El primer caso...31 años de prisión a militar acusado de desaparición forzada.

El subteniente de infantería del Ejército mexicano Danny Hernández Sánchez ha sido condenado a 31 años y tres meses de prisión por el delito de desaparición forzada. La sentencia de un juzgado federal de Nuevo León, es un hecho considerado histórico….se  trata del primer caso de un militar que es condenado por este crimen. La desaparición forzada, que para ser considerada así debe contar con la intervención de funcionarios públicos, cuenta con una tipificación difusa en México, que le ha valido la reprimenda de organismos internacionales. 
El comunicado de la sentencia, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJçabajo), detalla que ha quedado “plenamente acreditado que la víctima fue privada ilegalmente de su libertad por parte del hoy sentenciado el 20 de mayo de 2012, en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, y hasta el día de hoy continúa desaparecida”.
En México existen al menos 23,700 personas de las que nadie conoce su paradero. 
La seis condenas por desaparación forzadas correspondían hasta ahora a funcionarios civiles.

Las organizaciones de derechos humanos han celebrado la sentencia. “Este es un caso sin precedentes. Los anteriores fallos judiciales condenaban a fuerzas del orden civil”, señala Mario Patrón director del Centro Prodh. La posibilidad del juzgar en tribunales civiles a miembros del ejército por estos delitos se abrió en 2011. “Este hecho marca sobre todo el grado de impunidad estructural que tiene México en materia de desaparición forzada y corrobora también las preocupaciones reiterativas de organismos internacionales y defensa de los derechos humanos en términos de los riesgos de un sistema de seguridad de corte miliar”, añade Patrón. (El País).
El subteniente ha sido además destituido de su cargo y se le ha inhabilitado para desempeñar otro puesto público por 15 años, según marca el Código Penal Federal. 
“Gracias al empuje de la sociedad civil conseguimos que en 2012 se tipificara en Nuevo León”, explica Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), una organización implantada en el Estado. 
Con 1,131 desapariciones, Nuevo León es una de las 10 entidades con una tasa más alta. Durante los últimos años, dos de los carteles más peligrosos del país, Los Zetas y el Golfo, han librado una cruenta disputa por el control de este territorio norteño. (Nota de David Marcia Pérez, El País, 19 de agosto).
Comunicado.
México, D.F., a 18 de agosto de 2015 DGCS/NI: 88/2015

NOTA INFORMATIVA

CASO: Juez federal condena a 31 años de prisión a militar acusado de desaparición forzada.

ASUNTO: El Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, Eustacio Esteban Salinas Wolberg, informa que en la causa penal 104/2013, dictó sentencia condenatoria de 31 años y tres meses de prisión en contra de un subteniente de infantería del Ejército Mexicano, luego de que la Procuraduría General de la República acreditara su responsabilidad penal en la comisión del delito de desaparición forzada, cometido en agravio de una persona, la cual continúa en calidad de desaparecida.

El juzgador federal estimó que quedó plenamente acreditado por la autoridad ministerial que la víctima fue privada ilegalmente de su libertad por parte del hoy sentenciado el 20 de mayo de 2012, en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, y hasta el día de hoy continúa desaparecida.

Como consecuencia de ello, el subteniente fue condenado a la pena de prisión antes referida, así como a la destitución de su cargo y se le inhabilitó para desempeñar otro puesto, comisión o empleo públicos por 15 años y tres meses, con base en lo dispuesto por los artículos 215-A, 215-B y 215-C del Código Penal Federal, que prevén y sancionan el delito de desaparición forzada de personas.

El juez Eustacio Esteban Salinas Wolberg basó su sentencia en la grave afectación o peligro a los bienes jurídicos tutelados, a saber, la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito; así como el ámbito de protección a los familiares, víctimas indirectas del mismo, por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr información sobre el paradero del desaparecido, además de la violación al derecho a la verdad.

Consejo de la Judicatura Federal

Además, ponderó el perjuicio causado al propio Ejército Mexicano, el cual desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas, al colaborar con las instituciones civiles, dentro del marco constitucional y legal, para hacer frente a los actos de la delincuencia organizada.

La resolución señala que conductas aisladas y lamentables como lo es este caso, son contrarias al espíritu de la delicada tarea de protección y salvaguarda del Estado y de sus habitantes, por parte del Ejército Mexicano.

Añade que esta resolución se sustenta en la obligación constitucional del juez federal de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de su competencia; así como las relativas a la prevención, sanción y reparación de las violaciones a éstos.

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