Columna Estrictamente Personal/Raymundo Riva Palacio
Rebelión a fuego lento
Publicado en Ejecentral.com, June 10, 2009
Durante los dos últimos meses, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) tuvo una discusión estratégica interna. La pregunta que querían resolver era si al cumplirse dos años del aniversario de la desaparición de sus dirigentes Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, iniciaban un nuevo proceso de sabotajes a instalaciones estratégicas, o si era más conveniente encontrar otra oportunidad futura. Las condiciones eran, y siguen siendo, propicias: crisis económica, crisis de seguridad y desarticulación del cuerpo político. La decisión fue esperar, y revisar las condiciones para iniciar una campaña militar guerrillera en 2010.
Desde abril, el EPR fue informando a sus cuadros que se prepararan para la campaña militar a través de comunicados públicos con un elevado tono de beligerancia. Durante un año de tregua con el gobierno federal, mientras una Comisión de Mediación integrada en mayo de 2008 por un grupo personas que tienen toda su confianza buscaba una respuesta clara del gobierno sobre lo que había sucedido con Cruz Sánchez y Reyes Amaya, el EPR cumplió con no ejecutar acciones militares, lo que no impidió que realizaran secuestros en Oaxaca para allegarse fondos para reabastecer sus pertrechos, ni suspender el reclutamiento y adoctrinamiento de nuevos cuadros.
La Comisión de Mediación decidió dar por terminada su labor el 21 de abril pasado, por considerar que después de un año de gestiones para esclarecer la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, el gobierno federal había mostrado “falta de voluntad política… para avanzar en la investigación”, lo cual elevó los temores de que la tregua acordada por el EPR ante el gobierno terminara de forma violenta. Ciertamente, todas las indicaciones apuntaban hacia ese final. En su penúltimo comunicado del 10 de mayo pasado, el EPR informó:
“Para dar nuestra posición acerca de la disolución de la (Comisión), entendemos que en cada momento era agredida su dignidad con las respuestas y actitud del Estado. La exigencia de la presentación de nuestros compañeros y todos los desaparecidos del país sigue siendo una demanda que nadie puede olvidar a pesar del tiempo, al igual que la lucha que se libra por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país. En nuestra consulta tenemos que llegar a un acuerdo para darles una respuesta, misma que haremos pública”.
En el número 117 de su periódico clandestino El Insurgente, fechado también en mayo pero distribuido el 2 de junio, añadió: “Camaradas: aun cuando a veces la desesperación impaciente, nuestros ánimos debemos guardarlos para el momento de la acción. Porque más vale una acción decidida en el momento preciso que un lamento en la eterna pasividad y el silencio. Hoy más que nunca las circunstancias ameritan toda nuestra integridad física y psicológica para afrontar lo que venga. Que nadie se sorprenda cuando el raudo estruendo de los fusiles se haga presente. Sépanlo compañeros que el enemigo ya ha intentado detener la voluntad popular de combatir del pueblo en más de varias ocasiones, pero el pueblo no desiste en buscar los caminos de la liberación”.
El EPR estaba inmerso en su dinámica de consulta, no exenta de tensiones, que fue explicada de manera codificada este lunes, cuando desde temprana hora comenzó a circular su último comunicado, fechado el 6 de junio, en donde explicó: “Se perfilaron dos posiciones no antagónicas, la primera, que es el resultado por mayoría, y la segunda, la propuesta de reiniciar el hostigamiento político-militar, por lo que el resolutivo fue el de dar todo el respaldo a la Comisión de Mediación, porque tenemos la plena confianza que no dejarán de recurrir a todas las instancias legales nacionales e internacionales a su alcance en la búsqueda de la verdad y la justicia”.
El EPR abrió un nuevo espacio para la Comisión de Mediación, que este martes tuvo una nueva reunión en la Secretaría de Gobernación. Tendría que suceder algo que se ve hoy imposible para que el gobierno federal pudiera dar respuesta a la demanda del EPR, subrayada en la proclama “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. La realidad es que no sabe con precisión dónde están Cruz Sánchez y Reyes Amaya.
El gobierno de Oaxaca y la Secretaría de la Defensa se responsabilizan uno a otra sobre el destino de los dos. Los militares dicen, como lo afirma también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la última vez que se les vio con vida estaban en poder de la policía estatal. Funcionarios oaxaqueños dicen en privado que los entregaron con vida en la zona militar. Un funcionario federal, que tiene pocas dudas de la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz, admite que quien fue responsable de la operación de la desaparición no dejó cabos sueltos para que pudieran cargarles las culpas.
Hay desconcierto porque las cosas no les han salido bien, ni para esclarecer la desaparición, ni para encontrar la fórmula para neutralizar al EPR. El dispositivo de vigilancia a los Cerezo Contreras, hijos de los dirigentes históricos del EPR, Tiburcio Cruz Sánchez (Francisco Cerezo) y Elodia Canseco (Emiliana Contreras), no los llevó a sus padres ni a las casas de seguridad de la guerrilla, como lo esperaban cuando los dejaron salir de la cárcel. El espionaje de la inteligencia militar sobre periodistas y activistas sociales que pensaban los llevarían hacia la guerrilla, tampoco.
Mantener abierto el caso de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, es un incumplimiento político del gobierno y da pretexto histórico al EPR para reiniciar acciones militares. La tregua renovada le ganó tiempo y espacio en la opinión pública para mantener el calendario pactado en estos dos últimos meses: reiniciar hostilidades a partir de 2010, al conmemorarse el segundo ciclo histórico de las rebeliones en México, que cada 100 años han cambiado la cara y el rumbo de la nación.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
www.ejecentral.com.mx
Rebelión a fuego lento
Publicado en Ejecentral.com, June 10, 2009
Durante los dos últimos meses, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) tuvo una discusión estratégica interna. La pregunta que querían resolver era si al cumplirse dos años del aniversario de la desaparición de sus dirigentes Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, iniciaban un nuevo proceso de sabotajes a instalaciones estratégicas, o si era más conveniente encontrar otra oportunidad futura. Las condiciones eran, y siguen siendo, propicias: crisis económica, crisis de seguridad y desarticulación del cuerpo político. La decisión fue esperar, y revisar las condiciones para iniciar una campaña militar guerrillera en 2010.
Desde abril, el EPR fue informando a sus cuadros que se prepararan para la campaña militar a través de comunicados públicos con un elevado tono de beligerancia. Durante un año de tregua con el gobierno federal, mientras una Comisión de Mediación integrada en mayo de 2008 por un grupo personas que tienen toda su confianza buscaba una respuesta clara del gobierno sobre lo que había sucedido con Cruz Sánchez y Reyes Amaya, el EPR cumplió con no ejecutar acciones militares, lo que no impidió que realizaran secuestros en Oaxaca para allegarse fondos para reabastecer sus pertrechos, ni suspender el reclutamiento y adoctrinamiento de nuevos cuadros.
La Comisión de Mediación decidió dar por terminada su labor el 21 de abril pasado, por considerar que después de un año de gestiones para esclarecer la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, el gobierno federal había mostrado “falta de voluntad política… para avanzar en la investigación”, lo cual elevó los temores de que la tregua acordada por el EPR ante el gobierno terminara de forma violenta. Ciertamente, todas las indicaciones apuntaban hacia ese final. En su penúltimo comunicado del 10 de mayo pasado, el EPR informó:
“Para dar nuestra posición acerca de la disolución de la (Comisión), entendemos que en cada momento era agredida su dignidad con las respuestas y actitud del Estado. La exigencia de la presentación de nuestros compañeros y todos los desaparecidos del país sigue siendo una demanda que nadie puede olvidar a pesar del tiempo, al igual que la lucha que se libra por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país. En nuestra consulta tenemos que llegar a un acuerdo para darles una respuesta, misma que haremos pública”.
En el número 117 de su periódico clandestino El Insurgente, fechado también en mayo pero distribuido el 2 de junio, añadió: “Camaradas: aun cuando a veces la desesperación impaciente, nuestros ánimos debemos guardarlos para el momento de la acción. Porque más vale una acción decidida en el momento preciso que un lamento en la eterna pasividad y el silencio. Hoy más que nunca las circunstancias ameritan toda nuestra integridad física y psicológica para afrontar lo que venga. Que nadie se sorprenda cuando el raudo estruendo de los fusiles se haga presente. Sépanlo compañeros que el enemigo ya ha intentado detener la voluntad popular de combatir del pueblo en más de varias ocasiones, pero el pueblo no desiste en buscar los caminos de la liberación”.
El EPR estaba inmerso en su dinámica de consulta, no exenta de tensiones, que fue explicada de manera codificada este lunes, cuando desde temprana hora comenzó a circular su último comunicado, fechado el 6 de junio, en donde explicó: “Se perfilaron dos posiciones no antagónicas, la primera, que es el resultado por mayoría, y la segunda, la propuesta de reiniciar el hostigamiento político-militar, por lo que el resolutivo fue el de dar todo el respaldo a la Comisión de Mediación, porque tenemos la plena confianza que no dejarán de recurrir a todas las instancias legales nacionales e internacionales a su alcance en la búsqueda de la verdad y la justicia”.
El EPR abrió un nuevo espacio para la Comisión de Mediación, que este martes tuvo una nueva reunión en la Secretaría de Gobernación. Tendría que suceder algo que se ve hoy imposible para que el gobierno federal pudiera dar respuesta a la demanda del EPR, subrayada en la proclama “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. La realidad es que no sabe con precisión dónde están Cruz Sánchez y Reyes Amaya.
El gobierno de Oaxaca y la Secretaría de la Defensa se responsabilizan uno a otra sobre el destino de los dos. Los militares dicen, como lo afirma también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la última vez que se les vio con vida estaban en poder de la policía estatal. Funcionarios oaxaqueños dicen en privado que los entregaron con vida en la zona militar. Un funcionario federal, que tiene pocas dudas de la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz, admite que quien fue responsable de la operación de la desaparición no dejó cabos sueltos para que pudieran cargarles las culpas.
Hay desconcierto porque las cosas no les han salido bien, ni para esclarecer la desaparición, ni para encontrar la fórmula para neutralizar al EPR. El dispositivo de vigilancia a los Cerezo Contreras, hijos de los dirigentes históricos del EPR, Tiburcio Cruz Sánchez (Francisco Cerezo) y Elodia Canseco (Emiliana Contreras), no los llevó a sus padres ni a las casas de seguridad de la guerrilla, como lo esperaban cuando los dejaron salir de la cárcel. El espionaje de la inteligencia militar sobre periodistas y activistas sociales que pensaban los llevarían hacia la guerrilla, tampoco.
Mantener abierto el caso de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, es un incumplimiento político del gobierno y da pretexto histórico al EPR para reiniciar acciones militares. La tregua renovada le ganó tiempo y espacio en la opinión pública para mantener el calendario pactado en estos dos últimos meses: reiniciar hostilidades a partir de 2010, al conmemorarse el segundo ciclo histórico de las rebeliones en México, que cada 100 años han cambiado la cara y el rumbo de la nación.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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