratar de llevarse a Fonseca, quien finalmente recibió cuatro impactos de bala.
Al lugar arribaron elementos del Ejército, la Policía Estatal y la Ministerial para acordonar la zona y desplegar un operativo de búsqueda, pero hasta el momento no han sido localizados los agresores.
En la inspección sólo fue localizado un cargador para rifles AR-15.
Fonseca alcanzó a colocar cuatro mantas. En la última -que quedó tirada en el suelo al momento de ser atacado- se leía: "Gobernador Químico Granier: Viva Tabasco. Estamos con usted. No más miedo".
Antes del fallecimiento de Fonseca, el Gobernador Andrés Granier lamentó el atentado y reiteró su llamado a los tabasqueños a mantenerse unidos y continuar denunciando a la delincuencia organizada.
"El Gobierno de Tabasco reitera su más firme condena a esta agresión en agravio del destacado miembro de los medios de comunicación y advierte a aquellos enemigos de la ley que la paz, que la lucha para garantizar un ambiente de seguridad en la entidad, va hasta el final", apuntó.
El conductor fue conocido como "El Padrino Fonseca" por su compromiso de ayudar a sus radioescuchas, principalmente con consejos dirigidos a los jóvenes e inclusive, su apoyo económico.
Al sepelio del locutor acudieron además de sus familiares, cientos de simpatizantes de su programa.

Periodismo militante

Periodismo militante/Rubén Dario Buitrón,
El único periodismo que debiéramos admitir en este siglo XXI sería uno que sea militante solo de la calidad periodística.
Por Rubén Darío Buitrón*
Publicado en El Comercio de Quito, 5 de octubre de 2008;
¿Es la hora del periodismo militante en un país donde una izquierda sesentera empieza a degustar el banquete del poder?
Cuando uno tiene 20 años quiere comerse el mundo y derrumbar lo que esté el paso para que se instaure la justicia social y desaparezca la pobreza. Y es honesto, pero no concibe otra manera de hacer periodismo que hacerlo “desde la militancia”.
No importaba que escribiera mal, que tuviera faltas ortográficas, que su sintaxis fuera deplorable, que atropellara el lenguaje. No. Lo que interesaba era que ese tipo de periodista respondiera a esquemas ideológicos cerrados y que estuviese convencido de que debía contrarrestar “los nefastos mensajes de los medios burgueses”.
¿El resultado? Una hoja de papel mal impresa en mimeógrafo de madera, llena de errores y horrores gramaticales pero insuflada de heroicidad.
Era lo que los buenos salvajes que pretendían controlar nuestro pensamiento solían llamar prensa alternativa. Es decir, lo contrario de prensa burguesa, concepto que aglutinaba a periódicos de circulación masiva, radiodifusoras de amplia cobertura y canales de televisión con alcance nacional (aglutinan de nuevo, ya que los sesenteros en el poder han vuelto “a llenar de contenido” esos viejos clichés).
Periodismo militante, según los seguidores garciamarquianos, significaba estar con el pueblo, lo que implicaba convertir la pluma en la temeridad bélica del Che Guevara, el silencioso ayuno de Gandhi, el sacrificio de Jesucristo o la bondad del papa Juan XXIII. A cambio de omisiones deliberadas.
Seguir a García Márquez era “políticamente correcto” en aquel tiempo, pero había que ponerse en fila para ser útil al proyecto destacando todo el patriotismo de la izquierda y callando la crítica interna al proceso.
¿Cabe, entonces, hablar de periodismo militante? El único periodismo que debiéramos admitir en este siglo XXI sería uno que sea militante de la calidad, porque la alternativa es ser honesto, ético y democrático, no de derecha o de izquierda. Así como el deber de un futbolista es depurar su técnica y saber jugar en equipo para ganar un partido y el de una bailarina es ejecutar cada paso de baile lo más perfectamente posible, la obligación del periodista es ser un excelente periodista.
¿Qué es eso?: ser riguroso, analítico, bien informado, devorador de libros, contextualizador, pluralista, sensible, responsable, preciso y de escritura clara. Y en la coherencia de su rigor será un convencido de su rol y dejará fuera su rol partidista o ideológico.
Un país en construcción requiere espacios deliberantes, pluralistas, democráticos y equilibrados, no escenarios para el silenciamiento a la disidencia ni para la discriminación, la estigmatización, la unificación del pensamiento o el culto a la personalidad del gobernante. ¿No era eso lo que tanto criticaban a “la prensa burguesa”?

La ¿renuncia? de Campa

Dicen los que saben que un sismo de alta intensidad afecta a la Secretaría de Seguridad Pública federal. Que se tambalea una cabeza: la de Genaro García Luna. ¿Será?: Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, El Universal 6 de octubre de 2008;
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Yo no renuncié, revela Campa
Entrega carta a Calderón para explicar. Exhibe funcionario que en la Secretaría de Seguridad Pública "falsearon" renuncia
Publicado en REforma (www.refoma.com), 3 octubre 2008).- REFORMA / Staff
El ex Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Roberto Campa exhibió ante el Presidente Felipe Calderón los engaños del actual Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna por "falsear" su renuncia.
En una carta enviada al Presidente Felipe Calderón, Campa expuso que el nunca renunció
como lo dijo el Secretario "Ante diversas versiones, me veo obligado a dirigirme a usted para aclarar que el lunes 1 de septiembre no presenté mi renuncia al cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esa información es falsa", señaló Campa en una misiva enviada el 3 de septiembre al Presidente y a la que tuvo acceso REFORMA.
"No obstante, dada la importancia de la noticia y pensando siempre en el mejor interés de la República y la adecuada marcha del gobierno que usted preside, estoy haciendo llegar al Presidente del Consejo Nacional mi '"renuncia irrevocable ' con fecha 1 de septiembre", agrega. El entrecomillado fue puesto por el propio Campa.
El ex titular del SNSP alertó al Presidente de los inconsistencias en la dependencia que encabeza García Luna.
"El manejo de los hechos y lo sucedido hasta al día de hoy, solamente revelan lo que permanentemente ocurrió", dijo.
El 1 de septiembre en un boletín emitido cerca de la medianoche, la SSP informó que Campa había renunciado . El comunicado bajo el título "Renuncia Roberto Campa Cifrián al Secretariado Ejecutivo del SNSP", aseguraba que la dimisión había sido "con carácter de irrevocable" y había ocurrido ese día primero.
Incluso dijo que hubo una reunión donde García Luna, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, agradeció a Roberto Campa " su entrega y valiosa aportación al Secretariado Ejecutivo durante su gestión ".
Pero la reunión no se produjo ni tampoco la entrega de la renuncia.
Además, según el boletín, García Luna "le deseó el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos".
Sin embargo en la carta que Campa envió al Presidente tres días después de ese anuncio, aseguró que no fue así, y además negó que tuviera nuevos "proyectos personales" como señaló el comunicado.
"Deseo reiterarle que hasta el día de hoy no tuve ningún otro proyecto personal que no fuera servir al mejor desempeño de mi cargo; jamás, ni ahora ni nunca, servirme del cargo", le dijo Campa al Presidente Calderón en su carta.
"Señor Presidente, con base en mi experiencia política y administrativa, hice mi mayor esfuerzo para fortalecer al Sistema y consolidar al Consejo", agregó Campa.
El 3 de septiembre, durante una comparecencia ante la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Genaro García Luna negó que la salida de Campa hubiera sido producto de diferencias con su gestión y dijo que su ex colaborador había renunciado para emprender proyectos políticos propios.
Campa dimitió el 3 de septiembre y se dedica a actividades privadas.
Juego rudo
La verdadera renuncia de Roberto Campa al SNSP ocurrió tres días después de que la SSP boletinó que se separaba del cargo:
Septiembre 4/2007
Ante diversas versiones, me veo obligado a dirigirme a usted para aclarar que el lunes 1 de septiembre no presenté mi renuncia al cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacioional de Seguridad Púlica. Esa información es falsa.
El manejo de los hechos y lo sucedido hasta al día de hoy, solamente revelan lo que permanente ocurrió.
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Columna PLAZA PÚBLICA / García Luna, el que engañó al Presidente
Por Miguel Ángel Granados Chapa
Publicado en Reforma (
www.reforma.com), octubre 2008).-
Para mi hermana Emelia, en su tránsito.
Algún blindaje protege al secretario Genaro García Luna del desprestigio ante el presidente de la República, que le significara pérdida de su confianza. El 3 de septiembre el Ejecutivo supo que su colaborador le había mentido y lo había arrastrado a una explicación falsa, mas el hecho pareció no importarle. Pero es el caso que ahora se sabe públicamente de tal engaño y el huésped principal de Los Pinos no podrá quedarse tranquilo ante la situación, como se ha quedado durante un mes.
La noche del 1o. de septiembre, ya tarde (al punto de que algunos medios, los que cierran temprano sus ediciones, perdieron la nota y otros apenas pudieron insertar un párrafo con la nuez del asunto), la Secretaría de Seguridad Pública informó que Roberto Campa Cifrián había renunciado al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El comunicado en que García Luna agradeció al renunciante "su entrega y valiosa aportación al secretariado ejecutivo durante su gestión", y "le deseó el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos".
Una explicación en términos semejantes debe haber transmitido el secretario a su jefe, porque al día siguiente, en entrevista radiofónica con Jorge Fernández Menéndez, el Presidente reprodujo esa versión y aun adelantó que esos nuevos proyectos de Campa serían interesantes. No faltó quien imaginara, en este espacio así ocurrió, que esos proyectos incluían la presidencia del partido Nueva Alianza, lo que suponía que Elba Esther Gordillo, mánager de Campa, le había impuesto ese nuevo destino, como le había conseguido éste del que se marchaba intempestivamente. Apenas 10 días atrás, el 21 de agosto, el ex candidato presidencial había leído, en su carácter de secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que derivaba de su posición en el Sistema Nacional de lo mismo, los 75 compromisos que integran el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Mas el 3 de septiembre Campa escribió a Calderón para acusar a García Luna de falsear la situación... y de paso para desmentir al propio Presidente. La carta a que tuvo acceso Reforma, que la publicó en su edición de anteayer, viernes 3 de octubre, exactamente un mes después de remitida y recibida dice lo siguiente:
"Ante diversas versiones, me veo obligado a dirigirme a usted para aclarar que el lunes 1 de septiembre no presenté mi renuncia al cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esa información es falsa.
"No obstante, dada la importancia de la noticia y pensando siempre en el mejor interés de la República y la adecuada marcha del gobierno que usted preside, estoy haciendo llegar al presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública mi 'renuncia irrevocable' con fecha 1 de septiembre.
"El manejo de los hechos y lo sucedido hasta el día de hoy, solamente revelan lo que permanentemente ocurrió".
En alusión a los proyectos personales de Campa que el comunicado de la SSP mencionó y a los que también se refirió Calderón la carta explica:
"Deseo reiterarle que hasta el día de hoy no tuve ningún otro proyecto personal que no fuera servir al mejor desempeño de mi cargo; jamás, ni ahora ni nunca, servirme del cargo.
"Señor Presidente, con base en mi experiencia política y administrativa, hice mi mayor esfuerzo por fortalecer el Sistema y consolidar el Consejo".
Desconocemos la reacción presidencial ante esa comunicación. No sabemos si se entrevistó con el remitente para ahondar cara a cara en las circunstancias que dieron lugar a la misiva y para que le precisara qué fue lo que "permanentemente ocurrió" entre el despedido (en ese momento todavía no renunciante auténtico) y el secretario. O si Calderón prefirió hablar con éste y reprocharle el engaño y fue persuadido de que era Campa quien mentía. Quizá Calderón no calibró la importancia del engaño, o lo atribuyó a mínima rivalidad burocrática no obstante que en el caso del responsable de la seguridad pública la transparencia de su conducta debe ser exigida en toda circunstancia, nimia o relevante. El hecho objetivo es que García Luna sigue en su puesto, lo que habla de que cuenta con la confianza presidencial, que se ha evidenciado desde el principio de la administración aun con perjuicio de la relación entre el propio Presidente y, por ejemplo, su procurador de Justicia, quien ha sido disminuido en la contienda competencial.
Nada parece mellar esa confianza. Ni informes procedentes de círculos gubernamentales relacionados con el combate a la delincuencia que cuestionaron la idoneidad de García Luna cuando se preparaba su nombramiento, ni la cada vez más difundida y ampliada información sobre su manejo de la secretaría y la protección a sus allegados. Ni la movilización de agentes adscritos a la SSP, ya sea pertenecientes a la AFI o a la PFP, ni la rotunda indagación periodística de la reportera Anabel Hernández en la revista digital Índigo Media, que se origina en Monterrey a las órdenes de Ramón Alberto Garza, sobre Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna.
O el Presidente ha mandado verificar la información y hallado que todos son infundios, o le parece que el servicio que obtiene del secretario importa más que sus máculas y es un costo que conviene en pagar. O quizá nombró a García Luna conforme a compromisos que no puede divulgar y está obligado no sólo a cumplir sino aun a no cuestionarlos.
Sea de ello lo que fuere, el caso es que la criminalidad, cuyo combate es el cometido principal de García Luna, "hierve y crece en torno nuestro", como escribiría sobre otros temas Alfonso Junco. En esta semana, montada a caballo entre septiembre y octubre, la demencial espectacularidad delincuencial se situó en Tijuana. Para infortunio de esa ciudad en la esquina noroeste de la República, las atrocidades del crimen organizado no son extrañas ni infrecuentes. Aun así, lo ocurrido entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre alcanzó cimas impensables de osadía y crueldad. En esos cinco días fueron asesinadas más de 30 personas. A tres de ellas se les introdujo en tambos para disolver sus cuerpos en ácido sulfúrico, y a siete se les arrancó la lengua. Todo lo cual se hizo acompañar por moralejas, mensajes didácticos que buscan corregir conductas, so pena de que la barbarie se dirija a otros destinatarios.
En la línea que se ha reproducido a lo largo y ancho del país, la muerte en esta semana llegó a Tijuana en paquete. El lunes pasado fueron hallados, por un lado, 12 cadáveres, y cuatro por otro. El jueves el paquete fue de nueve. Se presume que los primeros fueron asesinados a bordo de los vehículos de donde tiraron sus cadáveres, una vez cumplida la faena. Los del jueves fueron torturados, obligados a hincarse con las manos atadas o esposadas a la espalda y muertos de certeros balazos en la cabeza, situado el tirador a su espalda. En todas las jornadas macabras los cuerpos de las víctimas estaban acompañados por mensajes, destinados a las autoridades o a bandas rivales. Se teme que la oleada haya continuado y siga en los próximos días.
Desde que era territorio, hasta la mitad del siglo pasado, Baja California ha sido atosigada por la violencia criminal, asociada antaño principalmente al juego y al contrabando. Desde hace casi tres décadas el narcotráfico domina la escena, en ostentosa vinculación con las autoridades. Esa evidencia contó en el ánimo de los votantes que pudieron en 1989 elegir a un gobierno surgido de la oposición, del que se esperaba la contención del crimen o por lo menos la fractura de la complicidad de funcionarios con delincuentes.
Nada de eso ha ocurrido. Pero no sólo por abulia o complicidad de autoridades locales, como denunció el general jefe de la región militar al que se trasladó fuera de Baja California, sino también por defectos semejantes de las fuerzas federales. Hace dos meses fue detenido en Los Ángeles el delegado de la AFI en esa entidad, con medio millón de dólares en efectivo, luego de que se había salvado de un atentado en su contra. Al parecer el superior de ese agente, muy probablemente delincuente, no sabía de quién se trataba, no obstante la delicadeza de la misión que le confió. Ese jefe, antes y ahora, responde al nombre de Genaro García Luna, el que engañó al Presidente.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

De imágenes y comunicados/Raymundo Riva Palacio

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