La retórica y el mensaje frustrado

Gerardo Vargas en fórmula con Héctor Melesio Cuén Ojeda 
La retórica y el mensaje frustrado/Ernesto Hernández Norzagaray
Noroeste, 26/11/2017 
El Gobernador no dijo nada nuevo en la entrevista que el pasado lunes le hicieron Janeth Aldecoa y Gabriel Mercado para Noroeste Noticias. 

La variedad de temas que se trataron le facilitaron la explicación de pinceladas, ritual, formalista, institucional, y los procedimientos y buenos deseos al abordar los temas candentes relativos a los saldos de la pasada administración y el asesinato de Javier Valdez.

Quizá, la nota no fue lo ocurrido en la cabina del diario, sino la orden que salió de la Fiscalía General para detener en Los Mochis a Luis Ángel Pineda Sánchez quien, recordemos, se desempeñó como Secretario Técnico de la Secretaria de Turismo durante el Gobierno malovista y bajo el mando de Francisco Córdova pero lo mejor fue su desenlace pues horas después fue liberado por un juez de control lo que representa una derrota para la Fiscalía.

Al funcionario, como se ha difundido, se le acusa de desvío de 8 millones 651 mil 798.52 pesos a través de la contratación de empresas fantasma, que no prestaron servicio alguno al gobierno, pero que cobraron al gobierno puntualmente. 

A reserva de una mayor información del porque alguien sujeto a proceso se le detiene para ser trasladado a Culiacán y no a los otros ex funcionario que se encuentran en la misma situación, todo parece indicar que el Gobierno estaría haciendo uso de la justicia para mandar mensajes a los jefes políticos del malovismo de que ahora es este y mañana podría ser otro ex funcionario en caso de continuar con su dinámica.

Hay razones para pensar que así es, es notorio el activismo político del malovismo que busca encauzar la candidatura priista al Senado de Gerardo Vargas en fórmula con Héctor Melesio Cuén Ojeda –así, al menos, lo destaca el informado Alejandro Sicairos en una columna reciente- y eso, no debe caer nada bien en el círculo rojo del Gobernador.

El Gobernador razonablemente quiere tener mano en las candidaturas de 2018 y aunque estas son decisión del Presidente Peña Nieto, con base a encuestas sobre rentabilidad política, una mala decisión que tome aunque sea rentable, podría generar contrapesos innecesarios pues cuando se forme el nuevo Gobierno nacional todavía le quedaran tres años al estatal.

Entonces, el affaire del malovismo, más allá de los problemas de caja que podría haber dejado la gran corrupción están los del orden político, hoy esa fuerza política esta disminuida en cuanto a representación política, no pasa de Marcial Liparoli en el Congreso del Estado y quizá la Alcaldía de Ahome pero, fuera de ahí, más allá de las formalidades de conveniencia no tienen más que la fuerza del pasado o sea muy poco y manchado por el escándalo.

Luego, tenemos que en la antesala de las elecciones de 2018 cada día es más visible una lucha soterrada por el poder, para el malovismo ese año es crucial, un asunto de sobrevivencia y una forma de detener las causas administrativas que pueden convertirse en penales y para el Gobernador es un asunto estrictamente político pues tiene que ver con cerrar su gobierno sin tener que compartirlo con ningún grupo y menos con los que su gobierno ha exhibido por sus desaseos administrativos.

Y, quizá por eso el Gobernador muy hábilmente juega al doble discurso y el mazo, así mientras por un lado habla de actuar “conforme a derecho” incluso, llega a decir que la ley anticorrupción, no es retroactiva, lo cual es cierto, por otro lado, la Fiscalía General detiene a Pineda Sánchez acusándolo de presuntos delitos cometidos antes de ser legislada la ley estatal anticorrupción que indica el poder del Ejecutivo sobre esta institución de nueva creación. Entonces, no tiene otra lógica a primera vista, que no sea la política.

Ahora bien, algo a lo que se le ha querido dar la vuelta, es la responsabilidad política de quien detenta un cargo electo, la política y los políticos están acotados constitucional y reglamentariamente y el incumplimiento en la función pública esta sujeto a sanciones. No vale aquello que el Gobernador señaló en la entrevista con Noroeste de que su antecesor no firmaba cheques, que a nuestro juicio es una mala lectura que viene a reforzar la idea maniquea de que el problema de corrupción si existió, estaba abajo, en estos malos funcionarios que hoy se encuentran inhabilitados y sujetos a proceso de rendición de cuentas.

Se entiende que el Gobernador sea prudente en el manejo de la información oficial, pero de ahí a no ubicar los asuntos en su justa dimensión, o se encuentra en ese juego del discurso y el mazo, o en la tarea de debilitar la figura que ostenta.

Claro, es su estrategia, de un paso atrás dos pasos adelante.

En el caso del asesinato de nuestro compañero Javier Valdez, que en estos días estará cumpliendo un año de cuándo presentó su libro Narcoperiodismo en el marco de la FIL de Guadalajara, no hay mucha diferencia, han pasado seis meses de ese crimen, y las respuestas a las preguntas del caso siguen siendo las mismas, no arrojan mayor información y mucho menos se sabe la identidad de los autores materiales e intelectuales, esperemos que la asistencia del fiscal al congreso vaya más allá de las palabras del Gobernador.

No dudo que al Gobernador, le duela la muerte de quien consideraba su amigo, y lo abata la falta de resultados, pero no es suficiente, la comunidad periodística nacional e internacional sigue exigiendo justicia para Javier porque en la exigencia se encuentra poner a buen resguardo un derecho a las víctimas, pero sobre todo garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión.

O sea, no es poca cosa, lo que está en juego.

Ernesto Hernández Norzagaray