Columna PLAZA PÚBLICA/ Miguel Angel Granados Chapa,
Operación Limpieza
Publicado en Reforma, 29 Oct/2008;
Publicado en Reforma, 29 Oct/2008;
El proceso a los funcionarios de la PGR que se vendieron al enemigo no puede prescindir de la información que sobre la conducta de los infidentes tengan los ex subprocuradores Santiago Vasconcelos y Ramírez Mandujano, que fueron sus jefes durante muchos años
Asegura el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos que durante su estancia al frente de la SIEDO "implementó una vigilancia extrema a sus subordinados con información de Inteligencia Militar y de la DEA para evitar la infiltración del narco" (Reforma, 28 de octubre). Y sin embargo no reparó en la creciente fortuna de Miguel Colorado González, coordinador general técnico de dicha Subprocuraduría, próximo a él en la escala jerárquica, quien sin embozo expresaba en sus declaraciones patrimoniales sus compras de automóviles lujosos, inmuebles bien situados y ahorros que saltaron de 90 mil pesos en 2004 a un millón 200 mil pesos al año siguiente.
Colorado González está ahora preso en el penal de alta seguridad de occidente, en Puente Grande, Jalisco. Estuvo sujeto a arraigo desde el comienzo de agosto y puede ser extraditado a Estados Unidos, pues la justicia norteamericana lo ha requerido para que responda a cargos que se formalizaron el jueves pasado, en que el funcionario pasó en México del arraigo a la prisión. Siguió la misma suerte su subordinado Fernando Rivera Hernández, director general adjunto en la coordinación que encabezaba Colorado González. También están presos en el penal jalisciense dos miembros de la Agencia Federal de Investigación, uno más está arraigado y dos se hallan prófugos. Se les acusa de recibir copiosas cantidades de dinero a cambio de información entregada a la banda de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva. Fueron señalados por autoridades norteamericanas que en éste como en otros casos se anticiparon a eventuales acusaciones mexicanas.
El propio procurador Eduardo Medina Mora informó de la conversión de esos funcionarios en delincuentes. La incluyó en la presentación de una Operación Limpieza de que forma parte la separación de sus cargos de 35 agentes del Ministerio Público adscritos a la SIEDO. En la conferencia de prensa respectiva fue inevitable que se le preguntara sobre la actitud de los titulares de esa Subprocuraduría en cuya gestión sus colaboradores se vendieron al enemigo. Sin eludir la interrogación Medina Mora no la respondió, diciendo sólo que se habían formulado cargos contra aquellos respecto de los cuales había evidencia de su conducta delictiva.
Los sucesivos jefes de los funcionarios recluidos en Jalisco dejaron de ser subprocuradores casi simultáneamente con el comienzo del arraigo de Colorado González y Rivera Hernández, este último ex militar formado ex profeso para combatir a los delincuentes de los que a la postre se hizo cómplice. Se dijo entonces que su salida obedecía a un proyecto de reestructuración de la Procuraduría General de la República, aunque se barruntaba que se les despidió para mejorar la imagen de la PGR, exhibida para mal en una reunión del gabinete de seguridad en que el secretario Genaro García Luna y el procurador Medina Mora se enfrentaron con acritud. A la luz de la información reciente podemos preguntarnos si la remoción de Santiago Vasconcelos y Ramírez Mandujano estuvo relacionada con la moción norteamericana que dio lugar a la Operación Limpieza. Acaso se precisaba que estuvieran fuera de la PGR para llevar adelante las pesquisas sobre sus colaboradores.
Santiago Vasconcelos fue designado subprocurador a cargo de la SIEDO por el general procurador general Rafael Macedo de la Concha y se mantuvo en el cargo bajo Daniel Cabeza de Vaca. Había ingresado a la Procuraduría federal en 1993, y al concluir el gobierno de Fox permaneció en ella, trasladado a la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales. Ahí causó baja el 3 de agosto y durante tres semanas quedó al margen de la actividad pública, hasta que se le encargó una responsabilidad menor y pasajera, la secretaría técnica para la implantación de la reforma de seguridad aprobada en junio anterior.
Ramírez Mandujano, a su turno, sustituyó a Santiago Vasconcelos en la SIEDO en enero de 2007, y se marchó de ella el 4 de agosto pasado. A diferencia de su antecesor, no quedó ni un día en el limbo, pues junto con la de su despido se dio noticia de su nueva encomienda: la representación de la PGR en la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, con sede en Viena.
Preguntar sobre la actitud y las acciones de los subprocuradores ante la ahora sabida corrupción de sus subordinados no implica en modo alguno ni la más tenue insinuación de que estuvieran coludidos con ellos. Eso se sabría sólo al cabo de una pesquisa que es inevitable pero de la que pueden salir exonerados. No se les puede condonar, en cambio, la falta de controles que hizo posible que de oficinas a su cargo brotara durante años información valiosísima para los narcotraficantes que pagaban con gran liberalidad a sus compinches. Como dijo Medina Mora, "esta investigación aún no concluye y es necesario seguir más líneas de trabajo... y conocer más ramificaciones y limpiar de tajo (quizá quiso decir cortar) cualquier manifestación de tolerancia a la corrupción vinculada a la delincuencia organizada".
Además de indagar la conducta de las personas, se revisarán los sistemas de control en la SIEDO, ahora a cargo de una mujer, la maestra Marisela Morales, a quien el procurador "ordenó realizar nuevos y más rigurosos exámenes de control de confianza a todo el personal de la SIEDO". Convendrá saber si los acusados de hoy aprobaron esos exámenes en su tiempo o se les eximió de sujetarse a ellos. No basta sólo mejorar los procedimientos sino aplicarlos sin excepción.
Asegura el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos que durante su estancia al frente de la SIEDO "implementó una vigilancia extrema a sus subordinados con información de Inteligencia Militar y de la DEA para evitar la infiltración del narco" (Reforma, 28 de octubre). Y sin embargo no reparó en la creciente fortuna de Miguel Colorado González, coordinador general técnico de dicha Subprocuraduría, próximo a él en la escala jerárquica, quien sin embozo expresaba en sus declaraciones patrimoniales sus compras de automóviles lujosos, inmuebles bien situados y ahorros que saltaron de 90 mil pesos en 2004 a un millón 200 mil pesos al año siguiente.
Colorado González está ahora preso en el penal de alta seguridad de occidente, en Puente Grande, Jalisco. Estuvo sujeto a arraigo desde el comienzo de agosto y puede ser extraditado a Estados Unidos, pues la justicia norteamericana lo ha requerido para que responda a cargos que se formalizaron el jueves pasado, en que el funcionario pasó en México del arraigo a la prisión. Siguió la misma suerte su subordinado Fernando Rivera Hernández, director general adjunto en la coordinación que encabezaba Colorado González. También están presos en el penal jalisciense dos miembros de la Agencia Federal de Investigación, uno más está arraigado y dos se hallan prófugos. Se les acusa de recibir copiosas cantidades de dinero a cambio de información entregada a la banda de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva. Fueron señalados por autoridades norteamericanas que en éste como en otros casos se anticiparon a eventuales acusaciones mexicanas.
El propio procurador Eduardo Medina Mora informó de la conversión de esos funcionarios en delincuentes. La incluyó en la presentación de una Operación Limpieza de que forma parte la separación de sus cargos de 35 agentes del Ministerio Público adscritos a la SIEDO. En la conferencia de prensa respectiva fue inevitable que se le preguntara sobre la actitud de los titulares de esa Subprocuraduría en cuya gestión sus colaboradores se vendieron al enemigo. Sin eludir la interrogación Medina Mora no la respondió, diciendo sólo que se habían formulado cargos contra aquellos respecto de los cuales había evidencia de su conducta delictiva.
Los sucesivos jefes de los funcionarios recluidos en Jalisco dejaron de ser subprocuradores casi simultáneamente con el comienzo del arraigo de Colorado González y Rivera Hernández, este último ex militar formado ex profeso para combatir a los delincuentes de los que a la postre se hizo cómplice. Se dijo entonces que su salida obedecía a un proyecto de reestructuración de la Procuraduría General de la República, aunque se barruntaba que se les despidió para mejorar la imagen de la PGR, exhibida para mal en una reunión del gabinete de seguridad en que el secretario Genaro García Luna y el procurador Medina Mora se enfrentaron con acritud. A la luz de la información reciente podemos preguntarnos si la remoción de Santiago Vasconcelos y Ramírez Mandujano estuvo relacionada con la moción norteamericana que dio lugar a la Operación Limpieza. Acaso se precisaba que estuvieran fuera de la PGR para llevar adelante las pesquisas sobre sus colaboradores.
Santiago Vasconcelos fue designado subprocurador a cargo de la SIEDO por el general procurador general Rafael Macedo de la Concha y se mantuvo en el cargo bajo Daniel Cabeza de Vaca. Había ingresado a la Procuraduría federal en 1993, y al concluir el gobierno de Fox permaneció en ella, trasladado a la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales. Ahí causó baja el 3 de agosto y durante tres semanas quedó al margen de la actividad pública, hasta que se le encargó una responsabilidad menor y pasajera, la secretaría técnica para la implantación de la reforma de seguridad aprobada en junio anterior.
Ramírez Mandujano, a su turno, sustituyó a Santiago Vasconcelos en la SIEDO en enero de 2007, y se marchó de ella el 4 de agosto pasado. A diferencia de su antecesor, no quedó ni un día en el limbo, pues junto con la de su despido se dio noticia de su nueva encomienda: la representación de la PGR en la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, con sede en Viena.
Preguntar sobre la actitud y las acciones de los subprocuradores ante la ahora sabida corrupción de sus subordinados no implica en modo alguno ni la más tenue insinuación de que estuvieran coludidos con ellos. Eso se sabría sólo al cabo de una pesquisa que es inevitable pero de la que pueden salir exonerados. No se les puede condonar, en cambio, la falta de controles que hizo posible que de oficinas a su cargo brotara durante años información valiosísima para los narcotraficantes que pagaban con gran liberalidad a sus compinches. Como dijo Medina Mora, "esta investigación aún no concluye y es necesario seguir más líneas de trabajo... y conocer más ramificaciones y limpiar de tajo (quizá quiso decir cortar) cualquier manifestación de tolerancia a la corrupción vinculada a la delincuencia organizada".
Además de indagar la conducta de las personas, se revisarán los sistemas de control en la SIEDO, ahora a cargo de una mujer, la maestra Marisela Morales, a quien el procurador "ordenó realizar nuevos y más rigurosos exámenes de control de confianza a todo el personal de la SIEDO". Convendrá saber si los acusados de hoy aprobaron esos exámenes en su tiempo o se les eximió de sujetarse a ellos. No basta sólo mejorar los procedimientos sino aplicarlos sin excepción.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario