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Departamento de Estado. El lavado de dinero en México desestabiliza la economía y vulnera el Estado de Derecho

Como parte de la lucha contra el narcotráfico México debe enfrentar el lavado de dinero en “centros cambiarios”, juegos de azar, tráfico de dólares, envíos electrónicos y demás.

|Milenio semanal, 27 de marzo de 2011:

En coincidencia con la más reciente reunión en Washington entre el presidente Felipe Calderón y su homólogo Barack Obama, el Departamento de Estado estadunidense publicó la edición 2011 de su ya regular “Reporte de estrategia de control internacional de narcóticos” (INCSR, por sus siglas en inglés) en el que México aparece como un actor central, no sólo en la problemática general del narcotráfico, sino también de la lucha para frenar su principal combustible: el lavado de dinero.

Si bien Obama reconoció en dicha reunión que “Calderón ha demostrado un extraordinario valor en la lucha contra el narcotráfico”, en el reporte que su gobierno envía al Congreso califica a México como una de sus principales preocupaciones en el tema. Aunque México no entra en la misma categoría que Venezuela, Bolivia o Birmania, países que Estados Unidos (EU) considera que han “fallado demostrablemente en los 12 meses previos (durante 2010) con sus obligaciones por los acuerdos internacionales antinarcóticos”, nuestro país sí está catalogado como uno de los principales países productores de narcóticos y rutas de tránsito, una de las principales fuentes de precursores químicos y una de las economías nacionales en las que más se dinero se lava.

Contrario a las opiniones expresadas por el embajador estadunidense, quien en cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks manifestaba su desconfianza hacia el Ejército Mexicano y su preocupación por la descoordinación de los servicios de seguridad y por lo que llamó “una corrupción generalizada”, la evaluación del Departamento de Estado va más acorde con las recientes declaraciones de Obama, y reconoce los esfuerzos del Ejecutivo Federal para ponerle un alto a los cárteles de la droga. “Liderado por el presidente Felipe Calderón, México se ha embarcado en la ardua tarea de desarrollar e implementar un reforma policial y del Estado de Derecho. Los traficantes han reaccionado violentamente, matando a más de 34 mil personas en México en los últimos cuatro años, pero México se ha mantenido firme en su compromiso para recuperar la estabilidad nacional y para prevenir que elementos criminales se entrelacen más estrechamente en el tejido de la sociedad mexicana”, resalta el informe.

DESESTABILIZACIÓN ECONÓMICA

En cuanto al lavado de dinero, el Departamento de Estado considera que en la actualidad éste representa una grave amenaza a la estabilidad global. “Las jurisdicciones inundadas con fondos ilícitos son vulnerables a un colapso de su Estado de Derecho, a la corrupción de sus funcionarios públicos y a la desestabilización de sus economías”, dice el reporte de la oficina encabezada por Hillary Clinton. Asimismo, advierte que el desarrollo de nuevas tecnologías y la posibilidad de que se den conexiones entre las diferentes actividades ilegales que generan fondos financieros para los grupos terroristas, son factores que exacerban los retos que en este tema enfrentan tanto el sector financiero como las policías locales, y los organismos de inteligencia y de procuración de justicia en todo el mundo.

En el caso de México, el gobierno de EU sabe que la venta de drogas en aquel lado de la frontera es la principal fuente de los recursos lavados en el sistema financiero mexicano, aunque también señala como relevantes los recursos provenientes del secuestro, de actos de corrupción y del tráfico de armas y personas. Además, considera que el problema se agrava por la combinación que se da en México de un sector financiero muy sofisticado, con un sector informal muy grande basado principalmente en transacciones en efectivo, y con la falta de controles regulatorios.

El contrabando de grandes cantidades de dólares en efectivo hacia México y, en ocasiones, la repatriación de fondos hacia EU, vía mensajerías privadas, vehículos blindados o transferencias electrónicas, permanecen como los métodos preferidos para el blanqueo del dinero entre ambos países. El reporte refiere que desde 2002 hasta finales de 2010, el gobierno mexicano ha logrado incautar más de 457.5 millones de dólares en efectivo que pretendían ingresar en territorio nacional por la frontera norte, cifra que sólo en 2010 alcanzó 32.4 millones de dólares más 87.3 millones de pesos. Lo que no queda claro en el documento es si, desde la perspectiva estadunidense, estas cantidades representan un logro que debe aplaudírsele al gobierno mexicano o un mal resultado que debe reprochársele; también se menciona que, según estimaciones de las autoridades de EU, las organizaciones de tráfico de drogas envían cada año a México desde ese país entre 19 mil y 29 mil millones de dólares, por lo que el porcentaje que se le incauta en la frontera a los cárteles mexicanos apenas representaría un máximo de 0.2 por ciento del total de recursos que son enviados cada año.

MILES DE “CENTROS CAMBIARIOS”

El gobierno estadunidense reconoce que el número de casas de cambio ha disminuido gracias a un endurecimiento de la política antiblanqueo de capitales en México. Sin embargo, también manifiesta su preocupación porque el número de empresas dedicadas al cambio de divisas que son adecuadamente reguladas sigue siendo muy bajo, y que existe un alto número de “centros cambiarios” (más de cuatro mil) que operan prácticamente al margen de cualquier ley y supervisión. También le genera dolores de cabeza al vecino país del norte que las loterías, casas de juegos de azar, rifas y centros de apuestas deportivas, que sí requieren para operar de permisos especiales otorgados por la Secretaría de Gobernación, no haya estrictos requerimientos antilavado de dinero; lo mismo que sucede con profesiones y servicios muy expuestos a recibir recursos de procedencia ilícita, como la abogacía, la venta de bienes raíces, joyas y piedras preciosas, así como los servicios de mensajería privada y de transportación de fletes. Y aunque una legislación para regular a estas entidades no financieras ya fue propuesta por el Ejecutivo Federal, todavía está esperando su aprobación en el Congreso de la Unión.

A pesar de esto, el Departamento de Estado reconoce que el gobierno de Felipe Calderón ha hecho del combate al lavado de dinero y del tráfico de drogas una de sus prioridades principales, y que esto ya ha comenzado a dar resultados pues, entre septiembre de 2009 y julio de 2010, jueces mexicanos han sentenciado a 37 individuos bajo cargos de lavado de dinero. “Dado que entre 2004 y 2007 sólo 17 criminales fueron condenados por lavado de dinero, estas cifras representan una mejora notable”, añade el reporte. En cuanto a los retos que enfrentará en el futuro próximo la administración del presidente Calderón, la oficina encabezada por Hillary Clinton prevé que el principal tendrá que ver con la habilidad para perseguir y condenar a quienes blanquean capitales: “El gobierno mexicano debe enmendar su legislación para asegurar que toda entidad legal pueda ser criminalmente responsable por lavado de dinero”. Además, añade que para crear un régimen más efectivo contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, “México debe mejorar e implementar en su totalidad los mecanismos para la confiscación de activos, controlar el gran contrabando de divisas en efectivo en sus fronteras, monitorear los sistemas de envíos de remesas, perfeccionar la regulación y supervisión de los sistemas de transferencias electrónicas de dinero, los centros cambiarios no autorizados y las casas de apuestas, así como ampliar los requerimientos antilavado a ciertos negocios y profesiones no financieras”.

Muchas de las tareas pendientes mencionadas en esta evaluación ya son abordadas en la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”, que fuera presentada por el Ejecutivo Federal a finales de agosto del año pasado y que aún espera su trámite en el Congreso. Sin embargo, las autoridades estadunidenses no tienen mucha confianza en que esta propuesta que incluye nueve reformas de ley, modificaciones a tres códigos federales y la creación de una nueva legislación para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, pueda superar el obstáculo legislativo. “La suerte de algunas de estas propuestas es incierta, ya que tienen que pasar por un Congreso dominado por la oposición”, concluye un Departamento de Estado, que parece ser consciente de que, conforme se acercan los tiempos electorales, el Legislativo mexicano suele ser reacio a aprobar reformas importantes.

Reportaje de Miguel Ángel Vargas V.