Foro en San Lázaro, con pocos participantes ya que varios conferencistas enviaron su texto.
Durante el foro de análisis de la Reforma Judicial celebrado en San Lázaro y convocado por el grupo parlamentario del PRD, el diputado José Antonio Almazán González destacó que la reforma es ilegal(Sic) e inconstitucional. y que "es rechazado por un sector amplio de organizaciones a nivel nacional e internacional".
E tanto, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Emilio Álvarez Icaza, quien mando su texto, indica que desde la perspectiva de los derechos humanos la Reforma debe ser elaborada “con extremo cuidado”. Hizo un llamado a que en la reforma se considere que la seguridad y los derechos humanos constituyen la base del derecho, “vemos que la procuración, administración e impartición de justicia exigen una reforma integral”.
El texto de Álvarez Icaza, subraya que de enero a julio de 2007 se tuvo la cifra de 168 policías y 19 militares asesinados contra mil 83 muertes de civiles, lo que significa una ausencia de un esquema de seguridad pública que procure la defensa integral de derechos humanos.
Manifestó que es baja la confianza de la ciudadanía en las autoridades como los policías judiciales o ministeriales, ya que de una escala de cero a diez, obtuvieron un ocho punto 98.
En tanto, la diputada Aleida Alavez Ruiz, dejó un documento para su exposición donde refiere que, de aprobarse la reforma anularía las garantías constitucionales proclamadas en la Carta Magna y legalizarían el estado autoritario en el país.
La legisladora hace hincapié en que la Reforma Judicial que prevén aprobar constituiría un sistema tiránico que avasallaría a los ciudadanos sin que puedan defenderse, sería la creación de un estado policiaco, cita el texto.
En su oportunidad, la senadora Rosario Ibarra de Piedra, confió en que “el pueblo debe saber leer, para decidir y ayudar a resolver a quienes estamos desesperados con esta situación”.
Advirtió que habría la necesidad de recabar más de un millón de firmas para detener lo “que nos quieren hacer, solo podemos rescatar con la fuerza del pueblo”.
En tanto, el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres mando su texto al foro para ser leído en el transcurso de las exposiciones. “La derecha contra los derechos humanos”, título del escrito de Martí Batres, asegura que la derecha “domina en los tres órdenes de gobierno y promueve la desigualdad en lo social y promueve el autoritarismo en la política”.
Martí Batres, hace énfasis en que los cateos sin orden de aprensión son reformas que contravienen las garantías constitucionales violando los tratados internacionales signados por el país en materia de derechos humanos.
Manifestó que es baja la confianza de la ciudadanía en las autoridades como los policías judiciales o ministeriales, ya que de una escala de cero a diez, obtuvieron un ocho punto 98.
En tanto, la diputada Aleida Alavez Ruiz, dejó un documento para su exposición donde refiere que, de aprobarse la reforma anularía las garantías constitucionales proclamadas en la Carta Magna y legalizarían el estado autoritario en el país.
La legisladora hace hincapié en que la Reforma Judicial que prevén aprobar constituiría un sistema tiránico que avasallaría a los ciudadanos sin que puedan defenderse, sería la creación de un estado policiaco, cita el texto.
En su oportunidad, la senadora Rosario Ibarra de Piedra, confió en que “el pueblo debe saber leer, para decidir y ayudar a resolver a quienes estamos desesperados con esta situación”.
Advirtió que habría la necesidad de recabar más de un millón de firmas para detener lo “que nos quieren hacer, solo podemos rescatar con la fuerza del pueblo”.
En tanto, el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres mando su texto al foro para ser leído en el transcurso de las exposiciones. “La derecha contra los derechos humanos”, título del escrito de Martí Batres, asegura que la derecha “domina en los tres órdenes de gobierno y promueve la desigualdad en lo social y promueve el autoritarismo en la política”.
Martí Batres, hace énfasis en que los cateos sin orden de aprensión son reformas que contravienen las garantías constitucionales violando los tratados internacionales signados por el país en materia de derechos humanos.
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