Tres generales tienen ya un pie fuera de prisión
El
juzgado tercero de distrito con sede en Toluca, estado de México, cerró la
instrucción del proceso penal que se sigue a cinco militares, entre ellos tres
generales, por su presunto vínculo con integrantes del cártel de los hermanos
Beltrán Leyva, y la próxima semana la Procuraduría General de la República
(PGR) deberá entregar sus conclusiones del caso.
Periódico
La Jornada, Viernes
28 de junio de 2013, p. 3
El
juzgado tercero de distrito con sede en Toluca, estado de México, cerró la
instrucción del proceso penal que se sigue a cinco militares, entre ellos tres
generales, por su presunto vínculo con integrantes del cártel de los hermanos
Beltrán Leyva, y la próxima semana la Procuraduría General de la República
(PGR) deberá entregar sus conclusiones del caso.
En
este asunto, que comenzó públicamente el 15 de mayo de 2012, durante la gestión
de Marisela Morales al frente de la PGR –ahora encabrzada por Jesús Murillo
Karam–, la dependencia decidió no mantener sus acusaciones contra el general y
ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, y el militar
recuperó su libertad, ya que el Ministerio Público Federal nunca comprobó las
declaraciones de testigos protegidos, los cuales han sido declarados como
mentirosos en otros juicios importantes, como la operación limpieza y el
michoacanazo.
Testigos
protegidos mintieron
Funcionarios
del Poder Judicial Federal señalaron que los militares que aún están en prisión
podrían obtener su libertad la próxima semana, ya que el juzgado tercero de
distrito notificará a la PGR el cierre de instrucción a más tardar el próximo
viernes, y la dependencia contará con un plazo de diez días para presentar sus
conclusiones.
El
15 de mayo de 2012 fue aprehendido el ex subsecretario de la Sedena (Ángeles
Dauahare) y en los siguientes días los elementos de la Policía Militar
detuvieron y posteriormente entregaron a la Seido a los generales Roberto Dawe,
Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez, así como al teniente coronel Silvio
Isidro Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz.
El
general Ángeles fue dejado en libertad el pasado 17 de abril, y días después
José Ordóñez, abogado del también general Dawe, solicitó el cierre de
instrucción para su cliente, pero no se pudo concretar porque la PGR actuó de
manera distinta a la que asumió con el ex subsecretario de la Defensa, y pidió
que se desahogaran pruebas y se llevaran a cabo los careos de los militares
presos con los testigos protegidos. Días después, el Ministerio Público Federal
se retractó de su petición y de esa manera se pudo llegar al cierre de
instrucción.
De
acuerdo con las fuentes consultadas, los testimonios de los testigos protegidos (Sic, son testigos colaboradores) –entre ellos Jennifer, quien servía al cártel de Los Zetas– no pudieron ser
acreditados y la PGR no cuenta con elementos para imputar algún delito a los
acusados.
El
general Roberto Dawe se desempeñó como jefe del Estado Mayor del Cuerpo de
Guardias Presidenciales entre 2008 y 2009; posteriormente fue designado
comandante de la guarnición militar de San Luis Río Colorado, Sonora, y desde
enero de 2011 fue jefe de la 20 Zona Militar con sede en Colima.
Desde
2008 el mayor Arturo González, adscrito a Guardias Presidenciales, denunció que
el general Dawe presuntamente ordenó que se dieran de baja vehículos militares
en buen estado y que fueran vendidos como chatarra. Su denuncia no tuvo mayor
trascendencia y Dawe continuó en su cargo.
Sin
embargo, el general fue detenido en diciembre de 2009, acusado de vínculos con
integrantes del cártel de los Beltrán Leyva. Según las investigaciones, pasaba
información confidencial de los movimientos del presidente Felipe Calderón.
El
general Ricardo Escorcia Vargas se desempeñó como jefe de la 24 Zona Militar
con sede en Cuernavaca, Morelos, en donde en 2007 un cargamento de cocaína que
llegó a bordo de un avión fue sustraido a pesar de que los militares habían
sido alertados. Supuestamente la droga fue tomada por integrantes del cártel de
los Beltrán Leyva.
Posteriormente,
el militar en retiro fue designado jefe del Estado Mayor de la tercera Región
Militar, con sede en Mazatlán. En tanto, el general Rubén Pérez Ramírez forma
parte desde hace semanas del programa de testigos colaboradores. El militar,
quien fue jefe de la zona militar en Toluca hasta antes de ser detenido, dijo
haber sido obligado a declarar falsamente en contra de Dawe y Escorcia.
En
el caso del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández, tenía diez años
de haber solicitado su baja del Ejército Mexicano y en 2008 se desempeñó como
director de la policía ministerial de Sinaloa, y en 2011 fue titular de la
Agencia Veracruzana de Investigación. El mayor Iván Reyna Muñoz se desempeñó
como subjefe del Estado Mayor del la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca, en
2003.
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