Ortíz Mayagoitia

El legado de Ortiz/Ana Laura Magaloni Kerpel

Reforma, 18 Dic. 10

Ortiz pudo ir venciendo, con inteligencia y carisma, las enormes resistencias que existían al interior de la Judicatura para salir del oscurantismo autoritario y abrirse al escrutinio ciudadano

El 15 de diciembre, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, rindió su último informe de labores. En la primera sesión del Pleno del próximo año, los ministros elegirán a quien lo sustituya en el cargo de presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Valdría la pena preguntarse, por tanto, ¿cuál es el legado más importante de la presidencia de Ortiz?

La presidencia de Ortiz Mayagoitia marca un antes y un después en materia de transparencia judicial. Los invito, por ejemplo, a revisar la página de internet de la Suprema Corte. Por primera vez en la historia de ese máximo tribunal cualquier ciudadano, y no sólo las partes que acuden a juicio, puede tener acceso inmediato a las sentencias del Pleno y de las salas, a las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno, a la jurisprudencia sistematizada, a una estadística judicial útil y bastante completa y un largo etcétera. Este nivel de acceso público a la información básica de nuestro máximo tribunal ha sido una batalla complicada al interior del Poder Judicial. Ortiz pudo ir venciendo, con inteligencia y gran carisma, las enormes resistencias que existían al interior de la Judicatura para salir del oscurantismo autoritario y abrirse al escrutinio ciudadano. Para mí, Ortiz ha sido el presidente de la transparencia.

Hace apenas siete años -exactamente en 2003- el periódico Reforma decidió colocar el reflector público en el oscurantismo judicial y la resistencia de la Corte para hacer públicos los expedientes judiciales. En ese año, la UNAM y el Grupo Reforma llevaron a cabo un Foro internacional con el título Justicia a la Luz Pública: Transparencia en la Impartición de Justicia. En esos años era un gran debate definir cuáles eran los estándares internacionales más elementales de transparencia judicial. Los jueces venían de una cultura política en donde todo, absolutamente todo, era información confidencial. Las sentencias y el expediente sólo las podían conocer las partes, no los ciudadanos; la precaria estadística judicial era tratada como información reservada de máxima seguridad nacional; el asunto de los dineros públicos era simplemente inaccesible para un ciudadano en cualquier contexto. En fin, con pretexto del derecho a la privacidad de las partes o de la necesidad de confidencialidad, la administración de justicia en México era el reino de la obscuridad hace apenas siete años.

En este sentido, realmente es un placer mirar el último informe anual de labores de Ortiz Mayagoitia. En las primeras 10 hojas podemos observar un conjunto de gráficas que nos permiten saber exactamente cuál fue la carga de trabajo del máximo tribunal, qué tipo de asuntos ingresaron, quiénes fueron los promoventes, cuántos se resolvieron, etcétera. Entre los datos que llaman la atención, por ejemplo, es que el tipo de asunto más recurrente ante la Suprema Corte no son los amparos ni las con- troversias constitucio- nales, sino los inciden- tes de inejecución de sentencias. Es decir, los procesos a través de los cuales los tribunales federales inferiores le hacen saber a la Corte que las autoridades responsables no quieren cumplir sus sentencias y le piden al Pleno que tome medidas al respecto. Tales medidas pueden llegar a significar la destitución de la autoridad que resiste el cumplimiento. Valdría la pena averiguar qué está pasado con estos asuntos. Gracias al esfuerzo de sistematización estadística de la presidencia de Ortiz, supongo que es posible saberlo sin demasiado esfuerzo.

También, con menos profundidad, el informe de labores de Ortiz da cuenta de la productividad de los tribunales colegiados, unitarios y de los juzgados de distrito. En conjunto, se puede observar que la carga de trabajo de los tribunales federales va al alza, pero también aumenta el núme- ro total de sentencias que emitan. Es un Poder Judicial que resuelve en promedio 80% de los asuntos que ingresan cada año. Sin duda, números envidiables a nivel internacional.

Ello me lleva al meollo del asunto: creo que las políticas de transparencia del Poder Judicial han impactado de forma muy importante la gestión interna de los tribunales. Se nota que es una maquinaria judicial que funciona con regularidad y que hay un buen control administrativo sobre la productividad de los jueces y la forma en que se van procesando los asuntos. En términos coloquiales: la casa está en orden y por lo tanto se le puede mirar desde afuera.

Así es: la transparencia genera un mayor conocimiento público de lo que hacen y no hacen los tribunales, lo cual, a su vez, genera un ma- yor escrutinio público sobre el aparato de justicia. En este sentido, me parece que el siguiente presidente de la Corte tendrá que hacerse cargo de los efectos o asignaturas producto de la transparencia que impulsó Ortiz Mayagoitia. Quizá una de las más importantes asignaturas tenga que ver con la construcción de un diálogo útil entre la Corte y sus críticos. En una democracia, la legitimidad de los jueces depende de su capacidad de persuasión argumentativa, no de la imposición coactiva de sus determinaciones. Hoy este diálogo entre los jueces y sus críticos es muy complicado. Espero que, como sucedió con la transparencia, tarde o temprano termine gestándose. De ello depende, en parte, la posibilidad de que la Corte construya asideros sólidos de legitimidad y autoridad frente a la sociedad. Así, Ortiz ya puso la plataforma; le toca su sucesor sacarle provecho.