Garza Sada, un crimen de Estado impune

Garza Sada, un crimen  de Estado impune

Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ...

Excelsior, 18 de septiembre de 20018...

Garza Sada, un crimen de Estado impune

18 de Septiembre de 2018

Se cumplieron ayer 45 años del asesinato de don Eugenio Garza Sada. Una muerte con un profundo trasfondo político, económico y que fue corolario de una fallida conspiración en la que participaron grupos armados y organismos de inteligencia del Estado.

La violencia en nuestro país está en demasiadas ocasiones, ligada, muy directamente, a la política. Saber, sobre todo cuando se vive o se percibe un clima de violencia, quién ordenó o ejecutó un crimen político suele ser un ejercicio vano. Pero a veces los responsables dejan huellas que permiten saber qué fue lo ocurrido, quiénes fueron los responsables por acción u omisión cómo se desarrollaron los acontecimientos.

En el 2006, cuando aún vivíamos las convulsiones de la elección presidencial, publicamos el libro Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada. Años atrás, revisando la documentación de la Dirección Federal de Seguridad, que había sido trasladada al Archivo General de la Nación en el antiguo Palacio de Lecumberri, había encontrado los documentos que permitían confirmar que la muerte del presidente de la Cervecería Cuauhtémoc y líder empresarial del llamado grupo Monterrey, ocurrida el 17 de septiembre de 1973 tras un frustrado intento de secuestro por un célula guerrillera, había sido una acción consentida, conocida previamente y realizada con el visto bueno del gobierno en turno, que encabezaba Luis Echeverría.

En el documento de la DFS desclasificado y marcado con el expediente 11-219-972, en el legajo dos, hojas 46 y 47, se puede leer un detallado informe enviado por el representante de la DFS en Nuevo León, Ricardo Condelle Gómez, titulado “planes de secuestro de los industriales Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera”. El documento está fechado el 22 de febrero de 1972, un año y medio antes de los hechos.

Allí se puede leer cómo Manuel Saldaña Quiñonez (alias Leonel) “que fue reclutado, dice el documento, como profesional de la guerrilla por Héctor Escamilla Lira (alias Víctor) en septiembre de 1971” era informante de la DFS. Fue trasladado de Monterrey a una casa operativa del Distrito Federal, y se describe con pelos y señales lo que ocurría en la “casa número 18, apartamento 5 de Casas Grandes, colonia Narvarte” donde vivían y se reunían los dirigentes de la organización que con el paso del tiempo se transformó en la Liga 23 de septiembre.

En el documento se relata el contenido de las reuniones de esa organización y se dice que “aproximadamente el 4 de diciembre (de 1971) efectuaron una junta donde (…) propusieron efectuar el secuestro de una persona que pagara inmediatamente un rescate de varios millones de pesos para comprar más armas y una radiodifusora para la trasmisión clandestina de mensajes revolucionarios…”.

Se designó a Héctor Escamilla Lira como responsable de la operación. También a un grupo de entre 10 y 12 personas para efectuar el operativo. Todos están identificados en ese y en documentos posteriores. En uno de ellos, de febrero del 72, se dice que “el 8 de diciembre del 71, Leonel regresó a Monterrey y supo por boca de Víctor (Escamilla Lira) que los señores Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera serían las personas que el grupo trataría de secuestrar”.

Escamilla Lira fue detenido en Culiacán. En su declaración ratificó y amplió todos sus detalles el informe confidencial que había recibido la DFS. Dice que se volvió a encontrar con Leonel antes del secuestro y que éste había admitido que había sido detenido y “se había visto obligado a denunciar al exponente (o sea a Escamilla) como uno de los participantes” en el comando y que “obtuvo su libertad mediante el compromiso de continuar proporcionando información a la policía”.

Escamilla era vigilado, dicen los documentos, por la propia DFS, pero no fue detenido, se quiso que el secuestro siguiera su curso. En Monterrey, según su testimonio, Escamilla se alojó en la casa de Jesús Piedra Ibarra, el hijo de Rosario Ibarra de Piedra, quien, posteriormente, sería desaparecido. Escamilla confiesa que él tenía la responsabilidad de vigilar los movimientos de Garza Sada y de organizar el secuestro. Que él mismo decidió el lugar y la fecha del operativo, pero que unos días antes del mismo fue enviado a Tampico, porque la célula en la que participaba consideraba “que ya había sido descubierto por la policía”.

En Tampico, en cuanto llegó a la ciudad, fueron detenidas su esposa y otro miembro de la Liga 23. Aunque la célula encargada del secuestro siguió viviendo en sus mismas casas, no modificó ni la fecha ni la hora ni el lugar del operativo, nadie fue detenido. Se les permitió que siguieran adelante con su plan. Garza Sada y su chofer fueron asesinados cuando se enfrentaron a los secuestradores.

La historia es mucho más amplia, pero confirma que en el intento de secuestro y asesinato había habido participación y tolerancia del gobierno de Luis Echeverría, incluso, que se conocía previamente al detalle lo que ocurriría. No se hizo nada. 45 años después, el caso sigue impune. Hoy, en esta transición tan extraña e inédita que estamos viviendo, hay que recordarlo más que nunca.

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