“El nuevo sistema de justicia penal no ha fracasado”. Borrrego

 “El nuevo sistema de justicia penal no ha fracasado”

Rodrigo Jiménez Salomón entrevista a Felipe Borrego, El Mundo del Abogado

La reforma al sistema de justicia penal en México implicará no sólo capacitar y profesionalizar a los operadores del nuevo sistema, sino concretar un cambio cultural que nos lleve, como sociedad, a superar la visión que tenemos de la impartición justicia como algo oscuro, burocrático y tortuoso. Así lo sostiene en esta entrevista Felipe Borrego, secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

-Cuál ha sido su mayor aportación en la implementación del nuevo sistema acusatorio?

-Vencer resistencias, buscar el consenso de autoridades estatales y armonizar esfuerzos dispersos de las organizaciones gubernamentales, civiles e internacionales, ya que es importante que todos caminemos hacia el mismo rumbo.

-¿Cuál ha sido el mayor fracaso en la implementación del sistema?-Yo creo que el problema del nuevo sistema es que nace de manera anárquica, con códigos variables, sin un modelo único y sin una profundización adecuada de lo que implica la reforma. En algunas entidades federativas se entendió sólo como un cambio de procedimiento penal, como un modo de llevar a cabo un juicio de forma distinta. Pero el nuevo sistema de justicia penal es mucho más profundo que eso; implica un cambio cultural que requiere reinventar instituciones y necesita un cambio de mentalidad en todos los operadores y actores del sistema de justicia. La reforma se traduce en una modificación de 180 grados en instituciones como el Ministerio Público, la policía, la defensoría y el sistema pericial (que está muy olvidado en el sistema tradicional). Eso es lo que ha obstaculizado el proceso de implementación de la reforma. Sin embargo, no podemos hablar de fracasos en la implementación.

-Sin embargo, la percepción de la sociedad es que la Secretaría Técnica trabaja muy lentamente…

-Sólo llevamos trabajando poco más de dos años en este proceso, desde la publicación del decreto de reforma constitucional, en junio de 2008, y del decreto por el que se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y de esta Secretaría Técnica, como instancias encargadas de llevar a cabo la coordinación nacional para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y ya se han logrado avances importantes en temas de planeación, legislación, capacitación, difusión, reorganización e infraestructura.

La reforma del sistema de justicia penal en México avanza, de distintas formas y a diferentes velocidades, pero la reforma penal va. De acuerdo con el contacto que ha tenido la Secretaría Técnica con los estados, podemos decir que 22 entidades ya han iniciado sus procesos de cambio, puesto que ya cuentan con acuerdos políticos interinstitucionales y con una instancia de coordinación para la implementación de su reforma; ocho entidades ya cuentan con reformas en vigor y en cuatro entidades más las reformas entrarán en vigor este año, según lo han manifestado a la propia Secretaría Técnica.

Es necesario entender que la reforma implica cambios profundos cuyo impacto no es inmediato sino a mediano plazo, y que esta transformación no se logrará mediante el cambio puramente normativo, sino que se necesitan largos procesos de selección, profesionalización y evaluación continua de los operadores del nuevo sistema.

-¿Cree usted que los cinco años que quedan de vacatio legis para implementar en su totalidad la reforma penal sean suficientes?

-Si vemos aritméticamente el tiempo que llevamos y el que nos falta, yo creo que el periodo de vacatio legis sí alcanza para lograr la implementación en todo el país, pues los primeros años son los más difíciles, ya que hay que luchar contra resistencias y crear prototipos, modelos y convicciones sociales, difundir la reforma y dar a conocer cuáles son los beneficios de la misma.

En los primeros dos años debe pensarse en tener un diagnóstico de la situación que realmente guardan los modelos de justicia y con base en ello llevar a cabo una planeación organizada y crear el camino que deberán seguir todas las instituciones que habrán de transformarse. Sí, la reforma se va a lograr, sobre todo ahora que se han sumado los esfuerzos de muchas instituciones de competencia federal.

-¿Se logrará en estos cinco años el cambio cultural que se necesita para la implementación de la reforma?

-El cambio cultural que se necesita es un proceso mucho más complejo que se irá dando poco a poco y a medida que se interioricen los principios y valores del nuevo sistema en funcionamiento, por lo que se requieren múltiples estrategias de difusión y capacitación por parte un buen número de instituciones y actores.

La dimensión de los cambios que implica esta reforma es tan amplia que obliga a un proceso de formación constante de los operadores del sistema y de la sociedad civil, los cuales deben superar viejos paradigmas fundados en una visión puramente formalista del sistema de justicia, eliminando el predominio del trámite y el secreto, y retomando nuevos valores basados en la vigencia universal de los derechos humanos y en la eficacia para responder a los intereses de las víctimas de los delitos. Este cambio cultural tiene que ver con un nuevo papel de los jueces y del Ministerio Público, pero también de los abogados, del personal de apoyo y de los actores en los procesos, construidos con una amplia participación de la sociedad a partir de la convicción de que transitamos hacia el mejor camino posible.

-¿Qué estados han tenido una mejor respuesta a la implementación del sistema y cuáles han demostrado poco interés?

-Hay que diferenciar a los estados que inician la transformación del sistema antes de la reforma constitucional y que actualmente ya han implementado la reforma, los cuales conforman una categoría muy especial: Chihuahua, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Morelos, Estado de México y Baja California Norte. Hay algunas entidades federativas que este año tienen la voluntad política de iniciar el proceso de implementación: Hidalgo, Guanajuato, Yucatán y Puebla. Otros estados están en una etapa muy primaria y son los más atrasados en este proceso: Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz. Todos los demás se encuentran en una etapa de planeación y ya cuentan con un órgano ejecutor, ya arrancaron con la reforma y han avanzado significativamente en la implementación.

-¿Cuál ha sido el principal beneficio en los estados que ya implementaron el nuevo sistema?

-Los medios alternos de solución de controversias, como los acuerdos reparatorios, la conciliación y la mediación. Éstos han demostrado tener una gran aceptación social, pues facilitan la resolución de delitos menores y la reparación del daño; además, reducen tiempos en la solución de los litigios, evitando largos, tortuosos y costosos juicios que entorpecen el cumplimiento pleno de los principios de una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Asimismo permiten una descarga del trabajo encomendado a los tribunales, permitiendo con ello una mayor agilidad en los procesos y prontitud en las resoluciones que pongan fin a las controversias.

-¿Hemos visto un cambio en cuanto a los delitos que más lastiman a la sociedad?

En relación con los delitos que más lastiman a la sociedad, como son los que van en contra de la integridad de las personas, pocos asuntos han sido resueltos en el nuevo sistema, por dos motivos: primero, sólo algunos llegan al juicio oral, pues dependen de que el tipo de delito permita que las partes arreglen su asunto mediante métodos de justicia alternativa, y, segundo, porque debido a las deficiencias en las técnicas de investigación del sistema actual no se ha logrado detener al inculpado. De ahí que el proceso de reforma debe centrar su atención en fortalecer las capacidades de la policía de investigación y de invertir en el equipo necesario para cumplir con estas nuevas funciones.

Además, es importante mencionar que sólo en ocho entidades federativas se aplica el nuevo sistema de justicia penal y que muchos de los delitos que más lastiman a la sociedad son de jurisdicción federal, la cual aún no ha sido reformada, lo que implica que muchos de los procesos por crímenes más graves, como el de delincuencia organizada, no se desahogan en el nuevo sistema de justicia.

-Usted fue litigante y también fue juez. ¿No le estorba esa condición para promover un lenguaje tan distinto del que usted utilizó durante la mayor parte de su vida profesional?

-Al contrario, esa condición me facilita identificar las deficiencias de nuestro actual sistema de justicia y los cambios que se requieren. Al mismo tiempo me permite entender las dificultades a las que se enfrenta cada uno de los operadores. Me queda claro que para lograr esta transformación necesitaremos una mente abierta al cambio, a la búsqueda de nuevas soluciones, aunque esto implique abandonar mucho del conocimiento y de los métodos aprendidos con esfuerzo a lo largo de los años.

-¿Dónde encuentra usted las principales resistencias a la reforma? ¿En los poderes judiciales?

-No, ahí es donde menos problemas veo. Donde es más necesaria la transformación cultural y de mentalidad es en el Ministerio Público.

-¿Por qué?

-Porque las procuradurías y los agentes del Ministerio Público cambian constantemente. Los que se capacitan hoy, mañana ya no están. Además el nuevo sistema de justicia será mucho más exigente con la parte acusadora. El Ministerio Público perderá su carácter de autoridad; no podrá valerse de su fe pública y se convertirá en una parte en igualdad de condiciones frente a la defensa. Los procesos tendrán que estar sustentados en pruebas científicas que puedan ser llevadas a juicio a través del examen directo y contra examen de las partes, la cuales podrán en todo momento debatir los hechos y los métodos de obtención de pruebas.

Por esto me atrevo a afirmar que vencer las deficiencias en la investigación es el reto más grande que impone esta reforma; construir verdaderos peritos y una policía de investigación científica, fuerte y profesional mediante un profundo proceso de especialización será, sin duda, una de las tareas más complejas.

-El efecto de la “puerta giratoria” se da cuando los infractores entran y salen de un sistema que no logra rehabilitarlos ni reintegrarlos a la sociedad. El establecimiento de medidas alternativas a las penas privativas de la libertad provoca que los delincuentes reincidan constantemente. ¿Cuál es la solución para este fenómeno?

-La legislación secundaria debe normar de manera contundente que no exista el fenómeno de la “puerta giratoria”. Por ejemplo, debe evitar que los reincidentes vuelvan a recibir los beneficios de la aplicación del criterio de oportunidad y medidas alternativas a la pena de prisión, como sucede en algunas entidades federativas. Es necesario que su legislación ponga candados para evitar ese tipo de conductas.

Para impedir que se presente este fenómeno, la Secretaría Técnica ha propuesto, a través de su proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales, aprobado por el Consejo de Coordinación, las siguientes restricciones a las formas anticipadas de terminación del procedimiento: 1) no procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos de la misma naturaleza; 2) el procedimiento simplificado no procederá cuando el imputado se haya beneficiado con antelación por este procedimiento, tanto en el fuero federal como en cualquier otro, o se encuentre gozando del mismo, salvo que haya sido absuelto o hayan transcurrido cinco años desde la resolución mediante la cual se aplicó el procedimiento; 3) no se admitirá la suspensión condicional del proceso respecto de quien hubiere incumplido un acuerdo en trámite anterior o si no ha transcurrido un mínimo de cinco años a la firma de un acuerdo reparatorio en otro procedimiento penal, tanto en el fuero federal como en cualquier otro; 4) por último el procedimiento abreviado no procederá cuando el imputado se haya beneficiado con antelación por este procedimiento, en el fuero federal o en cualquier otro, o se encuentre gozando del mismo, salvo que haya sido absuelto o hayan transcurrido cinco años desde la resolución mediante la cual se aplicó el procedimiento.

-¿Cuál es su opinión respecto del nuevo sistema penal y lo ocurrido en el caso Rubí?

-Por un lado, nos enseña la necesidad de que el juez, el Ministerio Público y el abogado defensor se preparen de manera continua y que los servicios periciales sean más contundentes. Asimismo, que la legislación local prevea todos los casos y las dificultades posibles que presente el nuevo sistema y sea actualizada constantemente.

Por otro lado, el caso Rubí nos muestra que la publicidad es un gran auditor social; hace evidente los beneficios de la transparencia y la rendición de cuentas en los nuevos procesos, ya que todos tuvimos la oportunidad de conocer los errores del juicio. La polémica del caso fue puesta a la luz de todos, lo que no hubiera sucedido jamás con el anterior sistema, en el que, ni siquiera en Chihuahua, se hubiera conocido el caso.

-Por último, ¿qué paso clave hace falta para lograr el objetivo del nuevo sistema penal?

-Es muy importante la integridad y la armonización de los nuevos sistemas de justicia en México. La transformación del sistema de justicia penal se vuelve aún más difícil en el entorno de nuestro país, que cuenta con un código procesal penal por cada entidad federativa: 32 códigos diferentes más un código federal de procedimientos penales. Esto dificulta la coordinación entre autoridades, motiva criterios de interpretación contradictorios y permite la ampliación indiscriminada de salidas alternas de solución de controversias, criterios distintos sobre delitos graves y prisión preventiva oficiosa, entre otras cosas; en pocas palabras, fomenta la impunidad.

Debido a lo anterior, creo que sería de gran ayuda la existencia de un código penal único. Si esto no es posible, por lo menos habría que tener un código procesal penal modelo que sirva a las entidades federativas para generar coherencia con todos los demás códigos estatales y que permita establecer principios rectores, concentrar valores comunes y garantizar que se diseñe un proceso que los haga efectivos.

Datos curriculares

Felipe Borrego Estrada es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, con estudios en Derecho mercantil y Derecho de competencia en la Universidad de Salamanca, España. En el ámbito privado se desempeñó como abogado postulante y director del Bufete Jurídico Borrego Estrada y Asociados. Fue presidente del Colegio de Abogados Postulantes de Zacatecas, A.C., de 1989 a 1991. En 1998 fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, del que fue presidente de 1998 a 2004. En 2004 fue integrante de la terna de candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se desempeñó como diputado federal en la LX Legislatura hasta diciembre de 2008, por el estado de Zacatecas, donde fue integrante de las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales. Es autor de numerosos artículos y publicaciones en materia legal y ha participado como conferencista y ponente en múltiples eventos jurídicos nacionales e internacionales.

En diciembre del 2008, por invitación del presidente de la República, asumió el cargo de secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el cual desempeña hasta la fecha.