México,
quinto lugar mundial donde más peligro hay para ejercer el periodismo
Se
instaló en San Lázaro, Comisión Especial de Seguimiento a las agresiones a
periodistas y medios de comunicación
CD/NOTA 30-11-2016.-
México, quinto país en el mundo donde resulta más peligroso ejercer el periodismo
y el más riesgoso en América Latina, de acuerdo a la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), indicó la
presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las agresiones a
periodistas y medios de comunicación, diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN).
“Nos
comprometemos a entregar resultados que se traduzcan en acciones concretas para
la protección de los agraviados, el señalamiento y castigo de los agresores
porque en ningún estado del país un periodista debería, por razones de amenazas
y agresiones, tener que optar entre callar que publicar, entre esconderse o
huir”, agregó.
Alán
García Campos, Oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, destacó que México es un país de riesgo para la actividad
periodística. Desempeñar esta función, aquí, implica riesgos inadmisibles que
deben eliminarse. “Hablamos de un entorno caracterizado por agresiones de todo
tipo, amenazas, asesinatos y desapariciones, que son auspiciadas por un clima
de impunidad.
“La
violencia que afecta al periodismo en México, agregó, afecta a las víctimas,
pero también repercute en el gremio, por el efecto paralizante e inhibitorio”.
Asimismo, “genera un efecto privativo hacia la sociedad, que se ve lesionada en
su derecho a recibir información de interés público”.
García
Campos invitó a la Comisión a trabajar con una vocación transformadora a partir
de un diagnóstico preciso del problema; a la adopción del concepto: agresión a
periodistas, en un sentido amplio; trabajar de manera abierta con los titulares
de derechos (periodistas, ONG y organismos internacionales); adoptar los
estándares internacionales de derechos humanos y ejercer a plenitud sus
facultades como órgano parlamentario para investigar, reformar leyes y defender
el presupuesto.
El
diputado por Morena, Virgilio Caballero Pedraza, resaltó que de acuerdo a un
Informe de la Asociación Civil, “Artículo 19”, el 2015 fue el año más violento
al documentar una agresión a periodistas cada 22 horas.
Entre
2009 y 2015, apuntó, se registraron mil 832 agresiones, de las cuales mil 73
fueron durante la actual administración, esto significa que “casi 60 por ciento
de los ataques a reporteros se realizaron durante el gobierno actual”.
Por
su parte, la legisladora Lia Limón García (PVEM) dijo que hay avances
importantes en la atención de agresiones a periodistas, particularmente con la
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, ya que a partir de esta se creó un mecanismo de resguardo, con un
presupuesto anual de poco más de 100 millones de pesos, por lo menos en años
pasados.
Sin
embargo, afirmó, aún hay retos por cumplir, entre ellos que las entidades
federativas generen sus propios mecanismos y esquemas de funcionamiento en la materia,
con presupuesto propio que les permita atender las agresiones a periodistas y
defensores de los derechos humanos; avanzar en investigaciones y mejorar
medidas por parte de los tres órganos de gobierno, además de crear fiscalías de
investigación en los estados.
El
diputado Alberto Martínez Urincho (PRD) sostuvo que el crimen organizado es
“una lacra que lastima a la sociedad, en especial a los periodistas porque los
silencian”. Ante ello, sugirió obligar a instituciones del Estado a establecer
mecanismos a favor de los periodistas y generar una sinergia con las
autoridades, a fin de garantizar su seguridad.
Asimismo,
realizar investigaciones imparciales y efectivas sobre los asesinatos,
agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra reporteros y
trabajadores de los medios de comunicación, además de juzgar, por parte de
tribunales imparciales e independientes, a los responsables de agresiones.
El
priísta Cesar Domínguez Domínguez comentó que su bancada está en la mejor
disposición para crear una agenda de trabajo “oportuna y coordinada entre los
grupos parlamentarios y organizaciones de periodistas, a fin de generar un
trabajo ordenado con resultados que permitan propiciar que las investigaciones
sean eficaces y sancionar a responsables.
Señaló
que no todas las agresiones a periodistas son por parte de algún orden de
gobierno, “hay agresiones que provienen de organizaciones delincuenciales,
quienes pretenden cooptar a los medios de comunicación para que se conviertan
en sus voceros; los amenazan y amedrentan”.
La
diputada del PAN, Eloísa Talavera Hernández, coincidió en que hay tareas pendientes
para complementar el marco jurídico en la materia, a fin de que sea una
profesión que se desarrolle con toda libertad y seguridad, entre ellas,
“exhortar a 21 entidades federativas a que deroguen el delito de halconeo, que
es cuando criminalizan la búsqueda de información por parte de un periodista”.
También,
regular la publicidad gubernamental por parte del Ejecutivo y de los titulares
de los gobiernos locales para que se realice con transparencia y sin
arbitrariedad.
Joaquín
Díaz Mena (PAN) destacó que la comisión debe estar consciente de que el
periodismo es una profesión para valientes y quien persiste en ésta es por
vocación. Llamó a los diputados sean valientes y levanten la voz para señalar a
aquellos gobernantes que ofrecen a los periodistas “plata o plomo”.
De
la misma bancada, Ricardo del Rivero Martínez, expresó que “casi el 100 por
ciento de los delitos contra periodistas no se ha resuelto. La impunidad,
incluso no sólo para este delito, es lo que abunda y es lo que permite que un
delito se siga cometiendo”.
El
titular de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa, indicó que en este año se
presentaron 12 homicidios y 88 agresiones a periodistas que van desde físicas,
verbales, amenazas para impedir su labor e intimidación.
“Una
serie de actos que hacen que la labor del periodista y de los medios de
comunicación no sea una tarea fácil, es un ambiente de alto riesgo, por lo que
debemos estar a la altura de lo que se requiere para protegerlos”, apuntó.
La
Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, Balbina Flores Martínez, comentó que la desaparición y
desplazamiento de periodistas es una situación que preocupa, ya que en México
se reportan 20 periodistas desaparecidos. Aunado a ello, enfatizó, de acuerdo
con investigaciones en los periodos preelectorales y electorales, las
agresiones a periodistas aumentan, por lo que “la comisión tendrá que estar
alerta a esta situación.
En
su intervención, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Cometidos Contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la
República, Ricardo Nájera Herrera, expresó que “no hay fiscalías en los estados
que atiendan esta problemática, cuando normalmente es en las entidades donde
comienzan las agresiones; sin embargo, se ha logrado sujetar a procesos a
diversas personas, donde ya se condenó por abuso de autoridad a un ex
presidente municipal de Veracruz y otro de Yucatán.
La
cofundadora de la Academia de Periodistas de Radio y Televisión, Judith Sánchez
Reyes, resaltó que es lamentable que cada 26 horas sea agredido un periodista
en México, ya sea por tocar intereses económicos, políticos o de alguna otra
índole. Por ello, se congratuló por la instalación de la Comisión Especial.
De
la Asociación Civil, “Periodismo Nación MX”, Luis Velázquez, mencionó que el
marco legal actual es “difuso y ambiguo”. Tiene varias debilidades, por lo que
es una oportunidad para enderezar los errores que se cometieron de origen y
acompañar lo que resulte del Constituyente de la Ciudad de México.
David
Aponte, subdirector general del periódico El Universal, se refirió a la
desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, de El Imparcial, ocurrido en
abril del 2005, el cual, dijo, ha sido un caso emblemático porque a partir de
ese momento empezó una etapa de violencia en contra de los comunicadores. Citó
las principales fuentes de agresión: “crimen organizado, poder político y,
ahora también, organizaciones sociales”.
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