El País, 18 de agosto de 2017El terrorismo puede tener muchas causas —tanto nacionales como internacionales—, pero la mayor parte de los ataques suceden en centros urbanos, donde residen siete de cada diez europeos. A ello cabe sumar las crecientes dificultades que encuentran los aspirantes a terrorista para viajar a zonas de conflicto a fin de completar su programa de entrenamiento y adoctrinamiento; de ahí que el proceso de radicalización sea fundamentalmente local. Ahora bien, ¿qué pueden hacer las ciudades para defenderse del extremismo violento? ¿Hay espacio para que los gobiernos municipales actúen contra la yihad urbana o conviene confiar exclusivamente en la labor de las agencias estatales?
Pese a las enormes dificultades a las que ya se enfrentan, las ciudades pueden (y deben) actuar contra el extremismo islamista. La descentralización de programas de prevención y la adopción de planes de acción local no son sólo necesarias, sino también una respuesta lógica a la creciente radicalización de algunos conciudadanos. La administración municipal conoce mejor su población y sabe dónde hace falta intervenir. El nivel de confianza de la ciudadanía también tiende a ser mayor y el capital social resulta fundamental en las tareas de prevención que requiere la colaboración de los vecinos. La sociedad civil local también dispone de una inteligencia muy útil para el mapeo de las problemáticas que afectan a sus ciudadanos en riesgo de radicalización violenta. Es decir, se trata de que las ciudades integren y aprovechen el conocimiento acumulado del que ya disponen para mejorar su resiliencia o capacidad de adaptación y recuperación a shocks externos.
Y no es necesario reinventar la rueda. Basta con mirar lo que se hace fuera de nuestras fronteras. Los modelos más citados son los de Arhus, en Dinamarca, o Malinas, en Bélgica, pero existen otras iniciativas en las que inspirarse, y las ciudades ya están compartiendo sus buenas prácticas a través de redes internacionales (Strong Cities Network, European Forum for Urban Security, etcétera).
Los elementos fundamentales de esos planes de acción local son básicamente tres. Primero, la política de prevención de la radicalización combina la política social y la política de seguridad. No se da un juego de suma cero entre asuntos sociales y cuerpos policiales, sino una alianza mutuamente beneficiosa. Segundo, las ciudades disponen de mesas multisectoriales y organismos de coordinación en las que participan todo tipo de actores locales: desde educadores y trabajadores sociales a médicos de cabecera, policía y movimientos vecinales. La integración de todos estos actores —y el desarrollo de confianza mutua resultante— facilita una identificación de los problemas y una resolución más ágil. Tercero, estas iniciativas locales son experimentos sujetos a una evaluación técnica al margen de las luchas partidistas y en algunos casos, como el del programa británico de prevención de la radicalización Channel, se inspiran en iniciativas ya existentes a escala nacional y supranacional. Es decir, se articulan a partir de un consenso social y político que excluye el terrorismo de la disputa política y electoral.
En España la eficacia de una política antiterrorista en la que participan jueces, fiscales, servicios de inteligencia y cuerpos y fuerzas de seguridad, entre los que se incluyen las policías autonómicas, ha dado resultados excelentes. Pero la seguridad perfecta no existe. La cadena de atentados reivindicados por Daesh en los últimos cinco años confirma que las ciudades están en primera línea. Las ciudades españolas deben empoderarse, elaborando planes de acción local que mitiguen la amenaza violenta y mejoren su resiliencia, como han hecho otras poblaciones europeas. No hace falta ingeniar ni improvisar, solo actuar con urgencia.
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