Mouriño Atanes

Protección de Estado
Alejandro Gutiérrez, reportero
Revista Proceso (www.proceso.com.mx), 2 de noviembre de 2008;En una decisión inédita, la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo que dar marcha atrás a su estratagema para impedir que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) conociera documentos del gobierno español sobre una supuesta investigación por blanqueo de capitales en contra del empresario español Manuel Carlos Mouriño Atanes.
Para salir al paso del escándalo político, el pasado 30 de octubre la dependencia anunció que había recibido autorización del gobierno español para entregarle al IFAI la información que había solicitado este organismo.
El 23 de mayo último, Proceso pidió a la PGR (mediante la solicitud SISI 0001700077208) que le entregara copias de la respuesta que España había dado a una solicitud formulada por México en 2003 para conocer si el padre de Juan Camilo Mouriño, actual secretario de Gobernación, era investigado en España por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En ese año, el director general de Asuntos Policiales e Internacionales y de Interpol-México, Ricardo Gutiérrez Vargas, envió un fax a Carlos Miguel López Torres, agregado de la PGR para la Unión Europea y Suiza, en el que le pide "verificar con carácter de muy urgente si Manuel Carlos Mouriño Atanes es investigado en España por blanqueo de capitales, además de ser dueño de seis empresas en ese país" (Proceso 1547).
Secretismo
En su afán por que esa información permaneciera oculta, la PGR recurrió al juicio de amparo para que el IFAI no pudiera conocer los documentos. Por este motivo, en su sesión del pasado 29 de octubre, los comisionados del instituto lanzaron severas críticas contra la actitud secretista del gobierno. Incluso el comisionado presidente, Alonso Lujambio Irazábal, consideró la estrategia de la PGR como "una tontería del tamaño de una catedral", y la describió como "una chicanada".
Fue significativo que los cinco comisionados, incluido el presidente, fijaran una postura tan uniforme acerca de este caso, con argumentaciones jurídicas ampliamente fundamentadas, que pusieron al descubierto las maniobras de la PGR para blindar al papá del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
El mismo día hubo reacciones en el Senado y en la Cámara de Diputados. El senador priista Manlio Fabio Beltrones consideró que el amparo solicitado por la PGR era improcedente.
El senador del PRD Ricardo Monreal aseguró que la actuación de esa dependencia era ilegal, "porque al ampararse la PGR está protegiendo a familiares de funcionarios deshonestos, en vez de representar los intereses del Estado".
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, celebró que la procuraduría se desistiera del amparo. Dijo que era el principal interesado en que el caso se aclarara y aseguró que en México y España no hay ninguna investigación contra su padre.
La historia de Mouriño Atanes es parecida a la de muchos de sus compatriotas que en diversas épocas vinieron a "hacer la América". En Campeche construyó un emporio gasolinero y de transporte de combustible que se convirtió en el Grupo Energético del Sureste (GES), el cual también cuenta con una división de franquicias.
En 2000 regresó al puerto de Vigo, en España, donde estableció el Grupo Corporativo GES, constituido por cuatro fábricas, dos oficinas y dos locales de restauración. De acuerdo con información del Club Financiero Vigo, en México tiene 48 gasolineras, 58 locales, tiendas de conveniencia y franquicias, todas ellas con un total de mil 394 empleados.
Además, cuenta con una decena de empresas más, entre las que destaca el Grupo Gándara Censa, que preside desde el 17 de diciembre de 2004, según el folio 223 del libro 2615 del Registro Mercantil de España, uno de los cinco gigantes mundiales en la producción de calderas y componentes de acero de tamaño monumental para las ramas minera y metalúrgica, los sectores nuclear y naval, las industrias química y petroquímica, y para centrales hidráulicas de energía.
"Chicanadas"
En entrevista telefónica con Proceso el jueves 30 de octubre, Juan Pablo Guerrero dice sentirse "satisfecho por la reconsideración de la PGR que permite al IFAI cumplir su tarea y solventar la información". Manifiesta su confianza en que esta dependencia no vuelva a recurrir al amparo contra las resoluciones del instituto, pues "quedó claro que esa vía no sólo no tiene perspectiva jurídica favorable, sino que sentó un precedente que le generó significativos costos políticos".
Explica la diferencia entre el caso Mouriño Atanes y otros en que las dependencias gubernamentales han decidido ampararse contra acciones de la justicia federal. Dice que cuando se le pidió a la Secretaría de Hacienda información acerca de los fideicomisos públicos, media docena de funcionarios de la Subsecretaría de Egresos, excepto el subsecretario Carlos Hurtado, se ampararon para no cumplir la resolución.
Lo mismo ocurrió cuando el instituto solicitó copia de las actas de la junta de gobierno del IPAB y del Fobaproa. En esa ocasión también se ampararon varios servidores públicos, aunque en algunos juzgados les respondieron que sus solicitudes eran improcedentes porque en su calidad de funcionarios públicos estaban obligados a entregar la información solicitada.
"En estos dos casos los servidores públicos argumentaron que no entregaban la información porque si lo hacían podían incurrir en violación a la Ley de Instituciones de Crédito, y por ello ir a la cárcel."
Antes de recurrir al amparo, sólo un mes y medio después de la solicitud de este semanario, presentada el pasado 23 de mayo por Rogelio Flores, coordinador del banco de datos de este semanario, la PGR negó la información con el argumento de que es confidencial.
Por ello, el día 16 de julio la revista gestionó un recurso de revisión (folio 2008002314) ante el IFAI, instancia que lo aceptó y designó a Juan Pablo Guerrero como el comisionado ponente del caso.
El pasado 18 de agosto, Guerrero citó a la PGR a una audiencia, "a fin de que cuente con todos los elementos que le permitan presentar ante el pleno del IFAI un proyecto de resolución debidamente fundado y motivado". De nuevo el representante de la procuraduría dijo que no proporcionaría la información, puesto que es confidencial. Advirtió que si ésta se daba a conocer, ello lesionaría las relaciones entre México y España.
La comisionada María Marván Laborde no sólo consideró una "trampa jurídica" el proceder de la procuraduría, sino que criticó a la dependencia por argumentar que requería de la autorización de España para entregar la información, "cuando el interesado de la información es México, no es España", además de que "la investigación inicia en México", lo cual no respaldaba la argumentación jurídica invocada por la PGR.
El comisionado persistió en sus intentos y realizó otro apercibimiento para que el pasado 12 de septiembre se le permitiera la entrada a las instalaciones de la PGR, "a fin de verificar in situ la información clasificada". De esta manera, precisó, podría determinar si ésta reunía las condiciones para considerársele reservada o podía ser entregada a Proceso.
Ese mismo día, la PGR comunicó a Guerrero que había conseguido que la juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, María Guadalupe Rivera González, le otorgara una suspensión provisional para no verse obligada a exhibir ante el IFAI la información solicitada. Para ello, tramitó un juicio de amparo indirecto por medio de Adrián Franco Zevada, coordinador general de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la procuraduría.
Esta juez es la misma que el 21 de septiembre de 2007 rechazó el amparo que Proceso promovió para garantizar su derecho de acceso a las boletas y actas electorales de la elección de 2006. En esa ocasión, la revista presentó un recurso de revisión contra Rivera González.
En el juicio de amparo de la PGR por el caso Mouriño Atanes, el 7 de octubre pasado, Rivera González citó al representante de Proceso y se le ordenó emplazarlo a juicio como "tercero perjudicado".