26 ago 2005

¿Jueces sin rostro?

El asunto de las amenazas a jueces y magistrados abrió nuevamente el debate para analizar el el tema de los jueces sin rostro.
Legisladores de todas las fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de analizar su instauración.
Concretamente el diputado del PRD y precandidato a la jefatura de Gobierno del Distrtito Federal, Pablo Gómez se pronunció por el sistema sobre todo en los juicios de grandes capos, y propuso evaluar con detenimiento cómo opera ese sistema en otros países.
¡Pero ese debate ya se dió!
En noviembre del 2001, el consejero jurídico presidencial, Juan de Dios Castro Lozano, dijo: "En México no se han dado todavía las condiciones de gravedad, no se han agudizado de tal manera los problemas del crimen organizado como para poder manifestar la necesidad de llegar a los jueces sin rostro". "El Poder Ejecutivo ha expresado la decisión de dar todos los apoyos del Estado para garantizar la seguridad de los jueces. Una medida como la que se plantea implica una reforma profundamente estructural a nivel constitucional en la que tendría que existir el consenso de todas las corrientes políticas y del Estado".

Sobre el asunto de los jueces

Fuertes las declaraciones de este jueves del Secretario de Gobernación Carlos Abascal sobre las amenazas a jueces y magistrados..

- ¿Por qué hay que ser cuidadosos con estas denuncias?, se le cuestionó.

- Pues porque con frecuencia este tipo de amenazas o supuestas amenazas, no son tales, porque se crean rumores, porque se sugieren ideas, porque estamos frente a retos, efecto de aplicación de la ley y hay que darle a quienes tienen la responsabilidad de juzgar, hay que darles toda la tranquilidad de que podrán ejercitar su responsabilidad con el respaldo del Estado.

-¿Van a investigar la veracidad de las amenazas?

- Cuando haya las denuncias del caso y encantados, en este caso la PGR, hará las averiguaciones del caso.

Abascal Macías aseguró que “en todas partes del mundo en donde se ha decidido el combate al crimen organizado, ha habido no solo amenazas, sino lamentables acontecimientos, pero al final el vigor del Estado y las instituciones del Estado deben prevalecer, confiamos en que no pase a mayores y se habrán de estar observando los acontecimientos para tomar las medidas necesarias, pero finalmente la sociedad espera que sus leyes y sus instituciones funcionen para proporcionar seguridad a todos los mexicanos”.

Abascal Carranza aseguró que se investigarán estas amenazas cuando existan las denuncias correspondientes y en este caso la PGR realizará las indagatorias.

Asimismo, confió en que el Congreso de la Unión apruebe en el próximo periodo de sesiones las reformas que en materia de seguridad e impartición de justicia propuso el presidente Vicente Fox

Confió en que amenazas de este tipo no pasen a mayores y aseguró se mantendrán muy atentos de esta situación para tomar las medidas necesarias, pues destacó que la sociedad espera que sus leyes e instituciones funcionen para proporcionar seguridad a todos los mexicanos.
Y ese mismo día pero más temprano Rubén Aguilar, vocero presidencial ante la pregunta de Jorge Armando Rocha, de Detrás de la Noticia sobre su opinión sobre las amenazas a jueces, lo mismo federales que de otros niveles, de parte del crimen organizado...,

Dijo: El Estado Mexicano sostiene una guerra frontal contra el crimen organizado y la delincuencia. En esta lucha los tres Poderes de la Unión, los gobiernos estatales y la sociedad, debemos poner todo nuestro empeño y voluntad. La Presidencia de la República reconoce la valentía y el compromiso con México, de los jueces y magistrados del Poder Judicial que no se dejan presionar, que no se dejan chantajear y que no ceden a las presiones del crimen organizado. Estos jueces que resisten las presiones del crimen organizado son un ejemplo para la Nación, son un motivo de orgullo para la sociedad mexicana.

El Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la República, apoyará siempre al Poder Judicial para que les brinde seguridad en los casos que así se requiera.

El Gobierno Federal colaborará siempre, en todo momento, con el Poder Judicial para garantizar la seguridad de aquellos que imparten la justicia y no se dejan amenazar. En esta guerra contra el crimen organizado, el Ejecutivo y el Judicial deberán de trabajar juntos para vencer al crimen organizado con toda la fuerza del poder del Estado.
Lo volviInsó a inquirir Mónica Medel, de EFE:- -A ver, siguiendo con la pregunta esta de las amenazas a los jueces, me gustaría saber si el Gobierno Federal a través de PGR o lo que sea, ha pensado en tomar medidas especiales de protección o vigilancia a los jueces...
-Vocero: ..ya hay una protección de la PGR sobre los jueces amenazados, a los jueces y a sus familias.
El asunto siguió en la mañanera de hoy 26 de agosto.
Patricia Rodríguez Calva, de Imagen Informativa, abrio el fuego, preguntó: -Ayer el presidente magistrado del Tribunal Agrario, Ricardo García Villalobos, señaló que la situación que se está viviendo con las amenazas de jueces ponen a México muy cerca de Colombia. Más allá de este comentario que puede ser personal del magistrado, considera la Presidencia de la República que México se está colombianizando en el sentido de que no sólo las amenazas de jueces sino que muchos actores políticos están hablando de ingobernabilidad por la prevalencia de la violencia.
Eso por una parte, la segunda: habrá jalón de orejas para el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, después de que la Presidencia le da un significado a estas amenazas de jueces y en Gobernación se minimiza el asunto.
-Vocero: De ninguna manera aceptamos que el país se está colombianizando, simplemente habría, que con todo respeto que nos merece un país hermano. Bueno, Colombia tiene una tercera parte del territorio en control de la guerrilla, están los paramilitares, no tienen ninguna coincidencia las realidades de Colombia con las de México, no aceptamos el hecho de que nos estemos colombianizando.
De otro lado, es reiterar por parte de la Presidencia de la República la declaración que hacíamos el día de ayer con relación a la protección de los jueces por parte de la PGR y el inicio de la investigación a denuncias de los propios jueces, reiteramos la posición el día de ayer, y el Gobierno de México se compromete en todo momento a dar protección a los funcionarios del Poder Judicial que cumplen con su deber y que tienen la valentía de enfrentar al crimen organizado y no dejarse chantajear con ningún tipo de amenazas.
-Preguntó Reynaldo Cerecero, de Radio Educación: Mi pregunta va enfocada en el sentido de que: Si hay una estrategia por parte del Gobierno Federal para minimizar este ataque a los jueces y magistrados por parte de diversos cárteles, precisamente como lo mencionaba la compañera, impedir que se compare a México con Colombia. Y por otra parte, también relacionado con este asunto, también unos jueces han criticado las declaraciones que emitió ayer, en el sentido de calificar su valentía por suscribir ciertos casos, dicen que primero los atacó en meses anteriores tachándolos incluso de estar coludidos con cárteles de la droga y ahora ensalza su valentía.
-Vocero: Siempre vamos a ensalzar y honrar la valentía de quien no se deje chantajear y no se deje corromper, y las instituciones de la República, la PGR en particular. Hablé esta mañana con el subprocurador Vasconcelos y está haciendo su tarea y siempre dará protección a los jueces que así lo requieran, al tiempo que la Procuraduría ha iniciado una investigación sobre estas denuncias. Es una obligación del Estado mexicano dar protección a sus miembros e integrantes.
-Pregunta de Arturo Tornel, de TV Azteca: (Inaudible)…-
Vocero: No, de ninguna manera, sí creo que hay una mala interpretación de sus propias declaraciones, aquí tengo la transcripción de su conferencia, hay que darle, puedo responder, pero en todo caso nuestra posición es esa, no creo que haya ninguna contradicción, son matices a un punto determinado, son puntos de vista que implican matices, pero que no hay contradicción alguna.

Amenzas a jueces

Fuertes las declaraciones de ayer jueves del Secretario de Gobernación Carlos Abascal sobre las amenazas a jueces y magistrados: la nota de Diego Osornio de Milenio Diario, Jueves 25-agosto. Actualización 14:19 Hrs, cabecea: Duda Abascal de veracidad en amenazas contra jueces
Esta firmada desde HUATULCO, OAXACA.
Vale la nota verla completa:
..-- El Secretario de Gobernación, Carlos Abascal pidió ser “cuidadosos” con las supuestas amenazas de muerte en contra de jueces y magistrados del poder judicial.Se pronunció por dotar de toda la tranquilidad y seguridad a los jueces y magistrados para que puedan ejercitar su responsabilidad con el respaldo del Estado.
“Yo no conozco esas amenazas de muerte, entonces hay que ser muy cuidadosos con este tipo de expresiones”, aseguró el funcionario federal en conferencia de prensa celebrada en este balneario turístico.

25 ago 2005

You are not welcome in the UK

You are not welcome in the UK" ¡Aquí no son bienvenidos! es simplmente el mensaje del gobierno socialdemocráta de Tony Blair a los extranjeros que predican el odio: es la respuesta que trajeron los atentados terroristas del 7 y el 21 de julio.

Y es que según la nueva legislación en ese país podrán ser deportados o denegada su entrada los extranjeros que fomenten el terrorismo, asimismo los que defiendan actividades criminales o intenten persuadir a otros para que las cometan y quienes inciten a odiar a miembros de otros colectivos de modo que pueda desembocar en violencia.

En suma, el gobierno de izquierda perseguirá a quienes "escriban, produzcan, publiquen o distribuyan" material en defensa del terrorismo; a quienes lo glorifiquen en "discursos públicos, incluidos sermones"; a directores de páginas web y a profesores, trabajadores sociales o líderes de colectivos que utilicen sus puestos para predicar el odio o defender el terrorismo.

Según Charles Clarke, ministro británico de Interior, las nuevas disposiciones justificarán la deportación de inmigrantes a sus países de origen, siempre y cuando no se enfrenten allí a torturas. Además la medida, dijo: "en absoluto pretende coartar la libertad de expresión o limitar el debate sobre cuestiones religiosas".

Además, las medidas incluyen reformar las leyes de derechos humanos para eliminar obstáculos a las deportaciones, introducir el delito de incitación al terrorismo, elaborar una base de datos de personas "non gratas".

También, pretenden poner límite temporal a los procesos de extradición, la posible creación de tribunales antiterroristas a puerta cerrada, y la extensión del tiempo que la policía puede detener sin cargos a los sospechosos de terrorismo.

Pero las críticas dentro y fuera del Reino Unido, no se han hecho esperar, ya que la medidas amenazan con provocar un terremoto político. Y es que el Gobierno laborista, teóricamente de izquierda, se ha erigido en máximo exponente de una cultura de ley y orden asociada por lo general con la derecha.

El relator de la ONU sobre tortura, Manfred Nowak, criticó las medidas sobretodo de extranjeros de países que se sabe que no respetan las normas internacionales de protección de los derechos humanos. Aunque se sabe que Londres negocia ya tratados con varios Estados, de momento sólo ha conseguido garantías de Jordania, a través de un "memorando de entendimiento" cuya validez han cuestionado varias organizaciones.
Gareth Crossman, portavoz de Liberty, declaró que "es mejor juzgar a los terroristas que desplazarlos de un sitio a otro".

Una de las preguntas que plantean los críticos es ¿para qué sirve mandar a los imanes radicales al extranjero en los tiempos de la globalización, cuando pueden colgar sus sermones en Internet y realizar su trabajo desde cualquier punto del planeta?

De la misma manera que Osama Bin Laden fue agente de la CIA, sucesivos gobiernos británicos han utilizado a imanes como Abu Hamza, Omar Bakri y Abu Qutada como informantes del MI6, en un pacto tácito que les permitía servirse de Londonistán como base de operaciones y financiación, a cambio del compromiso de no perpetrar atentados en el Reino Unido y dar pistas sobre la actividad de los grupos más violentos.

Y bueno el asunto apenas empieza; el editorial de hoy en El País es elocuentes: Excesos británicos
El País, 25 de agosto de 2005

Defenderse de los que siembran el odio y fomentan el terrorismo no sólo está justificado, sino que es un deber de todo Estado. Probablemente, durante años el Reino Unido fue excesivamente generoso al acoger en su seno a radicales islamistas huidos de sus países de origen que se atrincheraron en el llamando Londonistán. Pero las medidas anunciadas ayer por el ministro del Interior, Charles Clarke, para deportar a extranjeros que fomenten el odio o el terrorismo generan una preocupante inseguridad jurídica y menoscaban la defensa de los derechos humanos. Las leyes británicas en materia antiterrorista son de las más estrictas del mundo. Era esperable y deseado por la opinión pública que, como anunciara Blair tras los atentados en Londres del 7 de julio, las reglas del juego fueran a cambiar. Pero no así.

La definición "indicativa, que no exhaustiva", según el ministro, de "comportamientos inaceptables" incluye los que directa o indirectamente amenacen el orden público, la seguridad nacional o el Estado de derecho, o provoquen y glorifiquen el terrorismo individualmente, en las prédicas o desde librerías, centros, organizaciones y páginas web. Cualquier extranjero que incurra en ellos podrá ser deportado de inmediato. El problema no es sólo que no se les juzgue en el Reino Unido, sino que se les pueda deportar hacia sus países de origen, en muchos de los cuales se practica la tortura. Que Londres busque acuerdos con esos países para asegurar que los deportados no serán maltratados ni torturados indica que hay dudas, como recordó ayer Manfred Novak, informador especial sobre tortura de la ONU, para el cual acuerdos con países que han cometido abusos de derechos humanos en el pasado "no son el instrumento adecuado para erradicar el riesgo". Más justificable es que se elabore un banco de datos de radicales extranjeros acusados de alentar actos de terrorismo, a los que automáticamente se impida la entrada en suelo británico.

La falta de definición de lo que pueda considerarse "impulsar el odio que lleve a una violencia entre comunidades", merma los derechos humanos, y especialmente la libertad de opinión, y puede llevar a la "criminalización del pensamiento" -incluso con efecto retroactivo ante declaraciones pasadas-, como denuncia la Comisión Islámica de Derechos Humanos, que considera que no se han atendido sus razones en las consultas previas, precisamente cuando hay que contar con los representantes de estas comunidades ante este tipo de medidas. Que Blair esté dispuesto a revisar las obligaciones en estas materias que ligan a su país respecto a Europa es una mala señal. Contra los radicales, no conviene bajar la guardia, pero tampoco radicalizarse uno mismo. Seguridad y derechos humanos no están reñidos. Todo lo contrario.

Mejor encaminada parece la propuesta de establecer una comisión conjunta con la comunidad islámica para asesorar sobre cómo lograr una mejor integración. Hay que recordar que el problema no está sólo en los extranjeros: cuatro de los suicidas del 7 de julio eran de nacionalidad británica. Para estos casos, Clarke prepara más controles y más tribunales especiales. Elevar los umbrales para acceder a la nacionalidad británica puede, sin embargo, ser otro gesto contraproducente, que aliente la tensión social y la islamofobia. Más allá del fin de Londonistán, lo que está en tela de juicio con este tipo de medidas es el modelo comunitarista de integración social de las minorías étnicas en el Reino Unido
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24 ago 2005

Llamado del Congreso mexicano

El día de hoy, 24 de agosto de 2005, el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobó en votación económica; el que se repruebe y rechacen las medidas de presión que el Congreso de los EE UU pretende hacer hacia México tendientes a congelar la ayuda financiera que recibe nuestro país en caso de que no modifique y asuma una actitud de mayor cooperación en materia de extradición.
O sea, el "ser un buen vecino e imitar a Colombia, modificando su política y entregando a las autoridades norteamericanas, a todos los individuos requeridos para que sean juzgados por la comisión de delitos en su territorio."

El dictamen fue elaborado por los integrantes de Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública que preside el Senador panista Héctor Larios Córdoba, pero la propuesta original fue - el 17 de agosto- del Senador Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Este asunto tiene que ver con la cooperación bilateral en materia de seguridad y delincuencia organizada, y con el asunto de la frontera norte tan candente en estos momentos.
Alberto Gonzáles, Procurador General de los EE UU reiteró hoy en Colombia, donde estuvo de visita por dos días, que su país no modificará la política de extradición

Gonzáles declaró, después de entrevistarse con el nuevo Fiscal General de Colombia, Mario Iguarán, que su obligación es "perseguir a quienes cometen actividades ilegales contra los Estados Unidos".

El Fiscal Gonzáles se reunió también ayer con el presidente Álvaro Uribe y con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia colombianos, y el tema de la agenda fue el cumplimiento de las condiciones para extraditar colombianos, según el periódico El Tiempo. Así lo confirmó también una fuente de la corte; "van a dialogar sobre varias cosas, pero la extradición es un tópico clave", dijo.

Y el Congreso mexicano tiene razón, recientemente el Congreso de EE EU aprobó un proyecto de ley que los faculta a suspender la ayuda financiera a un país que no colabore en la extradición de personas que podrían ser sentenciadas a cadena perpetua.

El proyecto esta en el escritorio del presidente para ser signado.

EE UU apoya a Colombia con alrededor de 700 millones de dólares anuales; a México con 67.5 millones, según lo señaló hoy el Congreso Mexicano.
La Comisión emitió el dictamen con los siguientes:


CONSIDERANDOS

1.- Los suscritos integrantes de esta Segunda Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en los Puntos de Acuerdo de mérito, que en su parte fundamental señalan:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza categóricamente las distintas medidas de presión aprobadas recientemente por el Senado y por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, tendientes a congelar la ayuda financiera que recibe nuestro país en caso de que México no modifique y asuma una actitud de mayor cooperación en materia de extradición.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión demanda al Congreso de los Estados Unidos de América pleno respeto al Tratado de Extradición vigente entre México y Estados Unidos, específicamente a los artículos 6, 7 y 8 del citado instrumento bilateral; así como a los principios rectores en materia de extradición a nivel internacional.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión lamenta y expresa su más sentida preocupación por el estado de deterioro en el que se encuentra inmersa la relación con los Estados Unidos; y exhorta respetuosamente a los gobiernos de ambas partes a privilegiar los canales institucionales, a mantener el diálogo político y a fortalecer la cooperación; así como a dar cause a los retos de la agenda bilateral de manera respetuosa y coordinada, en beneficio del interés nacional de los dos países.

CUARTO.- Remítase copia de este acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a la Embajada, al Congreso y al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

2. Señala el promovente de la Proposición a estudio que en sesiones anteriores hemos hecho distintos balances del estado que guarda nuestra relación con los Estados Unidos, desafortunadamente no ha habido un solo balance en el que no hayamos concluido, que existe un preocupante deterioro en todos y cada uno de los rubros de esta relación bilateral.

Que el diálogo migratorio está totalmente cancelado. Y la comunicación en materia de seguridad fronteriza, se encuentra tan descompuesta, que el gobierno norteamericano llegó al extremo de cerrar su sede consular en Nuevo Laredo, así como la declaratoria de estados de emergencia en Arizona y Nuevo México, argumentando niveles alarmantes de violencia.

Que debemos a lo anterior sumar, las intenciones del Senado y de la Cámara de Representantes, del vecino país, tendientes a congelar toda ayuda financiera, proporcionada a países, como el nuestro, a través de los programas de cooperación internacional del Departamento de Estado, a menos que el gobierno de nuestro país, adopte una actitud de mayor cooperación en materia de extradiciones.

Que a decir de los propios norteamericanos para seguir recibiéndoles, alrededor de 67.5 millones de dólares, que actualmente son canalizados a diversas áreas y rubros; México deberá ser un buen vecino e imitar a Colombia, modificando su política y entregando a las autoridades norteamericanas, a todos los individuos requeridos para que sean juzgados por la comisión de delitos en su territorio.

Que de esta forma, compañeras y compañeros, enfrentamos, nuevamente, un contexto adverso en el que a través de la amenaza y el chantaje, se pretende atentar en contra de la soberanía nacional.

Que sobre todo, porque las enmiendas de referencia, fueron diseñadas para contrarrestar específicamente la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en octubre de 2001, al definir como inconstitucional la extradición de ciudadanos mexicanos a otro país, si estos corrían el riesgo de ser condenados a muerte o a cadena perpetua.

3.- Los legisladores federales integrantes de esta Comisión queremos manifestar que, nos parece totalmente inaceptable que el Congreso de los Estados Unidos, amenace con suspender la importante ayuda financiera que recibe México, si renunciamos a varios de las facultades soberanas que el derecho internacional le confiere a un gobierno sobre sus connacionales.

Que compartimos lo expresado por el promovente en el sentido de que no es exagerado, afirmar que las medidas aprobadas por el Congreso de Estados Unidos, para hacer frente a las negativas de la autoridad mexicana, que han impedido la extradición de ciudadanos mexicanos, constituyen presiones absolutamente inadmisibles; que vulneran nuestra autonomía y atentan contra el espíritu de colaboración, que debe regir, la relación entre ambas naciones.

También es importante recordar que el 27 de abril de 2005, fue aprobado por el Senado de la República el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Extradición Internacional, enviada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, precisamente para hacer más efectivo el proceso de entrega de criminales a otros países.

Dichas disposiciones tienen como propósito el combatir eficazmente a la delincuencia y en virtud de que los Estados sólo pueden ejercer su jurisdicción dentro de su territorio, ha sido necesario recurrir a la cooperación internacional. Es por ello que mediante la figura de la extradición se ha logrado que un Estado entregue a una persona que se halle en su territorio, a otro Estado que la reclama por tener ahí el carácter de inculpada, procesada o sentenciada por la comisión de un delito, a fin de que sea sometida a juicio o recluida para cumplir con la pena impuesta.

Además, la extradición entre Estados soberanos es una institución que se ubica por su propia naturaleza en el derecho internacional, de donde deriva el deber de mutua asistencia en lo que atañe a la represión de los delitos. Dicha figura ha permitido que bajo principios de cooperación internacional, los Estados puedan enjuiciar y, en su caso, condenar a los delincuentes.

Por lo anteriormente señalado es que compartimos la propuesta presentada por el Senador Antonio Soto Sánchez, a la cual haremos algunas adecuaciones, por lo que proponemos la aprobación de los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reprueba las medidas aprobadas recientemente por el Senado y por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, que condicionan los programas de ayuda financiera a nuestras resoluciones soberanas en materia de extradición.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un llamado respetuoso a los gobiernos de México y los Estados Unidos de América para privilegiar los canales institucionales, mantener el diálogo político y fortalecer la cooperación entre ambas naciones; así como a dar cauce a los retos de la agenda bilateral de manera respetuosa y coordinada, en beneficio del interés nacional de los dos países.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 23 de agosto de 2005.

LA SEGUNDA COMISION, Sen. Héctor Larios Córdova, Presidente

De imágenes y comunicados/Raymundo Riva Palacio

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