Wallace: la peligrosa línea entre opinar y acusar

Wallace: la peligrosa línea entre opinar y acusar/Luis González Placencia

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Isabel Miranda de Wallace es una ciudadana, por ello puede opinar lo que quiera sobre el tema que quiera. Sin embargo, la publicidad que adquirió no se ha acompañado de la responsabilidad necesaria detrás de sus palabras: no se puede opinar públicamente, masivamente, sin tener capacidad para sostener lo que se dice.

 Animal político, marzo 7 2016 

 Cualquier persona, en su calidad de ciudadana o ciudadano, puede opinar lo que quiera sobre el tema que quiera. Es su derecho expresarse libremente. En algunos casos, las calidades que se obtienen debidas a la notoriedad adquirida por razones buscadas o fortuitas, que esas opiniones sean públicas forma parte también de ese derecho. Sin embargo, la posibilidad de hacer pública la voz de cualquier persona es inversamente proporcional a la responsabilidad que ella adquiere por lo que dice, especialmente si el medio de publicidad es masivo. Como es natural, la responsabilidad se incrementa si se pasa de la opinión a la acusación, porque además se adquiere la carga de la prueba.

 Isabel Miranda de Wallace es una ciudadana, por ello puede opinar lo que quiera sobre el tema que quiera; adquirió notoriedad debido a un lamentable suceso que terminó victimizándola, por lo que hacer pública su voz está más que justificado. Con los años, se convirtió en un personaje público cuya lucha le ganó la posibilidad de estar cerca del poder y de los medios masivos de comunicación. Hasta ahí todo bien.

 Sin embargo, la publicidad que adquirió no se ha acompañado de la responsabilidad necesaria detrás de sus palabras: no se puede opinar públicamente, masivamente, sin tener capacidad para sostener lo que se dice.

 Hace ya algunos años, Isabel ha confundido la legitimidad de su lucha personal con los fundamentos que necesitaría —y desafortunadamente no tiene— para emprender una cruzada contra lo que, en su opinión, se opone a su propia concepción de la justicia. Ella es una ciudadana y no tiene por qué saber lo que un experto estudia por años —y que termina trasformando su opinión en un argumento sujeto a prueba.

Por eso lamento, pero no juzgo, su opinión sobre la forma de trabajar de Juan Méndez, el relator de la ONU sobre tortura acerca de que su informe no tiene metodología. No la juzgo porque discutir la metodología de un informe, el que sea, requiere de un estándar académico que la señora Wallace no tiene y tampoco tiene por qué poseer. Lo lamento porque, al opinar pública y masivamente sin argumentos, contribuye a la desinformación y al muy vergonzoso ambiente que el estado mexicano ha creado alrededor de la credibilidad de organismos internacionales, relatores y expertos a los que el propio gobierno invitó y sin embargo descalifica por que no comparte las conclusiones de sus informes.

Pero a la ignorancia se suma la malicia cuando se cruza la línea entre la opinión y la acusación. Isabel ha cruzado esa línea y lo sabe. Por eso se ha esforzado en construir esquemas donde relaciona nombres y posiciones que supuestamente ligan a personas, organismos y organizaciones, para hacerlos pasar como prueba de lo que, ella dice, es una red de corrupción que lucra obteniendo reparaciones a secuestradores que alegan tortura. En todo caso, esos esquemas solo prueban relaciones entre personas, forzadas por argumentos ad hominem, pero nada más. La red está sólo en su imaginación.

 No soy partidario de controvertir con una ciudadana; pero tampoco creo que se pueda pasar por alto la importancia de una acusación tan grave como la que ha hecho Isabel sobre organizaciones de derechos humanos, defensoras y defensores expertos en sus temas y dedicados por entero a tratar de mejorar el sistema penal de este país, a luchar contra la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, en suma, a luchar contra los crímenes de estado.

 Respeto el derecho de Isabel a opinar como ciudadana lo que quiera sobre lo que quiera; pero, de ciudadano a ciudadana, le conmino respetuosamente a ser seria y responsable. Si va a lanzar acusaciones que no lo haga en los medios, sino en los tribunales; ahí necesitará pruebas reales y sólidamente argumentadas. Al final, me parece, ella y las y los defensores de derechos humanos perseguimos lo mismo: el derecho de las víctimas —de todas las víctimas, las del delito y las del Estado— a ser reivindicadas y justamente resarcidas.

 @LGlzPlacencia