Referéndum en Venezuela

“Por ahí no, mi Comandante”: freno en el referéndum al “Socialismo del Siglo XXI”/Manuel Hidalgo, Universidad Carlos III de Madrid

Publicado por El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos

ARI Nº 3/2008 - 03/01/2008
Tema: El rechazo por un estrecho margen del proyecto de reforma constitucional sugiere que la mayoría de los venezolanos no comparte el propósito de la elite chavista de encaminar el país hacia el socialismo.Resumen: Nueve años después de acceder al poder, Hugo Chávez no ha conseguido conformar un movimiento hegemónico pese a disponer de cuantiosos recursos materiales, políticos e institucionales para gobernar. Obviando dicha realidad, el 2 de diciembre pasado el oficialismo decidió someter a referéndum una reforma constitucional de envergadura; consulta que constituyó la primera derrota electoral del presidente. Si bien cabe objetar el procedimiento elegido –los cambios deberían haberse discutido y negociado en una Asamblea Constituyente–, lo más destacable es que el triunfo del “No”, aun obedeciendo a distintos factores, muestra que un porcentaje significativo de los sectores que apoyan a Chávez no desean entregarle un cheque en blanco, bien porque no han entendido su compleja y, en ciertos aspectos, confusa propuesta, bien porque no están de acuerdo con ella. Los resultados evidencian que el liderazgo y el recurso al verticalismo son insuficientes para imponer cambios radicales. La complejidad de la situación no permite ser optimista a corto plazo sobre el encauzamiento del conflicto, aunque como efecto de los acontecimientos de los últimos meses, y de las recomposiciones en el interior de cada bloque, podrían abrirse a medio plazo espacios para el diálogo y algunos compromisos entre el Gobierno y la oposición.

Análisis: En las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006, Hugo Chávez fue reelegido por una amplia mayoría (62,85% de los votos frente al 36,91% del candidato opositor, Manuel Rosales). Su triunfo presagiaba una radicalización del proceso en marcha desde 1999 ya que, como manifestó durante la campaña electoral, votar por su candidatura era apoyar el “socialismo del siglo XXI” –vago concepto que alude al deseo de construir un modelo socialista alejado de las experiencias fallidas del siglo pasado–. Así, aprovechó la coyuntura derivada de los resultados y del inicio del nuevo período presidencial y anunció cinco “motores” para acelerar los cambios:
1.- Ley Habilitante, de febrero de 2007, que otorga amplísimos poderes al presidente para dictar decretos con rango de ley durante 18 meses en ámbitos tan variados como el político, social, económico, administración pública, seguridad y defensa, etc. Fue aprobada por una Asamblea Nacional (AN) monocolor, debido al boicoteo opositor a las elecciones de 2005. Este instrumento sirvió, por ejemplo, para emprender algunas nacionalizaciones de “empresas estratégicas” (telefonía y electricidad) y la conversión de las asociaciones estratégicas de la Faja del Orinoco en empresas mixtas.

2.- Reforma integral y profunda de la Constitución de 1999 para sentar las bases de un modelo socialista.
3.- “Moral y Luces”. Proyecto para sustituir los valores individualistas y capitalistas por otros de inspiración socialista mediante la educación ciudadana en múltiples espacios (escuelas, talleres, fábricas, barrios, etc).
4.- Nueva “geometría del poder”: reorganización territorial del poder político, económico, social y militar.
5.- “Explosión del poder comunal”, con transferencia de poder político, social, económico y administrativo a las comunidades. Con ello se pretendía profundizar la tendencia iniciada en abril de 2006 con la creación de los consejos comunales. Estos consejos fueron concebidos como instancias participativas locales. El Gobierno pretendía que gestionaran fondos públicos de modo directo y compitieran con las autoridades representativas locales y regionales. Podían ser fácilmente instrumentalizados por el Ejecutivo nacional –los miembros de los consejos son elegidos por Asambleas de ciudadanos controladas por aquél–.

Si bien la Ley Habilitante concedía muchos poderes al presidente y le permitía actuar con celeridad en algunos campos, el eje de su plan a medio y largo plazo era la reforma constitucional, con implicaciones importantes para los otros “motores”. Para impulsar tales cambios se requería una organización con capacidad de movilizar a los ciudadanos más allá de los períodos electorales. De ahí que Chávez disolviera tras las últimas elecciones al Movimiento V República (MVR) y solicitara al resto de partidos en la órbita chavista proceder de igual modo e integrarse en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Este partido no ha pasado de ser un cascarón vacío. Aunque se pretendía crear una estructura más democrática y cohesionada, en poco tiempo quedó claro que sus promotores deseaban un control total del nuevo partido. Además, existían discrepancias en algunas organizaciones oficialistas sobre su desaparición. Por su parte, muchos ciudadanos deseaban ingresar para mantener u obtener algún beneficio social –a mediados de 2007 se cifraba en más de cinco millones los aspirantes a formar parte de la nueva organización–. Una de las paradojas de su proceso de creación es que no celebró un congreso, ni tiene militantes, pero sí cuenta con una comisión disciplinaria. En todo caso, debido al enorme respaldo conseguido en las urnas, la elevada concentración de poder y la disposición de un abultado ingreso petrolero para lubricar los distintos “motores”, Chávez contaba a priori con amplio margen de maniobra para aplicar su agenda política.

No obstante, dos cuestiones desgastaron notablemente al Ejecutivo durante 2007 y tuvieron un significativo impacto en la suerte de la reforma constitucional. Primero, la decisión de no renovar la concesión, que vencía en mayo de 2007, al canal de televisión RCTV. Esta medida, aunque legal, tenía una clara finalidad política, puesto que este popular canal se había significado, junto con otros, en contra del proyecto chavista, al extremo de participar en el período turbulento y desestabilizador que llevó al fallido golpe de Estado de 2002. Su cierre generó amplios rechazos y protestas, a los que se sumaron los estudiantes universitarios que tomaron las calles al entender que las libertades peligraban. Las movilizaciones estudiantiles proseguirían en contra de la reforma y acabarían galvanizando a una decaída y fragmentada oposición.Un segundo aspecto fue el agravamiento de algunos problemas básicos como la seguridad, el incremento del coste de la vida o el desabastecimiento. Incluso la acción pública de mayor éxito e impacto, las “misiones sociales”, parecían agotadas tal y como habían sido concebidas para ganar el referéndum revocatorio de 2004. Pero el Ejecutivo, más centrado en la construcción de un nuevo modelo, pareció perderle el pulso al país, quizá por el ritmo de la actividad económica y la buena marcha de algunos indicadores socioeconómicos. Tampoco se mostró muy interesado en atajar problemas que comenzaban a ser un lastre para la consolidación del proyecto, entre otros: burocratismo, clientelismo, corrupción, falta de continuidad administrativa, improvisación e ineficacia en los servicios públicos. Aunque la situación no parecía madura para impulsar un proyecto tan radical y el Estado no contaba con las suficientes capacidades, sin mencionar los problemas citados, el presidente y sus colaboradores decidieron seguir adelante.

El alcance de la reforma constitucional

Legalmente, la iniciativa de la reforma constitucional partió del presidente, quien impulsó su estrategia con un Consejo Presidencial para la Reforma de la Constitución. Este Consejo, encabezado por la presidenta de la Asamblea Nacional e integrado por representantes de los distintos poderes públicos, trabajó con “estricta confidencialidad” según sus directrices. El 15 de agosto, Chávez presentó un Anteproyecto de Reforma Constitucional, que modificaba 33 artículos de una Constitución de 350. El 2 de noviembre, la Asamblea Nacional sancionó un proyecto de reforma al que había incorporado cambios en otros 36 artículos no contemplados en la propuesta original. En total, se someterían a votación 69 artículos más 15 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una final. Inicialmente, los asambleístas decidieron que la reforma se votaría en un solo bloque pero posteriormente, a instancias del presidente, que hizo un buen uso de su intuición política, la reforma sometida a referéndum se dividió en dos bloques: uno con la propuesta presidencial más 13 artículos relacionados; en el otro, el resto de los artículos, que comprendían un tercio del proyecto (mientras las disposiciones transitorias, derogatoria y final eran incluidas en la pregunta para ambos bloques). La fecha de celebración del referéndum se fijó para el 2 de diciembre. La confección del proyecto de reforma transcurrió sin mayores contratiempos para el oficialismo, dado su control de la Asamblea Nacional –sólo el partido socialdemócrata Podemos salvó su voto al considerar inconstitucional el procedimiento utilizado–. El carácter controlado y oligárquico del proceso alejó la propuesta de los ciudadanos, ya que tuvo poca trascendencia el denominado “parlamentarismo de calle” (discusión en asambleas populares). Se pusieron así de manifiesto, una vez más, las serias deficiencias de la democracia “participativa y protagónica” tan pregonada por el oficialismo.

En torno al proyecto de reforma, al menos dos aspectos merecen atención. El primero es la idoneidad del procedimiento constitucional. La Constitución es clara en que el mecanismo de reforma procede sólo en los casos de revisión parcial que no supongan una modificación de su estructura y principios. Por tanto, como la reforma pretendía una profunda transformación del Estado y sentar las bases de un orden socialista (el proyecto alude a una “Democracia socialista”, “Estado socialista” y “Economía socialista”), lo adecuado hubiese sido convocar una Asamblea Constituyente. Pero los defensores del proyecto no la consideraron oportuna a pesar de su carácter más democrático. En segundo lugar, conviene examinar algunos temas del proyecto para entender la magnitud de los cambios. En conjunto, la propuesta combinaba mejoras en algunos aspectos con retrocesos en otros. El texto es poco claro y falto de concreción en cuestiones importantes. Quizá lo acelerado del proceso y falta de madurez sobre ciertas cuestiones expliquen las carencias en su técnica jurídica.En lo político, se ampliaba el mandato presidencial de seis a siete años. Además, y esto fue objeto de polémica dentro y fuera del país, se permitía la reelección indefinida frente a la vigente reelección inmediata por una sola vez. Esta modificación, sólo aplicable a la presidencia, al excluir a gobernadores y alcaldes, iba acompañada de mayores poderes para el presidente. Entre otros, la facultad de crear o suprimir distintas unidades territoriales (provincias federales, territorios federales, regiones marítimas, distritos funcionales, regiones estratégicas de defensa, etc) así como nombrar y cesar a sus autoridades, nombrar varios vicepresidentes o la promoción de los oficiales de todos los grados y jerarquías de la Fuerza Armada Bolivariana (FAB, nombre que sustituiría al actual, Fuerza Armada Nacional). La concepción de ésta como un cuerpo “patriótico, popular y antiimperialista”, el papel que se le asignaba y la creación de una Milicia Nacional como un componente militar, unido a la sujeción de la FAB al presidente, constituía al entender de muchos un serio riesgo de militarización del país, algo que en la actualidad sólo se observa en parte del Estado.

El segundo eje era la creación del “poder popular” dentro de un nuevo esquema de organización político-territorial del poder, que tenía en la ciudad su unidad política primaria, integrada por comunas (células sociales del territorio) conformadas a su vez por comunidades, constituyendo cada una de éstas el núcleo territorial básico del Estado Socialista Venezolano (art. 16 de la propuesta). Dicho poder popular no surgía de “sufragio ni de elección alguna” sino de “la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”. Se expresa, además, a partir de la constitución de comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, mediante los consejos comunales y otros consejos sectoriales (trabajadores, estudiantes, campesinos, artesanos, etc) (art. 136). La consideración del poder popular como un poder público territorial más, iba de la mano del debilitamiento competencial de los estados. Incluso el espíritu descentralizador pierde terreno al desaparecer el Consejo Federal de Gobierno (no activado hasta la fecha) y crearse el Consejo Nacional de Gobierno, de carácter no permanente (art. 185). El texto no apuntaba en la dirección de un esquema federal al uso, sino a la transferencia de poderes a los municipios y comunidades, en principio muy dependientes política y financieramente del Poder Nacional, que también es reforzado.Adicionalmente, se propugnaba la creación de una economía socialista, recurriéndose al fomento de empresas y unidades económicas en las que tienen prioridad las comunidades y el Estado frente a la iniciativa privada, que pasa a jugar un papel secundario. Además, se prohíben los monopolios y se establecen cinco tipos de propiedades: pública, social, colectiva, mixta y privada. No se confisca por tanto esta última, aunque el tema generó mucha polémica y una campaña mediática considerable, pero no parece una distinción afortunada. Por otro lado, para otorgar más margen de maniobra al Ejecutivo en la construcción de ese hipotético Estado socialista, el Banco Central de Venezuela perdía su autonomía frente a aquél (art. 318).

Quizá sea en el campo social donde se advierta más el deseo de mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, pero a la vez no puede obviarse que algunos temas incluidos eran parte de una estrategia política para que se aceptaran los aspectos más polémicos de la reforma. Así, se constitucionalizaban las “misiones sociales”, en parte algo cuestionable porque vendría a reconocer la incapacidad del Estado para ir más lejos en la institucionalización de un Estado de bienestar, además de las dificultades en términos de gestión y rendición de cuentas puestas de manifiesto en estos años. Asimismo, se contemplaba la seguridad social (fondo social) para los trabajadores por cuenta propia, y se reducía la jornada laboral de ocho a seis horas.También se abordaban otras cuestiones, imposibles de resumir aquí, algunas con impacto positivo, como la eliminación de los latifundios. Otras, al contrario, suponían un claro retroceso. Así sucedía con aspectos de la democracia participativa presentados como una búsqueda de mayor participación: se incrementaban los porcentajes de firmas para convocar una Asamblea Constituyente o activar el mecanismo del referéndum revocatorio de cargos públicos, entre otros. Por último, la eliminación de los lapsos de duración de los estados de excepción (“durarán mientras se mantengan las causas que lo motivaron”), la suspensión temporal de las garantías constitucionales salvo algunas básicas y cambios en los derechos que quedaban fuera de esas garantías, como el derecho al debido proceso y el derecho a la información contemplados en la actual Constitución, eran muy polémicos. Quizá los proponentes tuviesen más en cuenta todos los acontecimientos en torno al golpe de Estado de 2002 que una concepción avanzada de los derechos humanos.

Campaña y condiciones electorales

La campaña fue corta, apenas un mes, en comparación con acontecimientos electorales anteriores. El agravamiento de las tensiones y conflictos durante el último año se dejó sentir de modo que los dos bloques, a favor y en contra de la reforma, desarrollaron sus tareas proselitistas en un contexto polarizado, con algunos hechos de violencia. Varias cuestiones son destacables. Primero, no se produjo un verdadero debate sobre el proyecto y sus consecuencias. La campaña giró más en torno a una presentación simple del modelo de sociedad en juego, algunas denuncias a ciertas reformas, recurriéndose frecuentemente a una lectura distorsionada de las mismas. Los oficialistas, en una primera etapa, destacaron los aspectos más atractivos para los sectores populares en el marco de un modelo socialista más democrático y generador de mayor bienestar. El avance del mensaje opositor unido a la indiferencia de muchos chavistas –cuando no oposición a ciertos artículos de la reforma– obligó al oficialismo a modificar su estrategia avanzada la campaña y convertir el referéndum en un plebiscito sobre el presidente. Chávez lo dijo bien claro: “el que vote ‘No’ está votando en mi contra”. Éste incluso recurrió a temas de política internacional (enfrentamientos con EEUU y Colombia, y el encontronazo con España) para cohesionar a los suyos, exhibiendo un tono muy agresivo y amenazador. Por su parte, los sectores de oposición enfatizaron la creación de un socialismo autoritario (totalitario) de corte militarista. Además, hicieron frecuentes referencias a la extraordinaria concentración de poder en manos de Chávez, la supresión de la alternancia en el gobierno o la profundización del control estatal de la sociedad. Pero más allá de las denuncias, algunos sectores opositores desplegaron consignas para provocar miedo entre la población en torno a cuestiones como la propiedad privada, la reelección indefinida o la patria potestad de los menores.En segundo lugar, son importantes las novedades o cambios en ambos bloques sobre el pasado más reciente. En el caso del oficialismo, se resquebrajó la unidad ante las discrepancias respecto a lo timorata o profunda que era la reforma. Algunos grupos de izquierda radical se posicionaron en contra. También el partido Podemos y algunas personalidades, como el ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, compañero de armas de Chávez y uno de sus principales valedores en el fallido golpe de Estado de 2002. Incluso trascendió que algunos gobernadores y alcaldes jugaban al fracaso de la reforma, y también miembros de juntas parroquiales (desaparecían con la reforma). A dicha desunión se sumó una mala coordinación entre los principales partidos que respaldaban al presidente. Tampoco el Comando Zamora supo dirigir la campaña con energía y eficacia: la maquinaria no funcionó a pleno rendimiento para movilizar electores, en parte como consecuencia de la adolescencia del PSUV, poco anclado socialmente, pero también por la nula receptividad a las críticas provenientes de sus filas, los errores en la “venta” de la reforma y la escasa capacidad para responder a la campaña opositora. Por su parte, la oposición utilizó en los últimos meses, y según la coyuntura, distintas armas político-legales para enfrentarse a la propuesta de reforma constitucional: solicitar el aplazamiento del referéndum, reclamar su suspensión y votar artículo por artículo. Al final, ante el convencimiento de que no había vuelta atrás, y como las estrategias abstencionistas habían dado tan malos resultados en el pasado, la mayoría de las fuerzas opositoras se unieron para respaldar el “No” y sólo la oposición radical minoritaria defendió la abstención. A dicha acción unitaria contribuyó el vasto movimiento universitario estudiantil opuesto a la reforma, como pudo haber contribuido la Conferencia Episcopal Venezolana, enfrentada con el régimen, por sus comunicados políticos.

Otro aspecto relevante de la campaña fue el desequilibrio informativo de los medios de comunicación a favor y en contra, según fuesen públicos o privados. Según algunos estudios, como el realizado conjuntamente por la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Göteborg, la parcialidad fue más acusada en el caso de las televisiones públicas de ámbito nacional. El ventajismo oficial también se puso de manifiesto. Como en ocasiones anteriores, abundaron las acusaciones sobre la utilización de recursos públicos para que los empleados públicos asistieran a las marchas y concentraciones del oficialismo. Incluso se denunciaron presiones y amenazas de Ministerios, gobernaciones, alcaldías e institutos autónomos para que dichos trabajadores asistiesen a los actos políticos programados.

A los temas propios de la campaña habría que añadir las condiciones electorales, ya que han sido fuente de conflictos en los últimos años y han incidido de modo muy directo en la desmovilización de amplios sectores del electorado. Las denuncias sobre la parcialidad del CNE y la falta de transparencia del sistema electoral han sido constantes en los últimos años por parte de la oposición. Si bien no existe evidencia empírica sobre fraude hasta la fecha, es cierto que, como varias organizaciones han mostrado, existen ciertos problemas y déficit en torno a la administración y el funcionamiento del sistema electoral. El Registro Electoral sigue siendo un tema muy sensible. No obstante, los esfuerzos del organismo electoral para garantizar el secreto del voto, la seguridad y la confiabilidad del sistema han sido manifiestos a partir de las elecciones presidenciales de 2006. En esta ocasión era más fácil garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral automatizado puesto que no concurrían candidatos. Sobre el tema de las condiciones electorales es importante subrayar que la mayor parte de la oposición fue pragmática, no se enredó en una campaña de denuncias que poco contribuía a sus objetivos y que desmovilizaba a los suyos. Por otro lado, la preparación técnica del acontecimiento transcurrió con normalidad y las auditorías al sistema de votación contaron con el visto bueno de los técnicos pertenecientes a ambos bloques. No hubo presencia de misiones técnicas de observación de la OEA y la UE, pero sí observadores internacionales invitados por organizaciones políticas y el CNE. A ellos se sumaron ONG nacionales –como Ojo Electoral– y miles de testigos en los centros de votación acreditados por los respectivos bloques.

Los resultados

El “No” se impuso por un estrecho margen en cada uno de los dos bloques de la reforma (1,31% y 2,02%, respectivamente), cifras inferiores a las que pronosticaban la mayoría de las encuestas. Según datos del CNE (94% del total de las actas), en la primera opción el “No” obtuvo 4.521.494 votos (50,65%) mientras que el “Sí” consiguió el apoyo de 4.404.626 electores (49,34%). En el segundo bloque, 4.539.707 (51,01%) se decantaron por el “No” y 4.360.014 (48,99%) votaron “Sí”. La abstención en ambos casos fue muy similar, cercana al 44%. El “Sí” triunfó en 15 estados y el “No” en ocho (en nueve en el caso del Bloque B), además del Distrito Capital. En Carabobo, Miranda y Zulia, tres de los cuatro estados más importantes –el otro es Aragua– los electores rechazaron la reforma. Asimismo, en los municipios de la denominada Gran Caracas se impuso el “No”, como también lo hizo en algunas parroquias populares de la capital.Inevitablemente, surgen las comparaciones con los resultados de las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, cuando Chávez logró 7.300.988 votos y el candidato de la oposición, Rosales, 4.287.467. La oposición no incrementó significativamente sus niveles de apoyo habituales, aunque en esta ocasión confluyeron factores como la revitalización del movimiento opositor por parte de los estudiantes universitarios, la estrategia unitaria y una campaña efectiva. También es probable que un pequeño porcentaje de chavistas votaran “No” por su descontento con la situación o el rechazo a algunos temas propuestos en la reforma. Respecto al oficialismo, en esta ocasión arrastró a las urnas a casi tres millones menos de votantes. Explicar qué sucedió no resulta fácil, y menos sin el apoyo de encuestas post-referéndum. No obstante, pueden aventurarse algunas hipótesis. En primer lugar, es probable que muchos seguidores del presidente no entendieran bien el sentido de la reforma y no quisieran darle carta blanca. Incluso algunos la asociaban con el empeoramiento de sus condiciones de vida, cosa que no había ocurrido en las elecciones presidenciales (ahí el factor miedo, hábilmente manejado por la oposición, pudo jugar un papel importante). Asimismo, no puede descartarse que parte del comportamiento abstencionista obedeciese al rechazo de los artículos más polémicos, en algunos casos quizá por la confusión existente en torno a ellos, real o inducida. Otra razón importante pudo ser el descontento con la gestión de gobierno, en los distintos niveles territoriales, si bien a tenor de los resultados en estados como Amazonas, Portuguesa o Trujillo no parece que este efecto hubiese sido tan pronunciado. A lo anterior se suma un proceso de elaboración de la reforma que concitó muchos rechazos y pudo incidir en la falta de compromiso y desmovilización de ciertos sectores. Además, la ausencia de una buena campaña de divulgación impidió que el texto propuesto fuese más y mejor conocido en tan breve lapso de tiempo. Por último, destacan los errores ya indicados cometidos por el oficialismo durante la campaña. No cabe duda de que sobreestimó el liderazgo de Chávez y que éste no convenció a muchos al querer convertir el referéndum en un plebiscito.

Conclusiones:

Es posible que no existan condiciones para la implantación de un modelo socialista debido al fuerte arraigo social de los valores y principios de la democracia liberal y del capitalismo, aunque no pueda pasarse por alto que un porcentaje significativo del electorado lo apoye, en un país en el que la izquierda radical siempre fue muy minoritaria. Tampoco los ciudadanos parecen dispuestos a afianzar con la reelección indefinida un liderazgo carismático que garantice la continuidad del proceso, algo que genera mucha inquietud entre sus colaboradores y seguidores. Si bien muchos ciudadanos que apoyan a Chávez se quedaron en casa el 2 de diciembre, no puede colegirse de ello, en todos los casos, una adhesión ideológica a un proyecto encabezado por un presidente que refrendaría su liderazgo periódicamente en las urnas. Al margen de otros factores ya señalados, conviene no olvidar que muchos votantes han establecido una relación utilitaria con el régimen, cimentada en políticas incluyentes y una expectativa de mejora en sus condiciones de vida –lo que también ocurrió en el pasado con otros gobiernos–. Es posible que esta relación se haya debilitado en el último año ante el empeoramiento de algunos problemas, especialmente sentidos por los sectores populares. Parte del resultado puede interpretarse como un serio aviso a los gestores públicos. Están con el presidente, pero desconfían de sus colaboradores. Los chavistas se precipitaron, no supieron evaluar bien la situación ni utilizar la estrategia adecuada. Quizá las prisas por asegurar la reelección continua expliquen buena parte de sus errores.

La primera derrota de Chávez en sus nueve años en el poder muestra los límites de un proyecto fundamentado en su liderazgo. Es prematuro afirmar que estemos en presencia de su declive y del agotamiento de la denominada Revolución Bolivariana, pero sin duda los resultados obligarán a los oficialistas a reevaluar su estrategia. No parece probable que el presidente pueda seguir manejando durante mucho tiempo su proyecto más sobre expectativas que sobre realidades. Pero la resolución de los problemas del ciudadano común estaría muy sujeta a la vía que el oficialismo elija para impulsar los cambios. Es manifiesto que los sectores más radicales están convencidos de las bondades del proyecto socialista impulsado por el comandante. Y no es de extrañar que intenten recurrir a otro mecanismo para sacar adelante lo fundamental de la reforma, incluyendo su reelección. A menos que se desnaturalizara el espíritu de la Constitución, ello no sería factible sino mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que no pareciera entrar a corto plazo en los planes. Este primer escenario sería muy arriesgado ya que podría abrir una etapa de mayor conflictividad, de consecuencias impredecibles.

En un escenario menos extremo, el presidente, que todavía goza de una elevada popularidad, concentra muchos poderes y dispone de cuantiosos ingresos, optaría por aprobar parte de la fallida reforma con otros instrumentos contemplados en la Constitución (enmiendas, Ley Habilitante, etc). Aspectos como su continuidad en el poder más allá del actual período quedarían descartados en este supuesto, lo que tendría unas repercusiones difíciles de evaluar en este momento debido a la incertidumbre de la situación. Parece claro, sin embargo, que también tendría que dedicar energías a resolver problemas apremiantes para los sectores populares, so pena de perder muchos apoyos en futuras contiendas electorales. Quizá en este caso los conflictos con la oposición se mantendrían, acaso más atemperados. Por otro lado, el hecho de que Chávez sólo se mantuviera en el poder hasta 2012 afectaría a su política de alianzas y proyectos internacionales.

Una tercera posibilidad es que el presidente y sus colaboradores inmediatos entiendan el mensaje enviado por la mayoría de los venezolanos, que rechazan la violencia y son partidarios del diálogo. Tendría así la posibilidad de comprobar la fiabilidad de la oposición, que tras el referéndum se ha mostrado conciliadora y dispuesta a negociar algunas medidas. Este escenario parece hoy improbable dada la polarización y el deseo del oficialismo de imponer su proyecto aún cuando tenga que adecuarlo al veredicto de las urnas. En todo caso, y con carácter general, a menos que surjan en breve tiempo nuevos actores políticos a partir de los desarrollos recientes, parece que el juego entre ambos sectores será en dos niveles. En uno, los conflictos serían comunes y continuos sobre la naturaleza del régimen y ciertas políticas; en otro, el plano electoral, desarrollarían estrategias para mantener o ganar espacios de poder en las elecciones locales y de gobernadores de 2008.

En suma, la situación es de una complejidad notable y muy sujeta a imponderables, como una caída significativa de los precios del petróleo, que de forma inmediata se haría sentir, o que la reconversión monetaria de principios de 2008 tuviese unas desastrosas consecuencias. A corto plazo, en todo caso, es claro que se producirán reacomodos en cada uno de los bloques, aunque no parece que las tensiones y conflictos de los últimos años vayan a disminuir. No obstante, algunas transformaciones aparecidas en los últimos meses podrían contribuir a aliviarlos.

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