Columna Jaque Mate/Sergio Sarmiento
El inquisidor (pequeño)
La injusticia cometida contra uno solo es una amenaza contra todos". Montesquieu
El capitán Luis de la Barreda Moreno, quien ocupó diversos cargos en la extinta Dirección Federal de Seguridad, fue perseguido de manera tenaz por el fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, en el sexenio de Vicente Fox. Al final perdió los 10 casos que inició contra este hombre, quien al comenzar los procesos contaba con casi 80 años de edad.Jurídicamente, el trabajo del fiscal fue un fracaso y su gestión quedó marcada por dudas sobre su honestidad personal y su capacidad profesional. Pero aunque la perversidad de su persecución no logró ese fallo de culpabilidad que tanto anhelaba, sí obtuvo la ejecución extrajudicial de un anciano. El capitán de la Barreda Moreno sufrió, mientras estaba prófugo, en 2006, un triple infarto y enfrentó convaleciente los últimos casos en su contra. Falleció finalmente en junio de este 2008.
El doctor Luis de la Barreda Solórzano, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actualmente director general del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), ofrece hoy un volumen, El pequeño inquisidor: crónica de una infamia (Océano), que es no sólo una narración absorbente de la cacería emprendida por Carrillo Prieto sino un entrañable homenaje a su padre.
En sus acusaciones, el fiscal Carrillo Prieto desechó cualquier indicio de inocencia, inventó hechos inexistentes e hizo inferencias sin sustento. Responsabilizó sin pruebas al capitán de la Barreda Moreno de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, el hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra. Afirmó que el funcionario había planeado y dirigido personalmente la represión del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, a pesar de que ese día se encontraba hospitalizado tras una intervención quirúrgica. Lo señaló, nuevamente sin pruebas, como responsable del ataque de Los Halcones a una manifestación estudiantil el 10 de junio de 1971.Una tras otra las acusaciones cayeron por tierra. Incluso en un sistema de justicia tan viciado como el mexicano era imposible que fructificaran. Pero el fiscal presentaba siempre una nueva acusación cuando se desmoronaba la anterior.
Uno podría pensar que la izquierda mexicana, aquella que sufrió las persecuciones del Estado en los años sesenta y setenta, se habría inconformado con la actuación de un inquisidor como peste. Pero no. Una izquierda vieja, con aspiraciones autoritarias, exige venganza contra hechos reprobables de represión, sin preocuparse de si los nuevos perseguidos son culpables o inocentes.Si bien un digno Luis González de Alba, ex dirigente del movimiento estudiantil de 1968, renunció al Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía cuando éste organizó un homenaje a la Liga 23 de Septiembre, que mató a policías y secuestró a empresarios, como Eugenio Garza Sada, un grupo de intelectuales y políticos, supuestamente de izquierda o independientes, firmaron un desplegado en 2004 respaldando al fiscal y exigiendo la detención de Luis de la Barreda. Cuando surgieron voces que recordaron que en los años setenta, cuando Jesús Reyes Heroles era secretario de Gobernación, se concedió una amnistía a todos los guerrilleros y presos políticos, el perredista Pablo Gómez declaró: "Las amnistías son para los rebeldes, no para los criminales de Estado".¿Por qué la saña contra el capitán de la Barreda, a pesar de que no había una sola prueba que sustentara las acusaciones? El doctor de la Barreda Solórzano cita al ex guerrillero Gustavo Hirales, quien en una conversación le dijo: "Está claro que es porque en el PRD les ardió mucho que exhibieras a Samuel del Villar, uno de los santones del partido, y la manera de vengarse de ti es señalando a tu padre como represor".
Del Villar fue procurador de Justicia del Distrito Federal durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Irritado por las críticas -injustas- que se hicieron a ese gobierno tras el asesinato del conductor de televisión Paco Stanley, del Villar montó una acusación falsa -sustentada en un testigo primero comprado y después presionado para mantener su testimonio- en contra de una joven edecán llamada Paola Durante.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, encabezada entonces por el doctor de la Barreda Solórzano, emitió una dura y contundente recomendación que exigía el retiro de los cargos en contra de la joven. Del Villar se negó a hacerlo, aun cuando al final los tribunales decretaron la inocencia de Paola y sus coacusados.
Hoy el doctor De la Barreda Solórzano ofrece en este pequeño volumen un recuento absorbente de la injusta persecución de Carrillo Prieto contra su padre. Pero lo que mayor huella me ha dejado del libro es la imagen de ese hombre a quien nunca conocí, el capitán de la Barreda Moreno, quien cumplió cabalmente con su trabajo y se jubiló en la modesta medianía de un servidor público honrado... hasta que un pequeño inquisidor lo persiguió hasta la muerte. Consignar sin pruebas César Augusto Osorio y Nieto fue destituido como investigador de los hechos del 2 de octubre de 1968 en la fiscalía especial de Carrillo Prieto porque, según dijo, se negó a obedecer una orden del fiscal de que incluyera en el pliego de consignación a 25 personas sin tener pruebas para ello. Osorio presentó una denuncia contra el entonces fiscal, la cual fue desechada por la PGR en junio de este 2008.
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