Las columnas políticas, hoy, domingo 24 de junio de 2018....

En  medio de la crisis de imagen más grave a la que se ha enfrentado el presiente Trump, el Gobierno de EU  facilitó por primera vez el sábado por la noche el estado de situación de más de 2,300 niños migrantes que fueron separados de sus padres al cruzar la frontera de forma irregular. Washington asegura que “sabe la localización de todos los niños que están bajo su custodia y está trabajando para reunirlos con sus familias”. En el plano político,

Trump se mantuvo prudente hasta el domingo al mediodía. Entonces tuiteó: “No podemos permitir que toda esta gente invada nuestro país. Cuando alguien entre, debemos inmediatamente, sin jueces ni casos en los tribunales, llevarles de vuelta de dónde vinieron. Nuestro sistema es una broma en lo que se refiere a buena política de inmigración y ley y orden". Es la primera vez que pide deportaciones extrajudiciales. "Nuestra política de inmigración, de la que se ríe el mundo entero, es muy injusta para la gente que ha pasado por el sistema legalmente y pasan años esperando su turno”, agregó TRUMP. (El País).

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Las columnas políticas, hoy, domingo 24 de junio de 2018....Faltan 8 días para la Jornada electoral...

TEMPLO MAYOR /Reforma

Inicia la cuenta regresiva de 7 días para las elecciones más importantes de las últimas décadas y el cierre de las campañas está más agitado que Purificación Carpinteyro en el tercer debate chilango. Y no es precisamente por el choque de propuestas, sino por el de acusaciones, demandas, actos de guerra sucia y, en algunos casos, hechos reales y comprobables que ponen más que nerviosos a los contendientes.

En medios y redes sociales se ha dado a conocer desde la invención de encuestas que favorecen al candidato del PRI, hasta videos acompañados de una andanada judicial contra Ricardo Anaya, pasando por supuestos registros médicos de Andrés Manuel López Obrador.
Así es que no sería extraño que en estos días surjan nuevas revelaciones. Habrá que estar muy atentos para no confundir la información real y que puede ser útil para los electores, con los fuegos de artificio que sólo buscan agitar un avispero ya de por sí muuuy alborotado.
Tarjeta amarilla le sacó el INE al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien se ha estado metiendo en el juego electoral cuando se supone que debería de verlo desde la tribuna.
El viernes, los muchachos de Lorenzo Córdova le ordenaron retirar un video difundido como supuesta publicidad pagada en su Facebook en el que se criticaba una propuesta del candidato frentista Ricardo Anaya.
A decir de varios de sus paisanos, el mandatario se ha escapado de una sanción del árbitro electoral, pues acumula varias faltas contra quienes apoyan en su entidad a candidatos de partidos distintos al PRI.
¿Será que Fayad podrá estar sereno y sin invadir el campo de aquí al 1o. de julio o se arriesgará a que le saquen otra tarjeta? Es pregunta que grita: ¡árbitroooo!
Quienes conocen bien al jefe de Gobierno sustituto de la CDMX, José Ramón Amieva, cuentan que anda que no lo calienta ni el sol... azteca.
Y es que el PAN de la delegación Benito Juárez, aliado electoral del PRD lo metió en un broncón después de que se descubriera que un camión del gobierno local transportó despensas a un domicilio con una manta del candidato a diputado federal blanquiazul Luis Mendoza.
El asunto ya le costó la chamba a un director de la Secretaría de Desarrollo Social a la que pertenece el camión, pero la investigación de la Fiscalía electoral y la Contraloría locales apenas comienza.
Y cuentan que el enojo de Amieva es doble pues, hasta hace cuatro meses, el titular de la dependencia que está en el centro del escándalo... ¡era él!
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BAJO RESERVA /El Universal
¿Quién se saca el "gordo" en la lotería electoral?
El consejero del INE José Ruiz Saldaña informó que el próximo 29 de junio -es decir, dos días antes de la jornada electoral- se realizará el sorteo de la Lotería Nacional alusivo a las elecciones del 1 de julio. Nos cuentan que el máximo órgano electoral espera una masiva compra de billetes de lotería y, de paso, hacer una promoción del voto libre de los ciudadanos. Estamos en plena recta final, pues dentro de ocho días se estará celebrando la tan esperada jornada electoral. Y lo interesante es que seguro los candidatos, desde la Presidencia de la República, pasando por senadurías, diputaciones federales y locales, hasta regidurías, lo que más desean es tener en sus manos el billete que tenga el premio mayor, sacarse el "gordo" en la lotería electoral. Quién pudiera, dirá más de uno.
El secretario de Hacienda festeja goles con Meade
El que aprovechó ayer su día de descanso fue el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, quien se fue hasta Coatzacoalcos, Veracruz, a ver el partido de futbol de México contra Corea del Sur al lado de su amigo José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México. González Anaya dijo que fue su día de asueto y además viajó a su tierra. Pero no sólo fue a ver el partido, también aprovechó para hacer campaña al lado del candidato presidencial. La amistad de ambos también se notó en el segundo debate, celebrado en Tijuana, hasta donde González Anaya también se dio una vuelta para apoyar. Así que ayer decidió ir a festejar los goles de la Selección Nacional con su amigo.
Estertores en el PRD
Llamó la atención la declaración de Vladimir Aguilar, integrante de la directiva del PRD, pero sin mucho arrastre, en el sentido de que prevé la derrota de su abanderado presidencial, el panista Ricardo Anaya, y de la perredista Alejandra Barrales en la Ciudad de México. Nos cuentan que algunos voltearon a ver hacia algún estado gobernado por el sol azteca como la mano que mece la cuna. Pero otros recordaron que Rodrigo Gayosso, candidato a gobernador de Morelos por el PRD e hijo del actual mandatario estatal Graco Ramírez, dijo que "habrá muchas personas en Morelos que vamos a votar por ya sabes quién". Cosa de recordar, añaden, el pleito añejo entre Graco y AMLO, pero lo que es cierto es que estos estertores amarillos son el barrunto de que en el sol azteca muchos, de manera soterrada, no van con el candidato presidencial de Por México al Frente. Falta una semana para correr el telón.
Duelo por Ayotzinapa
El caso Ayotzinapa, en sus distintas vertientes, tiene en un duelo a la Procuraduría General de la República con otras instancias, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Judicial, luego de las resoluciones de un Tribunal en Tamaulipas que obliga, entre otras cosas, a una comisión de la verdad. Sin embargo, el tema está lejos de cerrarse. En las próximas semanas continuará el duelo. Sobre todo porque se cierra el plazo para acatar la resolución del Tribunal. El tema, nos anticipan, lejos de concluir pronto podría alargarse aún más, incluso hasta la siguiente administración federal. Así que no hay que perder de vista el escarceo en torno a un asunto en el que, lamentablemente, aún hay muchos claroscuros.
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TRASCENDIÓ /Milenio Diario
Que al ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se le vio contento ahora que regresó a Tamaulipas, y es que no es lo mismo ir a escuchar reclamos por no resolver la violencia, que venir a una caminata proselitista con unos 7 mil priistas, según sus cuentas. Esta visita la organizaron con discreción, para que no se le fueran a plantar al ex funcionario federal los familiares de desaparecidos, que horas antes le habían pedido apoyo a Andrés Manuel López Obrador.
Que el que anduvo muy activo este sábado fue José Antonio y no Meade, sino González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, pues dedicó todo el día a acompañar a su ex jefe. Cada vez es más común ver al encargado de las finanzas del país en mítines, reuniones y hasta en la casa de campaña del candidato presidencial del PRI. Esta vez fue con motivo del partido del Tri y la visita a Veracruz para encontrarse con petroleros e incluso tiene un lugar apartado el próximo miércoles en el cierre de campaña en Saltillo, Coahuila, y el domingo en el war room que instalarán en la sede nacional priista para dar seguimiento a la jornada electoral.
Que ahora todos los aficionados al futbol buscarán a Ricardo Anaya, pero no por sus propuestas electorales, sino porque resultó bueno para los pronósticos deportivos, ya que le atinó al marcador exacto del partido entre México y Corea del Sur. El panista predijo que la selección se impondría 2-1, vaticinio que se la pasó presumiendo ayer en todos sus actos públicos por el Estado de México. ¿Será que el panista resultará mejor que el pulpo Paul?
Que el grupo de nueve legisladores al que la Comisión Permanente dio luz verde la semana pasada para viajar a EU y dialogar con sus pares sobre el rechazo a la política migratoria del presidente Donald Trump, en particular la separación de menores de sus padres, siempre sí comenzarán mañana una gira de tres días por el vecino país. Pese a los rumores de que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sugirió aplazar el viaje para después de las elecciones, legisladores encabezados por el senador priista Jesús Casillas tienen previsto reunirse con congresistas estadunidenses, con especialistas del Migration Policy Institute y organizaciones civiles..
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FRENTES POLÍTICOS /Excélsior
I. El otro triunfo de México. Ayer, por cuestiones futbolísticas, se produjo un fenómeno social en la Ciudad de México, que por ciertos momentos creó preocupación. En el Paseo de la Reforma y el primer cuadro de la capital, coincidieron la marcha LGBTTTI y los aficionados que festejaron la victoria de la Selección Nacional ante Corea del Sur. En el Zócalo, más de 90 mil asistentes escucharon con respeto el himno coreano, entonaron el Himno Nacional Mexicano, mientras el orgullo gay marchaba como todos los años. El festejo se dio sin complicaciones. Era, prácticamente, una zona de riesgo, pero subsistió la celebración y el respeto a la diversidad. Una verdadera clase de civismo de la muy noble, leal y solidaria Ciudad de México. ¡Felicidades!
II. Campaña triunfadora. Así como la Selección Nacional vence en el Mundial, la coalición Todos por México pisa con dominio el terreno de juego. Aprovechando que ambos coincidieron en Coatzacoalcos, Veracruz, los dos José Antonio, Meade Kuribreña y González Anaya presenciaron juntos el partido de Corea del Sur-México. El secretario de Hacienda, quien es oriundo de este municipio, le sacó jugo a su estadía y en plena efervescencia futbolística se unió a Meade por el bien común, que es posicionar al aspirante presidencial, acompañados, además, por las porras de Juana Cuevas, esposa del candidato. Meade aseguró contar con la mejor selección que hará valer su experiencia y efectividad en los comicios. Y, además, que goleará a sus adversarios tres a cero. Predicción que ni el pulpo Paul.
III. La descomposición. En Michoacán hay políticos "impresentables" que dejaron al PRD para irse a Morena. Fidel Calderón, diputado federal con licencia, no explica cómo esfumó 90 millones de pesos, pero ahora será diputado local con garantía de fuero. Graciela Andrade, exsecretaria de Educación, autorizó compensaciones y sobresueldos a maestros de la CNTE, dinero que fue a parar a campañas políticas y al bolsillo de los operadores de la Coordinadora. Fabiola Alanís y Cristina Portillo hicieron carrera a la sombra de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, dieron el bandazo y ahora operan a favor de Morena. A la traición se suma que ninguna ha ganado una elección. Con esas trayectorias, lo que les llueve son críticas.
IV. La desesperación no ayuda. Los coordinadores de campaña de Por México al Frente se equivocaron. Pensaron que nadie iba a observar, pero su reparto de tarjetas a posibles electores no tuvo un final feliz. Morena presentó una queja ante el INE, pues con la tarjeta Ingreso Básico Universal intentan, precisó Horacio Duarte, representante de Morena, comprometer el voto ciudadano bajo la promesa de entregar dinero a quienes apoyen a Ricardo Anaya. El documento llegó a domicilio con el compromiso de que se les depositarían mil 500 pesos al triunfo de Anaya. Duarte consideró que esto es un abuso, ya que el PAN, el PRD y MC se aprovechan de la necesidad de la gente para generar un esquema ilegal. Se quejan, y ellos son quienes pretenden, con este tipo de regalos, "privatizar" tu dignidad.
V. NI con el pétalo de una rosa. El machismo tiene un costo y a nivel político suele ser muy elevado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las candidaturas de Juan García Arias y Pablo Ánica Valentín, aspirantes a las alcaldías de San Juan Colorado y San Juan Bautista Lo de Soto, de Oaxaca, abanderados por la coalición PRI, PVEM y Panal, por ejercer violencia política de género en contra de sus compañeras concejales. El órgano determinó bajar a los candidatos por sus conductas hacia dos sindicas, por lo que "la resolución debe acatarse de forma inmediata y la coalición Todos por México debe nombrar a otros aspirantes para ocupar su lugar". No se los #
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AMLO poeta/Gabriel Zaid...
Reforma, 24 Jun. 2018
Corre la leyenda de que Andrés Manuel López Obrador compuso el himno del PRI tabasqueño, del que fue presidente. Se entiende, porque Tabasco es tierra de poetas. Carlos Pellicer, José Gorostiza y José Carlos Becerra fueron tabasqueños. Y cuando Pellicer fue candidato del PRI a senador por Tabasco (1976), el joven López Obrador militó en su campaña. El socialismo cristiano de Pellicer lo marcó.
Tabasco es también tierra de lingüistas. Francisco J. Santamaría no sólo fue gobernador del estado, sino el autor de un admirable Diccionario de mejicanismos. AMLO buscó la gubernatura de Tabasco, es autor de 16 libros y tiene una riqueza de vocabulario inusual entre políticos.
Las personas que insultan suelen tener un repertorio limitado y repetitivo. No AMLO. Es un artista del insulto, del desprecio, de la descalificación. Su creatividad en el uso de adjetivos, apodos y latigazos de lexicógrafo llama la atención: 

Achichincle, alcahuete, aprendiz de carterista, arrogante, blanquito, calumniador, camajanes, canallín, chachalaca, cínico, conservador, corruptos, corruptazo, deshonesto, desvergonzado, espurio, farsante, fichita, fifí, fracaso, fresa, gacetillero vendido, hablantín, hampones, hipócritas, huachicolero, ingratos, intolerante, ladrón, lambiscones, machuchón, mafiosillo, maiceado, majadero, malandrín, malandro, maleante, malhechor, mañoso, mapachada de angora, matraquero, me da risa, megacorrupto, mentirosillo, minoría rapaz, mirona profesional, monarca de moronga azul, mugre, ñoño, obnubilado, oportunista, paleros, pandilla de rufianes, parte del bandidaje, payaso de las cachetadas, pelele, pequeño faraón acomplejado, perversos, pillo, piltrafa moral, pirrurris, politiquero demagogo, ponzoñoso, ratero, reaccionario de abolengo, represor, reverendo ladrón, riquín, risa postiza, salinista, señoritingo, sepulcro blanqueado, simulador, siniestro, tapadera, tecnócratas neoporfiristas, ternurita, títere, traficante de influencias, traidorzuelo, vulgar, zopilote.

La inspiración dicta lo que baja del cielo: juicios olímpicos y fulminantes. "¡Torres de Dios! ¡Poetas! ¡Pararrayos celestes!" -dijo Rubén Darío.
Insulta a diestra y a siniestra, aunque "con todo respeto". Desprecia y descalifica, pero con "amor y paz". Recomienda cuidarse de los otros candidatos, como si fueran asaltantes: "No lleven cartera porque va a ser una robadera". Lo escenificó en un sketch ante las cámaras de televisión, cuando se le acercó el candidato del PAN-PRD-MC. Compone parodias de comerciales, como la burla contra el candidato del PRI:
 Ternurita, ternurita:
 ¡Apúrate!
porque te va a ganar Margarita.
Le gustan los dísticos: "No queremos candidatos ni de chivos ni de patos". "Agarra la avena, pero vota por Morena".
AMLO se volvió adicto a ser el centro de la atención pública mientras descarga sus sonoros epítetos. Cuando fue jefe del Distrito Federal, se daba el lujo de citar a las seis de la mañana para conferencias de prensa que los reporteros no podían ignorar. La prensa, fascinada y sumisa (a pesar de que la maltrata) lo sigue a todas partes y amplifica sus declaraciones. Domina el arte de volverse noticia.
Como Júpiter Tonante, es caprichoso y no discute con iguales, porque no los tiene. No acepta consejos, menos aún críticas. No trata de convencer con argumentos, sino con su presencia carismática. No necesita escuchar. Desde las alturas, impone decisiones con su dedocracia cariñosa: "Lo que diga mi dedito".
No había un clamor popular que pidiera segundos pisos en las calles del Distrito Federal (en vez de ampliar el Metro). Ni fueron el resultado de un estudio técnico de su Secretaría de Obras Públicas. Fueron una ocurrencia: lo que dijo su dedito.
Los políticos saben que la gloria en el poder es efímera. Saben también que las obras monumentales quedan, cuando menos por un tiempo. La obra cumbre de AMLO fueron los segundos pisos. Trató de legitimarlos con un plebiscito, se los encargó a una yes person (no a su secretario de Obras Públicas) y eludió el escrutinio público del manejo del dinero.
En cambio, hubo un clamor y hasta una manifestación de miles que pedían algo completamente razonable: una ciudad más segura. Pero se ofendió, tomó el micrófono y los insultó: "La marcha de los pirrurris".
No se puede contener. Pellicer fue un poeta de la alegría, AMLO es un poeta del insulto. Arrastrado por la inspiración, seguirá insultando, aunque su incontinencia tenga costos políticos. Las musas mandan. El Peje por la boca muere.
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Vila: “…no me ayudes Patrón”
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior..
Vila: “…no me ayudes Patrón”
El exgobernador presentó formal denuncia por un supuesto desvío millonario en el sector salud yucateco.
Ahora sí que en la guerra y en el amor, como reza el popular refrán, ¡y en la búsqueda del poder político!, podríamos agregar, todo se vale. Desde exagerar o minimizar los hechos, por ejemplo, hasta mentir sobre la realidad social de un entorno determinado…
Lo anterior viene a cuenta luego de atestiguar cómo, en Yucatán, el exgobernador Patricio Patrón Laviada, panista él, no dudó alterar la realidad sobre lo que ocurre en el sistema estatal de salud con el mal disimulado propósito —¿podría haber otro?— de dañar al mandatario en turno Rolando Zapata Bello y, más, a quien pretende sucederlo en la posición, Mauricio Sahui Rivero, militante como él del Revolucionario Institucional.
Y todo, en opinión de quienes conocieron directamente del caso, en aras de “reflotar” la candidatura del aspirante por Acción Nacional, el exalcalde meridano Mauricio Vila Dosal, cuya campaña, como aquí mismo hemos referido en un par de ocasiones, ha sido objeto de múltiples polémicas suscitadas por las denuncias que en su contra hiciera su excorreligionario Joaquín Huacho Díaz Mena, candidato también a la gubernatura por Morena y, más recientemente, por excluir de su declaración patrimonial propiedades de alto valor.
Sucede que el pasado viernes, utilizando a manera de apoyo un par de fotografías en las que bebés tenían colocadas en la cabeza cajas de cartón a manera de respiradores improvisados, Patrón presentó formal denuncia por un supuesto desvío millonario en el sector salud yucateco y aseguró, a manera de ejemplo, que situaciones como las mostradas evidenciaban las “deplorables condiciones” en que funciona el hospital de Tekax.
Hasta ahí el asunto parecía una valiente denuncia de desvío de recursos y, más, del abandono por parte del estado de un rubro particularmente sensible cual es la atención hospitalaria a menores…
…Ello, sin embargo, no pareció serlo tanto cuando, apenas dadas a conocer las declaraciones del exgobernador, quien habló de una suerte de “estafa maestra” en la entidad, la difusión de las impactantes imágenes vía redes sociales evidenció que las mismas no correspondían al nosocomio que él mismo ubicó en Tekax, ni a ningún otro de Yucatán o México siquiera, sino a noticias falsas (fake news) circuladas hace tres años, en 2015, en Sudamérica y que, presumiblemente, fueron tomadas
en Venezuela.
En medio del escándalo, otro, suscitado en la aún hoy apacible entidad peninsular. No son pocos analistas que han comenzado a destacar que, en la búsqueda de rendimientos electorales, cuatro días escasos antes del cierre de campañas, nada parece más factible, sino que detrás del asunto esté una campaña, la de Vila Dosal, quien, insistamos, ha debido enfrentar toda suerte de escándalos…
Ya habrá tiempo de evidenciar las cosas y de atestiguar si situaciones como la que referimos abonaron finalmente a la causa que presumiblemente pretendió servir o, por el contrario, el panismo acabará pronunciando aquello de “con estos amigos…” o peor, el clásico “¡no me ayudes, compadre!”…
ASTERISCOS
* ¡¡¡De no ser tan grave, movería no a risa, sino a compasión!!!, la forma tan burda —ternuritas, diría un joven— en que activistas (presuntamente) vinculados al panismo de Benito Juárez, al candidato a diputado Luis Mendoza en concreto, fueron pillados descargando despensas, colchones y cobijas, en Tokio 614, Portales, domicilio identificado con propaganda del romerito…
* En línea con el candidato presidencial de Todos por México, José Antonio Meade, y el aspirante al gobierno capitalino, Mikel Arriola, la priista guanajuatense Azul Etcheverry signará hoy un compromiso formal de apoyo al Frente por la Familia (FNF)… lo que abona en su intento de llegar al Senado, en lo que la abortista y activista progay, Malú Micher, es su oponente…   
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
           Twitter: @EnriqueArandaP
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Nuestro futuro/Luis Rubio
Reforma, 24 Jun. 2018
"Quien piense que las cosas no se pueden poner peor no conoce la historia de Argentina", dice el agudo observador David Konzevik. En 1913, Argentina ocupaba el décimo lugar del mundo en producto per cápita; hoy se encuentra en el lugar 57. La razón: décadas de malas políticas económicas ostensiblemente dirigidas a resolver problemas de corrupción, bienestar y pobreza. En lugar de avanzar, el país se ha retraído y los argentinos han ido de crisis en crisis por más de un siglo. Cuando escucho que "las cosas ya no podrían estar peor", recuerdo la historia de Argentina: podrían estar mucho peor, muy rápido. Solo pregúntenle a los venezolanos, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, que hoy viven en la miseria, la desesperanza y la peor crisis social y política de su historia.
La contienda en que estamos inmersos tiene tres dinámicas claramente diferenciables: primero, la disputa entre el futuro y el pasado; segundo, el desenvolvimiento de la administración del presidente Peña y la percepción de corrupción abrumadora que de ella emana; y, tercero, las personas de los candidatos, sus virtudes y defectos. Cada uno de estos elementos contribuye a las percepciones que la ciudadanía tiene de los candidatos mismos y de la forma de votar.
La disputa entre el futuro y el pasado yace en el corazón de esta contienda: se trata de dos proyectos y perspectivas de país los que presentan, por una parte, Anaya y Meade y, por la otra, AMLO. Los primeros, cada uno con sus características y capacidades, coinciden en la necesidad de construir el país del futuro por medio de su transformación integral, con la mira hacia el futuro y siguiendo a los países más exitosos.
AMLO, por su parte, plantea un retorno a los orígenes: el país funcionaba mejor antes cuando no se pretendía la modernidad, cuando el gobierno imponía su visión sobre la sociedad y el presidente era todopoderoso. Su planteamiento parte del principio que las cosas estaban bien y que las reformas que comenzaron en los ochenta le dieron al traste al desarrollo que el país ya estaba logrando. Su modelo es el México de entonces; el problema es que la sensación de certidumbre que da el pasado no resuelve la pobreza, la desigualdad ni la falta de crecimiento.
Independientemente de la viabilidad de cualquiera de los planteamientos, explícitos o implícitos, de los candidatos, se trata de dos maneras de ver y entender al mundo radicalmente distintas. Así, esta elección no es sobre políticas concretas sino sobre la dirección que debe seguir el país en el futuro: hacia adelante o hacia atrás.
La administración del presidente Peña es un factor central de la elección de este año, esencialmente por sus carencias, pero sobre todo por su distancia respecto a la realidad cotidiana de la población. Sus campañas publicitarias -en resumen, ya no molesten- y sus paseos por el país revelan una absoluta incapacidad para comprender el enojo de la ciudadanía con la corrupción, la desidia y el desinterés por la vida diaria del mexicano. El resultado es que un componente nodal de esta elección será el enojo con Peña frente al miedo a retornar al pasado que entraña AMLO. El enojo con Peña es real; por lo tanto, el futuro de Meade depende de ser percibido como independiente del presidente. El futuro de Anaya depende de que pueda convencer de su capacidad para ser presidente. Meade y Anaya han tratado de diferenciarse entre sí a la vez que buscan presentarse como personajes del futuro. Hasta hoy, ninguno ha crecido lo suficiente como para diferenciarse entre sí y tornarse en una opción real frente al electorado.
La naturaleza de los candidatos mismos es clave en la elección. En orden alfabético, Anaya ha sido un legislador exitoso y encabeza una coalición de fuerzas políticas y partidos que hace tiempo hubiera sido considerada inconcebible, pero su tesón y rudeza lo llevó a donde está. López Obrador lleva décadas en la política, fue un exitoso jefe de gobierno del DF y ha logrado mantenerse en el pandero porque ha demostrado integridad y honestidad como persona, a la vez que plantea las preguntas relevantes que México todavía tiene que resolver, como pobreza, desigualdad y crecimiento económico. Meade ha sido funcionario gubernamental por décadas, conoce mejor que nadie los vericuetos de la burocracia y tiene una visión clara y estructurada de los desafíos que enfrenta el país.
En los estudios norteamericanos sobre su presidencia, una rama de la ciencia política de vieja raigambre, el elemento clave con el que se evalúa a los presidentes es su "carácter", un término que se traduce como entereza; cómo lidiaría ante problemas que no son previsibles o anticipables y que obligan a la persona a responder, momento en el cual es la entereza lo único que cuenta. Es en esas condiciones que emergen figuras como Lincoln y que los convierten en parangones de liderazgo e integridad.
Los mexicanos tenemos frente a nosotros una elección que conjuga visiones radicalmente distintas del mundo, personalidades con historias y habilidades contrastantes y una decisión fundamental que determinará hacia dónde iremos. ¿Resolveremos los problemas del país o repetiremos la historia de Argentina?
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Ciudadanos incómodos/Juan E. Pardinas
Reforma, 24 Jun. 2018
Ni Enrique Peña Nieto, ni Andrés Manuel López Obrador han expresado una alta estima por el trabajo de la sociedad civil mexicana. En noviembre de 2017, el presidente de México se sinceró ante un micrófono abierto: "Lamentablemente, a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condena(n)... que critica(n), que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano". En abril pasado, AMLO sentenció que había una "sociedad civil fifí" que era parte de "la mafia en el poder".
La sociedad civil nace de dos libertades democráticas: de expresión y de libre asociación. Bajo la hipótesis de que ambas libertades siguen vigentes en México, 300 organizaciones civiles convocarán a recolectar más de 110 mil firmas para una iniciativa ciudadana que reforme el artículo 102 de la Constitución. De la redacción de este artículo depende el diseño jurídico de la Fiscalía General de la República, la institución encargada de combatir la impunidad en los delitos del fuero federal. Los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás convocarán al lanzamiento en una fecha posterior a los comicios del próximo fin de semana.
La violencia, la impunidad, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos no serán exorcizadas por el conjuro de las urnas. Si nos quedamos esperando a que llegue un nuevo Tlatoani a curar nuestros malestares colectivos, las enfermedades de la República nos seguirán doliendo por varias generaciones.
El proyecto de Animal Político, Matar en México, demuestra lo fácil, lo trivial, lo rutinario, lo barato, lo inconsecuente, lo "normal" que resulta asesinar a una persona en nuestro país. Desde hace siglos, la autoridad del Estado surge como una necesidad de protegerse contra la barbarie. La principal razón de ser de una autoridad política es proteger la vida de sus súbditos o ciudadanos. Ante las amenazas externas e internas surge la necesidad de crear ejércitos y policías. Un Estado que no brinda garantías mínimas de seguridad a sus habitantes es una cubeta perforada en el fondo, un reloj sin manecillas, un aparato que no cumple con su función elemental. Mayo pasado fue el mes más violento de la historia de nuestros registros estadísticos de violencia. Podemos ser la quinceava economía del mundo y el principal exportador de aguacate del planeta, pero la enorme mayoría de esos 2,890 homicidios quedarán impunes. El Estado mexicano no tiene capacidad de procurar justicia sobre este ritmo macabro de un asesinato cada 15 minutos.
La alternancia en el poder, en el año 2000, dejó intactos los órganos de procuración de justicia. La reciente sentencia sobre el caso de Ayotzinapa nos demuestra que la PGR funciona de forma muy parecida que en las épocas más rancias del siglo pasado. ¿Qué país tendríamos si la policía y los funcionarios dedicados a la procuración de justicia tuvieran el mismo respeto ciudadano que un servidor público del INEGI, el Banco de México o el INE?
Por negligencia y olvido, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto se ocuparon de modernizar al Ministerio Público. Los gobernadores estatales hicieron una réplica a escala de este desdén institucional. Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en contra de la autonomía plena del Ministerio Público. En el año 2005, AMLO fue víctima de la prostitución electoral de la procuración de justicia. La vida es una tómbola. En el 2018, el Peje fue un feliz beneficiario del uso mediático de la PGR en contra del candidato del Frente, Ricardo Anaya. No se puede dignificar ni modernizar la procuración de justicia si el Ministerio Público se utiliza como la policía política del Presidente en turno.
Impulsar ese cambio será tarea de organizaciones civiles, cámaras empresariales y colectivos de víctimas que no se conforman con el país que tenemos. Ni bullies, ni fifís. La voluntad de los ciudadanos incómodos determinará el potencial del cambio.
@jepardinas
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Todas las estaciones tienen sala de espera y, nada más por no perder la costumbre, les dejo aquí mi reputación semanal.
SALA DE ESPERA
ALGO PERSONAL/Gerardo Galarza, tomado de Facebook.
No, no, me chingué la rodilla. 
Dejé el futbol por exigencias del periodismo y de una (mi) mujer. Apenas tenía 24 años. Jugaba entonces en La Plaga, saque usted sus propias cuentas, equipo al que fui transferido por el grandioso Hollywood, en el que como su nombre lo informa jugábamos puras estrellas, a donde había llegado del Nacional de San José Viborillas, luego de una exitosa campaña como goleador. Ignoro si todavía existe mi última cancha de batallas en San José Agua Azul, en Apaseo en Grande, Guanajuato. Ahí me retiré sin despedida alguna.
Seis años después, don Julio Scherer García decidió que este escribidor debería de ser el jugador número 23 (entonces la FIFA sólo registrada a 22 jugadores) de la selección mexicana que participaría en el Mundial de 1986. Como tal, debía “concentrarme” en el Centro de Capacitación, cerquitita del Estadio Azteca, como cualquier otro seleccionado. 
El señor Scherer estuvo dispuesto a pagar mi estancia y mis gastos en esa aventura. Por supuesto que la orden de trabajo (asignación, le llaman ahora, o algo así, para que supongo no suene a imposición) era que ahí viviera y que incluso entrenara con los otros jugadores, bajo el mandato del técnico nacional, Bora Milutinovic. La idea era contar la historia de un “seleccionado”. El escribidor soñó --ni modo, tiene que contarlo-- con ganarse un lugar para jugar en ese Mundial.
Gran idea periodística. Hice e hicieron todos los trámites posibles. Don Julio habló con quien tenía que hablar, el escribidor también, pero la Federación Mexicana de Futbol, entonces encabezada por el doctor Rafael del Castillo, el técnico Bora y los vigilantes del Centro de Capacitación dijeron: ¡Ni madres! Y me prohibieron la entrada.
La orden se mantuvo. Las dos. Y ahí me tienen todos los días a las siete de la mañana llegando al Centro de Capacitación, dejado ahí por la fiel Sonia y nuestra pequeña y entonces única hija Claudia.
Los vigilantes tenían órdenes de no dejarme entrar. Bora gritaba medio en serbio: “¡Fuera!”, cuando lograba colarme. No supo que tuve cómplices: algunos jugadores a los que debo pacto de anonimato y, sobre todo, Miguel Gato Marín, entrenador de los porteros, y Héctor Sanabria, quien había sido defensa central de mis Pumas. “No te preocupes. No les hagas caso a esos cabrones”, me decía el llamado El Suavecito. “Nada más no te pongas bronco. No pasa nada. Ni cuenta se darán” y el gran Supermán guiñaba uno de sus ojos de acero. No dudo que hablaron con los vigilantes, quien se hacían tontos cuando entraba “clandestinamente”. Esto aquí se cuenta como un pobre homenaje a ambos, ya muertos, y que seguramente gozarán de la gloria de Dios, a quien según todas las evidencias terrenas le encanta el futbol.
De esos tiempos quedan algunas entrevistas con jugadores, con sus familias, con sus esposas. Alguna crónica por ahí. Lejos de la expectativa. Pese a todo, ni la FMF ni la FIFA vetaron al escribidor (es probable que ni se acordaran de él) y pudo cubrir el Mundial, junto con Paco Ponce, esa leyenda del periodismo deportivo mexicano.
Nunca, se comprenderá, entrené con los seleccionados. Tampoco viví con ellos. Acaso conviví con algunos. Vamos, ni siquiera conservo una playera de ese entonces. Pero, sin que nadie lo supiera ni me consolara, la tarde del 21 de junio de ese año (exactamente 16 años después de que Brasil se coronara como tricampeón mundial en 1970), lloré en silencio la derrota en penaltis, frente Alemania en cuartos de final en Monterrey.
Por eso, la victoria 1-0 de México ante Alemania, el pasado domingo 17 de junio en el Mundial de Rusia; la mayor, a juicio del escribidor, en la historia de cualquier equipo mexicano en mundiales de futbol, fue una especie de revancha personal. Más cuando, hay que escribirlo, Alemania reapareció en un Mundial como campeón. Nada más.
Mejor: la victoria fue obtenida por un equipo menospreciado, insultado, humillado por cronistas y periodistas (para vergüenza del oficio), de la historia del futbol nacional, por culpa de un director técnico diferente, empecinado con sus creencias, líder --hoy se sabe-- de un grupo de futbolistas a los que les hizo creer en sí mismos.
Ya lo ha dicho por ahí: el escribidor conoció a Juan Carlos Osorio en los pasillo de Excélsior, en Bucareli y Reforma, recién llegado a México. Hombre modesto, en pocos minutos mostró sus conocimientos, su inteligencia y prometió su trabajo. “Haré lo mejor”, dijo. Ya lo hizo. Logró contagiar a sus jugadores, quienes soportaron sus rotaciones, y sobre todo a sus críticos amargos.
El escribidor se va a quedar con la imagen del profe Osorio sentado en el banquillo, impasible, cuando todo su equipo celebraba el gol de Irving Chucky Lozano ante los alemanes. Fue una revancha personal. 
Luego al final de partido, el discreto colombiano hubo de celebrar feliz, como debe de ser. Y hubo algunos merolicos, disfrazados de cronistas y analistas, sin vergüenza todos, quienes dijeron perdonar la gestión profe Osorio como seleccionador nacional mexicano, la mayor exitosa de todos los tiempos. El perdón debería ser otorgado por el técnico colombiano y el escribidor está seguro de que lo haría si se lo hubieran pedido.
Luego vino el triunfo frente a Corea del Sur. Dos victorias que a otros países les han dado la clasificación a la siguiente ronda y que al equipo del profe Osorio sólo lo ponen a decidir, en su último partido, su futuro en el Mundial de 2018. Sabe el escribidor que el equipo mexicano saldrá, como siempre, a partírsela. No hay duda.
Ya lo dijo don Javier Chicharito Hernández, hijo de Javier Chícharo Hernández, seleccionado mexicano en 1986, que no pisó la cancha mundialista, y nieto de Tomás Balcázar, quien portó la casaca nacional en el Mundial de 1954: “Imaginemos cosas chingonas”. Sí, él, sus compañeros y su director técnico las imaginaron y ya llevan dos, suficientes para tapar bocas, que se abrirán nuevamente si no consiguen la clasificación. 
Ellos lo saben, como el escribidor sabe que nunca se chingó la rodilla, y que aquella mujer y aquél oficio han sido más y mejor que cualquier trofeo.
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Revista Proceso # 2173, a 24 de junio de 2018
El INE está blindado, los riesgos, "el día después"
Lorenzo Córdova asegura que pensar en un fraude electoral está fuera de lugar. En entrevista, el consejero presidente del INE detalla todas las medidas con las que el Instituto se ha blindado, señaladamente la transparencia que habrá en el conteo de votos, que realizarán los ciudadanos y estará vigilado por varias instancias. Aun así, y de cara al ambiente enardecido que han dejado las campañas, habla del escenario que podría presentarse si algo fallara: “Si no cumplimos todos con nuestra responsabilidad, el día después nos vamos a encontrar con problemas, y no vale la pena tensar la liga tanto que pueda romperse”.

A una semana de la jornada electoral el panorama no es halagüeño. Desde hace meses la violencia y la inseguridad se han recrudecido en todo el país y de ello no han quedado exentos políticos en funciones ni candidatos a cargos de elección popular –es larga la lista de asesinados– de prácticamente todos los partidos.
A ello se agrega la guerra sucia, desatada principalmente contra Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, y contra Ricardo Anaya Cortés, de Por México al Frente.
En ese contexto, el lunes 18 Proceso entrevistó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
–Hace unos días dijo de manera contundente que el 1 de julio no habría la menor posibilidad de un fraude electoral. ¿No le parece muy aventurado decirlo así? En la calle se percibe otra cosa. Y mucho se alude a la infinita capacidad del PRI y del gobierno para hacer trampa.
–Entiendo por fraude una manipulación masiva de los resultados electorales, de modo tal que lo que los ciudadanos expresan en las urnas no es respetado. Y creo que justamente existen una serie de blindajes que impiden que eso ocurra. Nos ha llevado tres décadas construir un sistema electoral pensado, planeado y edificado para impedir que en las elecciones haya una manipulación de los resultados que se arrojan en las urnas.
El primer blindaje, explica Córdova, es que ya no es el INE el que cuenta los votos, como sí lo hacía el IFE (Instituto Federal Electoral) antes de ser ciudadanizado. 
“Quienes van a contar los votos van a ser 1 millón 400 mil ciudadanos seleccionados mediante un sorteo, que son conocidos por los propios partidos políticos; los nombramientos se generan por parte de la autoridad electoral a través de los consejos distritales, en donde los partidos tienen representación, y que eventualmente pueden ser impugnados ante el propio Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación).
“Al INE le corresponde operar una serie de sistemas, el conteo rápido, el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) y conduce los cómputos distritales tres días después de las elecciones; y para su operación se han venido tomando una serie de medidas muy importantes.
“Primero: los conteos rápidos tienen una historia detrás que nos ha llevado a plantear que ningún conteo rápido de los que ha organizado el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, ha tenido una alteración en la determinación de las tendencias de votación que tienen los candidatos.
“En segundo lugar, el PREP, que tiene una serie de auditorías y blindajes que garantizan que no haya ninguna, digámoslo así, contabilización –aunque sean resultados preliminares– equivocada de los votos. 
“La UNAM audita este sistema, lo va a auditar, lo está auditando en los días previos a la jornada electoral; entregará los resultados de esa auditoría para garantizar que en la construcción del sistema no existe ningún tipo, digámoslo así, de variable que pueda alterar o sesgar los votos.”
–Me parece que la gente ya está consciente de que el fraude ya no se da en las casillas, pues están vigiladas por representantes de los partidos y observadores ciudadanos… (el miércoles 20, en la sesión del Consejo General del INE, el propio Córdova dio a conocer que la coalición Todos por México tiene 99.99% de casillas cubiertas con al menos un representante; Juntos Haremos Historia, 99.86%, y Por México al Frente, 98.85%).
–Déjame agregar esto y te respondo. Hoy tenemos un sistema que le permite a cualquier persona conocer los resultados junto con la imagen del acta, es decir, con lo que llenaron los ciudadanos. Y además, en los cómputos distritales se recuenta una enorme cantidad de paquetes.
“En las últimas dos elecciones federales el porcentaje de recuento de los votos, es decir, el voto por voto, casilla por casilla, es del orden de entre 57% o 58% y 65%. Es decir, se recuenta más de la mitad de los votos, y los cambios han sido marginales, debidos a errores, no a un sesgo.
“Por lo tanto, decir que hay fraude es una palabra muy fuerte y por lo tanto, la respuesta es contundente: el sistema, tal como lo hemos construido, no permite que haya un fraude entendido como una manipulación, como cambiar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.”
–Le decía que la gente tiene claro que el fraude ya no se gesta ni se hace en la casilla. Ahora empieza desde antes, con la compra y coacción del voto o con el uso electoral de los programas sociales…
–El INE ha venido tomando una serie de decisiones en los últimos procesos electorales, precisamente para irnos blindando frente al uso de programas sociales con fines políticos. De hecho, en la segunda mitad del año pasado se tomaron una serie de decisiones que buscaban generar, inyectar mayores condiciones de equidad en la competencia. Tomamos decisiones que se plasmaron en el acuerdo de “cancha pareja”, prohibición de uso de tarjetas que vendían algún tipo de beneficio a cambio de un resultado electoral, un beneficio futuro.
“Emitimos un lineamiento con la regulación del Artículo 134 constitucional, y tomamos también una serie de decisiones para blindar el uso de los programas sociales con fines políticos. Dicho artículo establece el principio de imparcialidad en materia electoral por parte de los servidores públicos en dos sentidos: uno, no desviar para fines electorales los recursos que tienen bajo su custodia y tampoco conducirse, como servidores públicos, alterando la equidad de la contienda, es decir, actuando con parcialidad.
“Todo eso en su momento fue revocado por el Tribunal, pero fue revocado por una cuestión de procedimiento. Ninguno de los criterios, la sustancia que estaba contenida en esos acuerdos, fue revocada; y de hecho el INE ha venido operando con esos temas.”
–Sin embargo, no son pocos (entre organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, Morena con mucha insistencia) los que señalan que hay un sinnúmero de casos en los que se usan los programas electorales para conseguir votos…
–Sí, llama mucho la atención que digan eso. Pero lo cierto es que en el INE hemos recibido solamente cuatro quejas desde septiembre a la fecha, denunciando un uso sesgado de programas sociales, y solamente dos quejas en relación con uso de plásticos o tarjetas con promesas futuras.
“Creo que ha habido una acción inhibitoria, y los resultados están ahí; no estoy especulando, son datos ciertos. En el pasado, las denuncias que presentaron los partidos, a propósito de un uso político de los programas sociales, se contaban por decenas y hoy tenemos solamente cuatro en prácticamente 10 meses de proceso electoral. Claro, todavía faltan días para la jornada electoral y pueden presentarse más quejas.”
Logros de la reforma
–El grueso de la gente no alcanza a entender que después de cada proceso electoral viene una reforma político-electoral para subsanar fallas, debilidades, huecos. En esta ocasión, ¿qué no veremos de lo que sucedió, por ejemplo, en 2006? ¿Qué se logró con la reforma de 2007-2008?
–El proceso electoral de 2018 es radicalmente distinto al de 2006. Uno, tenemos una autoridad que tiene competencias de fiscalización muchísimo más robustas, a diferencia del IFE de 2005-2006; hoy para el INE no existe el secreto bancario, fiduciario y fiscal; tenemos acceso a toda esa información. Dos, hoy contamos con una atribución de fiscalización a nivel nacional, y no solamente de las campañas federales. 
“Tres, tenemos un sistema de fiscalización único en el mundo en donde los partidos tienen que reportar en tiempo real lo que ingresan y gastan. Cuatro, hoy tenemos una capacidad de auditoría en campo que entonces no se realizaba. Es decir, nuestro personal hoy está registrando cuántos espectaculares, levantando actas en los mítines, visitando las casas de campaña, generándonos, pues, información para poder identificar gastos no reportados por los partidos políticos.
“Y cinco, estamos haciendo además una fiscalización basada eminentemente en modelos de riesgo e inteligencia financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que desde hace varios meses estamos recibiendo información muy fluida de parte del sistema financiero nacional, en la que nos están indicando cuándo ocurre eso que hemos identificado nosotros como un modelo de riesgo. Y que ha sido reproducido y retomado en varios escándalos que han salido en tiempos recientes, entre otros la llamada ‘estafa maestra’.
“Por ejemplo, identificamos a las empresas fachada; están publicadas incluso por la Unidad de Inteligencia Financiera en el Diario Oficial de la Federación. Tenemos una lista de todas las cuentas que administran, que manejan fondos públicos, sea a nivel municipal, estatal o federal. 
“Y lo que hemos hecho es –ese es el modelo de riesgo– pedirle a los bancos que nos señalen cuándo ha habido, en los meses previos a la elección, una transferencia de fondos públicos; descubrimos que éste era un modelo con el que se estaba operando. Hay varios casos que ya resolvió el INE y que le permitieron configurar las modalidades de este modelo, si hay alguna transferencia de alguna de estas cuentas públicas a alguna de estas empresas, para poder monitorearla día a día durante las campañas electorales y evitar así transferencias indebidas a las propias campañas. Es decir, es una fiscalización mucho más robusta.”
Pero no sólo eso, dice Córdova, sino que hoy también contamos con un PREP que no tiene eso que en 2006 llamaba “archivo de inconsistencias”. 
“Es decir, todas las actas, sean legibles o no, se reportan al PREP, y cualquier persona sabe cuándo hay un acta ilegible, porque aparece su imagen. En el PREP de 2006 solamente aparecían números; hoy aparece un acta, la imagen del acta que le permite a cualquier ciudadano que accede al PREP verificar que lo que aparece como cifras de votación a favor de los distintos partidos y coaliciones corresponde con lo que los ciudadanos anotaron en las actas de escrutinio y cómputo en la noche de la jornada electoral.
“Además, el conteo rápido hoy tiene reglas que no se tenían en 2006. Si estuviéramos en la hipótesis de que los rangos de votación se cruzaran, como pasó en 2006, el INE está obligado a dar a conocer los resultados.
“A diferencia de 2006, el voto por voto, casilla por casilla es una realidad. Se recuenta más de 60% de los paquetes electorales en los cómputos distritales. Tenemos un contexto radicalmente distinto al de hace 12 años.”
–En el proceso electoral de 2012 se vieron otras cosas: dinero sucio, triangulaciones financieras, gastos excesivos no reportados, tarjetas Monex, tarjetas Soriana y toda suerte de artimañas, sobre todo de parte del PRI. ¿Qué resolvió la reforma electoral de 2014, que dio nacimiento al INE? ¿Qué, de todo ello, no veremos en el proceso actual?
–Entre otras cosas que la propia fiscalización de las campañas ocurrirá antes de que el Tribunal Electoral califique las elecciones.
“En 2012 la fiscalización de las campañas presidenciales se dictaminó, se terminó pues, a mediados de 2013. Es decir, en el pasado el sistema de fiscalización establecía que la fiscalización y la calificación de las elecciones corrían por cuerdas separadas, eran dos rutas distintas. Primero se hacía la calificación y después la fiscalización.
“De hecho, lo que vimos en 2012 es que las principales coaliciones y partidos lo que hicieron fue acomodar los gastos de campaña sabiendo ya cuáles eran los resultados. ¡Hombre!, sabiendo que había ganadores y perdedores y los ganadores cuidaron evidentemente los cargos que habían ganado, y los perdedores, digamos, se ensañaron cargando más gastos a los cargos que habían perdido.
“Hoy eso ya no ocurre. Hoy, dado que la fiscalización es una condición de la calificación, nosotros, el INE, tenemos que fiscalizar mucho antes; contamos con resolver los dictámenes de campaña hacia el 10 de agosto, es decir, casi un mes antes de que el Tribunal Electoral califique las elecciones presidenciales, porque los gastos de campaña son un elemento en el que el Tribunal tendrá que ponderar si hay rebases o no a los topes de financiamiento, etcétera, en la calificación de la propia elección. 
“Ese es probablemente el elemento más emblemático de cómo 2018 es ya un escenario radicalmente distinto al de 2012.”
Todos los escenarios
Finalmente se le pregunta al consejero presidente si se justifica la “guerra sucia”, en el tono y la dimensión que se ha estado dando y que ya tiene fastidiado al electorado.
Responde: “En las campañas se vale la intensidad, pero hay necesidad de una responsabilidad, de los distintos actores, de entender y calibrar en su justa dimensión las elecciones. 
“El día después, no sé cuáles vayan a ser los resultados electorales, y el INE no especula con eso. 
“En el INE nos preparamos para todos los escenarios posibles, con independencia de que sean probables o no. Dicho eso, no sé cuáles vayan a ser los resultados. Alguien va a ganar la Presidencia, sí, seguro. Pero la historia reciente nos dice que en los últimos 20 años nadie ha ganado la mayoría en el Congreso y que, por tanto, se requiere del consenso de ganadores y perdedores, que se van a necesitar recíprocamente para poder construir políticas públicas. Eso es parte del juego democrático.
“Y por lo tanto, construir desde ahora un escenario que permita esa coexistencia, pero sobre todo esa colaboración el día después de la elección, es una responsabilidad de todos. No se vale el juego de todo o nada, en democracia no, y eso implica que todos los actores políticos, sociales y económicos, cumplan con la responsabilidad de saber que el día después todos vamos a estar aquí, y que la casa común la tenemos que cuidar todos. No vale la pena dinamitar la casa común porque el día después aquí vamos a vivir todos. 
“Dicho en otras palabras: construirnos el escenario del día después, con independencia de quién gane; es responsabilidad de actores políticos, económicos y sociales.
“Pero si no cumplimos todos con nuestra responsabilidad, el día después nos vamos a encontrar con problemas, y no vale la pena tensar la liga tanto que pueda romperse, porque el día después, el 2 de julio, va a llegar, y va a llegar con todos los problemas que hoy tenemos.
“Déjame redondearlo con esta idea: todos estos actores que he mencionado –autoridades electorales, partidos políticos y candidatos, medios de comunicación, gobiernos, y organismos de la sociedad; insisto, desde los empresarios a todos los demás–, todos tenemos una doble responsabilidad en el juego democrático, una que es una responsabilidad incluso legal.
“Todos estos actores tienen responsabilidades que, de no ser cumplidas, pueden implicar una violación de las leyes: compra y coacción del voto, corrupción en el sentido del uso indebido de los recursos públicos, vender publicidad en radio y televisión, actuar transgrediendo los límites, por ejemplo con la calumnia en la propaganda electoral. y por supuesto las autoridades electorales estamos obligadas al principio de legalidad.
“Hay una primera responsabilidad, que es cumplir con las reglas del juego, que nos gusten o no son las que rigen la recreación de la democracia. Pero también hay otra responsabilidad, que es tener altitud de miras, que es no dinamitar la casa común, porque el día después todos vamos a vivir en ella…”
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La sombra del conteo rápido de 2006/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 2173, a 24 de junio de 2018

Amenos de que la votación sea copiosa en favor del candidato Andrés Manuel López Obrador, uno de los escenarios es que la elección presidencial se cierre y el resultado pueda ser impugnado. El propio Instituto Nacional Electoral (INE) tiene considerado para el conteo rápido el modelo que aplicó en la elección de 2006, cuando el ahora candidato puntero perdió la elección por 0.56% ante Felipe Calderón.

Esa es una de las circunstancias que se plantean en Morena, cuyo candidato estuvo muy por arriba de los otros aspirantes en las encuestas publicadas hasta una semana antes de los comicios. Aunque calculan un triunfo con 10 o 12 puntos de ventaja, en sus consideraciones también está que el INE adelante un resultado apretado.
Para los responsables del conteo rápido del INE, un resultado cerrado es sólo una de las eventualidades de los comicios, pero no por manipulación estadística, sino por la manera en que finalmente se exprese el voto.
Existen dudas sobre el modelo del conteo rápido del INE porque partió del comportamiento electoral que tuvieron los partidos y sus candidatos en un proceso electoral presidencial pasado, cuando López Obrador, que ahora está en su tercera contienda presidencial, fue candidato del PRD. 
“El PRD no puede ser referente porque ahora está disminuido y Morena ha tenido un crecimiento electoral sin precedente. El 9% que logró en las elecciones de 2015 no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora (las encuestas electorales le han dado hasta 51% de las intenciones de voto). Por eso, la muestra del INE para el conteo rápido podría ser sesgada”, considera Juan Romero, diputado federal y representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Manuel Mendoza Ramírez, uno de los nueve académicos que integran el Comité Técnico Asesor del INE para los conteos rápidos de las elecciones federal y locales de este año, dice que el comportamiento electoral de los partidos fue sólo “una primera aproximación” para definir la muestra a partir de la cual el INE dará a conocer los resultados de la elección presidencial. 
“Hay varios cientos de escenarios con diferentes esquemas de dispersión, y el de una elección cerrada es sólo uno de ellos”, insiste.
Viejos conocidos
Cualquiera que sea el escenario, los observadores internacionales tendrán que pronunciarse. Entre ellos, la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo secretario interino para el fortalecimiento de la democracia es el mexicano Gerardo de Icaza, de quien depende la observación electoral.
De Icaza, quien ocupa ese cargo en la OEA desde noviembre de 2013, a propuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto, coincidió en el organismo interamericano con Francisco Javier Guerrero Aguirre, quien en febrero pasado se integró a la campaña de José Antonio Meade.
De Icaza y Aguirre conocen las entrañas de la operación del sistema electoral mexicano. El primero trabajó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el segundo fue consejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en 2012, cuando el PRI regresó a la Presidencia de la República.
En el INE, además, está uno de los protagonistas del conteo rápido de hace 12 años: Alberto Alonso y Coria, quien era director ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE). Ahora, forma parte del Comité Técnico Asesor para los Conteos Rápidos del instituto electoral.
A partir de lo que haga esa instancia y cómo lo haga, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, dará a las 23:00 horas del 1 de julio el resultado preliminar de la elección. 
Alonso y Coria también es un viejo conocedor de la manera en que opera la autoridad encargada de organizar las elecciones para dar los resultados, pero también del manejo del padrón electoral y de los datos personales. Exfuncionarios electorales consultados por Proceso le atribuyen el diseño del conteo rápido para la elección de 2006, que incluyó la construcción de un búnker en el instituto electoral para el manejo de la información. Es el artífice del diseño que se sigue aplicando ahora, aseguran.
Después del cuestionado triunfo de Calderón con una elección cerrada, de apenas 0.56% de diferencia, se mantuvo como director ejecutivo del RFE, cargo que ocupaba desde 2001. 
A finales de 2010 presentó su renuncia. Aunque, según funcionarios electorales, su salida fue más bien porque se la pidió el entonces presidente del IFE, Leonardo Valdés. Le solicitó su renuncia por el activismo político que desplegaba en favor del gobierno calderonista y su proyecto de cédula de identidad, afirman.
Alonso y Coria buscó regresar al IFE como consejero electoral, pero, fracasado su intento, fue designado por el gobierno de Calderón como director del Registro Nacional de Población. Su tarea principal era concretar la cédula de identidad. En esa encomienda también se quedó a medias.
El actual director del RFE es René Miranda Jaimes, quien en la elección de 2006 trabajó con Alonso y Coria. Era el coordinador general de la Unidad de Servicios de Informática del instituto y en esa condición fue el encargado del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
En esa elección, el acuerdo de los partidos políticos en el IFE fue el de no dar a conocer los resultados en caso de una elección cerrada, lo que le causó un alto costo al entonces director del IFE, Luis Carlos Ugalde.
Descarta riesgo
También integrante del Comité Técnico Asesor para los Conteos Rápidos en 2006 fue Manuel Mendoza Ramírez, quien hoy asegura que la muestra de los resultados que dará la noche de ese domingo será ciento por ciento confiable. 
En conversación con este semanario, explica que para determinar la muestra de lo que será el conteo rápido hubo “una primera aproximación” que partió de los resultados electorales de 2012. Luego, elaboró “varios centenares de escenarios” de votaciones con diferentes patrones. Pero las elecciones de 2012 fueron sólo el punto de partida para que el comité decidiera cómo fraccionar al país y a los estados, insiste. 
–Esa estratificación, precisamente, es la que cuestiona Morena.
–Lo que consideramos fue el patrón de votación de los contendientes. Ahí no importa cómo se llame el partido. Lo importante son las estructuras de la votación. Y ahí puede ser que un candidato tenga una votación masiva en zonas urbanas o esté dispersa en todo el país. O que dos partidos estén en una votación muy competida. Ahí no importa cómo se llame el partido.
–La reserva de Morena es que se genera artificialmente una elección cerrada.
–Para una elección cerrada no tiene que pasar nada estadístico. Sería sólo la expresión popular de los distintos escenarios que pueden ocurrir. Cualquiera que sea la materialización del voto, lo vamos a describir con el procedimiento que hemos hecho durante meses de trabajo. Cualquiera que sea el escenario, entre los cientos que hemos construido, el conteo está diseñado para que lo refleje.
“El diseño y el tamaño de la muestra están pensados para producir cálculos independientemente del patrón de votación”, afirma el profesor e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
En cambio, el diputado federal Juan Romero, representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, dice que ese modelo excluye el comportamiento electoral de su partido.
–¿En qué afecta ese esquema a los resultados de la muestra?
–Si se toma en cuenta los resultados anteriores, se va a sesgar la información. El referente es el PRD, pero ahora ese partido no puede ser referente para determinar un muestreo. Además, en 2015 Morena aún no se conocía. Cuando estábamos impulsando la campaña de Morena, la gente seguía pensando que López Obrador era del PRD.
Según Romero, con ese sesgo se podría crear un escenario de una elección cerrada, que es la idea que ha querido construir el PRI. 
Desde el tercer y último debate presidencial, el 12 de junio en Mérida, Yucatán, el PRI y el propio José Antonio Meade se empeñaron en generar la idea de que su candidatura no sólo alcanzó a Ricardo Anaya, aspirante de la Alianza por México al Frente, sino que se cerró la brecha con López Obrador, quien durante la campaña se ha mantenido con la mayor intención del voto en todas las encuestas.
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Revista Proceso # 2173, a 24 de junio de 2018

TEPJF: a mayor votación, menor tensión/JENARO VILLAMIL

Ante una de las elecciones más complicadas de la historia, el Tribunal Electoral federal se apresta a juzgar posibles impugnaciones de los resultados, sobre todo en aquellos casos en que la diferencia entre el primero y el segundo lugares sea menor de 5% de los votos, y se alista para solventar los procedimientos de fiscalización para desembocar en la calificación de los comicios presidenciales. A decir de su presidenta, Janine Otálora, todas esas tensiones se reducirán en la medida en que se registre un mayor número de sufragios.

Culmina esta semana una de las campañas electorales más largas, complejas y violentas de los últimos años. A través del voto estarán en juego la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 972 diputaciones en 30 congresos estatales, mil 596 ayuntamientos, con una suma de cargos que van desde 12 mil 13 regidurías hasta mil 664
sindicaturas.
Sin grandes sorpresas políticas pero con mucha tensión, el litigio poselectoral estará en manos no sólo del Instituto Nacional Electoral (INE), responsable del cómpu­to de los votos y de la fiscalización de los partidos políticos, sino sobre todo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya Sala Superior está integrada por cinco magistrados y dos magistradas; elegidos apenas en octubre de 2016, vivirán la prueba de fuego desde el 1 de julio hasta el 6 de septiembre de este año, plazo límite para calificar la elección presidencial.
A diferencia de los procesos federales anteriores, sobre todo los de 2006 y 2012, la sombra de la anulación de la elección presidencial no es tan alta debido a la distancia entre el candidato que encabeza las preferencias electorales y los otro
 contendientes. 
Sin embargo, observadores y autoridades electorales consultados prevén que la distancia entre el primero y el segundo lugares puede acortarse entre ocho y 10 puntos porcentuales, dada la tendencia del voto y las condiciones políticas en cada entidad.
“A mayor votación de la población, se espera un menor conflicto poselectoral”, resume la magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, consultada por este semanario.
Otros observadores advierten que la primera fase del conflicto poselectoral corresponderá al proceso de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, etapa que le corresponde al INE y tiene como plazo definitivo hasta el próximo 10 de agosto.
La fiscalización será la etapa más compleja, tanto para el INE como para el TEPJF, porque ahí se juzgará la posibilidad de anular procesos electorales estatales y municipales o hasta el presidencial.
Según la redacción del artículo 41 constitucional, derivado de la reforma político-electoral de este sexenio, “la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: a) se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado; b) se compre o adquiera cobertura informativa o tiempo en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; c) se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas”.
Estas violaciones “deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%”.
La elección presidencial no estaría bajo este supuesto si la diferencia entre el primero y el segundo lugares rebasa los cinco puntos porcentuales, pero se prevé un litigio por posible anulación que llegaría al TEPJF en las contiendas para gobernador de Veracruz, Puebla y Yucatán, donde las diferencias se han ido acortando.
En las recientes resoluciones aprobadas en la Sala Superior del TEPJF la mayoría de los magistrados electorales se ha pronunciado por fiscalizar no sólo el rebase de los topes de gastos de campaña, sino el origen de los recursos, que se ha convertido en uno de los problemas más graves de la fiscalización.
Después de la “crisis” del “Bronco”
La primera prueba de fuego para el TEPJF fue la aprobación, con voto dividido de cuatro magistrados contra tres, de la candidatura de Jaime Rodríguez, El Bronco, el 10 de abril, a pesar de que el INE había documentado que el exgobernador de Nuevo León había alterado más de 1 millón de sus firmas de apoyo y no alcanzaba el mínimo requerido de las firmas válidas ( 2163).
Esta sentencia del TEPJF, impugnada por la mayoría de los especialistas y observadores electorales, colocó al tribunal en una “crisis interna” asumida por los propios magistrados.
En primer lugar, reveló que hay un bloque de cuatro magistrados (Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas, Mónica Aralí Soto Fragoso e Indalfer Infante Gonzales) contra otros tres magistrados, encabezados por la propia magistrada presidenta, más los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, que generalmente votan de manera similar, sobre todo en temas relacionados con libertad de expresión, equidad de género y fiscalización.
El miércoles 20 una sorpresiva unanimidad de los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF se produjo cuando confirmaron las multas impuestas en materia de fiscalización por el INE contra El Bronco, que ascienden a poco más de 700 mil pesos.
Las multas fueron ratificadas por el tribunal por la participación de al menos 656 servidores públicos de 29 dependencias administrativas gubernamentales de Nuevo León, que participaron en la recopilación de las firmas de apoyo al candidato independiente. Esta actividad violó la ley electoral y representó una “donación en especie”.
La parte más delicada fue la confirmación de que hubo triangulación irregular de recursos en apoyo a la candidatura del Bronco y que su monto fue “coincidente” con recursos depositados previamente (uno o dos días antes) por personas morales a la cuenta bancaria de quien aportaba. Por este rubro, la multa fue de apenas 226 mil 243 pesos.
La tercera multa acreditada por el TEPJF fue por las tarjetas Oxxo Saldazo. La autoridad fiscalizadora comprobó que entre octubre de 2017 y marzo de 2018 se realizaron transferencias por un total de 4 millones 352 mil pesos hacia las cuentas destino, en diferentes instituciones bancarias, cuyos titulares fueron coincidentes con los nombres de mil 35 ciudadanos registrados como auxiliares del Bronco.
Durante su participación en esa sesión, la magistrada presidenta del TEPJF advirtió que “no puede generarse la expectativa de que los actos ilegales no serán debidamente sancionados por las autoridades competentes”.
En referencia a la posibilidad de que se anulara la candidatura presidencial de Rodríguez Calderón, aprobada en voto dividido por el TEPJF en abril de este año, la magistrada Otálora advirtió que los integrantes de este tribunal “no podemos actuar de oficio e ir más allá de lo pedido, que en su caso es competencia de otros actores políticos solicitar justicia en dicho sentido”.
Fuentes Barrera, ponente en la resolución que autorizó el registro del Bronco, aclaró en esa sesión que “este litigio tiene un objeto totalmente diferente al que motivó el juicio ciudadano 186, también resuelto este año por esta Sala Superior, en el cual únicamente se dilucidó si Jaime Rodríguez Calderón alcanzaba o no los apoyos suficientes para obtener su registro como candidato independiente”.
En su participación, Rodríguez Mondragón, quien votó en contra de darle el registro al Bronco, advirtió que gracias a las diligencias con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se pudo demostrar que “el modelo de fiscalización electoral, en interacción y colaboración con otras instituciones financieras, funciona y funciona bien; se ha perfeccionado un sistema que tiene como finalidad inhibir el uso de recursos de procedencia prohibida”.
Argumentó: “En mi opinión, no existe justificación alguna para utilizar recursos de procedencia prohibida en el marco de los procesos electorales, porque esta prohibición pretende proteger de manera absoluta el principio de equidad en las contiendas electorales, ya que al actualizarse las infracciones que prohíbe la ley, quienes incurran en estas conductas ilícitas indudablemente se ponen en una posición inaceptable de ilegítima ventaja”.
Tras esta votación y otras que se realizaron en los últimos días en la Sala Superior del TEPJF, se ha observado que existe una nueva mayoría de cuatro contra tres magistrados en los temas más polémicos, sobre todo en el terreno de la fiscalización.
“Manos criminales”
Al frente ya de una mayoría en el TEPJF, Otálora advirtió el pasado jueves 21 que hay “manos criminales que están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no estar en la boleta electoral”.
En un claro reproche y llamada de atención ante la impunidad generalizada de los más de 120 crímenes ocurridos entre el 8 de septiembre de 2017 y el pasado jueves 21, la magistrada electoral advirtió: “Democracia y Estado de derecho son dos caras de una misma moneda y en estas elecciones ambas están a prueba, de ahí la importancia de reforzar las actividades de las instituciones del Estado mexicano”. 
La violencia contra aspirantes a diputaciones locales, alcaldes y síndicos fue mayor en el periodo previo al inicio de las campañas políticas. El 65% de los casos se produjo en este periodo, según el estudio de la consultora Etellekt. En las últimas dos semanas fueron asesinados cuatro candidatos y cuatro activistas, reportó la empresa en su Quinto Informe de Violencia Política.
En 67% de los casos las víctimas fueron ejecutadas por comandos armados, mientras que otro 14% fue objeto de tortura y violencia extrema. En total, en 81% de los 120 asesinatos contra políticos “se observa el sello característico de grupos de la delincuencia organizada”, señala Etellekt.
La misma consultora advirtió que existe 40% de probabilidad de que se mantengan niveles de violencia contra funcionarios y servidores públicos en un promedio de seis homicidios por mes, concentrados en seis entidades (Guanajuato, Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Veracruz y Ciudad de México), los cuales han concentrado este nivel de violencia.
Hasta ahora los ataques no se han dirigido a las autoridades electorales del TEPJF, de las Salas Regionales o de los Organismos Públicos Locales Electorales y del INE. El temor es que la tensión poselectoral provoque escenarios de violencia contra dichas instancias.
En su último reporte sobre Riesgos del Proceso Electoral 2018 y Problemas de Gobernabilidad, la consultora Integralia, encabezada por el exconsejero del IFE Luis Carlos Ugalde, detectó un riesgo “muy alto” de que se retrase el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) debido a que las nuevas disposiciones establecen que “primero se escruten y computen todos los votos y después se llenen las actas del PREP”.
Por eso existe un “muy alto” riesgo de que se genere “inquietud social por retraso del PREP que genere vacío de información y desconfianza”. La empresa pronosticó que a las 24:00 horas de la jornada electoral apenas se conocerá 12% de los resultados preliminares.
En el periodo poselectoral los riesgos más altos, según el estudio de Integralia, son “autoproclamaciones de victoria, desacato de resultados y protestas poselectorales”, así como que existan “gobernadores, diputados locales y alcaldes sin perfil o experiencia que propicien gobiernos de baja calidad”.
Por lo pronto, el TEPJF analizará si en los municipios y distritos locales donde se cometieron crímenes contra aspirantes o candidatos se impugnarán las elecciones, para medir también el riesgo de que el crimen organizado haya decidido elegir “antes” y no durante el día de la votación.
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La FEPADE, inmovilizada por la ley/PATRICIA DÁVILA...
Revista Proceso # 2173, a 24 de junio de 2018
No serán sancionadas la mayoría de las acusaciones cruzadas entre los candidatos a puestos de elección popular, incluso las que más hayan influido en la imagen de ellos y de sus partidos. La razón, dice en entrevista el fiscal electoral Héctor Díaz, es que la ley actual limita las acciones de la FEPADE. Por ejemplo, no contempla una serie de tipos penales, como la propaganda negra, la presentación de firmas falsas como respaldo de candidaturas o la violencia política de género. Además, dice el funcionario, algunos de los delitos que sí están tipificados alcanzan penas muy leves cuando se trata de particulares. En cuanto a otros sonados casos mediáticos, afirma, ni siquiera se han presentado las denuncias.

La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) llegó al proceso electoral de 2018 sin instrumentos jurídicos para sancionar delitos, como la guerra sucia, firmas falsas, violencia política de género, o sólo con atribuciones para sancionar tibiamente conductas indebidas de particulares e incluso de sacerdotes que participen en campañas políticas.

Por otro lado, la dependencia de la PGR está inmersa en casos que han marcado su actuación, como la trama de corrupción de Odebrecht, que implica al extitular de Pemex Emilio Lozoya en presunto desvío de recursos a la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto; así como los casos de los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Veracruz, Javier Duarte, ambos con procesos pendientes por desvío millonario de recursos públicos a su partido, el PRI.

En entrevista, el fiscal electoral Héctor Díaz Santana explica: “Ahora trabajamos en el tema de las llamadas falsas contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, y le hemos pedido a las compañías telefónicas que nos informen de dónde vienen esas líneas, qué está pasando, pero no existe una ley que les diga a ellos en qué tiempo máximo tienen que entregarnos la información.

“En Estados Unidos se comparten las bases de datos, así que las instituciones de investigación las tienen de manera automática, mientras que en México, mientras la ley no lo regule, de cierta manera dependemos de que ellos informen, y sólo en caso de que no lo hagan o tarden demasiado, solicitamos al juez que genere mecanismos de atención inmediata.”

Sobre el caso Odebrecht, que el PRD denunció ante la fiscalía en agosto de 2017, Díaz Santana explica que para diciembre de ese año, cuando él tomó posesión del cargo, la investigación apenas estaba “en ciernes”: 

“Prácticamente lo que teníamos era la denuncia. Fue necesario agilizar algunos mecanismos que ya se habían solicitado, como las asistencias jurídicas internacionales a Brasil y Suiza. Además, estamos solicitando a otras instituciones (como Pemex) que nos informen sobre los hechos; en caso de encontrar las evidencias, se judicializa.”

–¿Cuánto tiempo pasará para que lleguemos a este punto?

–Estamos en espera de las asistencias jurídicas internacionales. Eso es lo que va a cambiar el ritmo que tiene la investigación.

Al consultarle el estado de la denuncia contra César Duarte –quien huyó del país el año pasado y a quien su sucesor, Javier Corral, acusó ante la FEPADE por su probable participación en el desvío de 14 millones de pesos (es la cifra documentada) producto de la retención ilegal de sueldos de los trabajadores de 2010 a 2016, los cuales se destinaron al PRI bajo el concepto de “aportación al Poder Ejecutivo”–, Díaz Santana señala que están en espera de que sea extraditado a México para iniciar el proceso judicial.

–¿Otros gobernadores y exgobernadores están siendo investigados, como Humberto Moreira, de Coahuila?

–Tenemos al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, principalmente. Son los que se han judicializado. En el caso de otros gobernadores prefiero no mencionarlos debido a que a veces las denuncias son más del ámbito de la efervescencia de la contienda política. Algunas de las que se han presentado tienen poca sustancia.

Acerca de la grabación que el PRD hizo pública el jueves 21, en la cual se escucha que alguien (supuestamente el morenista Ricardo Monreal) le pide ayuda a otro (señalado como el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco) para liberar a tres mujeres que fueron detenidas al intentar tomar un vuelo portando 1 millón de pesos, el fiscal señala que hasta ahora no ha recibido denuncia alguna.

Limitaciones legales

Al preguntarle al fiscal electoral cuál es la principal carga de la dependencia que encabeza, expone: 

“De esta contienda electoral hemos recibido mil 600 denuncias. Se consignó la más significativa, que es la de las firmas falsas presentadas por los candidatos independientes a diputados. La persona que nosotros judicializamos aceptó haber cometido el ilícito, pidió clemencia al juez y éste, bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, dictó la suspensión provisional de la pena bajo el criterio jurídico de que se trataba de un primodelincuente que no representa un riesgo social y repararía el daño.

“Así el juez permutó la prisión por el pago de multas de 900 y mil 800 pesos, más la promesa de realizar trabajo comunitario de seis meses y tener un modo honesto de vivir. Nosotros consideramos que, dada la relevancia del caso, esa resolución del juez podría ser contraria a los principios establecidos en los tipos penales, por eso impugnamos, como también lo hizo el INE, respectivamente como denunciante y víctima.”

–¿Por qué contraria a los principios de los tipos penales?

–De acuerdo al tipo penal, (los acusados) alcanzaban una prisión de seis meses a tres años. El agravante generó una gran indignación social por esta figura nueva de las candidaturas independientes, por ello sí se tendría que poner una pena de prisión, ya que se sienta un precedente. Por eso apelamos la resolución y estamos en espera de que se realice el juicio.

“El tema de las firmas de los candidatos independientes a la Presidencia lo estamos investigando. Tardamos porque las firmas que investigamos en la primera etapa eran pocas y las denuncias que recibimos por los candidatos a la Presidencia son cientos de miles. Son como los de Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter; la diferencia de éstos con Zavala es que (las firmas falsas detectadas de ella) son tangenciales”.

Señala que la Ley General en Materia de Delitos Electorales en México es única en el mundo, con más de 200 tipos penales. “Sin embargo –aclara–, en el tema de las firmas falsas no hay un tipo penal que las sancione. Los temas que la FEPADE está conociendo es porque utilizaron de manera irregular el padrón electoral, pero no por presentar firmas falsas, porque este tipo penal no existe. Es probable que en una próxima reforma se tendrá que considerar en el Código Penal Electoral y en la misma ley”.

Hay otros delitos que no están previstos en la legislación: “El tema de la guerra sucia, de la propaganda negra, creo que hay que discutirlo bien porque es urgente definir el tipo penal. También es urgente legislar sobre la violencia política de género; hay denuncias, pero no tenemos cómo encausarlas”. 

–¿Qué van a hacer con ellas?

–Sobre el tema de las mujeres que son violentadas durante los procesos electorales ya hay una propuesta muy avanzada en la Cámara de Diputados. 

–En el caso de los sacerdotes, ¿hay denuncias contra ellos en la FEPADE y han sido sancionados?

–Sí, hay dos sentencias condenatorias en la existencia de la fiscalía, pero es de los pocos tipos penales que no tienen pena privativa de la libertad. Aunque cometan delitos, la pena es sólo multa. Lo mismo sucede con los fedatarios públicos: también es una multa.

–¿Se está investigando la participación del sacerdote Alejandro Solalinde con
Morena?

–No. Primero, porque no ha sido denunciado; segundo, porque el tipo penal es muy claro e implica al ministro de culto religioso que, en el lugar de su ministerio, invite de manera textual a votar a favor o en contra de algún partido político o candidato. No es el caso de Solalinde.

Díaz Santana indica que los tipos penales se clasifican dependiendo de la conducta de la persona que los comete. De esta forma, los hay para candidatos, miembros de partidos, servidores públicos, funcionarios electorales, ministros religiosos, fedatarios y candidatos electos, entre otros. En esta materia, cualquier particular puede cometer un delito.

Una de las características de la nueva ley electoral es que aumentó la pena por incurrir en financiamiento irregular; ahora es de 15 años y, si el recurso proviene de la delincuencia organizada, se incrementa 50%.

–¿Cuáles son los casos que se investigan por ese delito?

–Tenemos varios. Ahora le puedo mencionar el del candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón.

Comenta que cuando no se tiene la información precisa es complicado hacer juicios de valor: “Pueden decir: ‘Cierto empresario presentó o dijo tal cosa’, y si nosotros decimos que es delito, queda registrado ante la opinión pública. Y cuando investigas, puede ser que los hechos que se denunciaron no sean realidad”. 

Señala que la FEPADE no sólo procura justicia penal, también realiza acciones de prevención del delito para este proceso electoral. Para ello, dice, “250 mil personas fueron capacitadas, hicimos programas de blindaje electoral en todas las entidades federativas y el gobierno federal, hicimos una guía para que los 500 mil policías que existen en el país sepan cómo actuar en materia de delitos electorales, repartimos 500 mil cartillas de procedimientos de denuncia ciudadana, entre otras cosas materiales para grupos vulnerables”.

Además, con el fin de concretar las acusaciones, se distribuyó “un cuadernillo con caricaturas, ilustrado por Iracheta, con los 10 delitos electorales que debemos denunciar y los mecanismos de denuncia pública, porque para nosotros es importante que quien denuncia nos dé las evidencias suficientes. Para ello, que utilicen el teléfono para tomar fotos y videos que ayuden a identificar a los responsables del delito.

“También hicimos una campaña intensa en redes sociales, trabajamos con el INE, los institutos locales, el Inacipe… es probable que nos haya faltado un poco trabajar más en spots de televisión y radio, lamentablemente esta institución tiene bajo presupuesto. Para este año nos asignaron 161 millones de pesos, pero 150 se van a nómina. Conseguimos una ampliación presupuestal pero sólo de 20 millones”.

Por otro lado, la FEPADE dispone de 128 agentes del Ministerio Público para atender las cerca de 7 mil denuncias y carpetas de investigación que tiene rezagadas, así como las mil 600 que se presentaron en este periodo electoral.

“Así está la ley”

Entrevistado al respecto, el abogado penalista Rodrigo Moya, socio de la firma Islas, Moya, Salinas & Madero, coincide con el titular de la FEPADE en que se deben abordar varios temas urgentes en la legislación electoral: “La existencia de esa Ley General en Materia de Derecho Electoral es un gran avance, porque de alguna manera especifica ciertas conductas que sin duda vale la pena que sean reguladas. Sin esta legislación, para la autoridad sería muy difícil perseguir esas conductas. 

“Esta legislación lo que intenta es, en una idea retributiva y no sancionadora, buscar los mecanismos idóneos para prevenir el delito. Aun así, considero que hay algunos en los que las penas pudieran ser más agresivas. En cuanto toca a los particulares, las penas pudieran sonar suaves en comparación con las de los delitos en que incurren los funcionarios públicos o electorales. Es una legislación que pudiera aumentar las penas cuando se toca o cuando se refiere a los particulares.

–¿Recuerda casos que se debieron sancionar de manera más drástica?

–Si se rebasan los topes de campaña… o la manera en que grupos empresariales, partidistas o de la sociedad civil apoyan a candidatos o partidos políticos económicamente, esa aportación tendría que ser más transparente, como se hace en Estados Unidos. Me parece que este tema es un foco rojo.

“Otra conducta para la que tampoco es tan agresiva la sanción cuando se trata de particulares, es cuando inducen a los subordinados a emitir el voto por un candidato o partido político. Eso debería de ser mucho más sancionado, me parece que es una conducta en que la pena actual es laxa cuando se trata de un particular.”

Por su parte Bernardino Esparza Martínez, quien participó en la elaboración del cuadernillo con los 10 delitos electorales por parte del Inacipe, señala: “Así está elaborada la ley, ojalá posteriormente puedan ampliarla porque en esta jornada electoral pueden presentarse conductas nuevas de delito. No sabemos cómo el sujeto o los partidos se vayan a comportar y qué conductas vayan a presentar. Si se denuncian y no están tipificadas, no habrá sanción”.

–El supuesto desvío de recursos de la Sedesol y las omisiones de Meade, o bien la llamada “estafa maestra”, ¿se están ­investigando?

–No. No se ha denunciado como delito electoral.
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Nepotismo multicolor/MATHIEU TOURLIERE
Revista Proceso # 2173, a 24 de junio de 2018

Los ciudadanos que el próximo 1 de julio acudan a las urnas podrán elegir al hijo, hermano, pareja o a algún integrante de los clanes que dominan la política en el país. Una revisión a la lista de más de mil 200 candidatos a gobernadores, legisladores federales y presidentes municipales impulsados por las tres principales coaliciones, arroja que en 229 casos –uno de cada cinco– los partidos entregaron las candidaturas a familiares de figuras políticas claramente identificadas o a personajes que aprovecharon sus cargos en el poder para colocar a sus parientes.

En las coaliciones Todos por México, Por México al Frente y Juntos Haremos Historia el nepotismo es el distintivo.

En la oferta electoral abundan hijos y nietos de gobernadores y presidentes municipales; también familiares del presidente Enrique Peña Nieto, una prima de Andrés Manuel López Obrador e incluso un supuesto primo de Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista que construyó y financió la llamada Casa Blanca de la pareja presidencial.

En la muestra, no exhaustiva –pues no incluye a todos los partidos ni aspirantes a cargos locales–, la coalición del PRI incurrió en 91 actos de nepotismo, la del PAN en 88 y la de Morena en 51.

Muchos de ellos forman parte de los más de 795 candidatos “chapulines”, quienes aprovecharon este proceso electoral para brincarse de un cargo a otro o buscar una reelección, según contabilizó El Universal en una investigación publicada el domingo 3.

Debido a estas prácticas, siete de cada 10 ciudadanos desconfían del gobierno en sus tres niveles, y 80% de la población dejó de creer en el Poder Legislativo, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017.

De acuerdo con las encuestas, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador capitalizó mejor que sus rivales Ricardo Anaya y José Antonio Meade el hartazgo de los mexicanos respecto al mundo político.

Sin embargo, los tres pactaron con los clanes que acaparan el poder en el país: entre los 200 principales candidatos a dipu­taciones y senadurías por la vía plurinominal que abanderaron el PRI, el PAN y Morena, se identificaron 23 casos de nepotismo en el primero, 17 en la fuerza encabezada por Anaya y seis en el partido de AMLO.

En la lista del PRI se encuentran Marcela Guillermina Velasco González y Ernesto Nemer Álvarez –tía y exprimo político de Peña Nieto, respectivamente–, así como el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y su esposa, Alma Carolina Viggiano­ Austria.

Pero también están el hijo de Emilio Gamboa Patrón y la hija de Manlio Fabio Beltrones –por el PVEM–; Claudia Ruiz Massieu –sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari–; el primo del gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, así como dos familiares de Aquiles Córdova Morán, líder de Antorcha Campesina, quien el viernes 22 prometió a Meade 2.4 millones de votos.

Por el lado del PAN se encuentran la senadora Martha Elena García Gómez, casada con Antonio Echeverría Domínguez, exgobernador de Nayarit, con quien procreó a Antonio Echeverría García, el gobernador actual en esa entidad; Eduardo Lorenzo Martínez Arcila –sobrino del exgobernador quintanarroense Jesús Martínez Ross–, y Jacquelina Martínez Juárez, esposa del coordinador de Anaya en Zacatecas.

Morena presenta un menor número de casos de nepotismo porque eligió muchos de sus candidatos plurinominales por la vía del sorteo. Sin embargo, varias figuras del partido se encuentran en su lugar en parte por sus vínculos familiares, entre ellos Tatiana Clouthier –de la familia más vinculada con el PAN– o Napoleón Gómez Urrutia, quien heredó de su padre la dirigencia del sindicato minero.

Ricardo Monreal Ávila, uno de los principales operadores políticos de AMLO, no sólo se encuentra en las listas de plurinominales para el Senado, su hermano Saúl busca la presidencia municipal de Fresnillo, en su natal Zacatecas. De ganar, el municipio habrá tenido cinco alcaldes con apellido Monreal en las últimas dos décadas.

Sucesiones de sangre

En Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares impulsa a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez como su sucesor con el frente que encabeza Anaya; en Puebla, el exgobernador Rafael Moreno Valle hizo lo mismo con su esposa, Martha Érika Alonso Hidalgo.

En Chiapas, el candidato del PRI Roberto Albores Gleason –hijo de Roberto Albores Guillén, fugaz gobernador de la entidad en 1998–, compite con Rutilio Escandón Cárdenas, el candidato de Morena, quien a su vez es cuñado del expriista Adán Augusto López Hernández, aspirante a la gubernatura de Tabasco por Morena.

Dos rivales de López Hernández en la tierra natal de AMLO son descendientes de gobernadores de la entidad: Georgina Trujillo Zentella, del PRI, es hija de Leandro Trujillo García, y Gerardo Gaudiano Rovirosa, de Por Tabasco al Frente, es nieto de Leandro Rovirosa Wade.

Y en Morelos, Rodrigo Gayosso Cepeda, hijastro del gobernador Graco Ramírez y candidato al gobierno estatal por la coalición PRD-PSD, sorprendió el jueves 21 al anunciar que votaría para AMLO y no por Anaya en las presidenciales.

La Ciudad de México, el corazón político del país –donde apenas 16% de la población confía en su gobierno–, es uno de los escenarios donde las pugnas familiares por el poder son más descarnadas. En la capital, 14 aspirantes a alcaldías participan en la política de la mano con sus parientes, bajo el cobijo del PRD –a través del Frente– y de Morena.

La lucha por Gustavo A. Madero involucra los mismos intereses desde hace una década: en la delegación más violenta de la capital –con 108 asesinatos registrados desde principios de año–, Nora del Carmen Arias Contreras busca perpetuar el poderío que ella y su esposo, Víctor Hugo Lobo Román –actualmente candidato a diputado local–, asentaron en la demarcación desde 2009, año a partir del cual la pareja se alternó en turnos de tres años para conservar el poder.

Su opositor de Morena es Francisco Chíguil Figueroa, otrora cacique del PRD, delegado entre 2006 y 2008 y responsable de la muerte de 12 jóvenes en el operativo policiaco ocurrido hace 10 años en el antro New’s Divine. Beatriz Rojas Martínez, esposa de Chíguil, aspira a una diputación federal en un distrito de la misma delegación, también por Morena.

En caso de ganar las elecciones en Iztacalco, la diputada perredista Elizabeth Mateos Hernández retomaría el control sobre el territorio que gobernó entre 2012 y 2015, periodo en el cual colocó a familiares en la nómina. Sucedería en el cargo a su esposo, Carlos Estrada Meraz. De ser el caso, la pareja habrá gobernado la demarcación nueve años consecutivos.

En Iztapalapa se presentó la perredista Karen Quiroga Anguiano, sobrina de la delegada actual, Dione Anguiano –quien a su vez sucedió a su pareja Alfredo Hernández Raigosa en la delegación–, y cuya hermana busca una diputación local.

En Venustiano Carranza quiere regresar al mando “el patriarca” Julio César Moreno Rivera, exdelegado y hermano de Israel Moreno Rivera, quien fue separado de la misma delegación por una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2017.

Morena postuló a Néstor Núñez López –hijo del gobernador perredista de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez– para la alcaldía de la Cuauhtémoc, y a la senadora Layda Sansores San Román, hija del exgobernador campechano Carlos Sansores Pérez, para Álvaro Obregón.

El PRI, que no tiene esperanzas de vencer en las delegaciones más importantes de la capital, lanzó a Mariana Moguel Robles –hija de Rosario Robles– para Milpa Alta, uno de los pocos bastiones priistas de la ciudad; y aprobó las candidaturas de dos allegados a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el polémico expresidente del PRI capitalino.

Clanes familiares

Abundan los vínculos familiares en los candidatos a cargos federales. Bajo la bandera de la coalición encabezada por el PRI compiten, por ejemplo, Christian Mishel Castro Bello –sobrino del gobernador campechano Alejandro Moreno Cárdenas–, Alicia Muñoz Constantino, la cuñada del candidato a gobernador de Chiapas por el PVEM, y el sobrino del exprocurador Jesús Murillo Karam en Hidalgo.

La lista parece inagotable: el PRI poblano promovió a dos familiares del antorchista Aquiles Córdova y a la hija de la embajadora de México en Colombia; el de Michoacán validó la aspiración de Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela –sobrino de un candidato a gobernador, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico– y el de Guanajuato empujó a la nieta del exgobernador Juan José Torres Landa.

En Baja California el PRI protege los intereses de otra poderosa familia: la de Jorge Hank Rhon, el oscuro expresidente municipal de Tijuana, descendiente del exgobernador mexiquense Carlos Hank González y hermano de Carlos Hank Rhon, dueño del grupo financiero Interacciones.

En esa ciudad fronteriza, la más violenta del país –donde las autoridades abrieron 859 carpetas de investigación por asesinato entre enero y mayo de este año–, el PRI presentó cuatro fichas cercanas a Hank para diputaciones federales. Entre ellas figuran Miguel Ángel Badiola, publirrelacionista y empleado de Hank, y Mario Alberto Madrigal, hijo del presidente del sindicato de trabajadores de los casinos.

En materia de nepotismo, el Frente se queda apenas unos pasos atrás del PRI: entre los 87 casos que Proceso identificó, destacan Napoleón Astudillo Martínez –el primo del exgobernador Astudillo, del PRI–, el esposo de la alcaldesa de Pachuca y la esposa del exalcalde de la misma capital, Antonio García Conejo –medio hermano del gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo–, así como el hijo del exgobernador poblano Melquiades Morales.

Otro ejemplo: para la presidencia municipal de Querétaro, el PAN le apostó a Luis Bernardo Nava Guerrero, hijo de Arturo Nava Bolaños, primer senador panista en Querétaro y expresidente del partido en la entidad.

Morenistas de última hora

Desde septiembre de 2017, la coalición Junto Hacemos Historia importó más de la mitad de sus candidatos a senadores de otras formaciones políticas, y 40% de sus diputados también proviene de otro partido, como lo documentó Arturo Rodríguez García en este semanario (Proceso 2172).

En Tabasco, tierra de AMLO, recicló a algunos expriistas históricos de la entidad: eligió a Evaristo Hernández Cruz para presidir la capital, el mismo personaje que López Obrador tachó de “corrupto” cuando dirigía el municipio por el PRI, durante el gobierno de Andrés Granier Melo, quien hoy está preso.

En el municipio de Cárdenas, el partido aceptó a Armando Beltrán Tenorio, quien compitió dos veces por el PRI contra AMLO, y ofreció una candidatura para dipu­tado federal al expriista Manuel Rodríguez González, otrora subsecretario en la administración de Granier.

Chiapas es otro caso: además de Manuela del Carmen Obrador Nárvaez –la prima de AMLO–, la coalición validó la candidatura a diputado federal para Tuxtla Gutiérrez del expriista Zoé Robledo Aburto, hijo del exgobernador Eduardo Robledo Rincón, y para la alcaldía confirmó a Carlos Orsoe Morales Vázquez, y ello a pesar de que pasó por el PRI, el PRD y el gobierno de Manuel Velasco Coello, y que militantes de Morena impugnaron su candidatura.

En Quintana Roo, cuatro de los seis aspirantes a legisladores vienen del PRI y los dos candidatos a senadores formaron parte del grupo del exgobernador Roberto Borge Ángulo –ahora preso, acusado de desfalcos multimillonarios–, y en Yucatán el candidato a gobernador Joaquín Jesús Díaz Mena ya había buscado el cargo por el PAN.

En Nuevo León, Morena postuló como candidato a senador a Álvaro José Suárez Garza, el sobrino del magnate Alfonso Romo Garza –quien promueve los intereses de AMLO en el sector empresarial y en el norte del país–, y lanzó al panista histórico Jesús María Elizondo González para la alcaldía de Guadalupe.

Para la presidencia municipal de Reynosa se encuentra José Ramón Gómez Leal, el cuñado del gobernador panista Francisco Cabeza de Vaca, quien competirá contra el priista Serapio Cantú Barragán, presunto primo del empresario Hinojosa Cantú.

Y así: en Guadalajara se presentó Claudia Delgadillo González, quien hasta febrero pasado coordinó la campaña de Meade en Jalisco, y en Michoacán, Mercedes Calderón García, quien solía presentarse como prima del expresidente Felipe Calderón, busca una diputación federal. (Con información de Luciano Campos, Francisco Castellanos, Verónica Espinosa, Ezequiel Flores, Gabriela Hernández, Isaín Mandujano, Pedro Matías, Gloria Reza, Arturo Rodríguez, Rosa Santana y Noé Zavaleta.)
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La "pejefobia", el estigma de la intolerancia/ARELI VILLALOBOS
Revista Proceso # 2173, a 24 de junio de 2018
En esta coyuntura electoral, los ataques al candidato presidencial de Juntos Haremos Historia y sus simpatizantes se intensificaron en los medios, en particular en las redes sociales. Los detractores de López Obrador son calificados de pejezombies, borregada, lambiscones, gatos que no se informan, ignorantes, fanáticos, chairos, una muestra de la discriminación que priva en el país. A principios de este mes, alumnos de la FES Acatlán publicaron el opúsculo Amlofobia. Manifiesto contra la intolerancia, en el que analizan las raíces de la personalidad autoritaria del mexicano.
El 30 de mayo en las redes sociales se difundió un video de 2:17 minutos titulado “La chaira arrepentida”. Se inicia con una secuencia de imágenes proyectadas en un televisor antiguo en el cual se observa al candidato Andrés Manuel López Obrador en blanco y negro. 
Luego aparece un par de figurillas en forma de hongos, pulseras sobre un mantel tejido a mano, botellas de cervezas vacías y hasta una estampilla adherida en la pared con la imagen del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia adornada con corazones rosas. 
A cuadro, una joven morena de cabello largo y suelto, que evoca al movimiento hippie, comenta que era fiel simpatizante de López Obrador, pero decidió que el 1 de julio votará por José Antonio Meade.

“Soy una chaira desde que tengo memoria, con ideas subversivas y la mecha supercorta –expone la adolescente, mientras se escucha música tropical–. Sé que dirán que me siento itamita –en alusión a los estudiantes o egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México–, que la mafia me hizo neoporfirista… pero entre más me pongo a investigarlo, es más difícil pensar como chairo; todos juntos seremos testigos de cuando gane el que tiene vitiligo.”

Expertos en psicología social y derechos humanos consultados por Proceso aseguran que ese video es parte de un fenómeno social que denominan “Pejefobia” o “Amlofobia”.

Hernán Gómez Bruera, investigador del Instituto José María Luis Mora, fue el primero en acuñar el término en su artículo “La pejefobia” del 9 de marzo en El Universal. Para el experto en derechos humanos y discriminación, lo que a simple vista parece un caudal de discursos discriminatorios en realidad es parte de una serie de críticas que “nacen desde el prejuicio” y se dirigen contra el tabasqueño y sus simpatizantes. 

Los mensajes, además de ser discursivamente violentos, comenta a Proceso, se caracterizan por mostrar rechazo no tanto a sus propuestas de campaña sino al origen social del candidato y sus simpatizantes, por su tono de piel, su forma pausada de hablar y su acento costeño, o simplemente por calificarlo de manera simplista como “naco”.

“Hay un desprecio de una parte importante de la élite, la clase media y sectores que se identifican con el pensamiento de esas élites. Es un desprecio, un fenómeno cuyo trasfondo refleja síntomas de clasismo y racismo aún presentes en la sociedad mexicana”, puntualiza Gómez Bruera.

Su colega Manuel González Navarro, doctor en psicología social de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, comenta que este tipo de “mensajes de odio” es producto de la “herencia de Andrés Manuel”, de la memoria colectiva que lleva consigo el candidato presidencial.

“Sin duda las expresiones de odio que suscita López Obrador son por elementos como su lenguaje o por su color de piel; el tono de piel sigue teniendo un significado muy importante en este país”, dice.

El propósito es presentar a López Obrador como “una persona iletrada, de bajo nivel cultural, que recorta las palabras, como un personaje no internacional. En el fondo, es una mirada del sistema político y de la propia cultura de que los mexicanos somos discriminados y discriminadores. Este fenómeno es histórico, es de orden cultural”.

 “Las palabras importan, más en un contexto donde el racismo y el clasismo están en todos lados”, comenta Gómez Bruera. Y eso se refleja en las estadísticas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 

En su Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2016, la más reciente, las condiciones más identificadas por la población que se ha sentido discriminada son precisamente “no tener dinero, la apariencia física, la edad y el sexo”. 

Y en su Informe Anual de Resultados 2016, el Conapred enumera 134 quejas por presuntos actos de discriminación causados por la apariencia física, así como 10 por origen étnico, 14 por condición social, nueve por color de piel y uno por lengua. 

Los resortes del odio 

A principios de mes comenzó a circular un trabado académico de 86 páginas titulado Amlofobia. Manifiesto contra la intolerancia, un primer esfuerzo para conceptualizar la violencia social realizado por estudiantes de comunicación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Bajo la coordinación del profesor Jaime Pérez Dávila, los alumnos entrevistaron a personas que de manera abierta rechazan al candidato de Morena. En las respuestas se observan las descalificaciones e insultos a López Obrador y sus seguidores. Los mensajes en contra no incorporan elementos de constatación ni ofrecen espacio a la réplica, pues el propósito de los detractores del tabasqueño es mostrar el tono violento de su discurso.

Según los autores del Manifiesto contra la intolerancia, son tres las principales razones de “desprecio” a AMLO: “Sus atributos personales están al margen del buen trato y de maneras y límites de una persona educada y civilizada; es un político como todos los demás, y sus propuestas y políticas son populistas”.

Por lo que atañe a sus simpatizantes, el opúsculo, en el cual participaron también los profesores Héctor Torres Lima y Jorge Pérez Gómez, menciona algunos de los calificativos que les aplican para denostarlos: pejezombies, borregada, lambiscones, gatos que no se informan, ignorantes, fanáticos, chairos.

“La intolerancia es el estigma que marca las conversaciones políticas. No es propia de la ignorancia política o de una ciudadanía infante. Es el producto de la sociedad autoritaria que no reconoce la diferencia y la distinción… 

“Este manifiesto contra la intolerancia analiza y descubre las raíces de la personalidad autoritaria del mexicano”, comentan los autores del análisis. 

Gómez Bruera insiste: si bien ese tipo de mensajes discriminatorios abundan sobre todo en las redes sociales, no puede afirmase que sean discursos de odio, pues no existe un llamado abierto a violentar a los simpatizantes de López Obrador o a él mismo. 

Sin embargo, reconoce que hay casos “aislados” que rebasan las expresiones de discriminación e incluso provocan violencia física. Y cita el retuit de un meme que envió el 6 de mayo el periodista Ricardo Alemán: “A John Lennon lo mató un fan, a Versace lo mató un fan, a Selena la mató un fan, a ver a qué hora, chairos”. Y agregó: “Les hablan!!!”

Otro más fue la reacción de un aficionado que en el Mundial de Rusia 2018 atacó a un hombre en silla de ruedas por usar una máscara de AMLO. 

“Este desprecio que vemos es hacia Andrés Manuel y a lo que representa. No es que toda crítica a AMLO sea producto de la pejefobia. Se vale criticarlo, pero debe hacerse desde la razón y no desde el prejuicio, que es lo que se ve en mayor grado. Hablar de un discurso de odio tendría que ser un fenómeno más generalizado.”

Según el investigador, existe una línea “delicada” entre lo que se dice y la representación violenta de estos mensajes, por lo que pide a las autoridades mantenerse “vigilantes”. 

Violencia formal 

Jesús Rodríguez Zepeda, asesor del Conapred, destaca el papel de los mensajes violentos en este proceso electoral.

El también académico de la UAM-Iztapalapa destaca que el país carece de un modelo legal que haga una distinción jurídica entre un discurso de odio y un acto discriminatorio y las sanciones que se deben aplicar según sea el caso. 

Con este marco jurídico, añade, no es posible hablar de grupos políticos como grupos discriminados, aunque admite que los discursos contra AMLO se trasladaron a la esfera “formal” que representan los medios de comunicación y las campañas políticas. Son evidentes en los mensajes de la coalición PRI-Panal-PVEM al trasladar el estereotipo de la incompetencia de Andrés Manuel por edad, así como a usar calificativos como los del video de “La chaira arrepentida”.

Desde el 8 de septiembre de 2017, cuando se inició oficialmente el proceso electoral de 2018, el Conapred difundió la guía “Elecciones sin discriminación, participar y votar en igualdad”, que elaboró en coadyuvancia con el Instituto Nacional Electoral. 

El 20 de abril presentó un “Decálogo para una agenda electoral incluyente”, en el que la presidenta de la Asamblea Consultiva del Conapred, Mariclaire Acosta, destacó los “principales pendientes en materia de inclusión” y los elementos que de manera obligatoria deben contener todos los programas y propuestas de gobierno. 

El papel orientador y de prevención del Conapred, dice Rodríguez Zepeda, debe ser “más evidente porque cuenta con los recursos económicos, con campañas destinadas para este fin”.

Hace hincapié en que la institución se encuentra en una “posición delicada”, pues sus intentos por defender el derecho a la libertad de expresión y la discriminación no ha sido favorables.

“Hay que recordar que cuando las instituciones han tratado de entrar a este terreno, el resultado ha sido bastante malo; no hemos tenido socialmente una buena opinión de este tipo de intervenciones; de hecho, más que una crítica por inacción, la mayor crítica resulta de su intervención o cuando (se muestra) como policía del lenguaje o policía del discurso.”

“La experiencia nos muestra que la expresión descontrolada es tan dañina como el control gubernamental del discurso. Hay que ir con tiento en estos casos, porque tenemos un verdadero conflicto de derechos cuando hablamos de estos dos temas, pero ello no quiere decir que no haya criterios. Una expresión violenta, cuando proviene de un personaje con autoridad es mucho más grave y requiere más la atención de la autoridad que la expresión de los ciudadanos de a pie. Ese tipo de criterio tiene que estar presente en la acción de las instituciones. Si un gobernador o una persona con representación política lanza discursos de odio se requiere la intervención directa de la autoridad”, comenta el asesor del Conapred.
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Nueva meta en el interior del PRI: reconstruirlo y arrebatárselo al grupo de Peña/JOSÉ GIL OLMOS
Revista Proceso # 2173, a 24 de junio de 2018

Ulises Ruiz, a la cabeza de la corriente priista Democracia Interna, afirma que sus integrantes cumplirán el compromiso de aportarle sufragios a su candidato presidencial, José Antonio Meade, pero advierte que a partir del 2 de julio se darán a la tarea de “reconstruir” su partido. Para ello, indica, es primordial quitárselo de las manos al grupo mexiquense que, con el presidente Peña Nieto a la cabeza, se lo arrebató a la militancia y lo desprestigió con sus políticas públicas fallidas, además de cometer actos de corrupción que provocaron el rechazo de 80% de los votantes.

Los priistas de viejo cuño ya no tienen la mirada en la elección presidencial del 1 de julio porque asumen la derrota como escenario previsible. Su interés se centra desde ahora en pelear por el PRI para quitárselo de las manos al grupo del Estado de México, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, que en los últimos seis años se lo apropió y pretende conservarlo.

La corriente Democracia Interna, encabezada por Ulises Ruiz, tiene preparada la estrategia de lo que considera la “reconstrucción” del PRI a partir del empoderamiento de la militancia, del desplazamiento del grupo mexiquense, de retomar los principios sociales que le dieron origen y de señalar a los responsables de la situación actual del priismo.

En entrevista con Proceso, Ruiz advierte que, de no hacerse este cambio profundo y de acuerdo con la derrota que se perfila en el escenario, el PRI podría desaparecer en un futuro cercano.

“Tenemos una enorme oportunidad de recuperar y reconstruir al PRI, de volverlo a sus verdaderos dueños una vez que pase la elección, para no estorbar el proceso electoral. Pero al siguiente día vamos a empezar este trabajo, porque no vamos a permitir que se quieran quedar con el partido, no vamos a permitir que se quieran quedar con los sectores y organizaciones que impusieron. 

“Sabemos quiénes los impusieron, pero ya se van de la Presidencia de la República y no vamos a permitir que se repitan escenarios que han tenido al PRI ‘bocabajeado’ y con 80% del rechazo de la ciudadanía. Ellos tienen su responsabilidad y hay que hacerlos responsables; hay que señalarlos y, si es necesario, si cometieron ilícitos, no tendrán lugar en la reconstrucción del partido”, advierte Ruiz.

Se trata, asegura el exgobernador de Oaxaca, de “reconstruir” la imagen del partido que ahora es la peor en su historia, con 80% de reprobación ciudadana por culpa de las políticas del gobierno de Peña Nieto y la actuación de la “generación de la vergüenza”.

A contracorriente de las afirmaciones de José Antonio Meade y del líder nacional del PRI, René Juárez Cisneros, de que ya remontaron al segundo sitio en las encuestas y están en posibilidad de pelearle a Andrés Manuel López Obrador el primer lugar, en Democracia Interna prevén una debacle el 1 de julio, no sólo con la derrota en la contienda presidencial sino también en la del Congreso federal, las ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y una buena parte de las alcaldías. 

Según Ruiz, la corriente que encabeza tiene el compromiso de apoyar a Meade desde que arrancó la campaña y conseguir la mayor cantidad de votos. “Decidimos hacer una pausa en Democracia Interna para no afectar la campaña, parta que no se nos acusara de hacer movimientos que pudieran perjudicarla”, precisa. 

Pero adelanta que a partir del 2 de julio realizarán, independientemente del resultado de la elección, una fuerte movilización en el país para exigir la reconstrucción del PRI: “El partido no puede seguir como está hoy, tiene que cambiar de fondo, reconstruirse a fondo, recuperar los principios que aún son vigentes en este país y, por otra parte, modernizarlo en este mundo globalizado, para que sea un partido que retome causas sociales, como el combate a la pobreza, a la corrupción, la inseguridad”.

Entre las tareas inmediatas señala que Democracia Interna va a impulsar que la siguiente dirigencia nacional sea elegida por el voto directo de militantes y simpatizantes. Para ello plantea la necesidad de que se lance una convocatoria para una Asamblea Nacional, a fin de que participen los priistas de todo el país y que desde ahí se defina el nuevo dirigente del partido.

“No creemos en esas comisiones o en las vacas sagradas, o en esos notables que se reúnen para definir el perfil de quien va a ser el próximo presidente del PRI. No debemos seguir haciendo lo mismo porque hemos fracasado en los últimos años y eso se ha reflejado en fracturas y derrotas electorales. 

“No creemos en las vacas sagradas que han medrado de los cargos del partido, que se han saltado de un cargo a otro y no siempre han hecho tareas responsables, y se brincaban de un Congreso a otro. Fuimos una oposición servil en los 12 años del PAN y esos no pueden definir el rumbo del partido”, señala. 

Responsables con 

nombre y apellido

Hasta ahora no se han manifestado públicamente en el PRI más inconformidades que la de Democracia Interna, misma que desde la XXII Asamblea Nacional, de agosto de 2017, se opuso a candidaturas externas designadas por dedazo presidencial, como es la de José Antonio Meade. 

En aquel entonces también la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, al frente del movimiento Recuperemos al PRI, deploró que se quitaran los candados de los estatutos que impedían las candidaturas externas, acusó de simulación en el destape de Meade y advirtió que el PRI tenía graves problemas de credibilidad social.

Otro grupo que se manifestó contra el dedazo presidencial fue Alianza Generacional, integrado por 89 militantes, entre ellos Alberto Aguilar Iñárritu, cuya principal demanda era que no se debía cambiar el Artículo 166, fracción IX, de los estatutos del partido para los casos de selección de candidatos a presidente de la República, gobernador y jefe de gobierno capitalino, el cual señala que “se requerirá acreditar la calidad de cuadro, con 10 años de militancia partidaria”.

Esto porque desde agosto del año pasado temían que ya se hubiera dado la orden de Los Pinos a la dirigencia del PRI para cambiar las reglas de selección del candidato presidencial y se favoreciera a alguno de los cercanos a Peña Nieto, como el exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, pese a que también colaboró en el gobierno del panista Felipe Calderón.

“Eso que se hizo, de pedir línea a Los Pinos para elegir al presidente del PRI, nunca más debe ser. Hay que empoderar a la militancia, por eso pedimos que se convoque a una nueva Asamblea Nacional que pueda revertir los últimos acuerdos de las dos asambleas pasadas, en las que se redujeron los órganos del partido para que se tomaran todas las decisiones en Los Pinos, y que se abriera el partido a los externos, cerrándolo a los militantes, que son los que menos están en las decisiones y eso no puede seguir”, sostiene Ruiz en la entrevista.

Añade que el PRI requiere de una reforma profunda que derrumbe los mitos: “Que se haga lo que nunca se ha hecho; la democratización interna en todos los cargos de dirigencia y de elección popular, así como en los sectores y organizaciones que fueron impuestos por quienes hoy detentan el partido y que tiene que entrar a los procesos de democracia”.

Insiste en que se deben determinar las responsabilidades de quienes tienen al PRI con los máximos índices de impopularidad, y señala a quienes impusieron las políticas públicas, manejaron las estrategias de combate a la pobreza y a la corrupción, así como a quienes diseñaron la estrategia de combate a la inseguridad en los dos últimos gobiernos. 

“Hoy la clase política del PRI, la militancia, tiene una enorme oportunidad de no cometer los mismos errores, como ese de hacer todo lo que desde Los Pinos dictaban y por eso nos tienen en el tercer lugar. Hace tres o cuatro años el PRI ganaba elecciones y hoy tenemos 80% de rechazo, que fundamentalmente es a la política pública del gobierno federal, a las políticas que no funcionaron, a los excesos y señalamientos de casos como la estafa maestra, Odebrecht, el socavón, que tienen que investigarse a fondo.”

Sostiene que ese tipo de personajes no caben en la reconstrucción del PRI que su corriente impulsará el 2 de julio; tampoco aquellos gobernadores que pretenden quedarse con el partido y quienes integran los órganos políticos como el Consejo Político Nacional y la Comisión Política, pues aprobaron candidaturas para diputados y senadores plurinominales a escondidas en Toluca.

–¿Por qué no se han visto más grupos o personajes exigiendo públicamente esta reconstrucción del PRI?

–Había una práctica en el PRI muy difícil de vencer, que es señalar los errores que se están cometiendo, y nosotros lo hemos hecho. Pero lo que decimos también lo hacen millones de priistas. No lo manifiestan, pero coinciden en los planteamientos de la reconstrucción porque dicen que el PRI no puede seguir como hasta hoy, con imposiciones que han lastimado a la militancia.

Reivindicación de la militancia

El exgobernador reitera que, finalmente, el dueño del PRI es la militancia y no el grupo gobernante, el cual “tiene que entender que ya se va del gobierno y que el PRI debe empoderar a su militancia para reconstruirse porque, como está ahora, nunca lo había estado en su historia, con un rechazo que no es del PRI, sino de una generación de la vergüenza que fue impuesta, de gente sin experiencia que es la que hoy nos recargan. Hay casos de corrupción que no se han aclarado y que le recargan al PRI la responsabilidad”.

–Va a ser un proceso largo, porque no es fácil cambiar esa imagen.

–Va a ser un proceso de reconstrucción, pero estoy seguro de que quienes participen para la renovación de los comités municipales por consulta van a ir a las comunidades y a las regiones electorales a pedir el apoyo, no van a venir a las oficinas de gobierno, de los comités del partido ni a la Presidencia Municipal, la gubernatura o la Presidencia de la República; eso se debe acabar, eso no ha funcionado y nos tiene postrados como partido. 

–Así planteado, es un proceso de depuración.

–Sin duda, vamos con los que estén por hacer la reconstrucción del PRI y creo que son muchos más los que quieren democracia interna a través de un proceso de votación directa de militantes y simpatizantes que no han tenido la oportunidad de participar, porque se han impuesto los dedazos, que aquellos que se oponen.

Según el político oaxaqueño –que fue parte importante del equipo de Roberto Madrazo en 2006, cuando el PRI sufrió su segunda derrota consecutiva en una contienda presidencial–, cuando se abra la participación para reconstruir al partido, los simpatizantes y la sociedad van a intervenir en este proceso.

–¿Cree que lo van a permitir esos grupos fuertes que ahora tienen al partido?

–No es que quieran, ellos tienen ahora una responsabilidad y hay que hacer una autocrítica, una reflexión, y también señalar a los responsables del rechazo social mayoritario al PRI. Tienen nombre y apellido.

–¿Cómo se llaman los responsables?

–El primer priista de México, los funcionarios de su gabinete que tuvieron áreas sensibles, como combate a la pobreza, a la corrupción, a la inseguridad. Además, hay que ver qué cuentas entregan el 1 de julio. Pero repito que hay responsables y hay responsabilidades que hay que señalar y determinar. 

Agrega que “no habrá borrón y cuenta nueva” y, al planteársele que viene un periodo muy complicado para el PRI si pretende recuperar la confianza de la ciudadanía, responde:

“Muy complicado pero muy claro. No se trata de descubrir el hilo negro sino de transmitir el sentir de la militancia; vamos a encabezar esta lucha con muchos militantes, la vamos a plasmar y concretar para que sea una realidad.”

–¿Qué pasa si no lo hacen?

–Va a desaparecer el partido, porque el PRI no puede seguir con las imposiciones, siguiendo las decisiones del primer priista, con funcionarios que fracasaron cuando tuvieron la oportunidad de servir al país con políticas públicas que afectaron a la sociedad, con vacas sagradas que no han entregado buenos resultados. 

“El PRI no puede seguir imponiendo y usando a la militancia en los procesos electorales. Eso no lo vamos a permitir. Vamos a pelear para que se empodere a la militancia y para que todos los cargos de dirigencia, de elección popular, sean elegidos por los militantes.”

Finalmente Ruiz señala que van a reivindicar los principios de Luis Donaldo Colosio, de recuperar a la militancia para que se sienta orgullosa de ser priista. “En estos 10 días que quedan de la campaña no podemos dejar de reconocer que el PRI va a quedar golpeado como nunca en su historia, ni con Ernesto Zedillo golpearon tanto a la militancia como hoy”, reprocha.
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