Deberían primero revisar el trabajo que hizo la anterior legislatura, lo dijo con todo respeto..
La Comisión Especial de Ayotzinapa de la Cámara de Diputados iniciará la revisión de las
conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre la
desaparición de 43 estudiantes normalistas, y solicitará a la PGR la síntesis por escrito de los expedientes de las
investigaciones que, en su momento, fueron presentadas como resultados o verdad
histórica.
La
diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), presidenta de la instancia,
destacó que el informe del GIEI “es muy importante analizarlo con ojos
críticos, objetivamente, y anotando las dudas, porque la reunión que se efectúe
con ellos va a ser más rica, si tenemos observaciones concretas que pudieran
aclarar”.
De
esta forma, se logrará explorar y profundizar en las investigaciones realizadas
hasta ahora para conocer los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del
2014, en Iguala, Guerrero.
Este jueves 24 de septiembre se reunió por tercera vez la comisión legislativa, quienes avalaron invitaciones a juntas de trabajo, por lo que se girarán oficios a
los padres de familia de los jóvenes y al grupo de expertos de la CIDH.
Al
respecto, Murguía Gutiérrez precisó que las invitaciones se harán a personas y
servidores públicos que hubieran estado y tuvieran conocimiento de lo ocurrido
hace un año en Iguala, Guerrero. Mencionó,
entre otros, a la titular de la PGR y a Jesús Murillo Karam. “Hay interés también
en conocer las conclusiones y platicar con la Comisión de Derechos Humanos y la
Fiscalía de Guerrero, que tuvo conocimiento de los hechos durante los primeros
días y levantó las primeras averiguaciones”.
La
comisión especial “tiene interés en platicar con autoridades militares de la 27
Zona Militar en Guerrero y también con el general secretario”, Salvador
Cienfuegos Zepeda.
El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (PRI) propuso
ordenar los posibles encuentros de la comisión especial con autoridades
involucradas en el caso bajo un “orden cronológico”; esto es, comenzando con
las que debieron atender el hecho en primera instancia: funcionarios y policías
municipales, y del gobierno del estado de Guerrero, para tener certeza de la
secuencia de acontecimientos.
Cristina Ismene Gaytán Hernández (PRD) consideró fundamental abordar
todos los temas relacionados a la desaparición de los 43 normalistas, ya que
los informes de la comisión especial que trató el caso en la pasada
legislatura, dijo, “no son lo que las familias esperaban”.
El diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) se pronunció por que la
instancia tenga como premisa principal “dudar de todo lo que se ha hecho”, en
referencia a las investigaciones realizadas por la PGR y el GIEI, ya sea para
que se desechen o validen las evidencias recopiladas a medida que avancen las
indagatorias.
Por
otra parte, estimó necesario acercarse con familiares de las “víctimas
colaterales”, es decir, de los pasajeros del taxi y del autobús del equipo de
futbol “Los Avispones” que también fallecieron el 26 y 27 de septiembre de
2014.
A
nombre de Encuentro Social, el diputado Gonzalo Guízar Valladares planteó que
para llegar a la verdad del suceso se debe trabajar con objetividad, pero “sin
sacar raja política de un tema que lastima a toda la sociedad mexicana. Debemos
invitar a platicar a quienes sea necesario, de lo contrario sería un trabajo
estéril”.
Por
Morena, la diputada Araceli Damián González propuso definir el calendario de
reuniones con funcionarios para agilizar el trabajo de la comisión especial, de
manera que al concluir el actual periodo ordinario de sesiones, en diciembre,
puedan entregar una evaluación del seguimiento de los hechos de Ayotzinapa.
Víctor Manuel Sánchez Orozco (Movimiento Ciudadano) indicó que el
Poder Legislativo es un contrapeso del Ejecutivo. Está aquí, explicó, porque
fallaron las autoridades municipales, estatales y la Procuraduría General de la
República, la cual es la encargada de investigar a la delincuencia organizada y
de esclarecer este acontecimiento tan lamentable.
Pidió
a los integrantes de la comisión especial no limitarse por ser servidores
públicos, pues pertenecen a un Poder de la Unión y subrayó que de ser necesario
se solicitará al Pleno darle más facultades a este órgano, y si se requiere
reformar leyes se hará, porque se está frente a un problema grave. “El ánimo no
es ofender a nadie, sino asumir la responsabilidad que los hechos ameritan”,
aclaró.
En
la reunión, también intervino la diputada de Nueva Alianza, María Eugenia
Ocampo Bedolla, quien se sumó a la iniciativa de que la comisión especial
celebre reuniones de trabajo con regularidad.
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