Piden retirar placas del Ejército por guerra sucia

Piden retirar placas del Ejército por guerra sucia

En un informe la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero por los hechos de violencia en la década de los 70 determinó retirar la condecoración que se encuentra en la Cámara de Diputados debido a los crímenes de lesa humanidad que cometieron los militares

ROSENDO BETANCOURT RADILLA/ CORRESPONSAL | ESTADOS |

La Silla Rota,  2014-10-15 19:44:00

La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad) presentó Informe de las investigaciones que realizó de los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1969 y 1979 en la entidad, en el que considera a los militares como principales represores, por lo que pide al Congreso quitar una placa -colocada como reconocimiento- al Ejército.

La Comisión pidió quitar los nombres de los perpetradores de la “represión sistemática del Estado contra campesinos y maestros, porque eso no fue una guerra sucia, como dicen del gobierno”.

Recomienda que se quite la placa del Ejército de la Cámara de Diputados del Estado de Guerrero, porque fueron sus soldados quienes encabezaron esa “represión masiva”.

La comisionada Pilar Noriega rompió en llanto cuando agradecía a quienes apoyaron el trabajo de la Comverdad, “perdón, no sé qué me pasa”, se disculpó.

El presidente de la comisión, que este viernes termina sus labores, Enrique González Ruiz, dijo que se debe de saber la verdad, castigar a los responsables y que haya garantías de no repetición.

El también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) justificó la creación de la Comverdad, “porque los mecanismos ordinarios de justicia no funcionan, se atraviesa el poder y siempre pierde la Ley. Por eso se forman órganos de justicia alternativa”.

“De 1969 a 1979 es el período en el que se exacerbó la guerra sucia. La impunidad es garantía de repetición de los delitos, por eso se siguen repitiendo, como en el caso de Iguala (donde fueron asesinadas 6 personas por policías y sicarios, y hay 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre) por eso se debe saber de los hechos, quiénes participaron y cómo afectaron a la sociedad”.

Luego de dos años y medio de labores de la comisión, el informe destaca “el caso de la ejecución de los Piloncillos, municipio de Atoyac, donde en abril de 1973 el Ejército llegó por la mañana, los soldados sacaron a los hombres de sus casas y los llevaron a la cancha, los soldados ejecutaron a Saturnino Sánchez, Margarito Valdez, Santos Álvarez, Cescencio Reyes Díaz, Toribio Peralta Rivera y Eliazar Álvarez de 16 a 25 años”.

El informe, de 234 páginas, detalla que los comisionados obtuvieron 409 testimonios de 512 casos de desapariciones permanentes y temporales “que las autoridades tendrán que castigar”.

González Ruiz recordó que la Comverdad “nació en un ambiente de escepticismo, porque ya hay una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo investigó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femosp). El tema estaba manoseado”.

Relató las dificultades que tuvieron para realizar su trabajo, “la Policía Federal irrumpió en el local de Acapulco, en Chilpancingo apareció un vidrio roto con un arma punzo cortante, tuvimos una llamada de presuntos grupos delictivos que dijeron que nos vigilaban, tuvimos un ataque en Iguala que hizo que dos compañeros pernoctaran a la intemperie, nos robaron un vehículo y no tuvimos presupuesto los últimos 6 meses, pero cumplimos nuestra responsabilidad”.

“Hicimos excavaciones con expertos en lugares que no son de fácil acceso, localizamos dos cuerpos de guerrilleros de Lucio Cabañas”, mencionó.

Expuso que la reparación de los daños es imposible, “no hay manera de reparar algo así, ¿Cómo reparas el dolor de la desaparición de un hijo, y prolongado por décadas?”.

Sin embargo, rescató que la jurisprudencia internacional tiene un protocolo de reparación integral de daños, que incluye un pago monetario, “pero el dinero no es suficiente, se tiene que recuperar la memoria histórica de quienes participaron, debe de ser desestigmatizada su imagen porque (a los asesinados y desaparecidos) los acusaban de gatilleros, de roba vacas”.

Solicitó que se dé el nombre de cada una de las víctimas, “sólo así se fortalece la memoria histórica y hay que luchar porque nunca más se repita”.

El comisionado Nicomedes Fuentes informó que tuvieron encuentros con funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes se comprometieron a “esperar las recomendaciones de la Comverdad”.

Mencionó que encontraron víctimas de desaparición forzada y de ejecutados por fuerzas del Estado principalmente en Atoyac, Tecpan, Acapulco, San Jerónimo, Petatlán y Zihuatanejo, pero también en Chilpancingo, Iguala y Huamuxtitlán.

“Es grande el número de víctimas de las que no se conoce porque sus familiares permanecen con terror para buscar la reparación del daño”, agregó.

Las desapariciones forzadas que no fueron permanentes, mencionó, duraron hasta dos años, y ejemplificó con el caso de un bebé que fue ingresado al Campo Militar número 1 de la Ciudad de México y “salió dos años después, cuando ya caminaba”.

“Esto sigue vivo, para los familiares sus desaparecidos están presentes, como si fuera ayer”, dijo.

La también comisionada Inda Navarrete Gorjón dijo que lo que sucedió entre 1969 y 1979 “no fue guerra sucia, fue una represión sistemática del estado contra campesinos y maestros”.

Los detenidos sufrieron de “tortura y vejaciones, les daban toques eléctricos en los genitales. No hay justicia y las heridas siguen supurando entre las familias”.

Afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conoce el destino final de los desaparecidos y que tiene que decir en dónde están.

Durante la conferencia en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, se informó que en el Archivo General de la Nación, “se comprueba que en 1974 empezaron a aparecer personas torturadas, ejecutadas y quemadas a quienes se les señalaba como delincuentes, tenían desfiguraciones en la cara y el cuerpo”.

Algunos se inhumaron en la fosa común en Acapulco, y las autoridades dijeron que podrían ser del hampa, traficantes de drogas o venganzas entre particulares.

El grupo sangre

Los comisionados informaron que 350 policías y militares conformaron un grupo “clandestino” paramilitar que se encargó de torturar, asesinar y desaparecer a la población civil, pero a todos los ligaba con la lucha guerrillera de Lucio Cabañas Barrientos.

El informe precisa que el general de División y comandante de la 27 Zona Militar, Salvador Rangel Medina que estaba en Atoyac, ordenaba las ejecuciones, “les da de beber gasolina, los incendian y los abandonan”.

Entre los campesinos, agregan, se tenía temor del teniente coronel de Infantería Francisco Quiroz Hermosillo, comandante del Segundo Batallón de la Policía Militar, a quien culpaban del “ambiente de terror en esa época”.

Lo más importante, expusieron, es conocer cuál fue el destino final de las víctimas, lo que corresponde a los gobiernos federal y estatal.

Recomendaron que se sancione a los policías que no pongan de inmediato al detenido a disposición, la indemnización de las víctimas de acuerdo a estándares internacionales y que sea lo más pronto posible.

Además se debe quitar placa del Ejército de la Cámara de Diputados del Estado de Guerrero, porque fueron quienes encabezaron esa “represión masiva”.

Fue política de Díaz Ordaz y Luis Echeverría

Margarito Monroy, un piloto de la Fuerza Aérea platicó con los comisionados e informó que transportó a gente de todo tipo, entre campesinos, médicos, ingenieros y obreros en los llamados vuelos de la muerte.

Se dio cuenta que iban vivos algunos de los arrojados al mar, y sólo él vio que mil 500 personas fueron arrojadas al Océano Pacífico, se detalló.

“Toda la represión fue parte del llamado Plan Atoyac, y fue disposición del presidente de la República. Las comunidades estuvieron sitiadas, les cortaron suministros porque las relacionaban con grupos guerrilleros”, en el periodo en mención fueron presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.

“Hay una lista en que dan cuenta de los integrantes del Partido de los Pobres y sus simpatizantes, eso comprueba que fue un ataque sistemático y generalizado, es decir, crímenes de lesa humanidad”, también tuvieron acceso a un “Telegrama que habla de que se utilizaron morteros, eso constata los testimonios que dicen que los soldados tiraron bombas. Implica que no hay que demostrar en lo individual la tortura de cada uno, las autoridades no pueden decir que no se torturaron a las poblaciones”, se mencionó.