Ministros de la corte marcados

Ministros marcados

Jorge Carrasco Araizaga

Revista Proceso, 3 de enero de 2010

MEXICO, D.F., 7 de enero (Proceso).- Los dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, fueron llevados a su nueva investidura en un proceso simulado de selección, a toda prisa y omitiendo antecedentes comprometedores, como el hecho de que Zaldívar fue abogado de bancos en el caso Fobaproa y ha representado los intereses de grandes empresarios. Todo porque, de acuerdo con múltiples indicios, ellos habían sido palomeados de antemano por el presidente Felipe Calderón al presentar, como un mero trámite, seis candidatos, cuatro de los cuales sólo cumplieron el papel de comparsas...

Luis María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se integraron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un simulado proceso de selección en el que la Presidencia y el Senado de la República deliberadamente omitieron sus respectivos antecedentes ante el Poder Judicial.

La gestión de Aguilar Morales como administrador de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal –donde participó en el control de jueces y magistrados federales–, y los buenos oficios de abogado de Arturo Zaldívar en la propia SCJN a favor de grandes empresas no fueron impedimento para que el lunes 7 de diciembre ambos se incorporaran al más alto tribunal con sendos discursos sobre la rendición de cuentas y la ética.

La selección de los ministros sustitutos de Mariano Azuela Güitrón y Genaro Góngora Pimentel se convirtió en un mero trámite. En menos de tres semanas, la Presidencia de la República propuso a los candidatos, el Senado los “auscultó” y votó, y la Suprema Corte los invistió para que hagan justicia, desde el máximo tribunal del país, durante los próximos 15 años.

Apenas el pasado 19 de noviembre, el presidente Felipe Calderón presentó dos ternas al Senado como propuestas. Una semana después, el jueves 26, los seis candidatos “comparecieron” ante las comisiones unidas de Justicia, Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda.

Cinco días más tarde, y sin examinar las trayectorias de los elegidos, los senadores de todos los partidos consumaron el 1 de diciembre la designación en dos votaciones abrumadoras que convirtieron al resto de los contendientes en meras comparsas.

Desde que las ternas llegaron al Senado ya se sabía que Aguilar y Zaldívar gozaban del favor de la Presidencia, de los senadores y de la misma SCJN. Para cumplir el trámite, los legisladores se limitaron a realizar una supuesta revisión pública en la que les hicieron algunas preguntas generales que no incomodaron a nadie. Si hubo algún momento comprometedor para los aspirantes, sólo lo saben algunos senadores que días antes habían recibido a los candidatos en reuniones privadas en sus respectivas fracciones.

En la terna para sustituir a Azuela, además de Aguilar –quien tuvo 91 votos del Senado– fueron incluidos los magistrados María Luisa Martínez Delgadillo y Jorge Mario Pardo Rebolledo, a quienes los legisladores les dieron 1 y 12 votos, respectivamente. Zaldívar, quien sumó 90 votos, “compitió” contra los académicos Jorge Carlos Adame Goddard y Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot, quienes únicamente obtuvieron 1 y 9 votos.

A diferencia de otros nombramientos, como el de la ministra Margarita Luna Ramos –quien tuvo que ser incluida en dos ocasiones en 2003 y 2004 por el expresidente Vicente Fox para poder ocupar uno de los 11 asientos del pleno de ministros–, esta vez el procedimiento fijado en la Constitución acabó siendo un mero designio, sin importar los antecedentes de los elegidos.

El senador por el Partido del Trabajo y exgobernador de Zacatecas Ricardo Monreal intentó posponer la votación. Pidió una semana más para “revisar los antecedentes, los expedientes, la experiencia y la idoneidad de cada uno de los propuestos”. Nadie lo secundó y fueron los propios candidatos quienes hablaron de sus méritos.

Influyentismo contra la ley

En su exposición, Aguilar Morales, de 60 años recién cumplidos, puso énfasis en su trayectoria no sólo como juzgador, sino como administrador del Poder Judicial, función que ejerció gracias a que supo granjearse el apoyo desde la presidencia de la Corte.

Durante la presidencia del ministro Vicente Aguinaco Alemán, entre 1995 y 1999, se desempeñó como coordinador de asesores de la presidencia, como secretario general y como oficial mayor de la SCJN. En la de Mariano Azuela, fue miembro del influyente Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y como tal, entre 2005 y 2006, presidió la Comisión de Carrera Judicial del mismo.

En la presidencia actual de Guillermo Ortiz Mayagoitia, de 2007 a 2008 presidió la Comisión de Administración, encargada del presupuesto tanto del CJF como de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Hasta el pasado 30 de noviembre, un día antes de ser designado ministro, Aguilar Morales fue presidente de la Comisión de Adscripción. Antes integró también la Comisión de Disciplina. Durante su gestión como consejero, su hermano José Alfredo fue jefe de la unidad de Control de Obras y Conservación del TEPJF (Proceso 1607).

De escasa producción editorial, en la que sólo ha participado como coautor, Aguilar Morales era integrante de la Comisión de Disciplina cuando ésta destituyó, en enero pasado, al magistrado federal Francisco Salvador Pérez.

Después de un proceso que duró más de dos años, la Comisión de Disciplina destituyó al magistrado del Primer Tribunal Unitario con sede en Oaxaca, luego de que éste solicitó a título individual al TEPJF el recuento “voto por voto y casilla por casilla” de la elección presidencial del 2006. Y ese mismo año inclusive se expresó favorablemente acerca de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO).

Aguilar Morales también ejerció como abogado y se benefició de su relación con el ministro Aguinaco Aguilar, quien está casado con una de las hermanas del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Pero también ha cultivado otras relaciones, como la que mantiene con el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, quien el 7 de diciembre fue uno de sus invitados especiales en la ceremonia de investidura, realizada en el salón del pleno de la Suprema Corte.

Con 29 años como juzgador dentro de los 35 que ha tenido de carrera judicial, Aguilar Morales siguió el camino de sus ahora homólogos Luna Ramos y Valls Hernández: utilizar la influencia del CJF como trampolín para saltar a la SCJN. Al igual que él, Valls presidió la importante Comisión de Administración.

El camino del CJF a la Corte lo inauguró Luna Ramos en marzo de 2004 y lo continuó Valls Hernández en octubre de ese año. Durante cinco años y hasta su designación como ministro, Aguilar Morales participó en las decisiones del organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los 659 juzgados de distrito y tribunales unitarios y colegiados de circuito que existen en todo el país. En total, el CJF ejerce el control sobre mil 83 jueces y magistrados federales.

“Por tercera ocasión se ha demostrado que los magistrados que llegan como consejeros trabajan más en su proyecto personal que en administrar el consejo”, considera Miguel Eraña, constitucionalista y profesor de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana y de asignatura en la UNAM.

“No sabemos si en el camino han defeccionado, negociado o dejado actuar a jueces y magistrados en función de esos proyectos personales. Qué nos asegura que Valls Hernández, Luna Ramos y ahora Aguilar Morales en algún momento no se dedicaron a hacer favores cambiando a jueces o propiciando resoluciones a modo para el entorno de parlamentarios o de la Presidencia”, señala.

Explica que en varios países, como Francia, España, Italia y Alemania, existe una prohibición expresa de este tipo de movimientos “porque hay una incompatibilidad manifiesta de intereses. Aquí ese límite no existe, y ante esa laguna normativa no hay ningún recato y ahora los consejeros brincan al máximo cargo judicial aprovechando sus funciones de vigilancia, disciplina y administración”.

Eraña Sánchez recuerda que en el modelo de autogobierno de los jueces mexicanos no hay contrapesos. Si bien el CJF tiene dos consejeros designados por el Senado y uno por la Presidencia, la mayoría de asientos (cuatro) corresponden al Poder Judicial, incluido el del presidente de la SCJN, quien también encabeza el Consejo.

“Luna Ramos, Valls Hernández y Aguilar Morales eran consejeros en funciones al momento de llegar a la Corte. Estaban impedidos no sólo por deber ético, sino por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, precisa.

El artículo 9 de esa ley establece que cualquier servidor público que deje de desempeñar un cargo, hasta un año después de haber concluido sus funciones no podrá aprovechar su influencia u obtener ventaja derivada de la función que desempeñaba, ni sacar provecho propio o de terceros de la información a la que haya tenido acceso.

Sin que a lo largo del proceso de designación se ventilara su gestión como juez y administrador del Poder Judicial, Aguilar Morales aseguró en su discurso de arribo al cargo de ministro que desde su posición privilegiada en la SCJN promoverá la rendición de cuentas y prácticas contra la corrupción.

Un plan con maña

Más conocido que Aguilar Morales fuera del ámbito judicial es Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sustituto de Genaro Góngora Pimentel, quien el pasado 30 de noviembre pasó a retiro como ministro.

Renombrado como especialista en amparo administrativo, en el foro –como se conoce al ámbito de los litigantes– también se sabe de sus relaciones políticas con sectores del PRI, del PAN y de la Presidencia de la República. Igualmente, su patrocinio como abogado de grandes empresas y empresarios del país.

Su relación con el panismo y con Felipe Calderón viene de la Escuela Libre de Derecho (ELD), en la que se graduó durante 1985 con la tesis laureada El juicio de amparo en contra de reformas a la Constitución. Dos años después egresaron Calderón y su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Zaldívar fue, además, contemporáneo de Fernando Gómez Mont en el plantel.

Fue el secretario de Gobernación quien operó su inclusión en la terna elaborada por el consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles, egresado asimismo de la ELD y también allegado al ministro Valls.

El acercamiento de Zaldívar con el PAN lo llevó en mayo de 2008 a defender en el Senado la reforma energética propuesta por Calderón.

Dedicado desde mediados de la década de los ochenta a la materia constitucional, Zaldívar, de 50 años, tenía desde hace tiempo el propósito de ser ministro, alentado tanto por el propio Góngora como por el constitucionalista Jorge Carpizo, exfuncionario gubernamental y exrector de la UNAM.

Góngora fue su profesor en el posgrado de derecho de la UNAM y, junto con Carpizo, actuó como sinodal en su examen doctoral. “Algún día usted debe ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, le dijo Carpizo al término de la prueba de posgrado, según la referencia que se menciona entre los abogados que conocen a Zaldívar.

En 2006 había sido incluido por Vicente Fox en la terna para sustituir al ministro Juan Díaz Romero, pero a última hora su nombre salió y fue designado ministro Fernando Franco González Salas.

La tesis doctoral de Zaldívar, Hacia una nueva Ley de Amparo, fue resultado de su participación, entre 1999 y 2000, en el proyecto de Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.

Ese proyecto le permitió tener un contacto directo con la Suprema Corte en momentos en que su presidente era Góngora Pimentel. El coordinador del proyecto fue el ministro Humberto Román Palacios, ahora fallecido.

En la comisión encargada de la propuesta de reforma también participaron el ministro Juan Silva Meza y los magistrados César Esquinca Muñoa y Manuel Ernesto Saloma Vera. Esquinca acaba de ser designado por la Corte consejero del CJF para el periodo 2009-2014.

En esa comisión participaron además, como académicos, José Ramón Cossío Díaz –ahora ministro de la Corte– y Héctor Fix Zamudio. Como abogados postulantes estuvieron Javier Quijano Baz y Arturo Zaldívar.

No fue su único contacto con gente cercana a la SCJN. En 1995, cuando Juventino Castro y Castro fue designado ministro, éste le heredó su clase de amparo en la Escuela Libre de Derecho.

En perspectiva de la sucesión en la Corte, Zaldívar creó en 2009 un sitio en internet donde presentó sus logros académicos, pero omitió su trayectoria como abogado. De hecho, Calderón lo integró en la terna de “académicos”, aunque el ahora ministro fue además patrocinador de grandes empresas.

Ejerció como abogado en sociedad con Fabián Aguinaco Aguilar. Después se asoció con Antonio Aramburu. Luego, puso su propio despacho: Zaldívar Lelo de Larrea y Asociados.

No siempre figuraba como el abogado acreditado para los litigios, pero ejercía sus buenos oficios en la Suprema Corte a favor de sus importantes clientes. En los bufetes jurídicos es sabido que su vida económica está más que resuelta por haber patrocinado a industriales, empresarios periodísticos y banqueros.

Miguel Eraña cuestiona el hecho de que el Senado no haya indagado en la lista de clientes de Zaldívar: “Todo parece ser un plan con maña: desde la manera tardía en que Calderón dio a conocer las ternas, hasta la omisión del Senado para saber en qué casos tendrá que excusarse Zaldívar por haber representado a importantes empresas”.

En 2006, Proceso (edición número 1568) documentó que Zaldívar patrocinó a los bancos involucrados en el Fobaproa para evitar que la Suprema Corte profundizara en las investigaciones sobre el millonario rescate bancario.

Desde su firma Zaldívar Lelo de Larrea y Asociados, registrado con su cédula profesional 1043489, se presentó ante la Suprema Corte como el abogado autorizado de BBVA Bancomer, Bital, Banamex y Banorte, en el amparo de revisión RA878/2004.

Los bancos promovieron el amparo en contra de la resolución dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que había autorizado las auditorías con las que se pretendía reducir el monto de las obligaciones de pago derivadas del rescate bancario.

Zaldívar fue además contratado por el Instituto Federal Electoral (IFE) en la controversia constitucional que interpuso contra la Cámara de Diputados por haberle reducido 720 millones de pesos de su presupuesto para 2007. Proceso (número 1581) supo que el contrato de Zaldívar fue de 2.5 millones de pesos. Al final, el IFE perdió la controversia.

Antes de su propósito de llegar a la Corte, en 1995 fue coordinador de asesores del entonces procurador general de Justicia del DF, José Antonio González Fernández, durante la última regencia del PRI en el Distrito Federal, en el gobierno de Ernesto Zedillo. Ya con la mira en el pleno de ministros, rechazó una invitación del ahora senador del PAN Santiago Creel para sumarse a la Secretaría de Gobernación.

El nuevo ministro no ha sido del todo ajeno a la política. En 1995 operó la candidatura de Mario Alberto Becerra Pocoroba para la rectoría de la Escuela Libre de Derecho. Becerra Pocoroba ejerció el cargo hasta 2004.

Invitado especial de Zaldívar a la Suprema Corte en el acto de investidura, Becerra Pocoroba es ahora diputado plurinominal del PAN y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El sector empresarial ha anunciado que impugnará mediante amparos el código fiscal dictaminado por la Comisión de Hacienda y aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que se espera que los recursos lleguen a la SCJN ya con Zaldívar como ministro.

En su encuentro con los senadores del PRD, se presentó como un candidato liberal, y en el discurso previo a su designación ofreció “abrir las ventanas de la Corte para que entre aire fresco”.

Ya en su investidura, el ministro Cossío Díaz, encargado de darle la bienvenida, centró su discurso en la imparcialidad que deben tener los nuevos máximos jueces por encima de intereses ajenos a la Corte. En su respuesta, Zaldívar aseguró: “Nunca haré nada que afecte o ponga en riesgo a México” porque, dijo, su papel será “defender al pueblo frente al abuso del poder”.