Revista Proceso #2198, a 16 de diciembre de 2018...
El conflicto que enfrenta a los poderes del Estado escaló fuera de toda proporción en menos de una semana. En opinión de especialistas, nunca antes el país había vivido un problema de esta naturaleza, por lo que aventuran dos escenarios. En uno, con una solución política, el Legislativo debería retirar la Ley de Remuneraciones, por los vicios que contiene. La salida jurídica apunta a que la Corte resolverá el litigio declarando ilegal el ordenamiento. En la primera quincena del nuevo gobierno, el Estado mexicano es puesto a prueba.
Los poderes del Estado mexicano están a prueba. La decisión del titular del Ejecutivo de bajar la vara para los ingresos de los altos funcionarios públicos, sin considerar particularidades; la obsecuencia de la mayoría oficialista en el Legislativo, que apuró una ley defectuosa; y la determinación del Judicial de atenerse a la Constitución bajo principios ahora encontrados han creado una tormenta perfecta.
Ninguno parece dispuesto a conciliar. Una salida jurídica promete prolongar indefinidamente la confrontación, por lo que crecen las voces para encontrar una solución política y “evitar que un poder venza” a los otros o que se imponga el criterio según el cual “quien tiene la cartera, tiene el control”.
La solución política, consideran especialistas, implicaría que el Legislativo retire la Ley de Remuneraciones por los vicios que contiene y elabore otra. La salida jurídica apunta a que la Corte resuelva no sólo declarándola ilegal, sino incluso
