Publicación en el periódico El Universal de una carta abierta, dirigida al presidente de la Isabel Miranda...:
.Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Lic. Andrés Manuel López Obrador.
Respetuosamente le pregunto, ¿por qué México no entregó a tiempo su contestación ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias en el caso A/HRC/WGAD/2020/45? no creo que haya sido negligencia del Canciller Marcelo Ebrard, él ha demostrado ser muy eficiente, solo quedan dos hipótesis, la primera que fue deliberada la omisión para beneficiar a una imputada que participó en el secuestro de mi hijo, y la otra que alguien traicionó su compromiso de defender al Estado Mexicano dentro de la Misión ante Naciones Unidas. En cualquiera de las dos, es obligación y responsabilidad de su Gobierno el impugnar y pedir revisión de esta OPINIÓN provisional, que no toma en cuenta ninguna de las pruebas que existen, en el juicio del secuestro de mi hijo.
Dicha opinión que no es de las Naciones Unidas, sino de un grupo de trabajo que por cierto ha sido señalado por los gobiernos de EUA, España, Reino Unido y Australia entre otros, por no ser imparcial, del cual es miembro José Antonio Guevara Bermúdez quién en innumerables ocasiones se ha manifestado en mi contra de manera personal por haber criticado su falta de ética y honestidad y por lo tanto demuestra su parcialidad y animadversión, en la presente opinión, sin embargo, como lo ha hecho en otras ocasiones ha intervenido a pesar de que se lo prohíbe el estatuto de Naciones Unidas y los Tratados Internacionales. El rompimiento del debido proceso internacional en el presente caso es manifiesto y de tal magnitud que al emitir la opinión, no fueron tomados en cuenta todos los argumentos y caudal probatorio existente en el proceso judicial contra Brenda Quevedo Cruz y que demuestra que no existe DETENCIÓN ARBITRARIA y que ha tenido un juicio justo e imparcial, el cual debió aportar oportunamente el Estado Mexicano, es decir no hubo contradicción ni defensa y se rompe la esencia de un proceso que es la contradicción. Por todo lo anterior, la opinión emitida no es de carácter obligatorio para el Estado Mexicano y menos cuando la misma es contraria al marco constitucional de nuestro país. La obligación de las Instituciones de este país es proteger a las víctimas del delito.
También respetuosamente le pregunto ¿dónde queda nuestra Constitución y el acceso a la justicia no únicamente para mi hijo HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, también para millones de víctimas?, ¿de que servirían tantos jueces y el Poder Judicial, si cualquiera que tenga relación con el Sr. Antonio Guevara, miembro de dicho Grupo pacta con él y consigue una opinión a modo?. Solicito se investigue y al hacerlo se darán cuenta del entramado que hicieron junto con la defensa de quien secuestro a mi hijo.
Sr. Presidente, le doy la bienvenida a su disposición de crear una Comisión que investigue lo señalado en el documento no entregado aún a México y realizado únicamente con los planteamientos de la defensa de la imputada, y sin tomar en cuenta lo señalado por la Fiscalía General de la Republica, cuyas pruebas existen en la causa penal No. 35/2006, ahora causa penal No. 286/2019 y en otras carpetas de investigación en la Fiscalía, así como en la CNDH, en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Solo le pido como mexicana y víctima indirecta del delito, protegida por la Constitución, que dicha comisión actúe de forma imparcial, sin sesgos. Y que también investigue la actuación de funcionarios que tienen interés personal en este caso, por tener relaciones sentimentales y de amistad con la madre de la imputada, que prestan servicios en la Secretaría de Gobernación. Señor presidente exija que le den toda la información y que se investigue a fondo y que no se actué por intención de un funcionario.
He luchado durante 15 años por la justicia para mi hijo, le consta al Maestro Bernardo Bátiz y al propio Lic. Alejandro Encinas, quien públicamente ante la Asamblea Legislativa, aseguró en su momento que haría todo lo posible por detener a Brenda Quevedo Cruz, y a todos los imputados, iniciándose posteriormente el proceso de localización y extradición en los Estados Unidos de América de la imputada. Continuaré actuando con pleno respeto al estado de derecho pero exigiendo justicia del Estado Mexicano en este caso y solicitándoles a todas las autoridades el respeto a todos mis derechos constitucionales para que mi hijo, mi familia y yo tengamos finalmente Justicia y Verdad.
María Isabel Miranda de Wallace.
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