14 dic 2008

Buques rusos en Nicaragua

Escuadra naval rusa llega a Nicaragua
10:25
Cable de la agencia rusa RIA Novosti
13/ 12/ 2008
México, 13 de diciembre, RIA Novosti. Una escuadra naval rusa, integrada por tres buques, llegó a Nicaragua, informó hoy la prensa nicaragüense.
El gran buque antisubmarino "Almirante Chabanenko" y los navíos de apoyo "Ivan Bubnov" y SB-
406 echaron anclas a 9 millas del puerto de Bluefields sobre el litoral Atlántico del país.
Participaron en el acto de recibimiento del grupo naval ruso el Comandante de la Armada nicaragüense, almirante Juan José Estrada, el embajador de Rusia en Nicaragua, Ígor Kondrashov, y el agregado militar, Dmitri Babichuk.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dará la bienvenida a los buques de guerra rusos este sábado.
Horas antes de la llegada de la escuadra rusa a Nicaragua, los diputados por oposición entregaron a la embajada rusa en Nicaragua una nota en la que exigieron a Moscú que el grupo naval permaneciera en aguas internacionales hasta que el parlamento autorice su entrada en el puerto de Bluefields.
Según la prensa local, el hecho de que los buques rusos echaron anclas a 9 millas del puerto es una fórmula de compromiso entre los poderes ejecutivo y legislativo.
La visita de la escuadra naval rusa a Nicaragua fue concordada por la vía militar diplomática y carece de connotaciones políticas, declaró ayer el portavoz de la Armada de Rusia, capitán de navío, Ígor Digalo.
"La visita carece de matizaciones políticas y fue concordada, conforme a las normas de procedimiento establecidas", dijo el portavoz, al comentar las noticias sobre los intentos de la oposición nicaragüense de impedir la visita de buques de guerra rusos.
Según sus palabras, la visita, que se prolongará hasta el 15 de diciembre, "tiene el carácter amistoso y se ajusta a las normas de general aplicación y tradiciones navales".
El secretario del Parlamento de Nicaragua, Wilfredo Navarro, expresó el jueves que los buques rusos no podían ingresar en aguas territoriales sin la autorización del parlamento.Según la Constitución nicaragüense, el procedimiento para permitir el ingreso de tropas extranjeras al país, prevé la firma de un decreto presidencial y su ratificación por el Parlamento, dijo el diputado.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció el mismo día que recibirá a una escuadra naval rusa, a pesar de no contar con la autorización del parlamento, comunican hoy medios latinoamericanos.
El mandatario, que volvió al poder tras 16 años en la oposición, explicó que el 9 de diciembre envió a publicar en el diario oficial La Gaceta "la autorización para que ingresen unos buques de la marina de la Federación Rusa, que vienen en un plan de cooperación amistosa al país".
El buque antisubmarino "Almirante Chabanenko", uno de los más modernos de la Armada rusa, está provisto de misiles antibuque Moskit y sistemas de defensa antiaérea, aunque su aplicación principal es la detección y destrucción de sumergibles. En condiciones de combate complicadas, puede ocasionar graves daños a cualquier tipo de adversarios y permanecer imbatible durante largo tiempo.

Zapatazo en Bagdad!


Bush de visita sorpresa a Bagdad.
En la última conferencia de prensa del presidente George W. Bush, en Irak, y justo cuando estaba al lado del primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, un periodista iraquí lanzó unos zapatos en su contra a la vez que le gritaba: "¡Toma tu beso de despedida, pedazo de perro!".
El autor de la agresión es el periodista Muntazer al Ziadi y corresponsal de la cadena de televisión suní al Baghdadia
Empero, el Presidente Bush hizo gala de buenos reflejos esquivando los proyectiles; enseguida ha esbozado media sonrisa, ha explicado después que no se ha sentido amenazado "en lo más mínimo". "No me ha molestado", ha zanjado el dirigente estadounidense al ser preguntado pocos minutos después por el resto de periodistas.
El zapatazo consiguió su objetivo, el mensaje era claro. En Irak, igual que en gran parte del mundo árabe, arrojar un zapato es una de las mayores ofensas que se pueden cometer contra una persona, al igual que llamarlo "perro".
Inmediatamente, los agentes de seguridad iraquíes y los del servicio secreto estadounidense se abalanzaron sobre el hombre y lo redujeron en el suelo. Finalmente, lo sacaron de la sala.
Varios periodistas iraquíes se disculparon por la actitud de su colega.
***
Durante su estancia en Irak el presidente de EE UU se reunió con los dirigentes iraquíes y se ha despedido de las tropas estadounidenses desplegadas en el país.
La visita del Presidentre norteamericano, la cuarta desde la invasión de Irak en 2003 se produce un día después de la llegada del secretario de Defensa, Robert Gates, que anunció que las tropas de EE UU han comenzado su última etapa en Irak.
Bush llegó n helicóptero a la residencia del presidente iraquí para un encuentro con él y con sus dos vicepresidentes.
Aunque Irak se ha caído de la lista de las preocupaciones de los estadounidenses, después de que la crisis económica haya tomado el lugar principal, las encuestas más recientes muestran que los ciudadanos piensan que la guerra fue un error.
Conscientes de los riesgos para la seguridad del presidente, el viaje a Irak se mantuvo en el mayor de los secretos.
Foto de la agencia AP

Pena de muerte,

La barbarie de la pena de muerte/Arnaldo Córdoba
Publicacd en La Jornada (www.jornada.unam.mx), 14/12/2008;
Creo que una verdadera tragedia de la ciencia del derecho penal ha sido siempre el nunca haber logrado una definición verdaderamente universal, convincente, libre de prejuicios sociales y resabios de barbarismos atávicos, de lo que es y debe ser la pena, vale decir, la sanción que se aplica en la comisión de ilícitos de toda índole. La misma palabra siempre suena a algo que en el derecho contemporáneo resulta inadmisible: castigo, venganza, exclusión, confinamiento, aniquilamiento. No hay manual o tratado en la materia en el que no se nos diga que la pena no es sólo sanción, sino un modo de prevenir el delito y regenerar los tejidos dañados en el seno de la convivencia social.
En este punto, no tiene remedio, siempre habrá que recordar al gran fundador de la ciencia del derecho penal moderno, el gran jurista y filósofo del derecho italiano del siglo XVIII, Cesare Beccaria. Fue un enemigo feroz de la pena de muerte y del concepto de la pena como castigo o venganza. Su doctrina se puede resumir en unas cuantas palabras: si la ley es fruto del contrato que los hombres tienen para organizar su sociedad, del consenso popular (él era un contractualista convencido), y es elaborada por los representantes populares, entonces es inadmisible que la pena sea considerada como venganza de la sociedad. El delito es como una enfermedad en el cuerpo social: no se le sana amputándolo.
Los delitos y las penas, decía, deben estar previstos en la ley (esa convicción dio origen a un aforismo emblemático de los foros de la abogacía: nullum crimen, nulla poena, sine legge, no hay crimen, no hay pena, sin una ley), no ser dictados por el juez que juzga al acusado ni, mucho menos, por quienes detentan el poder en la sociedad, político o de facto. Si de eso se trata, la pena debe ser como una operación que subsane el daño causado. De ahí nació la concepción humanista de la pena como sanción que no es vengativa, sino regenerativa y preventiva. Al órgano dañado, hay que curarlo, no extirparlo.
La pena como venganza es pura barbarie y no hay modo de justificarla de otra manera. Era el medioevo, decía el ilustre filósofo. El derecho está destinado a organizar y a regular la convivencia social. Mal se ve una rama del derecho que sólo obedece a instintos oscuros y bestiales que anidan en el alma de los hombres. Aumentar la severidad de las penas hasta hacerlas monstruosamente crueles e inhumanas, según algunos, sirve para azorrillar a los posibles delincuentes. Recuerdo que en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana un alumno presentó una tesis con el título: “Los efectos educativos de la pena de muerte”. Mi maestro, Guillermo Morales Osorio, cuando le tocó el turno de oír los argumentos, dijo: “Pues, ¡qué bien educado queda un cabrón al que le cortan la cabeza!”.
Beccaria consideraba que la pena como castigo o como venganza y, en especial, la pena de muerte, era una auténtica guerra de una parte de la sociedad contra otra. En un pasaje de su memorable obra De los delitos y de las penas, se preguntaba: “¿Por qué parece que en el presente sistema criminal, según la opinión de los hombres, prevalece la idea de la fuerza y de la prepotencia sobre la de la justicia…?” En un verdadero sistema criminal, remataba, hay un valor que debe estar por encima de los demás: el “interés de la verdad”. ¿Cuántos inocentes en la historia habrán sido injustamente condenados por ilícitos que no cometieron ni pensaron cometer? En nuestro medio, como se ha dicho, de 90 a 99 por ciento.
Esta tragedia de la ciencia penal, al no atinar a definir lo que es la pena, en realidad, es una tragedia de la sociedad de nuestros tiempos. Sigue siendo una guerra de una parte de la sociedad en contra de otra. Eso no es derecho. Ese Panchito Pantera que está resultando el gobernador de Coahuila y los monaguillos reaccionarios que hoy dirigen el PVEM, de verdad deben estar convencidos de que se trata de una guerra. El primero, además, con la divisa: “Vean qué machito tienen aquí; si los encuentro, los mato a todos”. La pregunta es siempre obligada: ¿cuántos inocentes serán sacrificados en esa guerra?
Dejemos de lado, por ahora, el que la reforma constitucional de 2005 a los artículos 14 y 22 abolió, definitivamente, la pena de muerte (por cierto, con los votos unánimes de los verdes), y el que México haya signado todos los tratados y convenios internacionales que la prohíben terminantemente. Aquí el problema sigue siendo el mismo desde la época de Beccaria: ¿para que sirve el derecho penal, para qué sirve la pena y, sobre todo, para qué sirve la pena de muerte? Todo mundo en todo el mundo lo ha hecho notar: las penas no asustan a los delincuentes ni les sirven de amenaza. El que comete un delito no piensa en esas cosas y menos si sabe que tiene todas las de ganar al quedar impune.
Desde luego que todos los razonamientos de los más enjundiosos penalistas del mundo con convicciones humanistas acerca de que la pena debe ser, ante todo, educativa y debe servir para rehabilitar al delincuente y reintroducirlo en la vida social como un hombre nuevo no son convincentes en absoluto. Debo decir, empero, que a mí siempre me han convencido. Pero el derecho penal moderno tiene, en todo momento, el mismo enemigo irreconciliable e inconcitable: el deseo de venganza de la sociedad. En primer lugar, al ofendido no se le puede ocurrir que se deba ser racional y generoso con el que lo ha agraviado. Y, luego, nuestras sociedades mojigatas y conservadoras, no pueden admitir que se pueda hacer algo con el delincuente para rehabilitarlo.
En el fondo, se trata de una tragedia de la sociedad y no sólo de una ciencia o de un modo de percibir la realidad. Mientras los hombres sientan que el agravio es una ofensa a sus intereses y no una enfermedad de o un daño a la sociedad, no habrá remedio. Una legión de juristas y abogados estadunidenses han dado sus testimonios sobre el hecho evidente de que, de cada diez condenados, muy probablemente nueve son inocentes. Sobre todo cuando se trata de la población afronorteamericana, tan castigada a lo largo de la historia en Estados Unidos. La pena de muerte y el “ojo por ojo” no sólo son una barbarie, son también una enfermedad de las sociedades de nuestro tiempo, inadmisibles para la civilización, si queremos ser civilizados, cosa cada vez más parecida a un arcano.
PS. En las próximas tres semanas estaré ausente de estas páginas. Ya nos veremos de nuevo.

12 dic 2008

Candidatos a consejero de la Judicatura

Artículo 100.- El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.
Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial.
El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.
Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.
Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.
Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.
La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.
***
LISTA DE LOS INTERESADOS EN SER DESIGNADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE AL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, QUE REÚNEN Y CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE SE REFIERE EL PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO PLENARIO 11/2008 DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO, EN EL QUE SE DETERMINÓ EL PROCEDIMIENTO
RELATIVO:
1.- Aguilera Troncoso, Tarsicio
2.- Baltazar Robles, Germán Eduardo
3.- Benítez Pimienta, Jorge Humberto
4.- Campuzano Gallegos, Adriana Leticia
5.- Castillo González, Leonel
6.- Cedillo Orozco, Arturo
7.- Cilia López, José Francisco
8.- Cruz Quiroz, Osmar Armando
9.- Cruz Ramos, Jorge Antonio
10.- Cruz Razo, Juan Carlos
11.- De Alba De Alba, José Manuel
12.- Domínguez Salazar, Adela
13.- Escobar Ángeles, Enrique
14.- Flores Guerrero, Héctor
15.- García Torres, Arturo
16.- González Álvarez, Jorge Alberto
17.- Gutiérrez De Velasco Romo, Héctor Federico
18.- Hernández Fonseca, Julio Humberto
19.- Hernández Granados, Edna Lorena
20.- Hernández Saldaña, José Manuel
21.- Landa Razo, Héctor
22.- Martínez Delgadillo, María Luisa
23.- Mercado López, Héctor Arturo
24.- Meza Fonseca, Emma
25.- Meza Pérez, Jorge
26.- Muñoz Grajales, Edgar Humberto
27.- Mota Cienfuegos, María del Rosario
28.- Navarro Hidalgo, Alfonsina Berta
29.- Ojeda Bohórquez, Ricardo
30.- Pardo Rebolledo, Jorge Mario
31.- Peña Cristo, Idalia
32.- Suárez Camacho, Humberto
33.- Tron Petit, Jean Claude Andre
34.- Wynter García, Jorge Enrique Eden

EL CIUDADANO LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C A : - - - - - - - - - - - - - - -
Que el Tribunal Pleno, en su Sesión Pública celebrada hoy, por unanimidad de once votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela Güitrón, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, aprobó la lista que antecede; en la celebrada el veintisiete
de noviembre último determinó que los señores Magistrados Alejandro Roldán Velázquez, Virgilio Solorio Campos, Carlos Ronzon Sevilla y Jean Claude Andre Tron Petit no cumplieron con uno de los requisitos a que se refiere el Punto Segundo del mencionado acuerdo 11/2008, y que las solicitudes de los señores Magistrados Humberto Manuel Román Franco y José Juan Trejo Orduña fueron presentadas extemporáneamente; y que en la misma sesión de hoy determinó, por unanimidad de once votos, dejar sin efectos su acuerdo anterior de excluir al señor Magistrado Jean Claude Andre Tron Petit e incluirlo en la lista.
México, Distrito Federal, primero de diciembre de dos mil ocho
Fuente: SCJN

Informe del Ministro González

CONSOLIDAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN SUS INSTITUCIONES DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, UNA RESPONSABILIDAD: MINISTRO GONZÁLEZ SALAS
Informe del Ministro Gonzáles Salas
Comunicado de la SCJN
México, D. F., a 11 de diciembre de 2008
Rindió informe anual de labores como presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
La SCJN tiene la delicada función de ser garante del Estado constitucional democrático de derecho, dijo.
El Alto Tribunal Constitucional tiene como responsabilidad ineludible, en estos tiempos complejos, mantener y consolidar la confianza de la sociedad en sus instituciones de impartición de justicia, afirmó el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro José Fernando Franco González Salas.
Al rendir su informe anual de labores, expresó que “resultaría irresponsable o ingenuo desconocer los difíciles tiempos que estamos viviendo, nacional e internacionalmente.”
En este difícil entorno, dijo, quienes integran el tribunal constitucional tienen de manera primordial, como delicada función, garantizar la eficacia de los contenidos de la Ley Fundamental y de los ordenamientos que de ella emanan, es decir, ser garantes del Estado constitucional democrático de derecho.
Ante ministros, consejeros de la Judicatura Federal, magistrados electorales y de Circuito, y jueces de Distrito, expuso que no existe sentencia dictada por un juez que no resulte importante, en tanto que cada una de ellas significa resolver, más allá de la naturaleza del conflicto y los intereses en juego, sobre las expectativas de quien solicita se le haga justicia.
Aclaró que algunas veces esa expectativa resulta para un sector y en otras para la sociedad en su conjunto, pero en cualquier caso, la razón de ser de toda actividad jurisdiccional es precisamente dirimir un conflicto para impartir justicia conforme a nuestra Constitución y leyes.
El ministro González Salas refrendó el compromiso de sus integrantes de la Segunda Sala de sumar esfuerzos para trabajar con la mayor seriedad, intensidad y responsabilidad, hasta el límite de sus capacidades, para seguir cumpliendo con el mandato constitucional de impartir justicia pronta, completa e imparcial.
Informó que la Segunda Sala inició el año con una existencia de 126 asuntos, los que sumados a los mil 675 que ingresaron da un total de mil 801 expedientes, de los cuales egresaron mil 703 de la manera siguiente: mil 594 por resolución, 88 se enviaron al Pleno, 5 a la Primera Sala y 16 mediante dictamen.
Las resoluciones dictadas correspondieron a 19 acciones de inconstitucionalidad; 4 apelaciones; 224 amparos directos en revisión; 184 amparos en revisión; 108 competencias; 229 contradicciones de tesis y 16 controversias constitucionales.
Así como 34 facultades de atracción; 2 impedimentos; 5 denuncias de repetición de acto reclamado; 370 incidentes de inejecución de sentencias; 159 inconformidades; 8 quejas; 213 recursos de reclamación; 13 revisiones administrativas y 5 modificaciones de jurisprudencia.
Finalmente, el ministro González Salas hizo un reconocimiento por su destacada labor en este Alto Tribunal y en la Segunda Sala, a los ministros Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel, quienes continuarán acompañando en sus tareas hasta noviembre del próximo

De imágenes y comunicados/Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal De imágenes y comunicados/Raymundo Riva Palacio El Financiero, noviembre 19, 2026 | La presidenta Claudia Sheinbaum h...