Jueces en el negocio de Casinos

Funcionarios judiciales, en la mafia de los casinos/RICARDO RAVELO
Reportaje de la revista Proceso # 1863, 15 de julio de 2012
Detrás del funcionamiento de muchos casinos se ocultan corruptelas que únicamente salen a la luz cuando ocurren tragedias como el incendio provocado del casino Royale, en la ciudad de Monterrey. El Consejo de la Judicatura Federal suspendió e investiga a funcionarios judiciales que supuestamente favorecieron la operación irregular de estos establecimientos mediante la concesión de amparos y suspensiones de clausuras. Peor aún, de acuerdo con una denuncia de hechos, uno de los jueces suspendidos, Armando Jerezano Treviño, forma parte de una banda que se dedica a extorsionar a empresarios del juego.
Luego de la tragedia ocurrida en agosto del año pasado en el casino Royale de Monterrey, Nuevo León, donde murieron más de 50 personas, afloraron presuntos contubernios de funcionarios del Poder Judicial federal con políticos, empresarios del juego y narcotraficantes.

A 10 meses del ataque perpetrado por sicarios de Los Zetas, jueces, magistrados, secretarios y abogados aparecen vinculados a una amplia red de corrupción. Muchos de ellos han sido suspendidos de sus funciones o son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) debido a que otorgaron amparos para favorecer la operación de casinos irregulares. En el ámbito de las investigaciones del caso persiste la sospecha de que estos funcionarios judiciales tienen nexos con el narcotráfico.

En esta red de complicidades figuran políticos panistas, como el alcalde de Monterrey, Nuevo León, Fernando Larrazábal, cuyo hermano Jonás fue videograbado cuando presuntamente recibía un soborno para brindar protección al casino Red, por lo cual fue encarcelado.
En septiembre último fue suspendido y sometido a investigación Álvaro Tovilla León, juez noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, tras el encarcelamiento de Esiquio Martínez Hernández, secretario de acuerdos en ese juzgado, a quien se le descubrió una cuenta bancaria y propiedades por 50 millones de pesos.
Tovilla estaba en la mira de las autoridades federales no sólo a raíz de la detención de Martínez Hernández, sino porque en 2007 dejó sin efecto una clausura que el municipio de Monterrey, Nuevo León, le impuso al casino Paradise, que operaba con protección policiaca y sin permiso de la Secretaría de Gobernación.
Según investigaciones de la PGR, al día siguiente de que Tovilla levantó la clausura al casino, en la cuenta de su secretario de acuerdos fueron registrados varios depósitos por 400 mil pesos.
Las entregas de dinero también alcanzaron a José Alfonso Solís Navarro, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien “renunció” a su cargo tras el ataque al casino Royale, en agosto de 2011. En realidad fue obligado a renunciar, pues desde hacía tiempo se le investigaba por favorecer a diversos centros de apuestas mediante una serie de resoluciones legales que están siendo revisadas por altos funcionarios del Poder Judicial.
En mayo de 2011, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, ordenó la clausura de una casa de apuestas instalada junto al casino Royale, por considerar que se estaba ampliando sin contar con los permisos correspondientes. La suspensión de actividades fue frenada por Solís Navarro, quien argumentó que los trabajos obedecían a una simple remodelación del sitio.
Con estos antecedentes, al ocurrir el atentado contra el Casino Royale, Fernández exigió el encarcelamiento del juez al considerarlo moralmente responsable de la tragedia, ya que desde su alta posición propiciaba la instalación de casinos en ese municipio.
Caso inaudito
La lista de jueces suspendidos e investigados tras descubrirse las redes de corrupción operadas por los empresarios del juego también se sumó Ricardo Hiram Barbosa Alanís, juez tercero de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en Nuevo León, quien entre sus antecedentes registra amparos y resoluciones judiciales que favorecieron a casinos de Monterrey, como el Sport-Zone, Poker City Live y Revolución.
El caso más sorprendente –y que abre nuevas líneas de investigación para conocer los presuntos vínculos de jueces, empresarios del juego y el narcotráfico– es el de Armando Jerezano Treviño, quien hasta septiembre de 2011 se desempeñaba como juez primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región del estado de Coahuila.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió a este juez y lo investiga por emitir resoluciones favorables, aparentemente en forma indebida, a establecimientos de juegos y sorteos de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, que operó asimismo el casino Royale y otros centros de apuestas en el país.
Junto con Jerezano Treviño también fue suspendido y está siendo investigado Gerardo Tiscareño Mercado, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna y a quien se identifica como subordinado del juez.
En 2008 Jerezano Treviño fue titular de un juzgado en la Comarca Lagunera, región donde existe una intensa actividad de narcotráfico y lavado de dinero. En ese año concedió un amparo que lo colocó bajo sospecha, pues provocó que la Secretaría de Gobernación le ampliara un permiso a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta para operar y explotar 41 centros de apuestas remotas y salas de sorteos y números en todo el país.
Tras la suspensión de este juez, el CJF informó: “El Pleno del consejo resolvió suspenderlos temporalmente –a Jerezano Treviño y a Tiscareño Mercado– a fin de facilitar las indagatorias que se llevan a cabo en torno a distintos señalamientos relacionados con acciones que habrían beneficiado, de manera indebida, la operación de establecimientos de juegos y sorteos.
“Las investigaciones del juez Jerezano y del secretario Tiscareño se encuentran vinculadas con el caso que, desde mayo pasado –de 2011–, también propició la suspensión del juez tercero de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León, Ricardo Hiram Barbosa Alanís.”
Eso no es todo: A pesar de estar suspendido y bajo investigación por presuntos actos de corrupción, al juez Jerezano Treviño se le vincula con un intento de despojo en contra de Arturo Ignacio Cardona Calderón, socio de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, que opera el casino La Fortuna, en Monterrey, Nuevo León.
De acuerdo con la denuncia 1742/2012, interpuesta por Cardona Calderón ante la Procuraduría General de Justicia estatal y el CJF, el 14 de mayo último, cerca de las dos de la tarde, él se encontraba en sus oficinas de la avenida Frida Kahlo 195, en la suite 906 del edificio Torre Vértice.
Declaró que a esa hora llegó a su oficina un grupo de cinco personas encabezado por Manuel Balderas Martínez, quien dijo formar parte de un grupo criminal y estar al servicio de Luis Armando Jerezano Treviño, el juez suspendido.
En los videos de las cámaras de seguridad del edificio Vértice aparece Balderas Martínez. De pelo canoso, bigote espeso y camisa blanca, iba acompañado por Antonio Cuauhtémoc Ramírez Voguel, Antonio Orlando Balderas Martínez y Manuel Balderas Ramírez.
Según el denunciante los visitantes se anunciaron en la recepción del edificio Vértice:
–Buscamos a Arturo Ignacio Cardona. Es urgente –dijeron.
–¿Quiénes son ustedes? –preguntó la recepcionista.
–Llámele, rápido –dijo uno de los integrantes del grupo.
La recepcionista los anunció. Como Cardona Calderón conocía a Antonio Cuauhtémoc Ramírez Voguel, accedió a que subiera a la suite, pero aclaró: “que venga solo”.
En la sala de juntas, Ramírez Voguel expuso que iba de parte de Luis Armando Jerezano Treviño (el juez suspendido) y que las personas que lo acompañaban trabajaban para él. Le dijo a Cardona Calderón que debía acompañarlos a una notaría para que cediera sus acciones de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., operadora del casino La Fortuna, ubicado en la avenida Fidel Velázquez 1513, local 11, colonia Central, en Monterrey.
Al principio, Cardona pensó que su interlocutor bromeaba y soltó una carcajada. Sin embargo, Ramírez Voguel dio un manotazo en la mesa y le soltó:
“¡Mira, pendejo, te va a cargar la chingada a ti y a tus hijos si no cumples con lo que te estoy diciendo! Armando (el juez) está bien relacionado y te va a mandar a matar; van a levantar a tus hijos si no me haces caso. ¿O crees que los de afuera (la gente que aguardaba en la recepción) vienen a pasear?”
Aún no terminaba su perorata cuando irrumpieron en la suite los hombres que lo acompañaban. Manuel Balderas, quien se identificó como miembro de un grupo criminal, se dirigió a Cardona Calderón y le dijo: “Vas a venir conmigo, cabrón, quieras o no, y vas hacer lo que yo te diga o se mueren tus hijos. Nomás dime si no, para llamar al otro grupo que está ahí abajo”.
En su denuncia, Cardona detalla las amenazas recibidas:
“En ese momento sentí que corría peligro mi vida y la de mi familia, pues una de las personas que iba con ellos y que tenía la cabeza rapada (…) y con la barba de candado se tocaba la cintura como si trajera un arma escondida bajo su ropa y se ponía siempre detrás de mí, como procurando que yo no me pudiera defender. Además, ellos eran cinco personas, por lo que no me quedó otra alternativa que acompañarlos, saliendo por la parte interior de la oficina y diciéndole en ese momento a mi hermano Pedro, que se encontraba presente, que no se preocupara, que tenía que acompañar a esas personas y que después me comunicaba con él.”
Bajo amenaza de muerte, Cardona salió de sus oficinas con el grupo que lo intimidó. En el video grabado por las cámaras de seguridad del edificio Vértice se observa cómo suben al elevador y, adentro, Manuel Balderas le apunta con el dedo índice y lo vuelve a amenazar. Según el denunciante, le dijo: “Si no cumples, te mueres, hijo de puta”.
Cuando llegaron a la notaría 35, a cargo de Ricardo Efraín Vargas Goeves, Manuel Balderas le ordenó a Cardona que llamara a sus dos socios, Jesús González y Francisco Sergio Jiménez Escobar, para que firmaran la venta de sus acciones.
Expone Cardona en su denuncia:
“Cumpliendo con lo que me indicaba esa persona, quien se identificaba como don Manuel, utilicé mi radio Nextel y le marqué a Jesús González, a quien le dije: ‘Chuy, te tengo en altavoz; estoy en una notaría con unas personas que van a ser tus nuevos socios. Me dicen que te diga que no tengas miedo, que te van a respetar tu parte, pero que vas a tener que venir a firmar’. Me preguntó si yo estaba bien, y como me encontraba amenazado le dije que sí, que tenía que venir a la notaría a firmar unos papeles cuando regresara de su viaje fuera de Monterrey.
“… Siguiendo las instrucciones de don Manuel le llamé a Francisco Sergio Jiménez Escobar, dirigiéndome a él como me instruyeron: ‘Sergio, por favor necesito que vengas a la notaría pública 35 a firmar unos papeles donde estás vendiendo las acciones de la empresa; no me preguntes más, corre peligro mi vida y la de mis hijos. Te suplico que vengas a la notaría 35 que está enfrente del Caliente’. Y me respondió: ‘Está bien, tranquilo, sí voy, pero estoy fuera de la ciudad, en Torreón’.”
Quince minutos después de la llamada, don Manuel le telefoneó a Jesús González a su casa. El mensaje fue directo: “Mañana a primera hora quiero que te presentes a firmar aquí en la notaría; si no, se van a morir este cabrón y sus pinches hijos”.
Después de estas llamadas, asienta Cardona en su denuncia de hechos, los hombres que lo amenazaban le hicieron preguntas relacionadas con el funcionamiento de la empresa que opera el casino La Fortuna.
“Me preguntaron –afirma– qué función tenían algunas personas, qué estrategias comerciales se tenían consideradas, hacia qué lugares se expandiría el casino, cuáles eran los ingresos que se obtenían y qué funciones desarrollaban en específico Joel,­ Alberto y Alfonso, empleados de la empresa.­
“… Entró a la sala del notario una persona de traje a la que llamaban licenciado Jacobo y le entregó a Balderas un documento, quien lo puso frente a mí y me ordenó: ‘Fírmalo, pendejo’. Lo empecé a leer y me volvió a ordenar: ‘No te dije que lo leyeras; fírmalo, pendejo, si quieres volver a ver a tus hijos’. Y lo firmé.”
Luego de la firma, Cardona fue sacado de la notaría y lo llevaron a La Fortuna, en la avenida Fidel Velásquez 1513. Ahí lo obligaron a decirles a los empleados que las personas que lo acompañaban eran los nuevos dueños del negocio.
“En contra de mi voluntad, con motivo de las amenazas que estuve recibiendo, llamé a la sala de juntas y anuncié que había nuevos dueños de la empresa. Les dije: ‘Señores, les presento a los nuevos dueños de la empresa’, a lo que siguió un silencio.”
La noche del 14 de mayo último, el mismo grupo que supuestamente seguía instrucciones de Jerezano Treviño y secuestró a Cardona acudió a las oficinas administrativas del casino. De acuerdo con la denuncia de hechos, exigieron las combinaciones de la caja fuerte y sustrajeron más de 600 mil pesos en efectivo.
En los videos grabados por las cámaras del edificio Vértice se observan entradas y salidas de los plagiarios de Cardona acompañados por Jerezano Treviño.
Después de la firma ante la notaría, Cardona dice que pensó que había perdido su empresa; no obstante, su socio Francisco Sergio Jiménez no acudió a firmar la cesión de acciones. Cuando lo llamaron les dijo que iba acompañado de elementos del Ejército y de la Marina y que delante de ellos le exigieran la firma.
De inmediato los delincuentes abandonaron las oficinas administrativas de La Fortuna. Al mismo tiempo, los abogados de Cardona interpusieron un recurso para impedir que los documentos firmados fueran ingresados en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Sin embargo, Cardona dice: “Temo por mi vida. No puedo entender que un juez suspendido también forme parte de la delincuencia organizada y no se le castigue”.
–¿Usted cree que hay impunidad en este caso? –se le pregunta.
–No sólo creo. Estoy seguro de que hay protección y viene del más alto nivel del poder político en México.