- Proceso solicitó una entrevista con el quinto visitador la CNDH, quien no respondió a la solicitud.
San Fernando:
opacidad, con ayuda de la CNDH/Marcela Turati.
Familiares de
siete de las 72 víctimas de San Fernando interpusieron el miércoles 15 de enero
una demanda de amparo contra la CNDH. La razón: consideran que la recomendación
80/2013 emitida por el organismo –la cual señala irregularidades de la PGR y de
la procuraduría tamaulipeca en la investigación de la matanza– incurre a su vez
en omisiones que violan los derechos humanos de las víctimas. Por ejemplo, no
esclarece los hechos ni indaga en la responsabilidad que en ellos pudo tener el
Estado mexicano.
Mirna del Carmen
Solórzano Medrano asegura que dio sepultura a un cadáver que no era el de su
hija Glenda Yaneira. Desobedeció las instrucciones de la cancillería
salvadoreña de no abrir los ataúdes provenientes de México con cuerpos de las
víctimas de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en
agosto de 2010.
En cuanto
recibió en su casa, en el pueblo de La Libertad, el ataúd gris, se encerró con
su papá, su mamá, con David, el novio de su hija, y el papá de David para
quitarle a la caja los pernos que la sellaban. No le importó la advertencia que
le hicieron los funcionarios de su país de que los cadáveres traían un tóxico
dañino para la salud.
“Quería estar
segura de lo que iba a enterrar”, recuerda tres años y medio después.
Mirna se tapaba
los ojos, como quien quiere y no quiere ver, mientras rezaba: “Dios mío, ¿qué
voy a hacer cuando vea que es mi hija?”.
Al alzar la tapa
se toparon con un bulto dentro de una bolsa blanca con un zíper. Al bajar el
cierre encontraron el estropeado cuerpo. “Me quedé viendo y pienso: ‘Qué raro,
no es’. Lo que estaba ahí era como una masa, sin cabello, y mi Glenda tenía su
cabello largo, no como ese. Se le miraban los dientes. Como que le echaron cal
a todo, como una momia blanca, sin pelo”.
