El fiscal, el TEPJF y la alquimia/Eduardo R. Huchim

El fiscal, el TEPJF y la alquimia/Eduardo R. Huchim
Reforma 27 Oct. 2017
Signos ominosos se ciernen sobre las elecciones de 2018 y entre ellos el más reciente es el ilegal intento de destituir al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, a quien el Senado tiene la ineludible responsabilidad de restituir en su puesto. El asunto es grave por sí mismo y por lo que presagia para el proceso comicial en curso.
La restitución resulta obligada no sólo porque Nieto es el único que ha realizado desde la Fepade investigaciones serias como la del escándalo Odebrecht-Lozoya-Peña Nieto, sino porque el manotazo se propina a un fiscal nombrado por los senadores y lo hace un funcionario, Alberto Elías Beltrán, sin atribuciones y sin justificación para tal desmesura y sin requisitos para ser procurador.
Por su parte, la Cámara de Diputados también debería intervenir mediante la aprobación de recursos suficientes para la delicada tarea del combate a los delitos electorales. Actualmente, la Fepade dispone de insuficientes 160 millones de pesos, suma risible si se le compara -por ejemplo- con el financiamiento público que recibe el mayor transgresor en la materia, el PRI: 1,034 millones.

Otro signo ominoso, tanto o más grave que el de la Fepade, es el descarado alineamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el gobierno y su partido. Con la protección de la Sala Superior y a menos que un improbable milagro ocurra, el priista Miguel Ángel Riquelme, beneficiario de una serie de irregularidades en el proceso comicial de su estado, será gobernador de Coahuila.
Como algunos habíamos previsto con base en el precedente mexiquense, el 5 de octubre la Sala Superior del TEPJF exhibió su parcialidad y la absurdidad de sus criterios al revocar la fiscalización del INE sobre el monto de los gastos de campaña de Riquelme y le ordenó ajustarlo.
Al acatar el INE la orden del Tribunal, el rebase de Riquelme, originalmente fijado en 10.5%, se redujo a 1.6%. En consecuencia, ya no se actualiza el supuesto constitucional para anular la elección (rebase de cinco puntos porcentuales o más).
¿Cómo fue que un 10.5% se convirtió en 1.6%? Ello fue posible porque el Tribunal eliminó casi un millón de pesos de los gastos priistas. Además, ordenó otros ajustes, como un nuevo prorrateo que se realizó incluso entre candidatos adversarios, lo cual fue calificado como "tragedia" por la consejera Pamela San Martín.
Décadas atrás, en los tiempos del partido hegemónico, se hablaba de la alquimia electoral consistente en la alteración de actas de escrutinio y de cómputo que permitían cambiar el sentido de la votación de una casilla o un distrito. Hoy la alquimia es jurisdiccional y la practica la mayoría de los magistrados. En el caso Coahuila, el único que se opuso a la absurda sentencia fue Reyes Rodríguez Mondragón, quien emitió un sólido voto particular que es posible consultar al final de la sentencia (SUP-JDC-0545-2017).
El eje de la alquimia fueron los gastos en Facebook de la coalición encabezada por el PRI en Coahuila. A la Unidad de Fiscalización del INE fueron reportadas parcialmente esas erogaciones y, al preguntar a las oficinas de esa red social en Irlanda, el Instituto detectó que la coalición priista no había informado de los montos reales, aunque sí incluyó lo pagado a su proveedor Atelier Espora. En consecuencia, el INE agregó los montos no reportados: 993 mil pesos en números redondos.
Sin embargo, la Sala Superior estimó que el INE no logró generar certeza acerca del origen y destino de tales gastos ni su vinculación con la campaña. Por tanto, eliminó lisa y llanamente ese monto. Parece obvio que, si faltaba certeza, en particular sobre si el gasto no reportado pertenecía o no al periodo de campaña, lo procedente era complementar la investigación respectiva, pero no desaparecer el gasto.
Adicionalmente, el Tribunal parece estar dando luz verde a la conducta violatoria de la Constitución y las leyes, como la escenificada impunemente en el Estado de México. Esto porque una y otra vez el INE aprobó lineamientos para ordenar la elección de 2018 y procurar la equidad, y una y otra vez el TEPJF los revocó, como si quisiera que en los comicios del próximo año rigiera la ley de la selva, en un marco donde el competidor más fuerte y transgresor es el binomio formado por el gobierno y su partido.
@EduardoRHuchim