Los encargados de calificar la elección recibieron más documentos en los que la izquierda basa su demanda de que se anulen las elecciones
Nota de DIEGO LÓPEZ
24 horas., agosto 15, 2012;
El Pleno de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidirá si Andrés Manuel López Obrador puede comparecer ante los magistrados para explicar las pruebas que ha presentado en su demanda para que se anulen las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio.
Mediante el acuerdo 19, la comisión encargada de presentar el proyecto de sentencia en el juicio de inconformidad presentado por el Movimiento Progresista, integrada por los magistrados Salvador Nava, Flavio Galván y Constancio Carrasco, indica que el candidato presidencial solicitó, en su carácter de coadyuvante en la demanda, que se le permita presentar pruebas supervenientes.
El Tribunal también informó
que recibió dos documentos enviados por el secretario ejecutivo del Instituto
Federal Electoral para agregarse al informe circunstanciado en el que se
describen las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista.
“Los documentos remitidos se
refieren al informe de la secretaría ejecutiva por el cual se establecen los
Lineamientos y criterios generales para la realización y publicación de
encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos durante el proceso
electoral federal y al Informe sobre el monitoreo de noticieros y la difusión
de sus resultados durante el periodo de campañas”.López Obrador ha dicho que esos informes ratifican su afirmación en el sentido de que las encuestas se usaron para inducir el voto y que la cobertura noticiosa no fue equilibrada y favoreció al priista Enrique Peña.
Los magistrados también acordaron dejar en reserva, para que en el momento oportuno del proceso, se decida si tienen validez los documentos presentados por el Movimiento Progresista como pruebas supervenientes.
La izquierda entregó al Tribunal la apelación a la negativa del Consejo General del IFE para hacer un proceso extraordinario de fiscalización a los gastos de campaña del PRI bajo el argumento de que el Artículo 85 del Cofipe permite que se haga un proceso de esta naturaleza.
El consejero Francisco Guerrero recordó que por mayoría de nueve consejeros se determinó no abrir un periodo extraordinario y dijo que los argumentos de cada uno de ellos han sido entregados al consejero presidente.
“El Movimiento Progresista está en su derecho legal y ya será el Tribunal Electoral el que tome la última palabra”. Señaló que los consejeros acordaron que será hasta el 30 de enero cuando culmine la fiscalización a los partidos y entonces se sabrá quién rebasó los topes de campaña.
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