México, obligado a informar a la ONU

Revista Proceso # 2030, 27 de septiembre de 2015

México, obligado a informar a la ONU/GLORIA LETICIA DÍAZ

Después que el caso Ayotzinapa exhibió que la desaparición forzada es una práctica generalizada en Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto tendrá que informar al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) sobre la actuación de su gobierno para localizar e investigar 143 casos reportados entre 2011 y 2014 en Iguala y cinco municipios cercanos.

Por lo pronto, el próximo 3 de noviembre las autoridades mexicanas tendrán que dar cuenta a la instancia internacional de 27 indagatorias urgentes e informar sobre las medidas de protección a 13 familiares de víctimas que, después de los fallidos intentos de autoridades de localizar a los 43 normalistas, se dedicaron a escudriñar los cerros de la zona en busca de fosas clandestinas y restos humanos.

Mario Vergara Hernández, beneficiario de medidas cautelares de la ONU e integrante de la asociación Los Otros Desaparecidos de Iguala, dice que los casos que presentaron al CED son menos de la mitad de los que se han  registrado en Iguala y sus alrededores.

 “Somos familiares de 400 desaparecidos –explica en entrevista– que  desde el 16 de noviembre de 2014 nos lanzamos a los cerros a buscar fosas con cuerpos. Hemos encontrado a 104, de los cuales sólo 10 se han identificado y entregado a sus familiares, pero no tenemos forenses independientes que nos confirmen su identidad.”

Por eso, el pasado 2 de septiembre Los Otros Desaparecidos de Iguala, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, la Red Nacional de Enlaces de Personas Desaparecidas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, así como I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., solicitaron la intervención del CED y una visita de sus expertos al estado “para verificar la probable existencia de violaciones a la convención” internacional contra ese delito y someter el asunto, “con carácter de urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Esta es la primera intervención directa del CED en el país después de su informe de marzo pasado, cuando dictaminó que México vive “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio” y manifestó su preocupación por los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 El 21 de septiembre el presidente del CED, Emmanuel Decaux, envió el oficio G/SO CED-UAMEX (87-115) al embajador Jorge Lomónaco, responsable de la Misión Permanente de México ante los Órganos Internacionales con sede en Ginebra. Ahí le solicita información de 27 casos, clasificados como las acciones urgentes 129-156/2015, y ordena medidas cautelares “de protección inmediata” para 13 asuntos, de los que el gobierno de Peña Nieto debe informar detalladamente el 3 de noviembre.

 México se ha resistido a aceptar la competencia del CED para atender casos individuales, pero Decaux fundamenta su intervención en el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que faculta al comité para emitir alertas urgentes y medidas cautelares en casos graves.

 En su citado oficio, Decaux explica que dicha convención –ratificada por México el 6 de febrero de 2007– entró en vigor el 23 de diciembre de 2010; por lo tanto, jurídicamente sólo puede tomar en cuenta los registros fechados después de este último año. Este criterio dejó fuera cuatro casos.

 Además, “con el fin de facilitar la acción urgente del Estado parte, así como la recopilación de datos para responder las preguntas y recomendaciones del comité, las peticiones de acciones urgentes registradas se van a presentar en cuatro cartas, por lugar y año (2014, 2013, 2012, 2011) de ocurrencia de hechos”, explica Decaux.

 Al enlistar las primeras 27 acciones urgentes, Decaux puntualiza que “el comité expresó su grave preocupación por la integridad física y psicológica de cada una de las personas referidas y requirió la acción urgente del Estado para buscarlas y localizarlas”.

 En el documento enviado a los peticionarios, del que Proceso tiene copia, el presidente del CED destaca “las dificultades enfrentadas por los familiares y allegados de las víctimas para acceder a información detallada sobre las circunstancias de sus desapariciones, la mayoría de las cuales ocurrieron en ausencia de testigos”, en los municipios de Iguala, Taxco, Huitzuco, Cocula, Cuetzala y Teloloapan.

 El comité dice haber recibido información de que en los últimos tres años se han localizado 482 cuerpos en fosas clandestinas en Guerrero, de los cuales 163 fueron encontrados en las cercanías de Iguala y Taxco.

 Descaux indica además que 109 de los 147 casos, reportados entre 2012 y 2014, coinciden con el periodo que va desde la llegada de José Luis Abarca Velázquez a la presidencia municipal de Iguala “hasta su detención el 4 de noviembre de 2014, junto con su esposa”. Esto es relevante porque el alcalde “ha sido acusado de participar en las desapariciones de ocho integrantes de la Unión Popular (UP), llevadas a cabo el 29 de mayo de 2013”.

 Al respecto, el órgano de la ONU resalta que “las desapariciones referidas han tomado lugar en un contexto donde muchas autoridades públicas, incluyendo instituciones judiciales, han sido infiltradas por la delincuencia organizada, que tiene un vínculo directo con los hechos objeto de las peticiones de acción urgente”.

 Por ello, pide al Estado mexicano “tomar de inmediato las medidas que sean necesarias para investigar la suerte y el paradero de cada una de las personas desaparecidas” (las 27 incluidas en esta primera comunicación),  protegerlas, liberarlas y entregarlas a sus familiares y representantes, y en caso de que “el paradero de alguna de estas personas no pueda ser aclarado”, informar al CED sobre las acciones gubernamentales y sus resultados.

 Así que el 3 de noviembre el gobierno de Peña Nieto deberá notificar al comité qué ha hecho para detener y sancionar a los responsables de las desapariciones, y cómo ha garantizado que los representantes de las víctimas tengan acceso a las indagatorias.

 El CED advierte “su particular preocupación por la situación de los familiares de las personas desaparecidas que han llevado a cabo procesos investigativos para tratar de ubicar a sus seres queridos”, en especial los relacionados con la petición inicial de los 147 desaparecidos, quienes “han emprendido su búsqueda, recorriendo diversos puntos de la zona cercana al municipio de Iguala”.

 Y resalta que el asesinato de Miguel Ángel Jiménez Blanco, integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), ocurrido el pasado 8 de agosto, pone en evidencia “la falta de seguridad de los familiares involucrados en esos procesos de búsqueda”.

 También expresa “su preocupación por el posible deterioro de los restos humanos en razón de la cercanía de las lluvias de la región, la falta de protección y resguardo de los lugares señalados, el reducido equipo de expertos forenses asignado por la PGR para las exhumaciones, así como por la posible alteración de los lugares por parte de grupos de la delincuencia organizada”.

 En vista de la falta de certeza sobre los procedimientos oficiales aplicados en la investigación, tras enlistar los nombres de 13 beneficiarios de medidas cautelares “a fin de permitirles seguir con sus actividades investigativas en plena seguridad”, el comité de la ONU ordena proteger los lugares donde podrían encontrarse “fosas comunes o restos humanos (…) para realizar las excavaciones y exhumación en esos lugares de conformidad con los estándares internacionales aplicables en la materia, incluyendo los protocolos de Estambul y Minnesota”.

 Violencia incesante

 Originario de Huitzuco, donde desapareció su hermano Tomás, el 5 de julio de 2012, Mario Vergara relata que el fallecido Jiménez Blanco le enseñó “a dominar el miedo” cuando subía a los cerros cercanos a Iguala en busca de fosas y restos.

 Aunque la PGR han ordenado a la gente que “deje de escarbar fosas”, Mario dice que todos los domingos, desde las ocho de la mañana y hasta las siete de la tarde, sube a los cerros con miembros de su organización a marcar sitios en los que posiblemente haya inhumaciones clandestinas.

 “Ponemos señalamientos, pero ahí se queda todo, sin protección, al intemperie, porque no hay suficientes forenses que suban a rescatar los cuerpos”, apunta.

 De 40 años, uno menos que su desaparecido hermano Tomás, Mario sostiene que solicitaron la intervención de la ONU porque la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, donde están interpuestos los casos de sus asociación, “está rebasada, los agentes del Ministerio Público no han hecho ni madres”.

 Aunque han sido requeridos para localizar restos en Coahuila, Morelos y Estado de México, las autoridades federales no apoyan sus búsquedas en Guerrero:

 “La PGR nos ha contratado como expertos, hemos participado en tres diligencias de Fevimtra (Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas), y hasta nos han pagado mil 500 pesos por día, pero para buscar en Iguala no nos han pagado ni un vaso de agua”, comenta.

 Considera que el ordenamiento de medidas cautelares de la ONU era necesario por el grado de violencia que predomina en la región donde vive:

 “Aquí no han parado las desapariciones. Hay terror y nadie denuncia. En mi pueblo (Huitzuco), en los últimos dos meses por lo menos a 15 personas se las han llevado, y al jefe de la Policía Municipal (Leonardo Evangelista Moreno) lo asesinaron en el Zócalo a las siete de la mañana. Hay mucha violencia y, la verdad, tengo más miedo de que el gobierno me desaparezca que a los delincuentes.”

 Añade que con la intervención del CED siente más confianza para colaborar en la búsqueda de los cientos de desaparecidos en Iguala.

 “He abandonado mi vida privada por buscar a mi hermano en los cerros. En este tiempo he sido testigo de cómo las señoras que buscan a un hijo han recuperado aliento cuando les entregan el cuerpo de su familiar, aunque sólo sean huesitos.” l