Zacatecas

Calderón y Amalia "perdieron" Zacatecas/Jorge Carrasco Araizaga y Verónica Espinosa, reporteros

Revista Proceso  # 1764, 22 de agosto de 2010;

Reportes del Ejército indican que dos años después de que Amalia García inició su gestión en Zacatecas, Los Zetas se posicionaron en ese territorio al grado de que ahora tienen presencia en 31 de los 58 municipios de la entidad. Tanto el gobierno federal como el estatal se mantuvieron sordos ante las advertencias que se les hicieron al respecto, y no actuaron en forma decidida para frenar la violencia. Los Zetas continúan controlando la plaza y reclutando miembros entre los militares. Por indolencia, Calderón y Amalia "perdieron" al estado.

ZACATECAS, ZAC.- A pesar de las advertencias hechas a Felipe Calderón y Amalia García, que siempre actuaron como si no pasara nada, la delincuencia organizada acabó por someter a más de la mitad del territorio del estado.

Actor predominante es el cártel de Los Zetas, el grupo delictivo creado por desertores del Ejército que aún hoy recluta a sus integrantes entre los militares.

Hace apenas dos meses, según una investigación que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dos excapitanes incorporaron como halcones a elementos de tropa de la XI Zona Militar, con sede en Guadalupe, municipio conurbado a esta capital.

Señala también que no se trata de cualquier caso: los capitanes desertores, Inocencio Bastiano García y Eduardo Tezozómoc Laureano Manríquez, son ahora los responsables de esa organización delictiva en el estado.

Ambos suplieron a una persona identificada como Iván o El 50, a quien el Ejército atribuye el establecimiento de Los Zetas en Zacatecas y le adjudica el control de las plazas de San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Saltillo y parte de Durango, en la frontera zacatecana.

Ahora ubicado en Saltillo, El 50 llegó a Zacatecas en 2007, con sus dos hombres de confianza: Israel Nava Cortez, El Ostión, encargado de su primer círculo de seguridad y pieza clave en la fuga de varios zetas del penal de Cieneguillas en mayo de 2009, y otro al que apodaban El Quique, quien le seguía en la cadena de mando.

Los informes militares sobre la manera en que se estableció el cártel durante el gobierno de la perredista Amalia García son prolíficos. La población, víctima de secuestros, extorsiones, desapariciones y de amenazas de bombas en escuelas, comercios y dependencias públicas los corrobora; las policías también, con el asesinato, desaparición o cooptación de sus elementos.

Los primeros indicios datan de hace cuatro años, cuando hombres armados con uniformes similares a los de las policías de los tres niveles de gobierno llamaron la atención de los zacatecanos. Las advertencias sobre la llegada de Los Zetas salieron de la XI Zona Militar.

En diciembre de 2007, el Ejército elaboró un reporte sobre la seguridad en el estado en el que fechó la llegada del grupo: las primeras células se detectaron entre finales de 2006 y principios de 2007, cuando Los Zetas aún eran el brazo armado del cártel del Golfo, del que se separaron en 2008.

En Zacatecas, el grupo "encontró un área geográfica semidesértica con vasto sistema de caminos y veredas que les permiten evadir los servicios de intercepción del Ejército mexicano con relativa facilidad", lo que les permitió ocultarse e instalar sus centros de operación, controlar el tráfico de drogas e incrementar sus ingresos a partir de la extorsión y los secuestros, puntualiza el documento.

Los Zetas desplazaron primero lo que quedaba de la organización de los hermanos Arellano Félix y del cártel de Juárez, liderado por los Carrillo Fuentes, que concentraban sus operaciones principalmente en la frontera con Jalisco y Nayarit, donde tenían plantíos de enervantes que traficaban hacia el Pacífico y el norte del país.

Hasta antes del gobierno de Amalia García, esas organizaciones "adoptaron mecanismos necesarios para que esta entidad se mantuviera tranquila", lo que hacía de Zacatecas uno de los estados más seguros del país, dice otro reporte del Ejército sobre la inseguridad en Zacatecas durante el periodo 2007-2009.

En 2008, el rompimiento con el cártel del Golfo convirtió a Los Zetas en la principal fuerza irregular en el estado, por encima incluso del cártel de Sinaloa.

Al tiempo que la organización de los exmilitares se consolidaba, surgió otro poder en el estado: el de Sonia Villarreal Silguero, la coordinadora de giras de Amalia García. Originaria de Tamaulipas, Villarreal fue cercana a Miguel Ángel Almaraz, el exdirigente del PRD en Tamaulipas detenido en abril de 2009 acusado de participar en la estructura de Los Zetas en el robo de combustible a Pemex en ese estado.

El exgobernador y actual senador por el PT, Ricardo Monreal, declaró a la radiodifusora XEIH de Fresnillo en una entrevista realizada durante el proceso electoral local de 2009 que la colaboradora de Amalia García permitió el establecimiento del crimen organizado en Zacatecas.

En entrevista con Proceso, Monreal repara: "No recuerdo haber dicho su nombre... A mí me preocupaba su oriundez, además del poder que detrás de ella se acumuló. Es obvio que tenía mucha fuerza política, pero no tendría elementos para hacer una acusación directa. Lo cierto es que (en Zacatecas) hay una presencia muy fuerte no sólo del grupo de Tamaulipas; me temo que ya está la presencia de varios".

Control "zeta" y voto de castigo

El deterioro de la seguridad en el estado también lo vivió directamente Carlos Pinto Núñez, procurador de Justicia de la administración de Amalia García en un principio y luego secretario General de Gobierno, cargo que ocupaba cuando El Ostión y un comando armado rescataron a 53 zetas del penal de Cieneguillas en mayo de 2009. En las pasadas elecciones Pinto intentó llegar al Congreso local pero perdió.

En tan sólo un año, durante 2007, Los Zetas lograron el control de 20 de los 58 municipios; desde la capital y su zona conurbada, pasando por Fresnillo y Jerez, hasta los ubicados en las fronteras con Durango, Aguascalientes y Jalisco. Desde entonces, la Zona Militar ya aseguraba que Los Zetas tenían "control absoluto" de varias regiones "que deben ser catalogadas como focos rojos de ingobernabilidad", pues las autoridades ya habían sido "totalmente desplazadas".

Uno de los primeros lugares que controlaron fue Jerez, donde en las elecciones del 4 de julio pasado unos 26 mil ciudadanos salieron a votar en una participación histórica. Fue un voto de castigo por la inseguridad que transformó esta pacífica y boyante comunidad –donde no se veían indigentes y las propiedades se vendían en dólares– en uno de los territorios zacatecanos más violentos a causa del crimen organizado.

Tres años después de las primeras incursiones de zetas en el municipio, el saldo negativo incluye comercios cerrados, familias enteras que se mudaron a otras ciudades, y por lo menos 45 desaparecidos –secuestrados o levantados–, mientras que la extorsión telefónica se diversifica en tecnología: ahora se enlazan los teléfonos de las familias para pedir los pagos sin que los plagios sean consumados.

Antaño controlada por El Chapo Guzmán, quien habría pasado por esta ciudad después de fugarse del penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, el panorama cambió y la violencia se desencadenó cuando las familias criminales locales rompieron sus acuerdos con el sinaloense y comenzaron a servir al cártel del Golfo y luego a Los Zetas, quienes incluso instalaron campamentos de entrenamiento en la escarpada sierra de Palmas Altas.

Los testimonios locales refieren la forma en que habitantes de comunidades como Ermita de Guadalupe se abstienen de consumir los nopales que ahí se cortan. El motivo: los sicarios "tiran ahí los aceites" donde deshacen a sus víctimas.

Un agente de inteligencia destacado en Zacatecas consultado por Proceso sostiene que aun cuando Zacatecas es un lugar de paso de la droga y de lavado de dinero, es un territorio atractivo para el trasiego de enervantes desde y hacia los estados vecinos, sobre todo en las regiones del cañón de Juchipila, Tabasco y Huanusco. "Ahí se mueve la parte fuerte de metanfetaminas y pastillas hacia Michoacán y Jalisco", dice el entrevistado.

En municipios como Nochistlán, en la frontera con Aguascalientes, aún domina El Chapo. "Tiene cobertura porque hay acuerdos añejos. Ahí están establecidos muchos nayaritas que en las madrugadas vigilan quién entra y sale del pueblo", agrega.

Las propias cifras oficiales revelan la descomposición en el estado entre 2007 y 2009. Los homicidios por delincuencia, que prácticamente no existían, llegaron a 62; los secuestros se dispararon a 102; y los enfrentamientos con las policías y el Ejército fueron de una veintena.

Para diciembre de 2009, la XI Zona Militar –que forma parte de la V Región Militar, con sede en Guadalajara– confirmaba que Zacatecas ya había dejado de ser el estado donde no pasaba nada, a pesar del discurso del gobierno estatal; cuyas acciones no impidieron "el incremento gradual de la delincuencia organizada en la entidad, especialmente... la cooptación... en los cuerpos policiales", según otro informe militar que describe el crecimiento de la delincuencia organizada en Zacatecas entre 2007 y 2009.

Ahora, 17 municipios están considerados por el Ejército como de alta presencia de la delincuencia organizada; otros 14 como de mediana; es decir, la población de 31 de los 58 municipios está a merced de los grupos delictivos.

Según el Ejército, los municipios con alta presencia son: Calera, General Enrique Estrada, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Jiménez del Teul, Juchipila, Monte Escobedo, Nochistlán, Ojocaliente, Río Grande, Santa María, Sombrerete, Tabasco, Valparaíso, Villa de Cos y esta capital.

En varios de sus dominios instalaron campos de entrenamiento, como en la sierra de Jerez, pero sobre todo en los linderos con Durango, Coahuila y San Luis Potosí, en los municipios de Valparaíso, Mazapil y Villa de Cos.

Los plagios

En Villanueva, uno de los municipios catalogado como de presencia media de Los Zetas, el miedo se impuso entre la población a partir de enero de 2009, cuando fue secuestrado el comerciante Roberto García Cárdenas. Han pasado 18 meses y García ya no es el hombre más rico de la cabecera municipal, sino una sombra de sí mismo.

Maestro jubilado y comerciante García fue secuestrado un viernes. Ese día se encontraba con varios amigos en un billar. Estuvo encerrado durante casi una semana en un sitio de seguridad en la sierra de Morones. Fue torturado y sus captores lo despojaron de más de 6 millones de pesos en dinero en efectivo, así como de documentos, pagarés y de las joyas que tenía empeñadas, pues era prestamista del pueblo. Aún tiene las cicatrices en la espalda.

Sus hijos se encargaron de la negociación. Cuando dos de ellos fueron a pagar el rescate, el miércoles siguiente, los secuestradores los retuvieron. A cambio de su liberación, García fue obligado a pagar una nueva entrega de dinero, aún después de que volvieron a su casa, a los ocho días. "Es que no alcancé a juntar lo que me pedían", recuerda.

Roberto y su esposa se escondieron mientras reunían la cantidad, e hicieron el pago a los plagiarios un mes después. "Me seguían buscando; no me dejaban en paz. Nos tuvimos que ir de aquí", dice desde el portón de su casa en Villanueva, a donde regresó porque las deudas adquiridas con amigos y familiares se tienen que pagar con lo que puede recuperar de los préstamos que aún anda cobrando.

Es miércoles, pero el hombre confiesa que desde el lunes no tuvo ganas de ir a trabajar, vencido por el abatimiento. "Ya me cansé; sigo pelando pollos, ando cobrando, rebajo intereses, doy facilidades... Me dejaron sin nada".

Eso sí, el secuestro del prestamista y sus hijos detonó un movimiento ciudadano que bloqueó la carretera federal 54 (Guadalajara-Saltillo) en un par de ocasiones a principios de 2009, hasta que en el municipio se instaló una Base de Operación Mixta.

Pero al paso del tiempo la familia se dispersó. Sus dos hijos se fueron del pueblo meses después del secuestro. "No aguantaron quedarse", dice. Muchos más se han ido. "Ustedes no se imaginan lo que es esto. Andar uno como apestado. Como si tuviera esa enfermedad, esa cosa que le dicen la lepra, el sida o algo así. Nadie se quiere acercar", se queja.

Las advertencias sobre la expansión de Los Zetas las hizo también Ricardo Monreal, quien entre 2008 y 2009 informó por escrito al titular de la Sedena, Guillermo Galván, sobre los efectos de la delincuencia organizada en varias regiones del estado, incluida la censura en los medios de comunicación locales. Nunca tuvo respuesta.

La fuerza de la delincuencia organizada se ha sentido principalmente en Fresnillo, donde el año pasado los delincuentes se enfrentaron al Ejército en dos ocasiones, una vez a la Policía Federal y otra a los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

La creciente violencia obligó a la intervención de Fuerzas Especiales de la Armada de México, la primera en su tipo en Zacatecas. El pasado 1 de julio, tres días antes de la elección para gobernador, dos helicópteros de la Armada, uno con doble rotor y otro tipo libélula, artillado, así como vehículos también artillados peinaron por aire y tierra algunos de los puntos más conflictivos de la cabecera municipal.

Muy cerca de Fresnillo, el nuevo rector del Santuario de Plateros, el presbítero Aurelio Esparza, no necesita las referencias ajenas para tener noción de lo que la presencia de Los Zetas y Los Chapos en la zona representa para este centro de peregrinaje católico, el tercero más visitado en América Latina.

Esparza ha vivido en Fresnillo, donde tuvo como vecinos al grupo de hombres que participaron en una balacera el 7 de diciembre de 2009. "Los veíamos todos los días, sabíamos quiénes eran; gente de Guerrero, de Sinaloa. Muy jóvenes, 17 o 19 años", dice el cura.

Además, unas semanas antes de que fuera designado como el responsable de este centro católico, un grupo armado asaltó a los encargados de depositar en el banco lo recolectado mediante la limosna; se llevaron el dinero en la camioneta en que viajaban y dijeron que habría represalias si los denunciaban.

A Plateros ya no sólo llegan aquéllas familias católicas que quieren "dar gracias" al Niño de Atocha "por los favores recibidos" en la escuela, la salud o el trabajo; ahora se le atribuyen otros supuestos milagros.

"Vienen a dar gracias porque se salvaron de ser secuestrados, o pudieron regresar con sus familias, o porque se libraron de una extorsión", refiere el rector del santuario.

Esto ocurre particularmente en los casos de los peregrinos originarios de ciudades de Chihuahua, de Coahuila o de Tamaulipas. "Ese miedo también lo siente la gente del centro (del país). Los del sur nos comentan que están más tranquilos".

Localidad adyacente a Fresnillo, "siempre tan problemático", Plateros no está exento de las expresiones de la violencia por parte del crimen organizado, lo que sumado a la crisis por la influenza A/H1N1 de 2009 mermó la afluencia de peregrinos.

Paulatinamente, los visitantes han modificado los horarios de sus visitas al santuario. Ahora llegan más temprano, pues se resisten a que los alcance la oscuridad.

Zacatecas es el estado donde el Ejército recibe más denuncias telefónicas, por encima de Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas o Veracruz, estados con alta incidencia del narcotráfico. Un informe de las llamadas anónimas a la Sedena indica que al 14 de mayo pasado el Ejército había recibido 55 mil 255 en todo el país: 10% de ellas (5 mil 50) fueron de esta entidad.

Entre ellas destacan las denuncias por desapariciones, que también se hacen públicas. Las casetas de cobro de peaje de la autopista Calera-Fresnillo, por ejemplo, están tapizadas con reportes de personas desaparecidas: por lo menos hay 34 rostros de mujeres, ancianos, niños, adolescentes.

Algunos son los partes oficiales de la Procuraduría General de la República; otras son hojas con copias de una credencial de elector, o de un simple letrero de esos que las familias pegan en postes u oficinas municipales, también los hay en cada caseta de peaje para que cualquier automovilista pueda verlas.

Hasta hace dos o tres años sólo había cuatro o cinco reportes de este tipo; hoy son muchos más. Sólo se pueden quitar si los encargados del puente de cobro reciben una orden oficial, que por lo general llega cuando la persona fue encontrada, algunas de las veces muerta.

Los medios, campo de batalla

Jorge Carrasco Araizaga y Verónica Espinosa

Revista Proceso # 1764, 22 de agosto de 2010;

El acuerdo era callar las amenazas de Los Zetas a la prensa. El sábado 14 la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, había resuelto con directivos del periódico Imagen y el grupo multimedia NTR guardar silencio luego de que ese cártel los intimidara por negarse a publicar una carta de denuncia contra el Ejército.

Pero el pacto se vino abajo el jueves 19. Ese día el periódico La Jornada, cuya edición local también fue objeto de las amenazas, publicó que un supuesto “comandante” del cártel creado por militares desertores, llamó por teléfono a jefes de los tres medios para decirles que “recibirían un documento que… debían publicar en primera plana”.

La noche de ese jueves el gobierno de Amalia García confirmó la reunión del sábado anterior con los concesionarios, dueños, directores y periodistas del estado pero aseguró que las amenazas fueron sólo contra los periódicos Imagen y La Jornada Zacatecas y que en todo caso respetaba la decisión editorial que tomaran respecto a la situación de la inseguridad en el estado.

De acuerdo con la información de La Jornada, después de las llamadas se presentaron hombres armados en las instalaciones de los tres medios para entregar el documento en el que se acusaba a militares de haber asesinado el martes en Fresnillo, la ciudad con la mayor presencia de la delincuencia organizada en el estado, a Jorge Alejandro García, de 17 años.

“Estos asesinos dijeron que Jorge Alejandro les había disparado con un arma de fuego en la cual encontraron huellas de la mano derecha, cuando éste era zurdo”, decía el escrito citado por el diario.

Además, la víspera un grupo de personas que se identificaron como familiares y amigos de Jorge Alejandro se manifestó al mediodía frente a las instalaciones de la XI Zona Militar, en el municipio conurbado de Guadalupe, y en las oficinas de la Comandancia Regional de Seguridad Pública, en la cabecera municipal de Fresnillo.

Su petición: que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigue las “ejecuciones y desapariciones” de jóvenes en Zacatecas, “que nada tienen que ver con el crimen organizado”, informó La Jornada el jueves 19.

El gobierno estatal mantuvo en silencio el amedrentamiento hasta que ese periódico hizo públicas las amenazas. La publicación de esa nota provocó una reunión de directivos y dueños de medios estatales con el gobernador electo Miguel Alonso Reyes en un hotel de la capital del estado. Los directivos de NTR aprovecharon para negar que habían sido intimidados.

El viernes 20, los periódicos El Universal, Excélsior y Milenio diario publicaron en la Ciudad de México una misma nota para informar que las amenazas eran resultado “de diversos golpes que las Fuerzas Armadas han asestado contra el narcotráfico en la entidad (Zacatecas)”.

En particular se refieren a Fresnillo, “donde se ha detenido a presuntos traficantes de droga, secuestradores y personas identificadas como halcones, dedicados a dar seguimiento a las acciones contra el crimen”.

Como reacción, añade la información, ha surgido “la supuesta inconformidad social” contra el Ejército; además, señala que las amenazas ocurrieron el miércoles 18, pero sólo en contra de directivos de los diarios Imagen de Zacatecas y La Jornada Zacatecas por negarse a las exigencias del grupo delictivo.

En su nota compartida, los medios no se refirieron a ningún cártel de la delincuencia organizada; lo que sí mencionaron es que el gobierno de Amalia García, a través del procurador Ambrosio Romero, les ofreció apoyo y vigilancia a los medios amenazados.

Según esa información, en la reunión del sábado 14 la gobernadora les dijo “que respetaría su decisión de publicar o no la información que exigen los presuntos delincuentes”. Amalia García adelantó que se reuniría con su sucesor, Miguel Alonso Reyes, para acelerar el proceso de entrega-recepción de la administración del estado, en especial en lo que atañe al tema de seguridad. l

El muerto que organiza fugas

Jorge Carrasco Araizaga y Verónica Espinosa

Revista Proceso # 1764, 22 de agosto de 2010;

ZACATECAS, ZAC.- El penal de Cieneguillas está en manos de Los Zetas a más de un año de la fuga de 53 de sus integrantes. La evasión fue orquestada por un sicario al que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal había dado por muerto un mes antes. Fuentes penitenciarias revelan a Proceso que el rescate lo planeó Israel Nava Cortez, El Ostión, un mando zeta cuya muerte fue simulada.

A las afueras de esta capital y a un paso de la delegación de la PGR y de la base de la Policía Federal (PF), el penal de Cieneguillas es un desastre en cuanto a infraestructura de vigilancia y operatividad. Los custodios trabajan en dos turnos en lugar de los tres que solicitaron al gobierno estatal mucho antes de la fuga. No hay suficiente personal por turno ni se dieron las armas extras requeridas.

Después de la fuga la gobernadora Amalia García ofreció resolver todo eso. Los custodios también se quedaron esperando el aumento salarial prometido y algunos de los que reclamaron fueron despedidos.

El escape de 53 reclusos del penal de Cieneguillas, el 16 de mayo de 2009 (Proceso 1699), hizo evidente el control que la delincuencia organizada tiene en las cárceles del país con la complicidad gubernamental.

Poco ha cambiado. Si acaso los nombres de los nuevos líderes zetas que tienen en el puño a 35 custodios que cubren dos turnos en jornadas de 24 por 24 horas con 15 armas largas y 10 cortas, y con un salario que no llega a 4 mil pesos quincenales.

Algunos de sus compañeros levantados meses antes de la evasión aún no aparecen, como el jefe de servicios de guardia, Tomás Garay Rojas, desaparecido en enero de 2009. Fue una manera de presionarlos y “preparar el terreno”, asegura a este semanario un empleado del penal.

El testimonio confirma lo publicado por Proceso el 24 de mayo de 2009: las autoridades estatales de seguridad habían sido informadas por diversos medios de los preparativos que se hacían para sacar a los zetas.

Uno de estos informes fue entregado por personal de la Sedena al director del penal, Eduardo Román.

“Diez días antes de la fuga un capitán y un cabo de la undécima Zona Militar fueron a informar que se planeaba una fuga. El director del penal pidió apoyo al gobierno pero lo ignoraron. Tampoco llegó ayuda de México”, revela el empleado del penal.

Uno de los funcionarios del gobierno de Amalia García enterado de las señales previas de la fuga fue el secretario de Gobierno, Carlos Pinto Núñez. Éste había auspiciado la llegada de un grupo de custodios federales a Cieneguillas en 2007.

Pero con ellos el ambiente se tensó. A los custodios zacatecanos se les advirtió que para conservar su trabajo tenían que “aguantar, ver y callar” ante lo que ahí ocurriera. Los conflictos se recrudecieron en 2008 cuando, según información obtenida por este semanario, entró al penal el reo Alejandro García, quien se dedicó a presionar al grupo vinculado con el cártel de Sinaloa, que comandaba Alfredo Bañuelos Guzmán, primo lejano de El Chapo Guzmán. Bañuelos fue asesinado en junio de 2008 y con ello los zetas asumieron el control en Cieneguillas.

Por lo menos tres meses antes de escapar, los 53 zetas fueron llevados a un área de celdas que controlaba su grupo y se les entregaron las llaves con el argumento de que, dados los conflictos que ya se habían suscitado con la organización rival, pudieran garantizar su seguridad.

Muerte simulada

En un comunicado del 9 de abril de 2009, la SSP informó de un enfrentamiento en Fresnillo entre policías federales y un grupo vinculado con el cártel del Golfo, con saldo de tres sicarios muertos. La SSP identificó a uno de ellos como Israel Nava Cortez, El Ostión.

“Cabe mencionar que a Israel Nava Cortez, alias El Ostión, se le ubica como exkaibil (...) y se presume que fue guardaespaldas de Miguel Treviño Morales, El 40”, dice el comunicado de la SSP.

Lugarteniente de El 40 y de Heriberto Lazcano, El Lazca, a Nava Cortez también se le atribuía “ser responsable del acopio, resguardo y mantenimiento del armamento y explosivos al servicio del grupo delictivo conocido como Los Zetas y se tiene conocimiento que fungía como jefe de esta organización en Oaxaca”, además de haber organizado y ejecutado los ataques a dos comandancias de policía en Acapulco en febrero de 2007, en el que murieron siete personas.

Unos días después del comunicado de la SSP, el coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la PF, Rodolfo Cruz López, confirmó la muerte de El Ostión pero aclaró que no era guatemalteco sino mexicano y sugirió que podría tratarse de un desertor del Ejército.

Testimonios recabados por Proceso indican que El Ostión salió vivo del enfrentamiento en Fresnillo y habría simulado su muerte para orquestar el rescate de Cieneguillas, para lo que contó con la colaboración del jefe de custodios, Ricardo Lamas, quien hizo el cambio de personal en el área de acceso al penal.

La labor de El Ostión también fue sugerida por un recluso evadido y recapturado, Osvaldo García Delgado, según un video subido a YouTube el 4 de junio de 2009.

Desde el interior del penal el “rescate” fue coordinado por un interno al que García Delgado sólo identificó como Comandante, quien había ingresado apenas un mes antes y asumió el control de los reos zetas.

“Tres días antes de que nos sacaran el Comandante nos dijo: ‘Preparen las garritas mejores que tengan, porque les vamos a hacer fiesta...’ El día de la fuga estábamos todos dormidos y empezó a tocarnos en la puerta. Nos dijo: ‘Levántense porque ahí vienen los del pueblo; al que se quede aquí le van a dar piso’”, refiere.

–¿Y los custodios? –le preguntan sus interrogadores.

–No. Los custodios los tenían muy aparte, no hicieron nada.

Después de que los militares informaron al director y a los comandantes sobre el plan de fuga el miedo creció entre los custodios. En el momento de la fuga “los compañeros se confiaron porque pensaron que era un ingreso, porque desde la malla se vio que era gente uniformada; pasaron las puertas metálicas, apartaron a los guardias, atravesaron el banco de armas y rompieron el candado”.

Tras la fuga la investigación fue asumida por la PGR. Amalia García se deslindó al explicar que Cieneguillas no es un penal con infraestructura para reos federales. Sin embargo hizo varios compromisos para reforzar la seguridad; entre ellos, un incremento de salario para el personal de custodia... que sigue sin cumplir.

Incluso, ante una protesta que un grupo de custodios efectuó para exigir el pago de horas extras y vacaciones que les adeudaban, dos de los guardias que protestaron fueron despedidos.

A la fecha, 11 de los internos que escaparon de Cieneguillas han sido recapturados. Otros seis murieron en enfrentamientos con cuerpos de seguridad y Ejército en San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo y Zacatecas.

Los Zetas se quedaron con el control del penal, ahora bajo el liderazgo de un reo: Mario Domínguez.

Este año otros dos custodios fueron levantados en presunta represalia porque “hacían favores a los dos grupos” que se disputan el control de la cárcel desde hace años: Chapos y Zetas.

Un jefe de custodios, Denis Briones, desapareció después de coordinar un operativo de disuasión de un motín en el penal, publicó La Jornada el pasado 31 de enero. También en esa fecha 51 jefes y custodios que habían sido arraigados y posteriormente consignados por su presunta participación en la evasión fueron puestos en libertad y salieron del cefereso de Tepic al no encontrarse elementos en su contra.

El exdirector Eduardo Román García, y el jefe de custodios, Ricardo Lamas Campos, forman parte del grupo de 20 funcionarios del penal que siguen sujetos a proceso en la capital nayarita. l